Dictadura nicaragüense expropia los bienes de los jesuitas

Policías Nicaraguenses. Foto: Proceso-Hn

• Igual que ha realizado con disidentes civiles y otras instituciones de la Iglesia, la medida pasa los bienes e inmuebles de los jesuitas al Estado, enriqueciendo al poder oficial.

Por Rafael Manuel Tovar

Managua, Nicaragua (ZENIT Noticias).- El presidente Daniel Ortega borra de Nicaragua a la Compañía de Jesús mediante un decreto publicado en La Gaceta, diario oficial del gobierno sandinista, este miércoles 23 de agosto.

Según el documento, los jesuitas no reportaron los estados financieros en 2020, 2021 y 2022, además de no renovar la junta directiva, que venció el 27 de marzo de 2020.

Igual que ha realizado con disidentes civiles y otras instituciones de la Iglesia, la medida pasa los bienes e inmuebles de los jesuitas al Estado, enriqueciendo al poder oficial. La Universidad Centroamericana, los colegios Loyola y Centroamérica, así como las escuelas Fe y Alegría, se convierten en propiedades del Estado. O en otras palabras, quedan expropiados.

La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) declaró su rechazo por vejar, además, a la Universidad Centroamericana, por ser «calumniada y hostigada». Señala también que esta intervención suena a venganza contra la acción de la universidad, motivada por «su denuncia de los hechos, calificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas, que la ha hecho víctima de múltiples y progresivas agresiones desde 2018».

El documento oficial de la Gaceta estable que, según “lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115 corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de éstos a nombre del Estado de Nicaragua”.

El gobierno de Daniel Ortega abrió una denuncia penal contra la Universidad Centroamericana por el delito político de terrorismo. La declaración de AUSJAL observa: “La confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense».

La AUSJAL informa que se negó injustificadamente a la UCA presentar las certificaciones para cumplir su misión de educar, producir conocimiento y vincularse socialmente, como ya sucedió a otros 27 centros de educación superior.

Un efecto perjudicial para los alumnos de la UCA es la pérdida de acceso a becas y apoyos del presupuesto público para financiar sus estudios.