Ciudad de México.- El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación decidió extender su paro nacional de labores hasta el próximo domingo 29 de octubre tras la aprobación en el Senado de la eliminación de 13 fideicomisos de la institución.
Por acuerdo de la Asamblea Plenaria, confirmada por 66 secretarios generales, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), decidieron prolongar el paro de actividades al 29 de octubre.
De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, un grupo importante de trabajadores exigió prolongar las expresiones de inconformidad en protesta por la extinción de los fideicomisos, así como por la posibilidad de una reducción al presupuesto del Poder Judicial en 2024 por parte del Legislativo.
El paro nacional inició el pasado 19 de octubre y tenía previsto concluir el martes 24. Sin embargo, el Comité Ejecutivo decidió extenderlo cinco días más en todas las secciones sindicales.
El sindicato indicó en el comunicado que no habrá represalias para las y los trabajadores que decidan retomar sus actividades y trabajará para garantizar el pago regular tanto de salario como de prestaciones a quienes decidan participar.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2023.
A TODO EL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y AL PÚBLICO EN GENERAL
Se informa que, en sesión ordinaria del día de hoy, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal refrenda el derecho de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación de manifestarse pacíficamente y dentro de la ley, lo cual debe ser interpretado a la luz de los principios constitucionales que rigen la labor jurisdiccional, entre ellos, el de continuidad de la función, que exige la prestación regular de la función pública que nos encomienda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual somos garantes.
Ahora bien, el día de hoy, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal tomó conocimiento de los comunicados firmados por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en los que informó que tomó la decisión de prolongar el “paro nacional” hasta el próximo 29 de octubre de 2023, por lo que retomarán de manera regular las actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, a partir del próximo lunes 30 de octubre.
Asimismo, que dicha organización sindical hizo saber a sus agremiados que esa decisión era sin perjuicio de que las personas trabajadoras que tengan el deseo de continuar con sus actividades regulares lo hagan, con respeto a su voluntad.
En este sentido, el Pleno determinó que los titulares en ejercicio de su facultad prevista en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, deberán preservar el referido principio de continuidad de la función; sin embargo, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, las cuales deben analizarse atendiendo a su particular situación, podrán declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la federación para atender casos urgentes en términos de las recientes circulares SGP/02/2023 y 28/2023.
Con la precisión de que el Consejo tomará conocimiento de la decisión de los titulares, sin afectación para quienes ejerzan su derecho a manifestarse.
En el entendido que los accesos a los edificios deben permanecer abiertos para quienes deseen retomar sus actividades cotidianas a partir de hoy.
Es compromiso para quienes integran el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mantener el diálogo con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y se entablará comunicación inmediata.
Finalmente, el Consejo está consciente del derecho de la ciudadanía, incluidos los servidores públicos de esta institución, de ejercer los medios de defensa previstos en la Constitución y leyes aplicables en caso que así lo consideren adecuado.
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