Empresa de seguridad privada de Ciudad Juárez también operaba en Mérida

• La SSPC informó que se iniciará un proceso de sanción y revocación de permiso a la empresa de seguridad privada encargada de centro migrante de Juárez.
• La empresa prestaba sus servicios en instalaciones de este organismo en 23 estados de la República

Ciudad de México.- La empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que prestaba sus servicios de protección con diversas irregularidades en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes en un incendio, también opera en Yucatán, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el contrato CS/INM/018/2023 la empresa presta el servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles del Instituto Nacional de Migración en las Oficinas de representación de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán Y Zacatecas.

El documento fue firmado está firmado por una parte, la Secretaría de Gobernación por Conducto de el Instituto Nacional de Migración, representada por el C. Abraham Ezequiel Zurita Capdepont , en su carácter de Director General de Administración, y, por la otra, Grupo de Seguridad Privada Camsa SA de CV, representado por el C. David Vicente Salazar Gazca, en su carácter de Administrador Único.

El gobierno mexicano puntualizó que el contrato del Inami con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa SA de CV (que tenía personal de custodia laborando en la estación migratoria de Ciudad Juárez) , “se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República.

“El documento establece una vigencia del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, informó Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria precisó que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, “la cual ya fue notificada, debido a que incurrió en al menos nueve omisiones”, e informó sobre cinco de ellas: “ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo TANK Seguridad Privada Profesional”; además, “a pesar de haber reportado trabajar con sólo cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios; rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica; controles de acceso, sistemas de intrusión y sistemas de video vigilancia (CCTV)”.

Rodríguez Velázquez precisó que en el “caso del Inami -la empresa- tenía 503 elementos desplegados en distintos inmuebles”.

Al detallar las irregularidades detectadas a Camsa SA de CV, dijo que “también omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales”; evitó “en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes”.

De igual manera, Camsa no inscribió ni capacitó ni presentó a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada, a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.

Camsa SA de CV tampoco implementó “mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo, así como inscribir a su equipo en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y su uniforme ante el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública”

De acuerdo con  Rodríguez Velázquez, la empresa prestaba sus servicios de protección con diversas irregularidades en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por ejemplo, la empresa tenía registrados en sus informes a cuatro elementos con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Insituto Nacional de Migración (INM) establecía la presencia de 503 elementos.

También se informó que dicha firma de seguridad no contaba con permisos para portar armas y en sus informes mensuales nunca reportó a la autoridad federal la baja o alta de su personal.

En ese sentido,  dijo que por los hechos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, no se encubrirá a nadie y se llegará a la verdad de los hechos.

--“No seremos cómplices de quienes ocasionaron esta tragedia que nos indigna como nación, porque no es esa la política de este Gobierno”, subrayó durante el tercer reporte en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Al acto asistió la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación acudió a Ciudad Juárez para entrevistarse con las víctimas, colaborar en su identificación y dar asistencia a ellas y a sus familias.

Para ese fin, comentó, se integró un grupo de trabajo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para avanzar de manera coordinada con los esfuerzos.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores encabeza un grupo de trabajo con la SSPC y la CAEV, en el que participan cónsules de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela, así como la FGR para identificar de forma oficial a las personas fallecidas.

La funcionaria dio a conocer que se tomó la determinación de suspender de forma definitiva la operación de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, en el mismo municipio.

Por instrucción presidencial, arribaron a Ciudad Juárez el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el director general del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno, quienes visitan a las víctimas hospitalizadas.

Indicó que el equipo de la SSPC, encabezado por el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, da seguimiento de las personas que se encuentran hospitalizadas y se ha reunido con distintas autoridades y cónsules de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.

Y continúan las investigaciones sobre otras personas que pudieran estar involucradas en la tragedia, en la que lamentable perdieron la vida 39 personas y 28 resultaron lesionadas, de las cuales cuatro fueron dadas de alta.

La secretaria Rodríguez afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR llegar al fondo de este caso para que se conozca la verdad y haya justicia, ya que se ha actuado de manera expedita para dar con los responsables y evitar la impunidad.

“El Gobierno de México reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con las naciones hermanas de donde son originarias”, destacó.

Omisiones de la empresa de seguridad

La coordinadora del Gabinete de Seguridad dio a conocer que el contrato del Instituto Nacional de Migración (INM) con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., se otorgó por adjudicación directa.

Prestaba sus servicios en instalaciones de este organismo en 23 estados de la República, con 503 elementos; la vigencia era del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones, pero ese contrato será rescindido.

Recordó que se inició el proceso sancionador administrativo contra la compañía, la cual ya fue notificada, debido a que incurrió en varias omisiones.

Entre ellas se encuentran: ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional; reportaron que trabajaban sólo con cuatro elementos con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas.

Realizaban tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), entre otras.

Dijo que se omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales; no evitar o permitir actos de tortura, crueles, inhumanos o degradantes.

Inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.

Implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones de su personal operativo, así como inscribir a su equipo y uniformes en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.

“Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”, finalizó.

Por su parte, la fiscal de la FGR informó que ayer se llevó a cabo una audiencia para la formulación de imputación y vinculación a proceso de Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”.

Ellas, explicó, se acogieron a la ampliación del plazo constitucional, por lo que se fijó para la continuación de la audiencia el 4 de abril, a las 7:00 horas.

También se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los cinco imputados por los delitos de homicidio y lesiones, la cual fue concedida por el juez de la causa.

Añadió que ya se inició el trabajo de identificación de los cuerpos con los cónsules; incluso, se han acercado tres familias.

Herrerías destacó que la FGR examinará la legalidad del contrato, las actividades y omisiones de CAMSA, ya que al ser una empresa privada no está exenta de respetar los derechos humanos.

“La investigación se sigue ampliando a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración y de los particulares”, subrayó.