• Quintal advirtió que la reforma vulnera el principio de no retroactividad y busca anular el recurso de amparo, dejando a los ciudadanos en la indefensión jurídica

Mérida, Yucatán.- En un acto de congruencia legislativa y defensa de los derechos laborales, el diputado local Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI, denunció el intento de silenciar a los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para manifestar un firme rechazo a la reforma del artículo 127 Constitucional.

Ante la negativa del recinto de otorgar la palabra a los afectados, Quintal Parra asumió el compromiso de ser su portavoz, dando lectura íntegra a un posicionamiento que pone en evidencia los riesgos de una reforma que, bajo el disfraz de la "austeridad", amenaza el patrimonio de miles de familias mexicanas.

El legislador enfatizó que las pensiones de los trabajadores no son "concesiones" ni "regalos" discrecionales, sino el resultado de hasta 40 años de servicio ininterrumpido al Estado Mexicano.

----"Nuestra jubilación es un patrimonio construido de manera legal. No somos políticos ni cobramos por honorarios; somos hijos de universidades públicas y producto del esfuerzo de familias de nivel socioeconómico bajo y medio", dijo Quintal Parra al reproducir párrafos de un escrito enviado por uno de los afectados.  

Quintal advirtió que la reforma vulnera el principio de no retroactividad y busca anular el recurso de amparo, dejando a los ciudadanos en la indefensión jurídica.

El diputado recordó que, gracias a estos trabajadores, México goza de una cobertura eléctrica de casi el 100%, una infraestructura estratégica para el crecimiento del país.

Gaspar Quintal cerró su intervención con un mensaje directo a sus compañeros legisladores, señalando que un Estado que no respeta los derechos adquiridos pierde su legitimidad.

----"Lo que hoy está en juego no es cuánto gana un jubilado, sino la certeza jurídica en México. Legislar sin escuchar a quienes serán afectados no es democrático; es imponer", sentenció el diputado priista.

Con esta acción, el PRI en Yucatán reafirma su postura como un aliado de la justicia social y un vigilante estricto de que la ley se aplique para proteger, y no para despojar, a quienes han dedicado su vida a construir el México moderno.

• El dictamen aprobado contempla modificaciones a la ley vigente para establecer un órgano de control interno con carácter de autoridad garante,
• Distribuyen iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado

Mérida, Yucatán.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento institucional, particularmente en materia de control interno, transparencia y rendición de cuentas.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, diputada Ayde Verónica Interián Argüello (morena), solicitó a la Secretaría General presentar el proyecto de dictamen derivado del oficio remitido por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, María Guadalupe Méndez Correa, a fin de que fuera analizado, discutido y votado por las y los integrantes del órgano legislativo.

El dictamen aprobado contempla modificaciones a la ley vigente para establecer un órgano de control interno con carácter de autoridad garante, encargado de promover, evaluar y fortalecer el adecuado funcionamiento institucional, así como de vigilar la aplicación de la normatividad en materia de responsabilidades administrativas, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Tras su aprobación, se instruyó la distribución digital del dictamen a todas y todos los diputados de la Legislatura, mismo que será turnado al Pleno del Congreso para su lectura, discusión y, en su caso, aprobación.

En la misma sesión, se realizó la distribución de dos iniciativas previamente turnadas por el Pleno del Congreso, entre ellas una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado, en materia de protección patrimonial y usufructo vitalicio, presentada por la diputada Neyda Aracelly Pat Dzul (morena), así como una iniciativa sobre el mecanismo no jurisdiccional en la entidad, presentada por el diputado Gaspar Armando Quintal Parra (PRI).

Para su análisis, la presidencia de la comisión instruyó a la Secretaría General a distribuir dichas iniciativas junto con sus respectivas fichas técnicas y cuadros comparativos, con el fin de facilitar su estudio y garantizar un proceso de revisión ordenado, técnico y conforme al marco normativo vigente.

El dictamen plantea adecuaciones a la normativa municipal con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia hacendaria y dar mayor claridad a la estructura de ingresos del municipio. Entre los cambios se contempla, la reorganización de disposiciones dentro de la Ley de Ingresos, así como la incorporación de un apartado de disposiciones administrativas, con lo cual se busca una mejor definición de los conceptos de cobro y su correcta aplicación.

Los diputados Alejandro Cuevas Mena y Germán Quintal Medina, ambos de morena, así como Roger Torres Peniche, del PAN, coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo los procesos técnicos en la elaboración de las leyes de ingresos y hacienda municipales, destacando la necesidad de profesionalizar la asesoría y el acompañamiento a los ayuntamientos para evitar inconsistencias en la integración de sus propuestas.

Asimismo, señalaron la conveniencia de impulsar mecanismos de capacitación y coordinación institucional que permitan mejorar la planeación financiera y la correcta aplicación de los recursos públicos en los municipios.

Tras el análisis correspondiente, el proyecto de dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los integrantes de la comisión.

Finalmente, se instruyó a la Secretaría General del Congreso distribuir el dictamen aprobado a todas y todos los diputados de la Legislatura, mismo que será turnado al Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.

• Propone que ninguna persona (nepotismo) con vínculos familiares como matrimonio, concubinato o unión de hecho, con la persona que ostente el cargo de titular del Ejecutivo estatal, diputación o regiduría puede aspirar o participar en la renovación de cargos de elección popular
• Aprueban en Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación proyecto de decreto sobre reforma constitucional en materia de nepotismo y reelección

Mérida, Yucatán.- En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación fue aprobado por unanimidad el proyecto de decreto para reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de armonización respecto a la reelección inmediata y el nepotismo en cargos de elección popular.

La iniciativa, presentada por la entonces diputada Estefanía Baeza Martínez, y actual secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, y suscrita por el diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil, en representación de morena; el diputado Francisco Rosas Villavicencio, del PT; y el diputado Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, del PVEM, responde al mandato constitucional para todas las entidades federativas de adecuar su régimen interior con miras al próximo Proceso Electoral 2026-2027 en Yucatán.

El proyecto establece la prohibición de la reelección para las diputadas y los diputados estatales propietarios, así como para las y los regidores propietarios en los ayuntamientos de la entidad. En el caso de las personas suplentes para esos cargos, podrán ser electas para un periodo inmediato posterior como propietarias, siempre y cuando no hayan entrado en ejercicio de sus funciones.

Respecto al nepotismo, se propone que ninguna persona pueda aspirar o participar en la renovación de cargos de elección popular si tiene o ha tenido, en los últimos tres años previos a la elección, vínculos familiares como matrimonio, concubinato o unión de hecho, así como parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ostente el cargo de titular del Ejecutivo estatal, diputación o regiduría.

Los partidos políticos y agrupaciones políticas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado deberán garantizar la prohibición del nepotismo electoral. En ambos casos, de acuerdo con la Constitución Federal, aplicarán para el proceso electoral 2029-2030.

Durante la sesión también fue aprobado el proyecto de dictamen que contiene iniciativas para reformar y modificar la Ley de Gobierno de los Municipios y la Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en materia de prevención social de la violencia y participación ciudadana, así como de protección a las infancias. 

El dictamen aprobado fortalece la legislación municipal mediante un conjunto de cambios orientados a mejorar el funcionamiento de los ayuntamientos y acercar las decisiones públicas a la ciudadanía. 

Además, incorpora el principio de paridad de género en autoridades auxiliares, el impulso a mecanismos de prevención social de la violencia desde el ámbito municipal, el fortalecimiento de la transparencia en las sesiones de cabildo y la obligación de implementar sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes, con lo que se avanza hacia gobiernos locales más abiertos, incluyentes y enfocados en garantizar derechos. 

