----“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, escribió junto al documento que envió al Congreso de Sinaloa para dar trámite a su separación del cargo.

Rocha publicó este sábado en su cuenta de X la imagen de su solicitud de licencia dirigida al Congreso local, en la que dice: “Por así considerarlo pertinente, me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”. 

La decisión de Rocha, acusado por Estados Unidos de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, cargos que él rechaza, se produce después de que su determinación de regresar al Gobierno fuera descalificada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y diversos liderazgos del oficialista partido Morena, quienes consideraron que Rocha estaba dando prioridad a sus intereses personales por encima del interés público.

Sin mencionar a Rocha, la presidenta se refirió a la situación este sábado por la mañana en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que aseguró que “el poder sin principios se vuelve arrogancia”.

---“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder.

Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia.

México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna. El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza.

Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación”: Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya pidió separarse temporalmente con “carácter indefinido” por más de 30 días. Aunque, Yeraldine Bonilla Valverde fungió como gobernadora interina desde mayo de 2026, se desconoce si volverá a asumir como gobernadora interina.

El sinaloense enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, acusaciones que Rocha Moya ha rechazado.

Apenas este sábado 22 de agosto, la presidenta Sheinbaum había emitido un mensaje en su cuenta de ‘X’ en el que manifestaba que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”.

Afirmó que se enteró del reingresó de Rocha al gobierno de Sinaloa por el mensaje que emitió el gobernador en sus redes sociales.

Rocha Moya solicitó su primera licencia para separarse del cargo de gobernador el 1 de mayo de 2026, misma que fue autorizada por el Congreso del Estado el día 2 de mayo.

Valladolid, Yucatán.- Al participar en la Asamblea Regional para la Consulta Previa, Libre e Informada de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos realizada en este municipio, la senadora yucateca, Verónica Camino Farjat, destacó la importancia de escuchar de manera directa y sin intermediarios las propuestas de los pueblos originarios, particularmente de la comunidad maya de la región.

Durante el encuentro, en el que participó a invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Yucatán, encabezado por Fabiola Loeza Novelo, la legisladora yucateca por Morena subrayó que la realización de estas asambleas regionales representa un paso fundamental para consolidar un marco normativo e institucional que salde deudas históricas con estas comunidades en todo el territorio nacional.

Explicó que la propuesta en desarrollo busca responder con precisión a la realidad de la población indígena y afromexicana. Por ello, el INPI ha desplegado una estrategia territorial cuyo proceso prevé la participación de 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas del país, mediante una amplia jornada territorial de información, deliberación comunitaria y asambleas regionales de consulta.

Este despliegue, puntualizó, tiene como objetivo central socializar y enriquecer la propuesta integral que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, remitirá de manera oficial al Congreso de la Unión durante el próximo mes de octubre de 2026.

----“La consulta previa, libre e informada no es un mero trámite administrativo; es un derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos y un mecanismo fundamental de participación que permite incorporar directamente sus opiniones, propuestas y planteamientos antes de que la iniciativa sea presentada y discutida en el Poder Legislativo”, enfatizó.

En ese contexto, sostuvo que desde su responsabilidad en el Senado de la República dará un puntual seguimiento a las conclusiones que emanen de estas mesas de trabajo en Yucatán.

----“La retroalimentación proveniente de las bases comunitarias resultará determinante para construir un ordenamiento legal sólido que garantice plenamente la autonomía, la preservación de la identidad cultural, la libre determinación, el derecho al territorio y el bienestar integral de los pueblos originarios”, asentó.

Reiteró que la asamblea efectuada en Valladolid forma parte de un esfuerzo de alcance nacional coordinado por el Gobierno Federal, orientado a discutir y construir de manera colectiva la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El documento, analizado en la sesión llevada a cabo esta mañana, incluye también lo relativo a operaciones de refinanciamiento de la deuda pública hasta por la cantidad de 9 mil 267 millones 732 mil 161.84 pesos, la contratación de instrumentos derivados de cobertura y la modificación de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2026, suscrita por el gobernador Huacho Díaz Mena y el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, respectivamente.

Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Germán Quintal Medina, instruyó a la Secretaría General a distribuir las respuestas enviadas por los funcionarios del Ejecutivo Estatal, referentes a una serie de dudas manifestadas sobre el tema, en una reunión realizada el viernes pasado entre legisladoras, legisladores y un grupo interdisciplinario del Gobierno del Estado.

El diputado Alejandro Cuevas Mena (morena) y la diputada Itzel Falla Uribe (PAN) reconocieron la disposición de aclarar las dudas de las y los legisladores, mientras que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Monforte Marfil, destacó la importancia de que el proyecto recibido incluye opiniones ciudadanas que fueron recabadas en foros realizados en la entidad.

Durante la sesión, los diputados Roger Torres Peniche (PAN) y Javier Osante Solís (MC) solicitaron incluir diversas adiciones al proyecto y la presidencia de la Comisión dictó un receso para atender las solicitudes y continuar posteriormente con el análisis del punto en sesión.

La propuesta contempla hasta 1,562 millones de pesos de inversión pública productiva, con destinos previamente establecidos: 698.8 millones para infraestructura hídrica, 400 millones para tecnología de seguridad pública y el resto para infraestructura peatonal, vialidades del Periférico y Avenida Aviación.

