Morena advierte que defenderá patrimonio de 7 mil jubilados del ISSTEY

• A pesar del innegable desfalco, al día de hoy no se han castigado a los responsables de esta quiebra financiera en la que colocaron al ISSTEY: Echazarreta

Mérida, Yucatán.- "No vamos a permitir una reforma legal en contra de los trabajadores del estado", afirmó el diputado Rafael Echazarreta Torres, al fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local a favor de unos siete mil jubilados del ISSTEY, quien adelantó que  se opondrán a un nuevo préstamo o vender la reserva territorial de Ucú.

No vamos a permitir que se vulneren derechos laborales ya adquiridos; y no vamos a permitir cualquier cambio que comprometa las pensiones de los trabajadores ya jubilados y las próximas de los aún activos, aseveró el legislador.

--"Cuidado con lo que quieran modificar, estudiaremos palabra por palabra para que no se filtre algún cambio que vulnere derechos humanos y laborales, y no avalaremos endeudar a los yucatecos", expuso.

A pesar del innegable desfalco, al día de hoy no se han castigado a los responsables de esta quiebra financiera en la que colocaron al ISSTEY, subrayó.

Añadió que "también ya trascendió que con la venta de los terrenos de Ucú, ese dinero no será íntegro para salvar al ISSTEY, sino para beneficiar a la mafia inmobiliaria que asola este estado".

--"Con el dinero de los terrenos ofrecidos a inmobiliarios, solo una tercera parte será para el rescate del ISSTEY, otra es para urbanizar los mismos terrenos que se van a vender y dejarles ganancias íntegras a los comerciantes inmobiliarios y la otra tercera parte será decidida por el propio Ejecutivo en qué se va a gastar".

El propio gobernador confirmó a finales de noviembre del año pasado, en una reunión con miembros de CANACO, que para vender las tierras tiene que invertir 700 millones de pesos para dotarlas de agua y energía eléctrica, agregó.

--"Quiero decirles a los trabajadores que no están solos, que seremos su voz y defenderemos sus derechos", señaló.

Intervención del diputado Echazarreta con motivo de la defensa del ISSTEY

A lo largo de la historia de la humanidad, una de las más grandes luchas sociales ha sido la búsqueda de mayores y mejores condiciones laborales, en donde un trabajo honesto, bien remunerado y una jubilación digna, son las peticiones contantes.

Tener la certeza de contar con una pensión digna, que nos permita vivir bien, sin preocupaciones, es lo mínimo a lo que deberíamos tener acceso todas las personas después de muchos años de servicio, sobre todo, que es la etapa del ser humano en donde el cuerpo pierde su fortaleza y se vuelve más dependiente.

El día de hoy he pedido el uso de la tribuna para tratar un asunto que debe ser de interés de todos nosotros.

Me refiero al quebrantamiento del ISSTEY y a la inminente reforma legal y empréstito que seguramente pretenderá remitir el Gobierno del estado a este Congreso, para justificar el salvamento.

Y, además, como el empréstito no es opción porque se trata solamente de mayor deuda para los yucatecos por muchos años más y no lo aprobaremos en este Congreso, el Gobierno estatal ya está dejando entrever que la única alternativa para no dañar a los trabajadores es vender la reserva territorial de Ucú en alrededor de $2,000 millones de pesos, la cantidad que hace años fue defraudada al no entregarse las contribuciones a la tesorería estatal, pero que si se cobraron a los trabajadores.

Francisco Luna Kan en 1976 creó el ISSTEY con la convicción de salvaguardar los derechos de los trabajadores y garantizarles una jubilación digna.

Pero ese objetivo no se ha consolidado, porque en lugar de fortalecer las finanzas, se ha tomado como la Caja Chica estatal, para tener siempre liquidez disponible en beneficio de los gobernadores en turno.

A partir del 2009 se comenzó con la debacle del ISSTEY y al final de esa administración ya se había dejado de pagar un poco más de $2, 000 millones de pesos a la Institución, aunque ese gobierno si los descontó puntualmente a los trabajadores.

A pesar del innegable desfalco, al día de hoy no se han castigado a los responsables de esta quiebra financiera en la que colocaron al ISSTEY.

Sin embargo, desde hace bastante tiempo se habla de querer utilizar las tierras propiedad de la reserva de la institución para justificar el rescate.

En los últimos dos años, han sido permanentes las voces gubernamentales de que el ISSTEY está en quiebra y la única forma de rescatarlo es vendiendo los terrenos o endeudando a los yucatecos.

Su principal ingreso son las cuotas de los trabajadores y su principal egreso que alcanza alrededor del 85% es para el pago de las pensiones, por lo que un nuevo crédito no alcanzaría para pagarlo a ningún banco que se atreviera a otorgarlo, salvo que la garantía fuera distinta al propio instituto.

Cada año se jubilan alrededor de 1,200 trabajadores que están en edad de hacerlo, por lo que aumenta su gasto, ha revelado la directora del instituto de seguridad social.

Al mismo tiempo que la secretaria de Administración y Finanzas del estado, ha dicho en diferentes ocasiones que en un máximo de 5 años no habrá recursos disponibles para cumplir con su obligación.

Después de poner la mesa alertando de la crisis desde la propia esfera gubernamental, este lunes 21 de marzo, el gobierno estatal anuncio que convocarán a un Comité Técnico para evaluar la situación del ISSTEY y las posibles alternativas para sanear sus finanzas y evitar su quebrantamiento.

