Realizará Secretaría de Gobernación tareas en la revisión del caso Brenda Quevedo

• La ONU pidió al gobierno mexicano liberarla en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir del 28 de septiembre.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, hará, en su caso, todo lo necesario para que la Opinión 45/2020 relativa a Brenda Q. (México), que recientemente adoptó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, se cumpla en los términos y conforme a las leyes del Estado mexicano.

Brenda Quevedo fue detenida hace 11 años. La ONU pidió al gobierno mexicano liberar en un plazo no mayor a seis meses - contados a partir del 28 de septiembre- a Quevedo involucrada en el caso de Hugo Alberto Wallace Miranda.

El grupo de las Naciones es Unidad advirtió que la imputada fue detenida de manera arbitraria y torturada; asimismo, recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su detención. Quevedo sigue en espera de sentencia.

Hoy la Secretaría de Gobernación llevará a cabo esta labor a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y de las áreas de la dependencia involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos, en coordinación con las demás instituciones del Estado mexicano que intervienen en el proceso.  

El Gobierno de México en cumplimiento a sus obligaciones internacionales está comprometido en todos sus niveles a realizar las acciones que resulten necesarias para prevenir, erradicar y sancionar actos de tortura y detenciones arbitrarias o cualquier otro acto que menoscabe los derechos fundamentales de las personas.

En ese sentido y atendiendo a lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, se analizará el caso de la C. Brenda Q., de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

La Secretaría de Gobernación tiene como prioridad la defensa de los derechos humanos y su labor está enfocada a caminar hacia una justicia transicional con los cuatro elementos que ésta contempla y que son primordiales para la población: acceso tanto a la verdad como a justicia formal por parte de las posibles víctimas; reparación integral para éstas e implementación de mecanismos de no repetición.