Con retrasos y pendientes inicia la fiscalización del gobierno de López Obrador: México Evalúa

• Presentan el estudio “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”
• En 2020, la ASF revisa la primera Cuenta Pública (CP) correspondiente al ejercicio 2019 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los gobiernos estatales surgidos también de la elección de 2018. 
• Lo hace bajo una mayoría legislativa en San Lázaro en manos del partido del presidente, circunstancia política inédita desde que en 2000 la ASF sustituyó a la entonces denominada Contaduría Mayor de Hacienda.

Ciudad de México.- El pasado 30 de junio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debió haber presentado el primer informe de la Cuenta Pública (CP) 2019, ésta sería la primera revisión que el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados realizaría a la ejecución del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los gobiernos estatales que fueron electos en 2018. Sin embargo, la ASF aplazó la entrega a octubre, argumentando dificultades por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19. 

La Escuela de Gobierno y de Transformación pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa presentaron los resultados del estudio “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”, que pretende dar cuenta de las fallas que esta institución ha tenido en el cumplimiento de su rol en la lucha contra la corrupción.

Los autores del estudio, Marco Fernández y Roberto de la Rosa, concluyen que “la ASF no pertenece a la mayoría parlamentaria, es un órgano al servicio de todos los diputados y de la sociedad, por lo que, honrando su función democrática para la rendición de cuentas, es imperativo que la Comisión de Vigilancia en San Lázaro llame a su titular a que dé cuenta de los resultados, pendientes y retos de la institución a su cargo”.

En un comunicado señala que los retrasos en la entrega de informes de auditoría no son nuevos: el 48% de los informes de la CP 2018 –con los resultados de la revisión de un presupuesto aprobado en 2017 ejecutado en 2018 y fiscalizado en 2019– llegaron a la Cámara de Diputados hasta febrero de 2020. 

--“Los retrasos de la ASF ocasionan que la información resulte poco oportuna para que los legisladores tomen mejores decisiones, tanto en su labor de contrapeso en la revisión del ejercicio del gasto público, como en la definición de presupuestos más responsables”, señaló Edna Jaime, directora de México Evalúa. 

De acuerdo con el documento entre los hallazgos del estudio están: 

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza la primera fiscalización a la Cuenta Pública del gobierno de AMLO y presenta grandes pendientes en su desempeño: 90% de las presuntas irregularidades detectadas no se confirmaron o aún están en seguimiento. 
• Sólo 1 de cada de 10 de las observaciones que tenían presuntas irregularidades han derivado en alguna responsabilidad patrimonial, lo que lleva a recuperar sólo 11% de los activos desviados.
• Los avances en la sanción de los delitos de corrupción que ha identificado la ASF en las auditorías anteriores son prácticamente nulos. Solo el 2% tienen sentencia. 
• No hay un involucramiento claro y decidido de la Cámara de Diputados en el trabajo que realiza la ASF, pues menos del 30% de las comisiones ordinarias, en el mejor de los casos, opinan sobre el informe de resultados.

De esta forma, añade, la Cámara de Diputados no ha recibido ningún informe de auditoría en medio de la discusión del Paquete Económico 2021, pues de las 221 auditorías iniciadas –17.2% de su Plan Anual– ninguna había concluido para la fecha límite en que se debía entregar el documento. 

La primera revisión de la cuenta pública de esta nueva administración contempla 29% menos auditorías en comparación con las revisiones estipuladas para la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto de la Cuenta Pública 2018, esta disminución afectará la cobertura de la fiscalización. 

En su Plan Anual de Auditorías 2019, la ASF determinó que una de cada cuatro auditorías (339) se harán al gobierno federal. El 65% de estos ejercicios de fiscalización se hará bajo el enfoque de cumplimiento financiero, 25% serán de desempeño, 4% corresponden a estudios y evaluaciones, 3% a un enfoque mixto de cumplimiento y desempeño y sólo 3% a auditorías forenses.

--“Con la decisión de no hacer auditorías forenses para la cancelación del proyecto del NAICM y para los proyectos prioritarios de AMLO, la ASF se hace de la vista gorda. Así, nos quedamos sin posibilidades de detectar y desarticular redes de corrupción”, comentó Marco Antonio Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa.

En el caso de la cancelación del controvertido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y a pesar de los montos involucrados y de las acusaciones sobre irregularidades, la ASF optó por realizar una auditoría de desempeño y no una forense, la cual permitiría detectar casos corrupción y responsables por daños patrimoniales. 