Se habla de una reforma legal que hasta ahora se desconocen sus alcances, pero no podemos ignorar las voces de quienes viven cada día los problemas del ISSTEY, y advierten que pueden ser lesionados sus ingresos con la extinción del Instituto o la disminución de sus ingresos como ya ocurre.

No hay que olvidar que, en el mes de agosto de 2019, el gobernador Mauricio Vila, presentó una iniciativa en este Poder Legislativo que buscaba que las pensiones de los jubilados sean pagadas en UMAS y no en salario mínimo lo que se traducía en una disminución de la cantidad a cobrar por parte de los pensionados y jubilados. Afortunadamente, los trabajadores se manifestaron también y obligaron al gobernador a retirar la iniciativa.

Sin embargo, también vale tener muy presente que el domingo 19 de enero de 2020, en el Informe de Gobierno de Mauricio Vila, más de 3,000 personas se manifestaron contra nuevos impuestos, entre ellos jubilados y pensionados quienes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por alzar la voz en defensa de sus intereses legítimos.

Nunca en la historia de Yucatán había existido represión hasta este gobierno actual.

Este precedente resulta muy importante porque evidencia la forma en que este gobierno resuelve los problemas: poco le importa el bienestar de los jubilados.

Y también ya trascendió que con la venta de los terrenos de Ucú, ese dinero no será íntegro para salvar al ISSTEY, sino para beneficiar a la mafia inmobiliaria que asola este estado.

Con el dinero de los terrenos ofrecidos a inmobiliarios, solo una tercera parte será para el rescate del ISSTEY, otra es para URBANIZAR los mismos terrenos que se van a vender y dejarles ganancias íntegras a los comerciantes inmobiliarios y la otra tercera parte será decidida por el propio Ejecutivo en qué se va a gastar.

El propio gobernador confirmó a finales de noviembre del año pasado, en una reunión con miembros de CANACO, que para vender las tierras tiene que invertir 700 millones de pesos para dotarlas de agua y energía eléctrica.

¿Qué dirá el Comité Técnico seguramente a modo del Ejecutivo Estatal?

En esa misma reunión de hace apenas cuatro meses, también se dijo que ya estaban trabajando dentro del gobierno en otra opción, por si no encontraban compradores para las tierras. Algo que ni él mismo lo cree, conociendo el apetito de la mafia inmobiliaria.

Y la única opción a la vista es con una bancada mayoritaria cómplice, aprobar ese nuevo crédito.

Está en juego el futuro de una vida digna de casi 7,000 jubilados en este momento, más los que se acumulen en los siguientes años, así como las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores gubernamentales.

Durante sexenios se ha venido desmantelando esta institución y ninguna legislatura ha intervenido para frenarlo, porque hay grandes negocios donde todos ganan.

En noviembre de 2019 diputados del PAN denunciaron en la ASEY a ex funcionarios del ISSTEY por el mal manejo de recursos que ascendería a más de $2,000 millones de pesos.

“No seremos cómplices de ningún acto de corrupción”, aseguró la entonces coordinadora de los legisladores panistas en el Congreso del estado de esa legislatura.

¿Dónde está esa bancada combativa que defendía los derechos de los trabajadores? 

¿Dónde están esos millones que le hacen falta al ISSTEY?

¿Qué ha hecho el gobernador para investigar ese faltante?

¿Qué ha investigado el Auditor Superior del Estado, respecto a la denuncia que le fue turnada?

Al parecer ninguno de los dos ha hecho nada, lo que los vuelve cómplices de este saqueo.

Esta legislatura debe estar muy al pendiente de lo que se pretende remitir, porque quiero decirlo de una vez por todas:

NO VAMOS A PERMITIR UNA REFORMA LEGAL EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VULNEREN DERECHOS LABORALES YA ADQUIRIDIOS; Y NO VAMOS A PERMITIR CUALQUIER CAMBIO QUE COMPROMETA LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES YA JUBILADOS Y LAS PROXIMAS DE LOS AÚN ACTIVOS.

Además, se olvidan de lo establecido en el artículo 14 constitucional: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, así que cualquier modificación que se pretenda realizar que afecte los derechos adquiridos de los trabajadores activos y los ya jubilados y pensionados NO PODRÁ APLICARSELES sino solo a los nuevos trabajadores del gobierno que ingresen a partir de la entrada en vigor de las reformas.

Y hay que tener cuidado con los que este Congreso avale.

El gobernador es temeroso en realizar políticas públicas unilaterales para sanear las finanzas del ISSTEY. Busca modificar la ley o pedir un préstamo avalado por este Congreso para que la responsabilidad no sea únicamente de él. Busca legitimar un atropello a la seguridad social de muchas personas con la aprobación de esta mayoría.

Pero hay que recordar que no hay gobernadores impunes. En 2019 un legislador realizó una denuncia en contra del ex gobernador de Nuevo León mientras él hacia burla y se paseaba por el mundo campantemente.

Y hoy está tras las rejas por uso indebido de recursos públicos. A lo mejor les suena familiar esta situación.

¡Que se escuche claro y fuerte!

Cuidado con lo que quieran modificar, estudiaremos palabra por palabra para que no se filtre algún cambio que vulnere derechos humanos y laborales, y no avalaremos endeudar a los yucatecos.

Quisiera poder confiar, pero aquí he denunciado con ley en mano y con hechos, que a este gobierno poco le importa la seguridad social de las personas y el estado de derecho.

Quiero decirles a los trabajadores que no están solos, que seremos su voz y defenderemos sus derechos.