El dictamen incorpora 4 iniciativas, dos suscritas por la fracción legislativa de morena, y las representaciones legislativas del PT y PVEM, presentadas por las diputadas Alba Cob Cortés y Maribel Chuc Ayala; así como dos suscritas por la fracción legislativa del PAN, presentadas por las diputadas Melba Gamboa Ávila y Zhazil Méndez Hernández. 

Además, se aprobó por mayoría el proyecto de decreto para reformar la Constitución estatal en materia de reconocimiento de derechos humanos. 

Previamente, fueron distribuidos el Oficio número DPM/034/04/2025, referente a adiciones a la Ley de Gobierno de los Municipios; la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política estatal y al Código de Familia, en materia de identidad de género; y la iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de fortalecimiento de la pluralidad, idoneidad, transparencia y erradicación de la violencia de género.

Los asuntos serán turnados por la Secretaría General del Congreso para lo que resulte conducente en la siguiente sesión.

Aprueban en Comisión de Turismo y Promoción Internacional proyecto de dictamen para fortalecer el desarrollo turístico en Yucatán

La Comisión de Turismo y Promoción Internacional del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que contiene dos iniciativas enfocadas en fortalecer el marco legal en materia turística en Yucatán.

El dictamen integra, por una parte, la iniciativa del diputado Germán Quintal Medina (morena), que propone la incorporación de un nuevo capítulo denominado Turismo Artesanal; y, por otra, la iniciativa presentada por la diputada Sayda Melina Rodríguez Gómez (PAN), que plantea reformas a la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán.

Entre sus principales alcances, el proyecto contempla la creación de un inventario turístico estatal, así como la incorporación de nuevos capítulos relacionados con el turismo alternativo, deportivo y artesanal, con el objetivo de diversificar la oferta turística y generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades del estado.

Durante el análisis, la diputada Naomi Peniche López (morena), subrayó que el turismo artesanal representa una oportunidad para impulsar la justicia social, al reconocer el trabajo de las y los artesanos y generar condiciones de bienestar para este sector.

Por su parte, la diputada de Acción Nacional, Sayda Rodríguez, presidenta de la Comisión, destacó la importancia de avanzar en la actualización del marco legal en materia turística.

Tras su aprobación, se instruyó a la Secretaría General del Congreso distribuir el dictamen entre las y los diputados de la Legislatura, a fin de que sea presentado próximamente ante el Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.

• Llamado urgente a pasar del asistencialismo a la garantía plena de derechos y dignidad para quienes se encuentran en situación de movilidad humana.
• Destaca datos alarmantes, como el aumento del 50% en las deportaciones de yucatecos desde Estados Unidos y Canadá registrado en 2022

Mérida, Yucatán.- Con el objetivo de transitar de la improvisación a políticas públicas con base legal, el diputado Gaspar Quintal Parra presentó una iniciativa para crear la Ley de Atención a las Personas Migrantes del Estado, en un llamado urgente a pasar del asistencialismo a la garantía plena de derechos y dignidad para quienes se encuentran en situación de movilidad humana.

Quintal Parra subrayó que Yucatán ya vive un fenómeno migratorio acelerado, funcionando como lugar de origen, tránsito y destino. 

Destacó datos alarmantes, como el aumento del 50% en las deportaciones de yucatecos desde Estados Unidos y Canadá registrado en 2022, y la cifra de 326 yucatecos repatriados tan solo en 2025.

"Es urgente que pasemos de la indiferencia a la dignidad. No basta con haber creado una Comisión Especial de Asuntos Migratorios si no se emiten dictámenes ni posicionamientos en defensa de los migrantes", afirmó el diputado.

La propuesta busca unificar esfuerzos normativos que hasta ahora han estado fragmentados, enfocándose en los siguientes ejes:

Protección a la Población Maya: Reconocimiento específico de los derechos de la población maya en movilidad, respetando su identidad cultural y lengua, además de implementar programas de reintegración para quienes retornan.

Eliminación de Barreras: Facilitar el acceso real a servicios públicos y eliminar obstáculos administrativos para las personas migrantes.

Infraestructura de Apoyo: Creación de unidades de enlace y refugios temporales para personas en tránsito o solicitantes de refugio.

Gobernanza y Coordinación: Establecimiento de una Comisión Intersecretarial de Migración y Movilidad Humana para coordinar políticas públicas basadas en evidencia y diagnósticos reales.

El legislador señaló que la planeación de la entidad debe ajustarse a la realidad demográfica actual, pues en Mérida, uno de cada cuatro habitantes no es nacido en Yucatán. 

Asimismo, mencionó que el estado ha alcanzado cifras de 226 mil personas extranjeras documentadas con tarjetas por razones humanitarias, superando por mucho la media nacional.

Con esta ley, se busca que Yucatán cuente con una herramienta jurídica para proteger y acompañar a las familias yucatecas que impactan en este fenómeno, garantizando justicia y una visión de futuro en materia de derechos humanos.

• También comenzaron a analizar propuestas de reforma al código familiar y derechos humanos

Mérida, Yucatán.- La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado inició el estudio de varias iniciativas en diversas materias, como parte del proceso legislativo para su análisis y eventual dictamen.

Durante la sesión, se distribuyeron para estudio la iniciativa para reformar la Ley de la Fiscalía General del Estado en materia de registro de personas deudoras alimentarias morosas, presentada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel (morena); una iniciativa que propone adicionar un capítulo al Código de Familia del Estado, presentada por la diputada María Teresa Boehm Calero (PAN); y una iniciativa para fortalecer la legislación en materia de desaparición forzada de personas, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal, Huacho Díaz Mena.

El presidente de la Comisión, diputado Daniel Enrique González Quintal (morena), instruyó a la Secretaría General del Congreso distribuir las fichas técnicas y cuadros comparativos correspondientes, a fin de que las y los legisladores cuenten con los elementos necesarios para su análisis.

Durante la sesión, la diputada María Teresa Boehm Calero (PAN) destacó la relevancia de analizar su iniciativa desde una perspectiva social.

En asuntos generales, la diputada María Esther Magadán Alonzo (morena) hizo uso de la voz para reconocer la designación del diputado Daniel González Quintal al frente de la Comisión, expresando confianza en el trabajo que se desarrollará en este órgano legislativo.

Las iniciativas distribuidas continuarán su proceso legislativo dentro de la comisión, previo a su posible dictamen y posterior presentación ante el Pleno.

Al participar en el conversatorio del programa de Liderazgo Empresarial GENERA organizado por la Universidad Anáhuac Puebla, un encuentro basado en el diálogo y la construcción ciudadana, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República sostuvo que las juventudes y el sector empresarial son motores de cambio en el país.

Durante la charla, Camino Farjat planteó que los jóvenes no deben limitarse a la observación, sino involucrarse con acciones directas en la toma de decisiones.

 El ámbito empresarial, subrayó, es una plataforma clave para generar ideas que nutran las leyes y políticas públicas del país.

Como ejemplo de esta sinergia, la legisladora yucateca citó el "Plan México", impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el cual se busca la colaboración estrecha entre el Gobierno y la iniciativa privada para alcanzar una prosperidad compartida.

En el evento, realizado en las instalaciones del Senado de la República, la Senadora de Morena compartió los avances en materia de derechos laborales que impactan directamente en la productividad y el bienestar, destacando dos iniciativas principales, la "Ley Silla", que garantiza el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores durante su jornada laboral y la reducción de la jornada Laboral, con el tránsito gradual hacia las 40 horas semanales para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

Puntualizó que ambas reformas se construyeron  escuchando a todos los sectores, incluido el empresarial, con lo cual el Senado de la República reafirmó que el diálogo es la herramienta principal para legislar en favor del desarrollo nacional.