Asimismo, la iniciativa contempla refinanciar obligaciones heredadas de administraciones anteriores para buscar mejores condiciones financieras y reducir la afectación del Fondo General de Participaciones, sin ampliar el plazo promedio restante de los créditos.

 Asistieron el Ingeniero Juan Sánchez Álvarez, Secretario de Administración y Finanzas; el Lic. Gaspar Alemany Ortiz, Consejero Jurídico; la Maestra Mary Angélica Pérez López, Directora general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán; Gilberto Herbé Enríquez y Soberanis, Subdirector Técnico JAPAY; Gerardo Ojeda Sosa, Director de Servicios Viales SSP y Sara Emiliana Rodríguez Mex, Directora técnica del INCAY.

Las y los legisladores destacaron que abrir el diálogo, permite que las dependencias responsables expliquen los alcances de cada proyecto fortalece la confianza ciudadana y eleva la calidad de las decisiones públicas, demostrando que, cuando se trata del bienestar de Yucatán, el interés de las familias de los municipios de la zona metropolitana debe estar por encima de cualquier diferencia partidista.

El Plan Bienestar Metropolitano parte de escuchar a la ciudadanía: 34,631 participaciones recogidas mediante mesas de trabajo y consultas identificaron al agua, la movilidad y la seguridad entre las principales necesidades de Mérida y su zona metropolitana.

La directora general de la Agencia de Desarrollo de Yucatán, Pérez López, explicó que el Plan parte de un diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de Mérida y su Zona Metropolitana, así como de ejercicios de participación ciudadana que permitieron identificar como prioridades el agua potable, la seguridad y la movilidad. Señaló que las acciones buscan atender necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, sustituir y modernizar infraestructura para responder al crecimiento de la zona metropolitana con una visión de largo plazo.

En materia de agua potable, destacó la atención prioritaria a infraestructura que acumula décadas de servicio y que actualmente presenta limitaciones de capacidad, particularmente en las plantas Mérida I y II. En seguridad, se plantea ampliar la cobertura mediante infraestructura, tecnología y equipamiento en zonas de crecimiento; mientras que en movilidad se busca atender nodos críticos, mejorar la seguridad peatonal y agilizar los desplazamientos en vialidades estratégicas.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Sánchez Álvarez, expuso que Yucatán mantiene condiciones favorables para analizar la operación financiera propuesta, con un nivel de endeudamiento sostenible, indicadores positivos para el estado y buenas calificaciones crediticias.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla el refinanciamiento de obligaciones existentes con el objetivo de buscar mejores condiciones de mercado y reducir plazos, además de señalar que la nueva contratación se realizaría procurando las condiciones financieras más favorables para el estado.

Después de las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, diputadas y diputados de diferentes bancadas expresaron dudas, consultas y precisiones en un ambiente de diálogo profesional y ameno.

Por parte del Congreso estuvieron presentes: el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política  Wilmer Manuel Monforte Marfil, la presidenta de la Diputación Permanente Naomi Raquel Peniche López y las y los diputados Germán Quintal Medina, Alejandro Cuevas Mena, Daniel Enrique González Quintal, Samuel de Jesús Lizama Gasca, Bayardo Ojeda Marrufo, José Julián Bustillos Medina, María Esther Magadán Alonzo, Edith Cecilia Trujeque Jiménez, Maribel del Rosario Chuc Ayala, Alba Cristina Cob Cortés, Clara Paola Rosales Montiel, Wilber Dzul Canul, Eric Edgardo Quijano González, de morena;  Francisco Rosas Villavicencio (PT); Roger Torres Peniche, María Teresa Boehm Calero, Zhazil Leonor Méndez Hernández, Ana Cristina Polanco Bautista, Itzel Falla Uribe, Ángel David Valdez Jiménez, Melba Gamboa Ávila, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Marco Antonio Pasos Tec, Sayda Melina Rodríguez Gómez, del PAN; Javier Renán Osante Solís (MC) y Gaspar Armando Quintal Parra(PRI).

La reunión permitió fortalecer la comunicación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, resolver dudas y aportar información adicional para continuar con el estudio de la iniciativa conforme al proceso legislativo correspondiente.

Durante la sesión se distribuyó la iniciativa entre las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión, junto con su respectiva ficha técnica, para continuar con el estudio de sus alcances financieros, presupuestales y sociales.

Ante la relevancia de la propuesta, el presidente de la Comisión, diputado Germán Quintal Medina (morena), propuso realizar una  reunión con funcionarios involucrados en la elaboración de la iniciativa y los representantes que el titular del Poder Ejecutivo designe, con el objetivo de ampliar la información presentada y atender planteamientos de las y los legisladores.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que la presidencia de la Comisión instruyó a la Secretaría General realizar las invitaciones pertinentes, por lo que la reunión se llevará a cabo este viernes 14 de agosto, como parte del análisis previo a la continuación del proceso legislativo.

El documento fue entregado por el secretario General del Gobierno del Estado, Omar Pérez Avilés, junto con el secretario de Administración y Finanzas Juan Sánchez Álvarez y el Consejero Jurídico del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz, al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Wilmer Manuel Monforte Marfil.

