Proponen eliminar en Yucatán el término “preferencia sexual”

• Estas violencias en contra de la población LGBT+ impactan todos los aspectos de la vida, advirtió

Mérida, Yucatán.- La diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, propuso eliminar en Yucatán el término “preferencia sexual”, a fin de actualizar el lenguaje constitucional para prohibir explícitamente la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. 

---“Es decir, en resumen, se elimina el concepto de preferencias y es importante porque si la sociedad sigue pensando que es algo que prefieres, entonces es algo que se puede corregir y eso no está bien porque las palabras importan porque el reconocimiento también construye realidades”, expresó.  

Dijo que con esta reforma se sustituye un término desfasado como "preferencias sexuales" por categorías reconocidas internacionalmente, alineándonos con el marco de los derechos humanos y los tratados que México ha suscrito. Porque las palabras importan, porque el reconocimiento legal también construye realidades sociales.

La legisladora aseveró que Yucatán es el primer lugar en discriminación a nivel nacional, y al mismo tiempo, es el segundo estado con mayor población LGBT+, con un 8.3%. 

---“Esa combinación no es coincidencia; es una alerta, es la prueba de que vivimos en un contexto donde la falta de reconocimiento y protección deja a miles de personas expuestas, vulnerables, y en riesgo. Por eso, nombrar, visibilizar y legislar es urgente, porque donde hay discriminación sostenida, tarde o temprano se generan violencias.

Estas violencias en contra de la población LGBT+ impactan todos los aspectos de la vida”, indicó.

Discurso de la diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano

Hoy no solo vengo a presentar una iniciativa, vengo a contar historias que se repiten una y otra vez, con distintos nombres, distintos rostros, pero con el mismo dolor. Como la historia de un amigo que fue obligado a asistir a las mal llamadas terapias de conversión, o ECOSIG. Lugares que no curan nada, porque no hay nada que curar, pero que sí destruyen todo lo que encuentran. Lugares donde, en lugar de acompañarte, te rompen.

Son horas de sesiones donde te repiten una y otra vez que ser quién eres está mal, que amar a quien amas, sentir lo que sientes, vivir con la identidad que te habita, es un error que debes corregir. Te lo dicen con palabras disfrazadas de ayuda, pero con el peso brutal del rechazo, del juicio y del estigma. Todo por conceptos y creencias arraigadas en una sociedad que aún no se siente cómoda con lo que no entiende, con lo que no se ajusta a lo que llaman “normalidad”.

En ese espacio, mi amigo no encontró consuelo, solo culpa, miedo, vergüenza. Le enseñaron a odiarse. Lo empujaron a pensar que el único escape posible era dejar de vivir. Y aunque su historia no terminó ahí, muchas otras sí.

Esta experiencia no es aislada. Se repite, en voz baja, en distintas ciudades, en miles de historias que no están escritas, pero que existen. Porque lo que no se nombra, no se protege y lo que no se protege, se sigue vulnerando.

Por eso y por más situaciones de discriminación, que desembocan en violencias, presento una iniciativa que reforma el Artículo Segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán, una reforma que, aunque parezca pequeña en palabras, es inmensa en lo que representa: dignidad, visibilidad y justicia.

Con esta reforma, se actualiza el lenguaje constitucional para prohibir explícitamente la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Se sustituye un término desfasado como "preferencias sexuales" por categorías reconocidas internacionalmente, alineándonos con el marco de los derechos humanos y los tratados que México ha suscrito. Porque las palabras importan, porque el reconocimiento legal también construye realidades sociales.

Aunque para algunos pueda parecer un cambio menor, modificar el lenguaje en nuestra Constitución es un paso fundamental. Según la sociología, los procesos de aceptación social no ocurren de un día para otro; requieren tiempo, conciencia colectiva y, muchas veces, décadas de lucha.

Pero todo cambio profundo empieza por algo: por una palabra, por un acto, por una decisión institucional que marque el rumbo, reformar el artículo segundo no solo es reconocer legalmente a quienes históricamente han sido invisibles, es comenzar a mover los cimientos de un paradigma que excluye y discrimina.

La discriminación es una problemática real y estructural que moldea la forma en que muchas personas viven su día a día. La evidencia es clara la discriminación es muchas veces la antesala de la violencia, el terreno fértil donde el desprecio, la exclusión y la negación de derechos germinan hasta convertirse en agresiones físicas, emocionales o institucionales. Cuando se le niega a alguien la oportunidad de ser, se le empuja al margen. Y cuando se normaliza esa exclusión, la violencia deja de ser la excepción y se vuelve rutina.

Yucatán es el primer lugar en discriminación a nivel nacional, y al mismo tiempo, es el segundo estado con mayor población LGBT+, con un 8.3%. Esa combinación no es coincidencia; es una alerta, es la prueba de que vivimos en un contexto donde la falta de reconocimiento y protección deja a miles de personas expuestas, vulnerables, y en riesgo. Por eso, nombrar, visibilizar y legislar es urgente, porque donde hay discriminación sostenida, tarde o temprano se generan violencias.

Estas violencias en contra de la población LGBT+ impactan todos los aspectos de la vida. Hablamos de:

• violencia física, como agresiones en espacios públicos o privados.

• violencia emocional, que erosiona la autoestima y genera miedo constante.

• violencia simbólica, que se manifiesta en chistes, estereotipos y discursos de odio.

• violencia económica, al negar oportunidades laborales.

• violencia institucional, cuando las leyes o las autoridades perpetúan la exclusión.

• violencia médica, al negar o dificultar el acceso a servicios de salud;

• violencia digital, a través del acoso, amenazas o discursos de odio en redes sociales.

Si algo se repite en todas estas formas de violencia es una variable: la discriminación. Por eso esta reforma es necesaria.

La reforma que proponemos reivindica derechos históricamente negados a las personas de la diversidad sexual y de género. Su inclusión explícita en la Constitución fortalece el principio de igualdad, y evita cualquier interpretación restrictiva que deje a alguien fuera. Y sí, aunque parezca mínima, esta reforma tiene un poder simbólico y jurídico enorme.

Hoy, no solo estamos cambiando palabras. Estamos corrigiendo una deuda. Estamos sumando a la construcción de un Yucatán donde quepan todas las identidades, todos los cuerpos y todos los amores.

Y que, en nuestra Constitución, nunca más falte nadie.

Antes de terminar, me gustaría agradecer a la sociedad civil organizada, colectivos, activistas, personas que no se quedan de brazos cruzados en contra de la discriminación y violencias, sino, que con cada gesto, actividad u obra ponen todo su esfuerzo para cambiar para bien las realidades de la población LGBT+. Como:

Como LGBT+ Rights, Colectivo S3D, Ana Medina, y Rowan Madrid, y demás personas que, de manera pública o tras bambalinas, construyen un mejor futuro para todas, todos y todes.