• La minuta se aprobó con 87 votos a favor y 41 en contra, es decir que alcanzó la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) para su aprobación
• “Plan B” mantiene principio de austeridad republicana, asegura Ignacio Mier Velazco

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó en lo general el llamado ‘Plan B‘ de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La minuta se aprobó con 87 votos a favor y 41 en contra, es decir que alcanzó la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) para su aprobación.

La aprobación del proyecto se da a pesar de que el Partido del Trabajo no acompañó uno de los puntos del llamado ‘Plan B‘. Por lo anterior, se incluirá una reserva para sacar de la iniciativa la reforma al Artículo 35 constitucional, relativa al adelantamiento para 2027 de la revocación de mandato.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el “Plan B” mantiene el principio de austeridad republicana, así como la función sustantiva del Instituto Nacional Electoral, además de que la reforma se ajusta conforme al 127 constitucional y a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Destacó que no es menor que se destinen más recursos para el desarrollo social de nuestro país, sin tocar el federalismo, sin tocar el ramo 26 ni el ramo 33. Además, destacó, el Senado de la República ajusta 15 por ciento de su presupuesto. 

En entrevista, Ignacio Mier subrayó el trabajo parlamentario para “cuidar la arquitectura legal del país”, así como a la coalición entre Morena, PVEM y PT “que ha generado un cambio estructural al sistema político a través de la Constitución”.

Indicó que uno de los aliados del movimiento decidió no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que animaron a unirse como coalición, que es la austeridad republicana, por lo que todos los recursos que se generen van a estar destinados a quien es el legítimo dueño y soberano del presupuesto: el pueblo. 

El legislador adelantó que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentará una reserva para excluir del proyecto los cambios a la revocación de mandato. Se trata, explicó, de que se retire la reforma al artículo 35 y quede en los términos de la disposición constitucional vigente 

Señaló que Morena, con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han logrado reformar 103 artículos de la Carta Magna, con 46 decretos. 

Por ello, Mier Velazco consideró que fracasó la oposición, ya que pensaron que no iba a transitar la iniciativa de la presidenta; entonces, se trata de “un gran fracaso para ellos, y nosotros en Morena la vamos a votar, y ni Morena ni el Partido Verde van a transigir en eso; y respetamos a nuestro aliado y vamos a mantener juntos la coalición”.

Puntualizó que Morena se mantiene firme y la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se mantiene unida en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Fracasaron quienes pensaban que iban a poner en riesgo a nuestra coalición, ya que Morena se mantiene firme, es un gran logro haber obtenido esto, hicimos acuerdos y ahorita en el Pleno vamos a dar resultados”, concluyó.

• Específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026).

Ciudad de México.- Con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, el Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, para participar en el Evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

De acuerdo con el dictamen que fue remitido al Ejecutivo Federal, el evento se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 y está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026).

Además, tiene el objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, así como realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 en la respuesta ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.

Con la autorización, ingresará a territorio nacional una delegación conformada por 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo “Hércules C-130”, perteneciente a la Fuerza Aérea de ese país.

Al presentar el dictamen como integrante de la Comisión de Marina, la senadora Raquel Bonilla Herrera, de Morena, señaló que la cooperación internacional en materia de seguridad “no es una concesión”, sino una decisión soberana.

El mundo, agregó, exige nuevas respuestas ante las amenazas que ya no reconocen fronteras, como la delincuencia organizada trasnacional, el tráfico ilícito, los riesgos de infraestructura crítica y los escenarios de emergencia, que podrían presentarse en un evento global como el Mundial 2026 y que demandan instituciones preparadas, coordinadas y con capacidades interoperables.

De MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, anunció que su bancada votará en abstención, toda vez que consideran que es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en materia de seguridad nacional ante el Congreso de la Unión, por lo que es urgente que se instale la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, así como como la de Seguimiento y Evaluación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad.  

La senadora Ruth González Silva, del PVEM, indicó que este tipo de ejercicios tienen un alcance relevante en materia de cooperación internacional, no solo por el intercambio de experiencia y prácticas operativas, sino porque se desarrollan en un marco formal, de colaboración, con respeto a la soberanía nacional y bajo principios de reciprocidad.

• Yucatán, con mayor número de nuevos casos de personas con VIH
• Plantean declarar el ritual tradicional del Jéets' Méek' como patrimonio cultural inmaterial del estado.

Mérida, Yucatán.- La diputada Clara Rosales Montiel (morena) propuso en el Congreso local derogar el artículo 189 del Código Penal del Estado y modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán para garantizar los derechos de las personas que viven con VIH.

Aseguró que ambas propuestas fueron construidas desde el trabajo directo con colectivos y organizaciones especializadas.

Propuso eliminar el artículo 189 del Código Penal del Estado, al señalar que responde a una lógica punitiva que criminaliza la condición de salud de las personas con VIH, fomentando el estigma, la exclusión y retrasando los diagnósticos oportunos. 

Planteó reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, con el objetivo de incorporar un enfoque de derechos humanos que garantice el respeto a la privacidad, la orientación sexual, la identidad de género y el acceso a información veraz.

Destacó que Yucatán enfrenta un contexto relevante en esta materia, al ubicarse entre las entidades con mayor número de nuevos casos, por lo que subrayó la urgencia de transitar hacia políticas públicas basadas en la prevención, la información y el acceso efectivo a los servicios de salud. 

La propuesta, construida en conjunto con colectivos y organismos especializados, busca armonizar la legislación local con principios constitucionales y tratados internacionales para garantizar condiciones reales de igualdad.

En los asuntos en cartera, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta de acuerdo suscrita por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para modificar la integración de diversas comisiones permanentes y especiales de la LXIV Legislatura, entre ellas Puntos Constitucionales y Gobernación; Justicia y Seguridad Pública; Salud y Seguridad Social; Arte y Cultura; así como las comisiones de postulación “Elvia Carrillo Puerto” y “Refugio Esteves Reyes”.

Los cambios aprobados incorporan a la diputada de morena, Edith Trujeque Jiménez, como integrante de dichas comisiones. Asimismo, el diputado Daniel González Quintal presidirá la Comisión de Justicia y Seguridad Pública; la diputada Neyda Pat Dzul ocupará la vicepresidencia de dicha comisión; y el diputado Julián Bustillos Medina la vicepresidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

De igual forma, se aprobó por unanimidad la ratificación de las y los integrantes de la Comisión de Postulación “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, encargada de reconocer a maestras y maestros con trayectoria destacada en la entidad.

En desahogo del orden del día, también se turnaron a comisiones diversos oficios e iniciativas presentadas previamente, así como una iniciativa para modificar la Constitución Política y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de Yucatán, suscrita por el titular del Gobierno del Estado.

Por su parte, la diputada Sayda Melina Rodríguez Gómez propuso una iniciativa en materia de economía circular; mientras que el diputado Gaspar Armando Quintal Parra presentó una iniciativa sobre la atención a las personas migrantes en Yucatán. Asimismo, la diputada Rossana de Jesús Couoh Chan planteó declarar el ritual tradicional del Jéets' Méek' como patrimonio cultural inmaterial del estado.

En seguimiento a los asuntos generales, la diputada Ana Cristina Polanco Bautista, hizo uso de la tribuna para presentar un punto de acuerdo; mientras que en asuntos varios, hicieron uso de la palabra, por diversos temas, los diputados Wilmer Manuel Monforte Marfil; Gaspar Armando Quintal Parra y Germán Quintal Medina.