Ante la presidenta de la Diputación Permanente, Naomi Peniche López, así como de diputadas y diputados morenistas de la LXIV legislatura, Monforte Marfil destacó que la iniciativa será estudiada con responsabilidad y tendrá el seguimiento correspondiente conforme a la ley, con el compromiso de que cada peso se traduzca en beneficios para las familias yucatecas y respondan a las necesidades del estado.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Pérez Avilés, recordó que la inversión y el crédito, como ha anunciado el Gobernador, es para toda la zona metropolitana que, ante el acelerado crecimiento demográfico que ha registrado, requiere de recurso para resolver los problemas prioritarios con un plan de inversión perfectamente establecido y definido.

----“Se beneficiará a las y los yucatecos con estas acciones y la infraestructura que se realice para todos los municipios de la zona metropolitana, es decir, no sólo Mérida”, explicó y añadió que, entre otras obras, servirá para atender rubros prioritarios como agua potable y seguridad.

Durante la entrega de esta iniciativa, se destacó el ejercicio positivo e inédito realizado por el Gobernador del Estado, al realizar una serie de actividades de socialización, escucha y transparencia de manera previa a esta iniciativa al realizar foros ciudadanos, presentaciones personalizadas a las bancadas legislativas

En el acto estuvieron presentes también las diputadas y diputados Rafael Germán Quintal Medina, Alba Cristina Cob Cortés, Aydé Verónica Interián Argüello, Wilber Dzul Canul, Clara Paola Rosales Montiel, María Esther Magadán Alonzo, Eric Quijano González, Daniel Enrique González Quintal, Samuel de Jesús Lizama Gasca, Edith Cecilia Trujeque Jiménez y Maribel del Rosario Chuc Ayala.

Un día antes, presentó el proyecto a las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Acción Nacional (PAN), como parte de una ronda de diálogo previo al envío al Congreso del Estado de la solicitud de financiamiento por 1,500 millones de pesos.

Durante los encuentros, Díaz Mena explicó que el Plan Bienestar Metropolitano forma parte de la visión del Renacimiento Maya, que coloca el bienestar de las familias y el desarrollo ordenado de Yucatán en el centro de las decisiones de gobierno.

Recordó que de este proceso se definieron tres prioridades para Mérida y su zona metropolitana: mejorar los servicios de agua potable y saneamiento; fortalecer la movilidad y la infraestructura vial; y ampliar las capacidades de seguridad mediante infraestructura y tecnología.

Díaz Mena destacó que atender estos retos requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por lo que el proyecto se desarrolla con la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y las y los alcaldes de los municipios de la zona metropolitana.

Enfatizó que la solicitud de financiamiento será presentada con información sobre el destino de los recursos, los proyectos que se ejecutarán y los mecanismos de seguimiento y transparencia, para que el Congreso cuente con los elementos necesarios para analizarla.

En este proceso, el Gobierno del Estado ha planteado que el Renacimiento Maya también implica impulsar un crecimiento metropolitano con mayor equilibrio territorial, servicios públicos eficientes e infraestructura capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la población.

Díaz Mena reiteró que el diálogo con las distintas fuerzas políticas forma parte de una responsabilidad institucional y de la búsqueda de coincidencias frente a los desafíos que enfrenta Mérida y su zona metropolitana, sin menoscabo de las diferencias propias de la pluralidad política.

Finalmente, el Gobernador manifestó su respeto a las facultades del Poder Legislativo, que tendrá plena autonomía para analizar y decidir sobre la propuesta de financiamiento.

• “No estamos pidiendo un cheque en blanco”, dice sobre la propuesta de préstamo que pedirá al Congreso local
• En el diálogo, antes de presentar el Plan Bienestar Metropolitano en el Congreso del Estado, el PAN pide la cabeza de Francisco Torres Rivas al frente de la JAPAY
•  Explicó el diagnóstico, las obras y el financiamiento del Plan para Mérida y su zona metropolitana.

Mérida, Yucatán.- El gobernador Huacho Díaz Mena se reunió con diputados de la 4T (morena, PVEM y PT)  y del PAN para explicar, antes de enviar al Congreso del Estado la petición para la aprobación de un préstamo por 1,500 millones de pesos para la ejecución del Plan Bienestar Metropolitano: qué obras incluye, cómo se financiarán y cómo se vigilará cada peso.

Adelantó que en el transcurso de esta semana se reunirá con los diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y con la diputada sin partido Rosana de Jesús Couoh Chan.

----“Un gobernador sentándose cara a cara con la oposición para explicar personalmente un proyecto de gobierno es un ejercicio inédito en la vida pública de nuestro estado. La apertura es mi método de gobierno”, expresó.

Añadió que “la democracia yucateca produjo un Congreso plural y yo leo esa pluralidad como un mandato del pueblo: los asuntos grandes de Yucatán deben conversarse entre todos”, afirmó. 

Mencionó que el Plan Bienestar Metropolitano está integrado de la escucha: 16 foros temáticos, consultas públicas y recorridos en campo con universidades, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, comités ciudadanos y autoridades municipales. Es la ruta que más de 34 mil personas acordaron junto con el Gobierno del Estado.

