Apoyos económicos no serán susceptibles de retenciones o embargos por particulares

• Hay numerosas quejas de usuarios de sistemas financieros en el sentido de que algunas instituciones bancarias les han descontado, sin ningún aviso previo, diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas. 

Ciudad de México.- Por unanimidad de 459 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4° de la Constitución Política, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales.

La adición de un párrafo décimo séptimo establece que los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares.    

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que los recursos que se emplean para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, deben contar con la protección constitucional, así como las garantías procesales que en ella se consignan.  

Considera que debe brindarse la mayor protección posible y evitar el cobro de deudas fuera de juicio, ya que ello equivale –sin serlo formalmente- a un embargo de bienes realizado por un particular sin intervención de las autoridades judiciales a las que constitucional y legalmente se les ha atribuido el poder de autorizar esta clase de acciones.  

Al fundamentar el dictamen, la diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) explicó que el dictamen complementa las reformas que se aprobaron para elevar a rango constitucional los derechos de las personas más vulnerables a recibir apoyos de programas sociales para garantizar que dichos recursos lleguen a ellas y sólo a ellas.  

Comentó que existen numerosas quejas de usuarios de sistemas financieros en el sentido de que algunas instituciones bancarias les han descontado, sin ningún aviso previo, diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas. 

“Lamentablemente es una práctica común de las instituciones financieras incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por alguna deuda, no importando que el origen de los recursos, incluso, provenga de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la ley contra los embargos”, agregó. 

Las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión, puntualizó. 

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) detalló que lo que hoy se hace es elevar a rango constitucional la total protección de los recursos provenientes de programas sociales que garantice a los beneficiarios la salvaguarda de este recurso. 

Esta rma “acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso” y no se pretende evitar el cobro de deudas, “lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos”, subrayó. 

Del PAN, el diputado Jorge Triana Tena dijo estar a favor del dictamen porque “pretende de manera muy noble que no se embarguen los recursos”. 

Enfatizó que se busca que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingresos de las familias más pobres del país, “no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno”. 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI) recordó que desde el 8 de mayo de 2020 los apoyos económicos ya son un derecho para las personas con alguna discapacidad permanente, mayores de 78 años e indígenas y afromexicanas de 75 años; es un derecho de los estudiantes de todos los niveles de educación pública.

“Este apoyo económico que hoy reciben de parte del Gobierno Federal, estatal o municipal es dinero que nada ni nadie se los puede quitar”, subrayó.  

Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, diputada del PVEM, señaló que el dictamen busca proteger a las y los mexicanos prohibiendo que sean embargados sin juicio previo aquellos beneficios que obtuvieron a través de algún programa social. 

La posibilidad de perder los bienes resulta el mayor temor para muchas familias mexicanas, dijo.

La diputada Laura Lynn Fernández Piña (PRD) estimó que muchas instituciones financieras abusan de la necesidad de los usuarios y “hoy lograremos un avance porque se está eliminando la posibilidad de cláusulas abusivas en los créditos que permitan comprometer los ingresos de las y los mexicanos por concepto de programas sociales y pensiones no contributivas”.