Propone el PRI cerrar las arcas del ISSTEY como “caja chica” del gobierno

Mérida, Yucatán.- El diputado y presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, propuso tipificar como delito penal el no depositar los descuentos de las cuotas del ISSTEY de las personas trabajadoras al servicio del estado y los municipios, ya que esta práctica representa un acto de corrupción y un golpe a sus derechos laborales.

Recordó que esta conducta no se encuentra tipificada en el Código Penal estatal y ello abre la puerta a la impunidad.

--“No basta con sanciones administrativas o resarcitorias. El daño que se causa es profundo y sostenido, y requiere que esta soberanía legisle con firmeza”, apuntó el priista en el marco del análisis de la reforma a la Ley del ISSTEY.

Recalcó que “en el pasado hemos visto casos en los que, a pesar de que se retienen puntualmente las cuotas a los trabajadores burócratas, éstas no llegan al ISSTEY, o peor aún, se desvían a fines ajenos a su destino legal.

Subrayó que se trata de un acto de corrupción y un doble agravio: al trabajador, que pierde sus derechos, y a la institución, que se debilita financieramente.

--“Esto es sumamente grave. No solo se trata de una irregularidad administrativa, sino de una verdadera retención indebida de recursos que no pertenecen a los entes públicos, sino a las y los trabajadores. Es un acto que lastima la confianza pública, que compromete la estabilidad financiera del ISSTEY, y que sobre todo, vulnera los derechos de quienes trabajan en las instituciones públicas y a sus familias, quienes ven comprometido su acceso a la salud, a las pensiones, a los créditos y a todas las prestaciones que les corresponden por ley”, advirtió.

Explicó que su propuesta busca tipificar como delito la omisión o retención indebida de cuotas de seguridad social, estableciendo sanciones proporcionales al daño causado, penas accesorias de inhabilitación y multas, así como un marco de responsabilidad claro dentro de los delitos por hechos de corrupción.

Recalcó que su iniciativa tiene como objetivo proteger los derechos de las y los trabajadores del Estado y los Municipios; fortalecer la viabilidad financiera del ISSTEY asegurando que los recursos lleguen a su destino; y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, demostrando que aquí no hay cabida para la corrupción ni la negligencia.

--“Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más en no solo resarcir lo que la ley de 2022 hizo a trabajadores del estado, sino de avanzar en la defensa de los derechos laborales, de la justicia social y de la dignidad de quienes con su trabajo diario sostienen al Estado”, declaró.