 Agregó que el Plan atiende las tres realidades más sentidas de Mérida y su zona metropolitana: agua potable, vialidades y movilidad, y seguridad. Tan solo en agua, más de 123 colonias registran un suministro deficiente. “No estamos hablando de lujos; estamos hablando de necesidades básicas”, sostuvo el Gobernador.

Sobre el financiamiento, Díaz Mena fue claro: “No estamos pidiendo un cheque en blanco”. El planteamiento detalla para qué se solicitan los recursos, dónde se invertirán, cómo se pagarán y qué mecanismos de transparencia, vigilancia y seguimiento acompañarán cada peso, con participación de las y los legisladores. “Esa es la diferencia entre endeudarse para gastar y financiarse para construir”, afirmó. 

--- “La infraestructura que no se construye hoy se convierte en el problema que pagarán las siguientes generaciones”, advirtió

Manifestó respeto al papel de la oposición: el diálogo no supone renunciar a las diferencias, sino encontrar coincidencias alrededor de los problemas que afectan a la población. “No les pido que apoyen al Gobernador; les pido que apoyen una solución para la gente”, señaló.

Expuso que una vez concluida la ronda de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, el Gobierno del Estado presentará el paquete completo ante el Congreso, acompañado del diagnóstico, el destino de los recursos, los proyectos de obra y los mecanismos de ejecución y seguimiento, para que el Poder Legislativo ejerza a plenitud sus facultades de análisis y decisión.

---“Mi puerta está abierta y volveré a esta mesa cuantas veces haga falta. Yucatán merece que sus decisiones más importantes se tomen con diálogo, información y responsabilidad compartida”, concluyó.

El PAN pidió una transparencia total en la ejecución de los  4,500 millones de pesos (integrado por 1,500 del empréstito y tres mil como aportación del Gobierno Federal) licitando las obras, detallando los lugares donde se ejercerán y priorizando la contratación de empresas yucatecas.

Igualmente el PAN pidió la instalación de un Comité de Seguimiento integrado por funcionarios de gobierno, representantes de organismos empresariales, colegios de profesionistas, académicos y representantes de los partidos políticos, entre otros.

También pidieron la inclusión de los presidentes municipales en este organismo.

Finalmente, el presidente del PAN, Álvaro Cetina, planteó auditorías permanentes para las obras y por otra parte la necesidad de que la JAPAY esté encabezada por un especialista técnica que tenga la suficiente capacidad para desarrollar las obras hidráulicas que contempla el proyecto.

El director de la ENSY, Freddy Espadas Sosa, destacó que, a lo largo de 55 años, la institución ha contribuido a la preparación de profesionales de la educación con un amplio impacto académico, social y cultural en Yucatán.

Al respecto, la presidenta de la Comisión y diputada de morena, Maribel Chuc Ayala, reconoció la importancia de hacer justicia a una institución que ha formado generaciones de docentes que hoy están educando a nuestros niños, niñas y a nuestras juventudes en la entidad.

No debemos perder de vista que la educación es el pilar fundamental para el progreso de cualquier estado, expresó y consideró que la petición es una oportunidad para reconocer el trabajo de esta institución.

La propuesta, respaldada por la directiva, las coordinaciones de especialidad y el Consejo Estudiantil de la ENSY, será analizada y socializada entre las y los integrantes de la Comisión para valorar su incorporación a la agenda legislativa.

• El legislador y dirigente estatal del PRI denuncia que transferir la unidad al IMSS Ordinario equivale a cancelar la atención especializada para más del 60% de la población sin seguridad social.

Mérida, Yucatán.- Con una postura categórica y sin matices, el diputado y presidente del Comité Estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, denunció desde la tribuna del Congreso del Estado el virtual cierre y desmantelamiento del Hospital Materno Infantil para la población abierta, tras la decisión del Gobierno de morena de donar sus instalaciones al modelo IMSS Ordinario.

Quintal Parra advirtió que esta medida no representa un simple ajuste administrativo, sino la cancelación real de los servicios de salud pública especializada para miles de mujeres, niñas y niños que no cuentan con empleo formal ni seguro social. 

Agrego que cifras oficiales del INEGI indican que casi el 60% de las y los yucatecos trabajan en la informalidad, por lo que despojarlos de este centro hospitalario los deja en el desamparo total.

----“Hay que decirlo con todas sus letras, entregar el Hospital Materno Infantil al IMSS Ordinario es cerrarle las puertas en la cara a seis de cada diez familias yucatecas. No estamos ante una mejora en la gestión, estamos ante el cierre de un espacio que salvaba vidas de la población más vulnerable. La salud de nuestra gente no se regala ni se somete al centralismo", sentenció,

Subrayó que la decisión de entregar la infraestructura médica del estado responde a la incapacidad del modelo federal para construir su propia red de atención, prefiriendo arrebatarle a Yucatán lo que con años de esfuerzo e inversión local se había consolidado.

