Legisladores del PRI rechazan categóricamente dar reversa en el tema del feminicidio

Ciudad de México.- Legisladoras federales del PRI aceptaron integrarse al grupo de trabajo plural para fortalecer y perfeccionar el tipo penal del feminicidio pero, exigieron durante la reunión de trabajo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclare si el conflicto es la dificultad técnica de los agentes del ministerio público y las fiscalías para acreditar el delito o una falla en las políticas públicas, mismas que no están a la altura de las circunstancias ya sea por el recorte de personal o de presupuesto.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Riancho, durante la reunión con el Fiscal dijo: creo que estamos frente a un “seductor jurídico” y entonces, la cuestión es que tenemos mucho qué hacer,  pero primero,  hay que precisar si el problema es el tipo penal o la aplicación de políticas públicas, porque  bastaría una característica en la definición del delito, para que se actúe e investigue el delito.

Demostró que el tipo penal del feminicidio no es motivo de confusión, ya que habla de razón de género, de signos de violencia sexual, de lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia, relación sentimental o afectiva, amenazas de acoso, lesiones previas, incomunicación y si el cuerpo de la víctima tiene una exposición pública.

Sauri Riancho  preguntó cuántas de estas  características  existen en el caso más reciente de la mujer Ingrid Escamilla,  asesinada y desollada en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México y está claro, que con un buen sistema de justicia, podríamos armar expedientes que acrediten cada caso de violencia contra las mujeres, “lo importante es  que funcionen las cosas y se haga justicia”.

La legisladora por el estado de Yucatán mencionó que en los estados existen legislaciones que sí piden que estén todas las circunstancias, que son las más restrictivas, pero consideró que con la gran convocatoria que tiene el Fiscal, puede darse una revisión con las fiscalías sobre sus tipos penales y cómo están operando.

Sauri Riancho se quejó al recordar que en su entidad federativa el tipo de intento de feminicidio se ha visto desdibujado por decisiones de los jueces federales, que han obligado al juez, a la jueza del estado, a reconsiderar el tipo penal.

La también diputada federal, Erika Sánchez Martínez, coordinadora de la Agenda de Igualdad en el GPPRI, lamentó la controversia suscitada con las declaraciones del Fiscal respecto a la configuración, tipicidad e incluso la existencia del delito del feminicidio.

Puntualizó: en nuestro Grupo Parlamentario  “rechazamos categóricamente dar reversa a un tema que no solo es del orden jurídico penal, sino también del ámbito de los derechos humanos, donde el principio de la no regresividad se tiene que respetar”.

A casi una década de su existencia, todavía se cuestiona el feminicidio cuando los datos los tenemos sobre la mesa, apenas este pasado 2019, casi tres mil mujeres muertas, más de mil casos tipificados como feminicidio. Este delito ha tenido un incremento del 137 por ciento.

La diputada por el estado de Sinaloa  presentó algunos escenarios alternativos para avanzar en la lucha contra la violencia de género,  hay que replantear la propuesta que ya fue desechada en esta Cámara por la mayoría parlamentaria, sobre la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer.

La institución sería clave para que los operadores e impartidores de justicia, cuenten con la capacitación adecuada y estén preparados ante la ola de violencia que atenta contra nuestra vida.

Concluyó, la  naturalización o normalización de la violencia es inaceptable en nuestra sociedad, y con mayor razón en las instituciones y los encargados de impartirla, por lo que la rotación oportuna de los agentes, así como su atención psicológica, evitará la frecuente revictimización que sufren las mujeres víctimas de violencia.