Un ambiente libre de corrupción, un derecho fundamental

• Esta obra se divide en tres capítulos que exploran los principios y derechos fundamentales involucrados, profundizando en la naturaleza del derecho a una administración pública eficiente y libre de corrupción

Mérida, Yucatán.- La recepción del derecho a la buena administración pública, y la corrupción como un fenómeno lacerante que afecta de manera superlativa diversos derechos, así como una revisión de su fundamentalidad con base en nuestras normas supremas, son los grandes temas que ocupan los tres capítulos que integran el libro "El Derecho a la Buena Administración Pública y el Derecho a un Ambiente Libre de Corrupción"

En 179 páginas, los autores de la obra, el Dr. Gerardo Centeno Canto (investigador de lo jurídico y quien laboró como Juez en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida), y el Mtro. René Ramírez Benítez, abogado, asesor parlamentario y profesor universitario, presentaron el material en la Sala de Usos Múltiples “Mtra. Consuelo Zavala Castillo” del Recinto del Poder Legislativo.

Los autores coincidieron en que tanto la buena administración pública como el derecho a un ambiente libre de corrupción deben asumirse como derechos fundamentales, con impacto directo en la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

Con la introducción del Doctor Luis José Béjar Rivera se indica que el libro “El Derecho a la buena administración pública y el derecho a un ambiente libre de Corrupción” emerge como una reflexión esencial sobre el rol y los retos de las administraciones públicas en el contexto político y social actual.

---“Mientras que esfuerzos nacionales e internacionales buscan optimizar la gestión pública con enfoque en la centralidad de la persona, también se enfrentan los efectos corrosivos de la corrupción a través de reformas normativas y una reingeniería institucional profunda”.

Esta obra se divide en tres capítulos que exploran los principios y derechos fundamentales involucrados, profundizando en la naturaleza del derecho a una administración pública eficiente y libre de corrupción, así como su carácter constitucional. A través de un enfoque académico y riguroso, los autores, desde sus perspectivas de docente y alumno, debaten las tensiones, cuestionamientos y hallazgos derivados del análisis de estos derechos y su impacto en el derecho administrativo mexicano.

Entre las interrogantes que este trabajo aborda se encuentran: ¿Poseen estos derechos el carácter de fundamentales? ¿Cuáles son los efectos del fenómeno de la corrupción en el marco constitucional? ¿Pueden el derecho a una buena administración y el derecho a un ambiente sin corrupción coexistir sin conflicto en el sistema jurídico mexicano?.

Los capítulos son: “El derecho a la buena administración pública”, “El derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción” y “Fundamentalidad del derecho a la buena administración pública y de derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción”.

El evento fue organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas y encabezado por la diputada María Esther Magadán Alonso, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, quien destacó que “la buena administración y la transparencia no son solo aspiraciones, sino derechos que la ciudadanía debe exigir y que las y los servidores públicos estamos obligados a garantizar”.

Asistieron las diputadas y diputados Maribel del Rosario Chuc Ayala, Daniel Enrique González Quintal, José Julián Bustillos Medina y Samuel Lizama Gasca; además de autoridades invitadas como el regidor José Diego Carrera Pérez, del Ayuntamiento de Mérida, así como alumnos de las Universidades República de México y Felipe Carrillo Puerto. 

La diputada Clara Paola Rosales Montiel subrayó la importancia de reconocer la buena administración pública como un derecho humano indispensable para garantizar servicios de calidad y evitar daños a la ciudadanía, recordando casos locales que reflejan la necesidad de mejorar mecanismos de denuncia y prevención.

Por su parte, el maestro Erick Ojeda Novelo destacó que la obra “es un puente entre la academia y la práctica legislativa, que aporta insumos valiosos para el diseño de mejores leyes y políticas públicas, así como para el fortalecimiento de la rendición de cuentas”.