Se convocó la próxima sesión del Pleno para el martes 31 de marzo a las 11 horas.

• La mejor reforma electoral es la que hubiera parado al crimen organizado

Ciudad de México.- Luego de advertir que el posible rechazo a la revocación de mandato refleja la realidad que vive el país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en México nadie está exigiendo revocar el mandato de la titular del Ejecutivo, lo que demanda son mejores condiciones de vida.

----“Hay que ser objetivos y la verdad es que en este momento no hay una exigencia ciudadana para que se revoque el mandato. Si no se logran las dos terceras partes es una decisión que tiene que ver con la realidad de nuestro país”, señaló en entrevista durante la sesión ordinaria de este miércoles.

El pueblo de México, abundó, no habla a través de una encuesta, habla a través de sus representantes en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.

---“No es una exigencia ciudadana y ojalá y en este Congreso nos enfoquemos en resolver lo que a la ciudadanía le preocupa. Hoy México no está exigiendo eso, está exigiendo seguridad, medicinas, médicos en los hospitales, carreteras seguras, pero no está pidiendo revocar el mandato de la Presidenta, eso es una realidad”, reiteró.

En ese sentido, Lópe Rabadán hizo un llamado a ocupar los instrumentos de participación ciudadana para resolver los problemas de las y los mexicanos.

---“En caso de que el Senado de la República no apruebe las fechas de revocación de mandato que se están previendo en este llamado Plan B, me parece que quedará claro que el pueblo de México toma una definición a través de sus legisladores”, insistió.

A pregunta expresa sobre cuál hubiese sido la mejor reforma, la diputada presidenta aseveró que la mejor propuesta hubiera sido la que buscara detener al crimen organizado para que no se metiera en las elecciones.

----“La mejor reforma es la que hubiera limitado al crimen organizado para no financiar campañas. La mejor reforma es la que hubiera parado al huachicol o al dinero del huachicol metido en las elecciones. Esa es la mejor reforma que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sucedido”, concluyó.

DIPUTADA KENIA LÓPEZ RABADÁN

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Entrevista concedida a representantes de medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro

Muchas gracias a todas y a todos por este acompañamiento.

El día de hoy vamos a tener una sesión, evidentemente, amplia.

Quiero informarles que estaré entregando un reconocimiento a las hermanas Cueva Lobato, son unas jóvenes de Jalisco que tienen una destacada trayectoria nacional e internacional como clavadistas. Y, bueno, pues están invitados para que a la 1:30 en la Presidencia de la Cámara de Diputados nos puedan acompañar.

Quiero también informarles, por supuesto, que vamos a tener tentativamente hoy cuatro importantes discusiones. Incluso, vamos a tener tres sesiones el día de hoy, tentativamente, estamos en este proceso de construcción.

Vamos a ver las pensiones y jubilaciones, vamos a ver un dictamen sobre el contencioso administrativo, vamos a dictaminar también sobre el Código Fiscal y esta sesión que en este momento están teniendo las comisiones sobre el tema de infraestructura.

Bajo esta lógica, una vez que tengamos el dictamen de infraestructura, se dará publicidad; si lo podemos hacer en esta segunda sesión, bueno, pues le daremos publicidad para abrir en su caso una tercera sesión. 

Así es que, bueno, pues se advierte, digamos, un tema o una sesión larga e importante.

El dictamen de comisiones viene solamente con la firma de los legisladores de Morena; el del contencioso administrativo viene la oposición votándolo en contra; el del Código Fiscal viene una abstención de un grupo parlamentario y, bueno, veremos cómo se resuelve el de infraestructura. 

¿Qué quiere decir eso? Pues que habrá un amplio debate hoy en los cuatro dictámenes.

También, bueno, pues para mí es importante decirles, vamos a tener, sin lugar a dudas, un tema, pues yo diría, importantísimo en estas próximas sesiones y es esperar el Plan B en caso de que sea aprobado en el Senado de la República.

Como ustedes saben, seremos Cámara revisora en caso de que ese dictamen se apruebe, logre las dos terceras partes, o la parte de la iniciativa que logre las dos terceras partes. Una vez que se reciba, será enviado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral.

Por supuesto, hemos escuchado, hemos visto que hay alguna posibilidad de aprobarse de manera parcial y entiendo, en esa discusión esta, a propósito de si se logran los votos para la revocación de mandato.

Entiendo y lo quiero, digamos, analizar con ustedes. Me parece que la revocación de mandato pues es una figura importante porque es una figura, es un instrumento de participación ciudadana que cuenta en nuestro ordenamiento legal y constitucional cuando la ciudadanía pues está buscando eso, revocar, quitar del cargo, en este caso, bueno, pues a la Presidencia de la República.

Hay que ser objetivos y la verdad es que, en este momento, pues no hay una exigencia ciudadana, digamos prioritaria, para que se revoque el mandato. Y bueno, pues si no se logran las dos terceras partes, me parece que también es, digamos, una decisión que tiene que ver con la realidad de nuestro país.

Hay otras necesidades, hay otras exigencias, muchas importantes hoy, cuando menos desde mi perspectiva, y me parece que, pues eso es lo que se está deliberando, no es una exigencia ciudadana. 

Y ojalá y en este Congreso pues nos enfoquemos a sí resolver lo que a la ciudadanía le preocupa. Lo que no le preocupa pues, yo diría, que no le quite ni tiempo, ni energía, ni deliberación y mucho menos, pues, digamos, inteligencia a este Congreso mexicano.

PREGUNTA.- Diputada, esta revocación de mandato se está entendiendo ya como si fuera una reelección porque, como tú dices, no hay ningún motivo que amerite que se dé una revocación de mandato ahorita, cuando los niveles de aceptación de la presidencia están altos y, sobre todo, ellos argumentan que lo pospondrían hasta el 28, posponerlo hasta el 28 sería gastar más, sin embargo, ¿cómo le van a hacer para juntar los tres millones que se necesita para que sea un hecho la revocación, ¿no?

RESPUESTA.- Para todos me parece que la discusión es clara. México hoy está exigiendo una revocación de mandato, pues, evidentemente, parece que no es así, hoy México no está exigiendo eso, está exigiendo seguridad, medicinas, médicos en los hospitales, carreteras seguras, pero no está pidiendo revocar el mandato de la Presidencia, eso es una realidad. 

Y la verdad es que hay que ocupar los instrumentos de participación ciudadana para resolver los problemas de las y los mexicanos.

Así es que, bueno, en caso dado de no conseguirse las dos terceras partes de los votos en la Cámara de origen, por supuesto, claramente, pues estará materializando una realidad en nuestro país. Yo creo, con todo respeto, pero, la verdad también hay que reconocer, la Presidencia de la República tiene derecho a presentar iniciativas, pero el Congreso mexicano pues también a evidenciar, demostrar cuál es la realidad de nuestro país.

Hoy, desde mi perspectiva, no hay una exigencia ciudadana para revocar un mandato y entonces, bueno, pues ahí pareciera que sería otra la discusión, si es, pues, refrendar un encargo o hacer campaña o promoción, incluso, como dice la iniciativa.

Que, por cierto, también hay que decirlo, la propia Presidenta de la República, digamos, al siguiente día, dijo que no sería una promoción, en fin. 

Esperaremos a la Cámara de origen y aquí en la Cámara de Diputados, una vez que se reciba esta minuta, esta definición de la Cámara de origen pues será remitida a las comisiones de dictamen, a Puntos Constitucionales y a la Comisión de Reforma Electoral. 

PREGUNTA.- Diputada, en caso de que llegara, por ejemplo, la aprobación (inaudible) se turnaría inmediatamente a comisiones o se espera a una sesión para turnarla? 

