FGR acusa a Murillo Karam de torturar a 6 personas para la ‘Verdad Histórica’

• La dependencia busca que el exprocurador sea imputado por desaparición forzada y obstrucción de la justicia.
• Buscan imputar al detenido por los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exprocurador general, Jesús Murillo Karam, de obtener pruebas falsas, mediante la tortura, para construir la llamada ‘Verdad Histórica’ sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Será el próximo miércoles cuando se decida la situación jurídica del ex funcionario.

La dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero solicitó prisión preventiva oficiosa contra Murillo Karam, porque, argumentó ante el juez, que posee medios para sustraerse de la justicia pues posee cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero y una riqueza valuada en 85 millones de pesos, así como amistades importantes en la FGR.

En la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, el ex fiscal de la Nación fue acusado de haber cometido actos de tortura contra seis personas relacionadas con el caso, actos que se utilizaron para construir la versión defendida por la extinta Procuraduría General de Justicia.

Este es el primer delito (tortura) que se le busca imputar al exprocurador. Hasta el momento, el juez de control Marco Antonio Fuerte declaró un receso para que Murillo Karam sea revisado por su médico personal pues dijo que no había desayunado y se sentía mal. Hubo dos recesos más.

La FGR también busca imputar al exfuncionario federal por los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

Además de la detención de Murillo Karam el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.

La Verdad Histórica explica que los estudiantes fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan, en Cocula.

Además, según lo declarado por el propio exprocurador, esa versión descartó participación alguna del Ejército. Sin embargo, en el informe presentado esta semana por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, se señaló que los militares tenían a un soldado infiltrado entre los estudiantes, de nombre Julio César López Patolzin.

Encinas explicó que López Patolzin informaba a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre lo que ocurría en las asambleas de la Normal de Ayotzinapa y sobre los preparativos de las movilizaciones estudiantiles de cara a la marcha del 2 de octubre.

El soldado estaba “bajo el mando del teniente de infantería, Marcos Macía Barbosa del 27 batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de este día (26 de setiembre) y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos”, según Encinas.