Dejó en claro que la bancada tricolor fue la única voz firme que se opuso con argumentos técnicos, jurídicos y sociales a este desmantelamiento:

---“El gobierno oficialista prefiere cerrar un hospital emblemático antes que reconocer que su sistema de salud colapsó. Quitarle el Materno Infantil a las madres e hijos de Yucatán para cubrir deficiencias federales es una irresponsabilidad histórica. Frente a la improvisación que destruye, actuamos con la seriedad, el rigor y la firmeza que exige nuestro estado", puntualizó.

Con esta postura, Gaspar Quintal refrenda el papel de una oposición seria en la entidad: actuar con la templanza, el rigor técnico y el valor cívico que demandan los momentos decisivos.

Mérida, Yucatán.- En sesión del Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, el Congreso del Estado aprobó con el voto en contra del PAN, MC y PRI la donación de dos bienes inmuebles del patrimonio estatal a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de fortalecer derechos, la infraestructura pública de salud, ampliar la capacidad de atención médica y garantizar mejores servicios para las familias yucatecas.

Por mayoría de votos el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal que autoriza la donación del inmueble donde actualmente se ubica el Hospital Materno Infantil, en la colonia Renacimiento de Mérida, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de consolidar la infraestructura hospitalaria del estado y brindar certeza jurídica a la operación de este importante centro de atención.

Al presentar la postura a favor, la diputada Clara Paola Rosales Montiel de morena destacó que el Hospital Materno Infantil no desaparecerá ni dejará de prestar servicios, se fortalecerá y formará parte de una estrategia para consolidar la red pública de salud y aprovechar plenamente su infraestructura. Señaló que en 2025 el Hospital Materno Infantil y el antiguo Hospital Agustín O'Horán atendieron de manera conjunta cinco mil 28 nacimientos y ahora, con la reorganización de los servicios, la capacidad aumentará hasta diez mil 950 partos anuales. 

Explicó que esta medida permitirá atender los embarazos de alto riesgo en un mismo complejo hospitalario (lo que en el actual Materno no se puede por falta de áreas y personal), fortalecer las áreas de ginecología, obstetricia y neonatología, además de liberar espacios para ampliar en otros nosocomios servicios especializados como cardiología, trasplantes, ortopedia y medicina interna, garantizando además el respeto a los derechos laborales del personal médico y de enfermería.

En el mismo sentido, el diputado Alejandro Cuevas Mena de morena afirmó que la donación representa una decisión para fortalecer el sistema público de salud, al permitir que el Hospital Materno Infantil continúe operando con mayor capacidad y mejores condiciones para atender tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social. 

Explicó que actualmente el hospital trabaja aproximadamente al 30 por ciento de su capacidad y, con la incorporación al IMSS, funcionará al 100 por ciento, además de contemplar la contratación de alrededor de 500 nuevos trabajadores y trabajadoras para fortalecer la atención médica. Acotó que seis de cada diez mujeres atendidas en esta unidad provienen de los municipios, por lo que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria también beneficiará a miles de familias de los municipios.

Durante la discusión hicieron uso de la palabra en contra las diputadas y diputados María Teresa Boehm Calero del PAN, Larissa Acosta Escalante de Movimiento Ciudadano y Gaspar Armando Quintal Parra del PRI.

Además, durante la sesión el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que autoriza la donación de un inmueble del patrimonio estatal ubicado en el municipio de Izamal a favor del IMSS, donde se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil para beneficio de las familias trabajadoras de la región.

Al fijar la postura a favor, la diputada Maribel del Rosario Chuc Ayala de morena señaló que esta acción responde a una demanda histórica de las familias de Izamal y representa una inversión en el bienestar de la niñez yucateca. 

Destacó que el nuevo centro brindará atención integral, nutrición, estimulación temprana y espacios seguros para las hijas e hijos de madres y padres trabajadores, al tiempo que contribuirá a fortalecer la justicia social y facilitar la incorporación de más personas a la vida laboral con la tranquilidad de contar con servicios de cuidado infantil de calidad.

Las y los legisladores aprobaron también por unanimidad la propuesta de acuerdo suscrita por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para declarar la desincorporación de diversos bienes muebles del Poder Legislativo del Estado de Yucatán y autorizar su donación a favor de asociaciones civiles, con el propósito de dar un destino socialmente útil a estos bienes; y el dictamen de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación por el que se modifica la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en materia de Declaración Especial de Ausencia.

Al concluir el desahogo de los asuntos enlistados, la Diputación Permanente, declaró clausurado el Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán.

Al participar en el evento inaugural, la Senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (morena), Verónica Camino Farjat destacó la importancia de este parlamento, que busca acercar a las nuevas generaciones al que hacer legislativo y brindarles herramientas para comprender la relevancia de la deliberación democrática.

La legisladora destacó la aportación de las  juventudes de diferentes entidades del país, que en el caso de Yucatán estuvo  representado por Alma Esther Presuel González,  como legisladores por un día.

Camino Farjat puntualizó que el recinto legislativo no es un espacio de confrontación estéril, sino de diálogo constructivo.