RESPUESTA.- Esperemos a ver a qué hora sucede eso, qué puede pasar, porque además ha habido precedentes. Lo que puede suceder es que nosotros estemos en sesión, la colegisladora concluya, remita la minuta y nosotros en el, digamos, en el Pleno, podamos turnar, podamos turnar hoy mismo, porque estamos en sesión, a las comisiones de dictamen.

En caso dado de… y hay también ya precedentes, en caso de que concluyamos la sesión y no haya llegado la minuta, por supuesto que podemos turnar en previsión, eso significa que cuando llegue se turne a las comisiones.

PREGUNTA.- Diputada, ¿Es moral…

RESPUESTA.- Dando cuenta al Pleno, por supuesto, y el Pleno estando, digamos, enterado. 

O sea, lo que no podría suceder, y yo lo he pedido y tengo que decirlo, sí lo hemos hecho todos los grupos parlamentarios en un respeto a la ley y al reglamento, es turnarlo yo desde mi escritorio, desde mi oficina, eso yo no lo he hecho y no lo voy a hacer como presidenta. 

PREGUNTA.- Entonces, ¿sería hasta la próxima semana, en sesión, ya turnarla? 

RESPUESTA.- No, sería informando aquí al Pleno, digamos, para que desde la Mesa Directiva se informe a qué comisiones se va a turnar, como, digamos, en previsión, se prevé que viene la minuta y se turna a las dos comisiones.

Pero, desde el Pleno, no desde la oficina del segundo piso, llamémosle así, ¿no? Porque la publicitación, la pluralidad, digamos, fortalece el proceso y, además, digamos, respeta la ley y el reglamento.

PREGUNTA.- Diputada, ¿es moral y ético que sea selectiva la retroactividad en las pensiones? porque nada más se van a agarrar y dice lo es paraestatales; sin embargo, exministros, expresidentes, esos van a continuar con sus pensiones y tampoco se ha dado a conocer de cuánto es. 

RESPUESTA.- A ver, lo que no es moral y no es ético son los excesos, son los abusos, son los lujos que no se pueden justificar con unos ingresos de un servidor público honesto. 

Lo que no es normal y hay que reclamarlo, y no importa a qué partido político o a qué servidor público, lo que no puede ser posible es que tengan unas mansiones que no se pueden pagar con el ingreso legal de un servidor público o con la evolución patrimonial. 

La evolución patrimonial es eso que vas, digamos, teniendo, evolucionando, sumando en tu patrimonio y, pues, si ganas cien, no te puedes gastar 500, ¿no? algo así tan elemental y me parece que eso hay que reclamarlo siempre. 

Hoy vamos a tener un debate, digamos, importante porque, como ustedes han visto, el dictamen remitido por las comisiones solamente ha sido firmado por los integrantes del grupo mayoritario. Veremos, digamos, el debate en el Pleno.

PREGUNTA.- Lo que sucedió ayer en Morelia, en Lázaro Cárdenas, diputada, este jovencito que mata a dos maestras con un AR-15.

RESPUESTA.- Sí, es una, digamos, es una tragedia que demuestra cómo el tejido social está deteriorado, cómo aquellos abrazos a los delincuentes generaron, lamentablemente, una destrucción del tejido social. 

Yo diría las imágenes del niño, porque es un jovencito, es un adolescente, con un arma de esa magnitud en sus redes sociales, sin que hubiera una autoridad que pudiera detener o prever esto que pasó, es muy lamentable.

Yo diría, son dos mujeres víctimas de un adolescente que, lamentablemente también, dada sus circunstancias, termina siendo una víctima de este sistema que ha permitido que la delincuencia, que los cárteles, que el crimen se meta en las entrañas ahora de los adolescentes. 

PREGUNTA.- Y los papás, diputada.

RESPUESTA.- Es una, yo diría, es una tragedia que nos debe obligar a todos a responsabilizarnos desde los distintos espacios, incluyendo, por supuesto, el nuestro, aquí en la Cámara de Diputados.

PREGUNTA.- Oiga, presidenta, nada más para finalizar. ¿Usted prevé, entonces, una reforma, si es que se aprueba en Cámara de Senadores, descafeinada totalmente por el tema de la revocación de mandato?

RESPUESTA.- Bueno, es una reforma que, claramente, primero buscaba modificar 11 artículos de la Constitución. Esos 11 artículos fueron desechados en esta Cámara de Diputados como Cámara de origen. 

En caso de que el Senado de la República no apruebe las fechas de revocación de mandato que se están previendo, pues claramente, en esta segunda iniciativa, en este llamado Plan B que buscaba modificar cuatro artículos de la Constitución, me parece que quedará claro que, hoy por hoy, el Congreso habla, el Congreso define y el pueblo de México toma una definición, toma una decisión. 

Yo estoy convencida, el pueblo de México no habla a través de una encuesta, habla a través de sus legisladores, habla a través de su representación, en este espacio y en el Senado.

Vivimos en un sistema de instituciones claramente establecidas, y si el pueblo de México decidió que no se aprobaran los 11 artículos de la Constitución y ahora decide, digamos, hacer modificaciones a la iniciativa, pues es el pueblo de México, a través de sus instituciones, a través de sus legisladores, y qué bueno que tenemos un Estado de derecho que permita eso. 

PREGUNTA.- ¿La mejor reforma es, como dice Coparmex, que no haya reforma?

RESPUESTA.- La mejor reforma es la que hubiera detenido al crimen organizado para que no se metiera en las elecciones, la mejor reforma es la que hubiera limitado al crimen organizado para no financiar campañas, la mejor reforma es la que hubiera parado al huachicol o al dinero del huachicol metido en las elecciones. 

Esa es la mejor reforma que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sucedido.

Muchas gracias.

• El Pleno desechó moción suspensiva presentada por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN)   
• Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron sus posicionamientos

Ciudad de México.- En la sesión vespertina de la Cámara de Diputados, la diputada Haidyd Arreola López y el diputado Manuel Vázquez Arellano, de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, sobre el límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La diputada Haidyd Arreola López (Morena) recordó que la iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y está sustentada en corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, ya que en el país hay un contraste de “pensiones doradas” con pensiones de pesos.

El análisis técnico de la Comisión --dijo-- parte de un diagnóstico claro: el sistema de pensiones en México representa profundas desigualdades tanto en el acceso como en los montos percibidos, pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2024 las transferencias por jubilaciones en promedio rondan en 4 mil 600 pesos al mes.

Indicó que, desde una perspectiva constitucional, esta situación contraviene los principios establecidos en los numerales 127 y 134 de la Constitución relativos a la proporcionalidad del gasto público y a la racionalidad de los mismos y el uso eficiente, honrado y equitativo de los recursos del Estado.

Por ello --añadió-- el dictamen propone una solución clara y jurídicamente consistente y no contraviene el principio de irretroactividad, conforme la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establecer un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos fijados en el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal no es una medida aislada, sino que se encuentra alineada en el principio ya previsto en el artículo 127 de la Constitución Política, la cual dispone que “ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración superior a la del Ejecutivo Federal”.

Resaltó que desde el punto de vista técnico financiero la reforma también responde a un problema de sostenibilidad: el gasto en pensiones representa una proporción creciente al presupuesto público alcanzando niveles cercanos al 20 por ciento del gasto total, lo que limita la capacidad del Estado para atender otras prioridades sociales como salud, educación e infraestructura.

