Renuncia Gerardo Lozano a la ASF: freno a denuncias

• Reportó un retraso en la falta de presentación de dictámenes técnicos y la presentación de denuncias de más de 60 casos terminados que implican mil millones de pesos.

Ciudad de México.- Gerardo Lozano, auditor de Cumplimento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) renunció luego de denunciar el freno de 60 dictámenes que deberían haber sido denunciados penalmente por la existencia de presuntos delitos. 

El ex funcionario señaló que su renuncia, que se hace válida a partir de este martes 16, es por congruencia a sus desacuerdos con los cambios que, incluso, llevan a los auditores a incumplir con sus responsabilidades legales.

Expuso que las modificaciones al reglamento interior que, acusó, concentran el poder y fomentan la opacidad, debilitan el proceso jurisdiccional, violan el Código de Procedimientos Penales y ha generado un retraso en la presentación de denuncias.

En su carta de renuncia presentada al titular de la ASF, David Colmenares, recalca que su decisión es “en congruencia con el desacuerdo que he manifestad respecto al nuevo Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación en vigor”.

Desde el pasado 03 de noviembre, Lozano envió una carta a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados en la que enlistó las complicaciones que derivaron de este cambio al Reglamento Interior que, además, se realizó en el periodo de cambio de legislatura, seis días antes de que se instalara la nueva y sin que la legislatura LXIV estuviera ya sesionando, así como 42 días antes de que se estableciera la Comisión de Vigilancia con las y los nuevos diputados, el 12 de octubre.

En el escrito, el auditor explica que se modificó la estructura orgánica, con lo que se eliminó el consejo de Dirección y la Auditoría Interna; se eliminó la facultad a las áreas auditoras de elaborar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos y se otorgó la facultad exclusiva a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación para realizar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos.

Lo que “trae como consecuencias que las áreas autorías no podrán realizar estos dictámenes ni presentar denuncias lo que viola la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Código Nacional Penal de Procedimientos Penales que les marca el deber de denunciar”.

Debilita el proceso jurisdiccional para que los auditores den testimonio directo de su especialidad técnica en los procesos de carácter penal, al tener que defender un dictamen técnico que no han elaborado sobre hechos que solo les constan a los auditores”, dijo.

Lozano alerta que “se está concentrando en la Auditoría Especial de Seguimiento la facultad de decidir sobre lo que se da por aclarado y sobre lo que se denuncia, recayendo esta función específicamente en su titular.

Delegar esta altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional (…) tendrá como resultado concentrar la toma de decisiones en su titular, lo que me parece un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”, escribió.

Señaló que estas acciones limitan la labor de los auditores y no sólo eso, sino que reportó un retraso en la falta de presentación de dictámenes técnicos y la presentación de denuncias de más de 60 casos terminados que implican mil millones de pesos.

Por ello, solicitó que se restituyera al Consejo de Dirección y a la Auditoría Interna, así como sus facultades para que las denuncias pudieran avanzar, se desconcentrara el poder, se cerrara la puerta a la opacidad y se volviera al cumplimiento de deberes legales que tienen los auditores.