"Nuestro trabajo no es pelearnos, pero sí discutir, debatir e intercambiar nuestras ideas para encontrar cuáles son las mejores", subrayó

La legisladora yucateca, y Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, llamó a los participantes en este parlamento, organizado por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, a analizar cada propuesta con rigor y objetividad, sustento normativo e inclusión de voces, anteponiendo siempre el interés superior de la Nación

Frente al lema histórico grabado en el Pleno, "La Patria es Primero", y bajo el cobijo del lábaro patrio, Verónica Camino Farjat recordó a los presentes que la máxima directriz de un legislador es la defensa de los intereses de la ciudadanía

Cómo parte de las actividades las y los jóvenes participantes en el parlamento, simularon ocupar un escaño de la Cámara de Senadores, e integraron órganos legislativos como la Mesa de Decanos, la Mesa Directiva, Comisiones legislativas y Grupos Parlamentarios

En las sesiones de las Comisiones presentaron iniciativas de ley y puntos de acuerdo sobre temas de su interés, los cuales posteriormente fueron debatidos y dictaminados por el Pleno.

• Gobierno estatal solicita autorización para donar dos bienes inmuebles del patrimonio estatal a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Mérida e Izamal,

Mérida, Yucatán.- En sesión de la Diputación Permanente realizada esta tarde, se informó que fueron aprobadas por los ayuntamientos las minutas enviadas que contienen las  reformas constitucionales en materia de leyes fiscales municipales y de conformación de cabildos y austeridad presupuestal legislativa, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que contempla que las reformas constitucionales que impacten el régimen municipal deben de ser aprobadas por la mitad más uno de los ayuntamientos.

Mediante el oficio número 64-SG-614-2026, la Secretaría General del Congreso informó a la Diputación Permanente que la minuta de decreto por la que se modifica la Constitución Política del Estado en materia de leyes fiscales municipales fue enviada a los 106 ayuntamientos y que, a la fecha, se han recibido 80 actas de cabildo en las que consta la aprobación de la reforma, con lo que se obtuvo el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos para realizar la declaratoria correspondiente.

La reforma, aprobada el pasado 22 de junio por el Pleno del Congreso, establece que los municipios ya no tendrán como fecha límite el 25 de noviembre de cada año para presentar sus leyes de ingresos ante el Poder Legislativo. En su lugar, deberán presentar a más tardar el 15 de octubre las reformas y nuevas leyes de hacienda y, exclusivamente a más tardar el 15 de noviembre, las iniciativas relativas a las leyes de ingresos.

En la misma sesión de la Diputación Permanente, presidida por la diputada Naomi Peniche López, se dio lectura al oficio número 64-SG-613-2026, mediante el cual se informó que fue aprobada por 78 cabildos la minuta de decreto por la que se modifica la Constitución Política del Estado en materia de conformación de cabildos y austeridad presupuestal legislativa, obteniendo con ello la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del estado.

En consecuencia, se realizó la declaratoria correspondiente y se instruyó a la Secretaría General para remitir la minuta al Poder Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales conducentes.

Entre otros asuntos atendidos durante la sesión se dio entrada a iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo para reformar la Ley del Diario Oficial del Estado en materia de declaración especial de ausencia; iniciativas de decreto para autorizar la donación de dos bienes inmuebles del patrimonio estatal a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Mérida e Izamal, respectivamente; así como informes relacionados con la deuda pública del Ayuntamiento de Dzitás al 30 de junio del presente año; la enajenación de un bien inmueble en Akil y la publicación del nuevo Reglamento de Panteones del Municipio de Mérida.

Mérida, Yucatán.- Las Comisiones Permanentes Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado de Yucatán avanzaron en el proceso legislativo para la realización de la consulta dirigida a personas con discapacidad, mediante la distribución del protocolo que regirá este mecanismo de participación ciudadana.

El protocolo tiene como propósito garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas respecto de reformas legislativas relacionadas con mejores condiciones laborales, salvaguarda y la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en cumplimiento de las acciones de inconstitucionalidad 117/2021 y 99/2022 resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este mecanismo de consulta deberá desarrollarse bajo los principios de ser previo, público, abierto, accesible, informado y con participación efectiva de las personas con discapacidad, a fin de atender los criterios establecidos por el máximo tribunal del país y fortalecer la legitimidad de las reformas legislativas en la materia.

En asuntos generales, el presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputado Alejandro Cuevas Mena (morena), instruyó a la Secretaría General distribuir una propuesta de acuerdo para la realización de las consultas públicas correspondientes, precisando que en una próxima sesión se definirán las sedes, fechas y horarios donde se llevarán a cabo estos ejercicios de participación ciudadana.

Con estas acciones, el Congreso del Estado continúa dando cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando procesos legislativos incluyentes y con pleno respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

• Pide optimizar los recursos en ese poder y señaló que era más importante que ese presupuesto se reasigne a herramientas, espacios y mejores condiciones para el personal operativo

Mérida, Yucatán.- La senadora Verónica Camino Farjat subrayó las necesidades de optimizar los recursos dentro del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y recordó su postura siempre fue y ha sido en contra del incremento en el número de magistraturas, argumentando que esos recursos debieron destinarse directamente a los juzgados de primera instancia.

----"Valdría la pena explorar si en esta nueva elección del Poder Judicial, que ya no se celebrará en 2027 sino en el 2028, es necesario realmente continuar con ese número de magistraturas", señaló.

Señaló que era más importante que ese presupuesto se reasigne a herramientas, espacios y mejores condiciones para el personal operativo, garantizando así que la justicia llegue de manera eficiente a los ciudadanos.