De ahí que la reforma busca ordenar el sistema pensionario, corregir asimetrías y garantizar la viabilidad en lo largo del plazo bajo criterios de austeridad, proporcionalidad, y responsabilidad hacendaria. El dictamen respeta derechos fundamentales y mantiene excepciones plenamente justificadas. No se afectan las pensiones derivadas de cuentas individuales, aportaciones sindicales, ni las personas no contributivas dirigidas a personas adultas con discapacidad, así como no se afecta el régimen de las Fuerzas Armadas.

Aclaró que el objetivo de la reforma no es restringir derechos sino reorientar el uso de los recursos públicos hacia un esquema más equitativo y solidario.  “Legislar en esta materia es corregir una desigualdad histórica y recuperar el sentido social del Estado mexicano; es garantizar que las pensiones cumplan su verdadera función: ser un instrumento de protección social, basado en la solidaridad, la equidad y el interés general”.

A su vez, el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) hizo notar que el dictamen no va contra el universo completo de trabajadores y trabajadoras pensionadas del país sino contra las “pensiones doradas”, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores y trabajadoras que, aunque estaban en las reglas, aunque estaban en las leyes, no por ser legal fue moral lo que hicieron.

Aseguró que “muchas de esas pensiones que lograron obtener fue por acuerdos, por amigos, por amigas, por compadrazgos, por amistades políticas, por favores políticos. Esto no puede continuar de esa manera”.

Llamó a revisar y reordenar el régimen de pensiones, ya que a nivel nacional y estadístico de la población vamos poco a poco envejeciendo y cada vez vamos a tener un universo mayor de personas mayores que van a estar en esta situación y van a necesitar que el régimen de pensiones alcance para todas y todos.

El país, dijo, gasta más de 2.3 billones de pesos; es decir el 23 por ciento del presupuesto público anual se va en pensiones a las personas jubiladas. “Eso se va a continuar haciendo, repetimos. El problema no es que se gaste tanto en extrabajadores y extrabajadoras. El problema es que se concentra en unas cuantas personas”. 

Ejemplificó que Luz y Fuerza del Centro cuenta con un padrón de más de 14 mil extrabajadores, cuyo costo anual asciende aproximadamente a 28 mil millones de pesos, destacando que una proporción relevante cercana al 67 por ciento percibe pensiones que van desde los cien mil hasta casi un millón de pesos mensuales. “Tenemos que reordenar y revisar este asunto con nuestros extrabajadores porque en comparación con el resto seguramente muchos estarán en desacuerdo”.

Desechan moción suspensiva

En votación económica, el Pleno desechó moción suspensiva de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) quien solicitó detener la discusión y votación del dictamen por ser incompatible a diversas disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron sus posicionamientos sobre el dictamen a la minuta que reforma el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, el cual deriva de una propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Establecer límites razonables y avanzar hacia un modelo más equitativo

El diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) señaló que el dictamen plantea establecer límites razonables, recuperar el sentido social del sistema y avanzar hacia un modelo más equitativo en el que las pensiones sean un reconocimiento digno al esfuerzo de toda una vida, no un privilegio excesivo financiado por la ciudadanía. Además, dichos esquemas no solo generan desigualdad, también comprometen la viabilidad financiera del Estado.

También de Morena, la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez aclaró que no se elimina el derecho a la pensión y no se castiga a la o el trabajador que cotizó; simplemente se establece que ninguna jubilación financiada con dinero del erario podrá superar la mitad de lo que gana la persona titular del Ejecutivo Federal.  

A su vez, Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena, aseguró que con esta reforma de ninguna manera se extinguen las pensiones, solo se establece un margen muy preciso, en el que no se pueda percibir más del 50 por ciento, o hasta el 50 por ciento, de la percepción de la presidenta de la República. “Con esta reforma se consolidará el principio de austeridad republicana y la ejecución correcta del gasto público”. 

Piden respetar derechos de quienes se pensionaron legalmente

Del grupo parlamentario del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá estimó necesario revisar el esquema para fijar pensiones, con una medida objetiva, pues su otorgamiento no puede partir de una decisión discrecional. Se pronunció contra los excesos y planteó ajustar las pensiones que estén fuera de la legalidad, y respetar los derechos de quienes legalmente han recibido su pensión después de 30 o más años de servicio a México. 

También del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano expresó estar a favor de limitar los ingresos de los funcionarios en casos particulares de las empresas productivas del Estado que ganan más de un millón de pesos, pero no con una propuesta que va a poner en riesgo la pensión de muchas otras personas que se ganaron esta pensión con su trabajo, esfuerzo y preparación.

Respaldar este dictamen es respaldar la justicia social en el uso del presupuesto

Para la diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) la posibilidad de construir un país más justo y con menos desigualdad es uno de los objetivos del dictamen. Precisó que no va en contra de las y los trabajadores de México, quienes han construido su retiro con años de esfuerzo y servicio, pero sí en contra de los privilegios ofensivos de una minoría que durante muchos años vivió al amparo de esquemas desproporcionados y alejados de la realidad de la mayoría de la población.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astillo Suárez resaltó que establecer un límite claro a las pensiones financiadas con recursos públicos no es una medida contra las personas, sino a favor de la justicia. Indicó que la reforma no cancela derechos ni afecta el ahorro de las y los trabajadores; solo establece un límite para aquellas pensiones desproporcionadas. “Respaldar este dictamen es respaldar la justicia social en el uso del presupuesto”. 

También del PVEM, el diputado José Luis Fernández Martínez recalcó que la reforma establece un parámetro constitucional para que el sistema de jubilaciones, financiadas con recursos públicos en los tres niveles y órdenes de gobierno, sean más claro y objetivo, así como garantizar que el erario público se administre con los principios constitucionales de racionalidad y equidad. Apuntó que no se restringen derechos sociales ni mecanismos construidos con el ahorro directo de las y los mexicanos.

El sistema de pensiones no debe ser espacio de privilegios

La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) afirmó que las pensiones elevadas son una carga para las finanzas públicas y subrayó que el sistema no debe ser un espacio de privilegios sino un compromiso con la sociedad. Sostuvo que las modificaciones avanzan en la ruta de la austeridad, combaten la desigualdad y priorizan el bienestar colectivo sin suprimir derechos.

Del mismo grupo legislativo, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez calificó el modelo actual como injusto para millones de familias y consideró que la reforma permitirá erradicar privilegios desproporcionados. Indicó que los recursos destinados a pensiones excesivas podrían utilizarse para fortalecer derechos y ampliar apoyos sociales. 

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil expuso que hay casos de pensionados por empresas del Estado, como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que evidencian la necesidad de eliminar las llamadas “pensiones de oro”. Añadió que presentará una reserva para evitar la aplicación retroactiva a quienes obtuvieron su pensión de manera legal, así como para exceptuar a personal técnico de Pemex que no se rija por el Apartado B.

Es regresiva y atenta contra derechos adquiridos

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez advirtió que la iniciativa que se pretende aprobar es regresiva y atenta contra derechos adquiridos, sin un análisis profundo. Aseguró que no soluciona el problema estructural de las pensiones, no corrige las finanzas públicas y no es “pareja”, ya que algunos conservarán sus privilegios. “Es una reforma selectiva, discrecional, clasista y con un sustento jurídico poco sostenible”. 

La diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo, adelantó que votarán a favor porque significa reconocer una deuda histórica con la ciudadanía, pero no acompañarán la violación a los derechos adquiridos por las y los trabajadores. Agregó que la verdadera discusión debería estar en cómo construir un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible y advirtió que las reformas mal diseñadas pueden tener efectos contraproducentes, generar incertidumbre laboral e incrementar la carga fiscal.