Esta práctica se ha observado en otras revisiones, como con el caso Fertinal para 2015 y 2016, ocasionando que las acciones de la ASF derivaran en impunidad para la red de corrupción que operó al más alto nivel en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las auditorías forenses son de suma importancia y se esperaría que los auditores especiales recomendaran al auditor superior ajustes adicionales al plan de 2019 y así hacer una revisión forense del nuevo aeropuerto, el Tren Maya, el programa La Escuela es Nuestra y la adquisición de medicinas y material médico.

El documento analiza la presentación de denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República, rubro en el que la ASF tiene prácticamente nulos resultados. De la revisión de las CP 1998 a 2017, se detectó que la ASF presentó un total de 1,004 denuncias, de las cuales sólo 22 (2.2%) han causado sentencia, sin que se conozca si las sentencias confirmaron los delitos denunciados por la ASF.

En cuanto a las acciones —recomendaciones, responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales— determinadas para las cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018, el documento señala que 1 de cada 5 auditorías practicadas (1,169) concluyeron sin acciones, precisando que el 80% de estas auditorías se practicaron al gasto federalizado y las participaciones federales. 

En este caso de auditorías al rubro de gasto de fondos, aportaciones y participaciones federales, llevó a que 1 de cada 4 concluyó sin observaciones. Este hallazgo trae a cuenta uno de los grandes retos de la fiscalización: la revisión a las entidades federativas, municipios, así como poderes y órganos autónomos locales.

Además, entre 2000 y 2018, la ASF determinó probables afectaciones al erario por más de 2 billones de pesos. Sin embargo, 89% no se han confirmado, por lo que sólo 11 de cada 100 pesos de las afectaciones son recuperadas para las arcas del Estado mexicano. 

A partir de 2016, tras los escándalos por mal uso de recursos públicos a nivel subnacional, el mandato de la ASF se amplió para incluir la revisión del uso de los recursos federales transferidos a los gobiernos estatales y municipales, pero esto no se acompañó de una ampliación sustantiva en su presupuesto y sólo recibió un incremento de 6.8%. Para 2018 y 2019, esta situación empeoró con ajustes de 0.9% y de -0.4%, respectivamente.

De acuerdo con la información de la ASF para el ejercicio fiscal 2019, el total de recursos transferidos a las entidades y municipios es de 1.9 billones de pesos, equivalente a 33.1% del PEF. Las restricciones técnicas, así como recursos financieros y humanos acotados obligan a la Auditoría a reformular la estrategia para cumplir su mandato: debe definir criterios de fiscalización sustentados en muestreos representativos —tanto para la determinación de auditorías como para la revisión de información en la ejecución de auditorías y el seguimiento de acciones— y análisis de riesgos, así como un esquema de coordinación transversal más eficiente con las dependencias encargadas del control interno y las entidades de fiscalización estatales. 

--“Más que reformas legales para dar atribuciones adicionales a la ASF, el estudio demuestra que lo que se requiere es fortalecer urgentemente el desempeño de su trabajo para que haya consecuencias que disuadan a quienes hagan mal uso de los recursos públicos”, señaló Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey. 

Ante las debilidades de la ASF, hacemos un llamado para que los diputados eleven los parámetros de exigencia a esta institución. Se requiere que la Comisión de Vigilancia exija mayor rendición de cuentas sobre el desempeño de la Auditoría y la entrega oportuna de sus reportes.

En contexto: 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una de las instituciones sobre las que recaen las mayores expectativas en la lucha que el país sostiene contra la corrupción. Órgano dependiente de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión, la ASF realiza cada año cientos de auditorías mediante las cuales se hacen revisiones sobre el ejercicio de los recursos públicos en los diferentes niveles y entidades de gobierno, así como de los ingresos, la deuda pública y el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos financiados con recursos públicos federales.

A partir de 2016, el mandato de fiscalización contempla la facultad de revisar —en coordinación con sus contrapartes en las entidades federativas— el uso de los recursos federales transferidos a los gobiernos estatales y municipales, en el marco del Convenio de Coordinación Fiscal. En 2020, esta institución revisa la primera Cuenta Pública (CP) correspondiente al ejercicio 2019 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los gobiernos estatales surgidos también de la elección de 2018. Lo hace bajo una mayoría legislativa en San Lázaro en manos del partido del presidente, circunstancia política inédita desde que en 2000 la ASF sustituyó a la entonces denominada Contaduría Mayor de Hacienda.

Ante esta excepcionalidad, es pertinente hacer un recuento que escape a la lógica del escándalo efímero provocado por los distintos informes de la ASF —que se presentan el 20 de febrero, el último día de junio y el último de octubre—. Nuestro objetivo es el examen de la institución para conocer si realmente despliega sus atribuciones y lleva a cabo el ejercicio de fiscalización que las circunstancias políticas, sociales y económicas que el país requiere y cumplir las grandes expectativas en torno a su papel en la lucha anticorrupción.