Pidió a la comunidad jurídica de Yucatán seguir siendo siempre la prueba viviente en México, de que cuando un pueblo se levanta, habla y cambia, las cosas suceden para el bienestar de todos los mexicanos.

En un encuentro organizado por la revista Campo Jurídico, planteó a los notarios, escribanos públicos, litigantes y funcionarios de los Poderes Judiciales estatal y federal, que todavía hay mucho trabajo por hacer y más en acciones que permitan ampliar la justicia, y que esta llegue a la ciudadanía.

Reconoció la disposición del Gobierno del Estado por la permanencia y fortalecimiento de los Escribanos Públicos en los municipios, porque representan una opción accesible para dar certeza legal.

En el ámbito federal, descartó las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para gravar herencias y legados.

---"La comunidad jurídica de Yucatán tiene una gran tradición y es muy especial en el tema del derecho, pues muchos juristas de la entidad han dejado un legado al país", dijo.

Por ello, consideró importante seguir trabajando unidos, pues las abogadas y abogados yucatecos son referentes en el país en diferentes ramas del derecho.

Reconoció la labor del anfitrión Víctor Tuz Campos, director de la revista jurídica, por reunir a este importante sector de profesionales en un día que reconoce su impacto en la sociedad.

Subrayó las necesidades de optimizar los recursos dentro del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y recordó su postura siempre fue y ha sido en contra del incremento en el número de magistraturas, argumentando que esos recursos debieron destinarse directamente a los juzgados de primera instancia.

----"Valdría la pena explorar si en esta nueva elección del Poder Judicial, que ya no se celebrará en 2027 sino en el 2028, es necesario realmente continuar con ese número de magistraturas", señaló.

Señaló que era más importante que ese presupuesto se reasigne a herramientas, espacios y mejores condiciones para el personal operativo, garantizando así que la justicia llegue de manera eficiente a los ciudadanos.

Por su parte, el director general de la revista Campos Jurídicos, Víctor Tuz Campos, hizo un llamado urgente al gremio legal para asumir la defensa de la soberanía nacional como la máxima responsabilidad social y profesional de los juristas en el México contemporáneo.

El concepto de soberanía, puntualizó, dejó de ser una definición escolar abstracta para convertirse en el eje central de la estabilidad y la paz social del país.

Tuz Campos señaló: "Las decisiones políticas recientes y, de manera particular, las posturas de mandatarios extranjeros, redefinieron la urgencia de blindar la soberanía mexicana desde todos los sectores de la población".

"defender a nuestra nación y soberanía,  dijo, es un asunto de todos, desde la cúpula gubernamental hasta los niños en los parques", acentuó.

El Gobierno Federal, destacó, realiza una labor sólida en los rubros económico, político y diplomático para proteger el auto-determinismo de la nación, pero esta tarea requiere de un esfuerzo coordinado en donde los legisladores cuiden el alcance de las leyes y los gobiernos locales garanticen una convivencia libre.

"Las libertades individuales y los derechos de cada ciudadano son, en sí mismos, la base de la soberanía, por lo que el papel de los litigantes y magistrados resulta indispensable para nutrir la fortaleza de México desde el tejido social", recalcó.

En el marco de esta celebración, el subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Castro Alcocer, refrendó el compromiso del ejecutivo estatal con la libertad de expresión y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Castro Alcocer habló sobre el panorama democrático que se vive actualmente en la entidad y en todo el país, resaltando que en Yucatán transita por un momento histórico en el que la pluralidad de ideas es respetada y garantizada por las instituciones públicas, permitiendo que la ciudadanía y el gremio jurídico defiendan sus causas sin restricciones.

Hoy, refirió, todos podemos expresarnos, llevar la causa que creemos con absoluta libertad, sin ninguna directriz de que el gobierno te diga que no. Hoy más que nunca las expresiones son libres", aseguró.

Aunque dentro del marco normativo no siempre se logren consensos absolutos debido a la diversidad de opiniones, la democracia actual responde a la realidad y a los valores de las mayorías.

En el encuentro la Magistrada Sara Estrella León destacó el papel crucial del Tribunal de Disciplina Judicial para fortalecer la confianza ciudadana a través de la transparencia y el combate a la corrupción dentro de las instituciones del estado.

Ante integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial cómo Landy Aymé Pino Barrera, Mauricio Cantón Várguez y Antonio Bonilla Castañeda, llamó a consolidar un sistema de justicia con un alto sentido ético y social.

En su discurso, Estrella León detalló los objetivos y el alcance de este organismo jurisdiccional, subrayando que las resoluciones y auditorías internas no buscan ser herramientas meramente punitivas, sino mecanismos que garanticen la excelencia de los servidores públicos.

"La tarea del Tribunal de Disciplina Judicial no es únicamente sancionar cuando corresponde; es, ante todo, preservar la integridad de la función jurisdiccional, promover una cultura de responsabilidad y contribuir a que la independencia judicial camine siempre de la mano con la rendición de cuentas", precisó.

Insistió en que los procesos de supervisión institucional son indispensables para asegurar que jueces, magistrados y personal operativo actúen bajo criterios de absoluta imparcialidad, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadanía yucateca.