Aplicación retroactiva de la reforma, vulnera derechos adquiridos

Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, respaldó el proyecto en lo general, al considerar que los recursos públicos no deben destinarse a financiar esquemas de retiro que superen los límites constitucionales. No obstante, enfatizó que si bien es positivo eliminar las pensiones millonarias no se deben afectar los ingresos de miles de personas que dependen de esos recursos. Opinó que la aplicación retroactiva de la reforma vulneraría derechos adquiridos mediante disposiciones transitorias. 

También de MC, la diputada Laura Hernández García se pronunció por limitar las pensiones de exservidores públicos para evitar privilegios e impedir pensiones de lujo que contrasten con las condiciones de quienes apenas reciben ingresos suficientes para vivir. Informó que presentará reservas para modificar el segundo artículo transitorio, a fin de evitar la aplicación retroactiva de la norma a personas ya pensionadas, y que las nuevas disposiciones se extiendan a todos los sectores, incluidas las Fuerzas Armadas y exministros de la Suprema Corte.

Irais Virginia Reyes De la Torre, diputada del mismo grupo parlamentario, expresó que establecer que las pensiones ya otorgadas deban ajustarse al nuevo límite contraviene un principio constitucional básico. No es un tecnicismo, afecta derechos adquiridos y abre la puerta a amparos masivos, incertidumbres y costos mayores a cualquier ahorro. En lugar del fortalecimiento constitucional se generarán tensiones al privilegiar una solución de impacto inmediato.

Posturas a favor

El diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC) expresó que nadie puede negar la buena intención del dictamen, dado que en el sistema de pensiones el principal problema tiene que ver con la desigualdad; no obstante, es de preocupación la retroactividad y el garantizar la seguridad social para las personas adultas jóvenes, cuando las pensiones doradas son el 12 por ciento del sistema. Se debe proponer una reforma integral en materia de pensiones.

Para el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) es necesario construir un sistema de pensiones más justo, equitativo, sin privilegios ni excesos, pero se está en contra de aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de las y los trabajadores y elimine los derechos adquiridos con anterioridad. “Estamos a favor del dictamen. Se necesita un sistema de jubilación justo, sostenible y equilibrados”.

Del PT, el diputado Jesús Fernando García Hernández argumentó que hoy se está ante una decisión política: se defiende al pueblo o se siguen dando privilegios, pues limitar las “pensiones doradas” implica romper una estructura de privilegios intocables, en donde el servicio público se convirtió en un mecanismo de acumulación. Hoy se acaba la simulación y el despacharse con la cuchara grande, se liberan recursos y se reconfigura el equilibrio.

Juan Luis Carrillo Soberanis, diputado del PVEM, comentó que en México el promedio mensual de una pensión es de 7 mil 300 pesos; sin embargo, hay casos en el sector paraestatal en donde una persona jubilada percibe montos mayores a un millón de pesos. Por ello, la importancia de armonizar las pensiones del sector paraestatal con el esquema de austeridad, eficiencia del gasto y honradez en el servicio público. No se eliminan derechos, se corrigen excesos y se eliminan privilegios.   

La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) observó que entre el personal jubilado que podría verse perjudicado hay mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad o que tienen alguna discapacidad porque el dictamen contempla una generalidad y conserva el transitorio de retroactividad. En el PAN votaremos a favor en lo general, a fin de quitar privilegios. 

El diputado José Alejandro Peña Villa (Morena) afirmó que con la reforma se eliminan privilegios y se responde a una demanda de la población para acabar con las “pensiones doradas”, lo que nos da legitimidad. Como legisladoras y legisladores vamos a apoyar las reformas e iniciativas que estén a favor del pueblo de México. Hoy se reducen privilegios y se acaba con las castas divinas que había en las entidades públicas.

El encuentro reunió a diputadas y diputados de la bancada de morena, así como a mujeres empresarias, líderes de organizaciones y representantes de la sociedad civil, quienes participaron en un espacio de diálogo orientado a escuchar sus inquietudes y construir propuestas que impulsen el desarrollo económico y social de las mujeres en Yucatán.

Peniche López destacó la importancia de pasar del discurso a las acciones, subrayando que este foro nace con la intención de generar soluciones reales desde el Congreso. Señaló que, a partir del primer ejercicio, diversas propuestas ciudadanas se transformaron en iniciativas legislativas que hoy ya representan avances concretos.

Como parte del programa, se presentó un video en el que se proyectó la trayectoria de las mujeres reconocidas en esta edición. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes han destacado en distintos ámbitos como la ciencia, el deporte, la cultura, el emprendimiento y el servicio público.

Las mujeres reconocidas fueron la:

Ing. Julia Esther García Benítez López, por su labor en beneficencia pública en apoyo a las parteras;

María Eugenia Medina, empresaria;

María Teresa Gómez Rivero, cantante yucateca;

Olga Silvia Terán y Contreras, investigadora, etnóloga y promotora cultural;

Dra. Lilian Dolores Chel Guerrero, docente y científica;

Dalia Isela Piña Alberto, directora del INSEJUPY;

Mónica Guadalupe Cabrera Pacheco, promotora turística;

Guadalupe Quintal Catzin, deportista campeona mundial de Karate; y,

Edith García López, directora del Centro de Reinserción Social Femenil.

Por su parte, el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Salvador Antonio Vitelli Macías, señaló que las mujeres son un eje fundamental en el desarrollo del estado, y destacó que las políticas públicas actuales buscan generar condiciones que potencien sus capacidades y garanticen sus derechos, más allá de esquemas asistenciales.

Durante el foro, se presentaron los avances obtenidos a partir de la mesa de trabajo realizada en la primera edición, destacando que varias de las propuestas surgidas de las participantes han sido integradas en iniciativas impulsadas desde el Congreso.

Con este ejercicio, se reafirma el compromiso de abrir espacios de participación para que las mujeres sean escuchadas y formen parte activa en la construcción de leyes y políticas públicas, sentando bases para un desarrollo más equitativo en Yucatán.

El presídium estuvo integrado por la diputada de morena, Naomi Raquel Peniche López; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil (morena); el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Salvador Antonio Vitelli Macías; la directora del CEPREDEY, Sayuri Valle Valencia; las diputadas de morena, Maribel Chuc Ayala, Edith Trujeque Jiménez y Aydé Verónica Interián; y los diputados también de morena, Bayardo Ojeda Marrufo, Daniel González Quintal; además del secretario general del Congreso, Mtro. Martín Chuc Pereira, y el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Mtro. Erik Ojeda Novelo.

• Piden que explique si hay programas y estrategias para atender la baja presión, la intermitencia en el suministro y las fugas no atendidas oportunamente en amplias colonias de Mérida.

Mérida, Yucatán.- El Congreso local desechó por mayoría una propuesta para que el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), Francisco Torres Rivas comparezca para que informe la situación actual que guarda el servicio, así como las acciones implementadas, programas en curso, problemáticas existentes y estrategias previstas para garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad para las y los yucatecos. 

El diputado Marco Antonio Pasos Tec (PAN) explicó que la propuesta surge a raíz de la falta de agua potable, por varios días, en la zona de Caucel, así como la baja presión, la intermitencia en el suministro y las fugas no atendidas oportunamente en amplias colonias de Mérida. 

---“No se trata de un tema menor. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental. Es un derecho que impacta directamente en la salud, en la dignidad y en la calidad de vida de las familias yucatecas”, dijo. 

Explicó que en los últimos días familias completas, especialmente en la zona de Caucel han pasado varios días sin agua en sus hogares 

---“Y hay que decirlo con claridad: No es un hecho aislado. Esto no es un caso único ni algo que haya pasado una sola vez. La baja presión, la intermitencia en el suministro y las fugas no atendidas oportunamente forma parte de una problemática más amplia que hoy preocupa a miles de ciudadanos en Mérida. 

Las fugas, añadió, además de representar un desperdicio inadmisible de un recurso vital, están deteriorando nuestras calles, generando baches, afectando la movilidad y dañando el patrimonio de las familias. Es decir, estamos ante un problema que ya tiene múltiples dimensiones. 

Frente a esto, nuestra obligación como Poder Legislativo no es quedarnos en silencio y voltear hacia otro lado, nuestra responsabilidad es actuar. 

Manifestó que en este caso significa ejercer una de las herramientas más importantes en una democracia: la rendición de cuentas.

Por ello propuso un punto de acuerdo de solicitar al gobernador Huacho Díaz Mena la comparecencia de Francisco Alberto Torres Rivas, director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán a efecto de que informe y exponga ante el Congreso la situación actual que guarda el servicio de Agua Potable, así como las acciones implementadas, programas en curso, problemáticas existentes y estrategias previstas para garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad para las y los yucatecos. 

Expuso que las y los yucatecos merecen saber qué está pasando con un servicio esencial, merecen respuestas, pero también merecen certeza de que se está tomando decisiones para mejorar. 

Recordó que el Congreso local tiene la facultad y la responsabilidad de vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. 

---“No podemos ser omisos cuando hay una demanda legítima de la ciudadanía. Hoy no estamos votando en contra de una institución ni de una persona, estamos votando a favor de la transparencia, a favor de la rendición de cuentas y, sobre todo, a favor de las familias yucatecas”.

Yucatán merece un gobierno que deje de poner pretexto del pasado y empiece a dar resultados hoy, aseveró.

• Un gobierno moderno no teme a la información, la promueve; un gobierno fuerte no evita la evaluación, la institucionaliza: Quintal Parra
• Yucatán ha descendido en el índice de Gobierno Abierto, pasando de la posición 19 a la 29 en los últimos años. 

Mérida, Yucatán.- En un paso decisivo hacia la modernización democrática del estado, el diputado Gaspar Quintal Parra, coordinador del PRI, presentó una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán para reconocer el Gobierno Abierto como un derecho humano.

La propuesta surge como una respuesta estratégica y necesaria ante los retos actuales que enfrenta la vida pública, buscando blindar a las instituciones y garantizar que la rendición de cuentas no sea un evento anual, sino un ejercicio cotidiano y transparente.

Subrayó que en tiempos donde el debilitamiento de las instituciones pone en riesgo la estabilidad democrática, es imperativo fortalecer los mecanismos de control ciudadano.

---"Un gobierno moderno no teme a la información, la promueve; un gobierno fuerte no evita la evaluación, la institucionaliza", afirmó el legislador, destacando que la apertura gubernamental es la base de un Estado que genera confianza real en su ciudadanía.

La iniciativa no solo busca la transparencia pasiva, sino una rendición de cuentas activa, ya que el proyecto de decreto establece que el Estado deberá regirse por principios de eficacia, innovación y colaboración, utilizando las tecnologías de la información para que la sociedad civil, la academia y el sector privado coadyuven en el diseño de las políticas públicas.

• Transparencia Proactiva: Información completa, actualizada y de fácil acceso.
•  Datos Abiertos: Facilitar el uso de información para la construcción de soluciones sociales.
•  Participación Ciudadana: Espacios reales de diálogo para evaluar y diseñar el presupuesto y las acciones de gobierno.
•  Comunicación Incluyente: Lenguaje sencillo y claro que permita a cualquier ciudadano comprender el ejercicio del poder.

El diputado fundamentó su propuesta en los datos del World Justice Project, señalando que Yucatán ha descendido en el índice de Gobierno Abierto, pasando de la posición 19 a la 29 en los últimos años. 

Con esta reforma, se busca revertir esa tendencia y posicionar nuevamente a la entidad como un referente de vanguardia administrativa.

Al elevar el Gobierno Abierto a rango constitucional, la propuesta de Gaspar Quintal transformará la cultura administrativa de Yucatán, donde el "derecho a saber" dejará de ser un trámite burocrático para convertirse en una herramienta de dignidad humana y control democrático.

Con esta iniciativa, el PRI apuesta por una gobernanza donde el poder se ejerce para servir, permitiendo que la sociedad yucateca sea, por fin, coprotagonista de las decisiones que definen su futuro.

• El Poder Legislativo avanza en la generación de condiciones de movilidad, inclusión y dignidad para personas con discapacidad en Yucatán.
• Exhortan a la sociedad a respetar los espacios destinados para este sector de la población en los estacionamientos públicos
• Aprueban convocatoria para presentar propuestas de candidatas al reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto del H. Congreso del Estado de Yucatán”.

Mérida, Yucatán.- La exdirectora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (IC ATEY), Edith Guadalupe Trujeque Jiménez rindió protesta como diputada propietaria del distrito IV local (Mérida), tras aprobarse la solicitud de licencia de Claudia Estefanía Baeza Martínez, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar.

Esto luego del cambio anunciado en Bienestar por el gobernador Huacho Díaz, cuyo titular Fátima Perera Salazar pasó a la subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno.

En otro orden, se aprobó por unanimidad un acuerdo mediante el cual se hace un llamado a los 106 ayuntamientos a observar los principios de universalidad y accesibilidad a favor de las personas con discapacidad, a fin de disminuir y eliminar las barreras de desigualdad y promover su inclusión.

Al respecto, la diputada, Neyda Pat Dzul (morena), destacó que este acuerdo beneficia el desarrollo humano y la seguridad de las personas con alguna discapacidad, y busca garantizar su acceso a espacios públicos habilitados conforme a sus necesidades.

Asimismo, exhortó a la sociedad a respetar los espacios destinados para este sector de la población y a respetar sus derechos para una verdadera convivencia en igualdad, con lo cual coincidió el diputado del PAN, Rafael Montalvo Mata, al hablar a favor a nombre de su bancada.

Durante la sesión fue aprobada la convocatoria para presentar propuestas de candidatas al reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto del H. Congreso del Estado de Yucatán”, la cual será difundida a través del sitio web del Congreso del Estado.

Presentaron iniciativas: la diputada Maribel Chuc Ayala, de morena, orientada a fortalecer las condiciones en el desempeño de las labores educativas, con énfasis en brindar mayor certeza al personal trabajador en el ejercicio de sus funciones; la diputada Melba Gamboa Ávila, del PAN, sobre la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, para fortalecer la atención y certeza jurídica de las personas adultas mayores en la entidad; la diputada Itzel Falla Uribe, de su misma bancada, sobre acciones para combatir el acoso escolar; y por el PRI, el diputado Gaspar Quintal Parra, sobre temas referentes a Gobierno Abierto.

Se turnaron a comisiones la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán y la Ley de Educación en materia de masculinidad corresponsable; así como la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el Código de la Administración Pública de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, en materia de inclusión laboral de las personas trans en la entidad; así también, se turnó a la Junta de Gobierno una iniciativa para emitir el protocolo especializado en la prevención, detección, atención y sanción frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual del Congreso local.

De igual modo, se aceptó un punto de acuerdo presentado por la diputada Neyda Pat para proponer acciones que permitan fortalecer la mediación, la conciliación y el diálogo social, privilegiando una solución pronta, justa y definitiva para las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que será resuelto en segunda lectura en una sesión posterior. 

En asuntos varios, intervinieron los diputados de morena, Daniel González Quintal y Bayardo Ojeda Marrufo, así como la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, con diversos temas.

La próxima sesión se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo a las 11:00 horas.