• Será entre la terna: C.P. José Francisco Gabriel Valencia Domínguez, Mtro. Jorge Guillermo Marín Bermejo y el Lic. en Derecho José Luis Naranjo Bobadilla

Mérida, Yucatán.- La Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado celebró mesa de trabajo en la que concluyó la etapa de comparecencias de las personas aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen para dar continuidad al procedimiento de designación.

Durante la sesión comparecieron el C.P. José Francisco Gabriel Valencia Domínguez, el Mtro. Jorge Guillermo Marín Bermejo y el Lic. en Derecho José Luis Naranjo Bobadilla, quienes expusieron sus trayectorias profesionales, experiencia y proyectos de trabajo para fortalecer las funciones de control interno, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.

Concluidas las comparecencias, la presidenta de la Comisión, diputada María Esther Magadán Alonzo, instruyó a la Secretaría General distribuir el proyecto de dictamen correspondiente, el cual fue aprobado por unanimidad por las y los integrantes de la comisión.

El dictamen establece que las tres personas aspirantes cumplen con los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y en la convocatoria respectiva, por lo que la lista será remitida a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado para que, previo consenso entre las fracciones y representaciones legislativas, someta al Pleno la propuesta de designación de la persona titular del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

Finalmente, la presidencia de la Comisión instruyó a la Secretaría General realizar el trámite correspondiente, a fin de continuar con el procedimiento legislativo para la designación del citado cargo.

• La reforma castiga con cárcel y multas el uso de "deepfakes" y duplica las penas en casos de extorsión y servidores públicos.

Mérida, Yucatán.- El diputado Gaspar Quintal Parra, presidente del PRI Yucatán, presentó ante el Pleno del Congreso local una reforma originada de escuchar la inquietud de los jóvenes en materia de acecho y delitos cometidos a través de software o inteligencia artificial.

---"Esta reforma no nació de la improvisación, sino hace tres años gracias a la visión de Abraham Izquierdo, en ese entonces estudiante de derecho de la Universidad Vizcaya Mérida, quién se anticipó y cuestionó las afectaciones jurídicas que provocaría el uso de contenidos manipulados digitalmente "deepfakes", manifestó.

(Los deepfakes son imágenes, videos o audios generados o manipulados mediante inteligencia artificial con apariencia de realidad. Originalmente utilizados para entretenimiento o efectos visuales, su uso se ha sofisticado rápidamente y ahora se emplean para crear contenidos falsos que parecen reales, incluyendo materiales de abuso sexual infantil).

Destacó que la propuesta tiene rostro humano, visión de vanguardia, apertura y renovación del PRI en escuchar a las nuevas generaciones.

----"Tenemos la responsabilidad de escuchar, de tener una mente abierta y sobre todo crítica para generar cambios positivos para el pueblo de Yucatán", afirmó Quintal, recordando que el PRI fue el primer partido en poner este tema sobre la mesa desde el 1 de septiembre de 2023.

Subrayó que la tecnología avanza a pasos agigantados y la ley no puede quedarse atrás cuando se ponen en riesgo entornos seguros. 

Por ello, de la mano de su equipo técnico legislativo, se tomó la decisión de mantener firme el dedo en el renglón, presentando una segunda propuesta en la materia el pasado 26 de marzo de 2025, la cual hoy se materializa en un dictamen histórico.

Con esta reforma, el PRI se consolida como un partido que sabe dar buenos resultados, fijando las siguientes sanciones:

Prisión y Multas: Se aplicará una pena de seis meses a tres años de prisión y una multa de mil a 2 mil UMAS a quien elabore, genere o manipule imágenes, vídeos o audios que causen daño o perjuicio al ser difundidos.

Definición Clara de IA: La legislación contempla como software de Inteligencia Artificial a todo sistema informático capaz de realizar tareas complejas, incluyendo procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, redes neuronales y algoritmos avanzados.

Cero Tolerancia a la Extorsión: La pena se aumentará al doble cuando el infractor coaccione u hostigue a la víctima bajo la amenaza de revelar o difundir el material manipulado.

Castigo Implacable a Servidores Públicos: En caso de que el delito sea cometido por funcionarios, se aplicará la destitución inmediata e inhabilitación para el servicio público de uno a cinco años.

Al concluir, Gaspar Quintal invitó a las y los diputados a brindar su voto a favor de este dictamen, dejando en claro que el PRI en Yucatán tiene la experiencia para dar orden al presente y la visión renovada para legislar el futuro.

• Aprueban reforma constitucional en materia electoral, austeridad y cero privilegios de personas servidoras públicas. Ningún funcionarios estatal o municipal percibirá un salario mayor a la presidenta
• El Pleno avala reformas al Código Penal local para incorporar el uso de la IA en los delitos contra la intimidad. 

Mérida, Yucatán- En Sesión del Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó hoy el dictamen por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de conformación de cabildos, austeridad presupuestal legislativa y cero privilegios de las y los servidores públicos. 

Entre los principales cambios en el dictamen de reforma constitucional, que armoniza la legislación estatal con las recientes disposiciones federales en materia de organización municipal, destaca el establecimiento de un límite máximo de hasta 15 regidurías por ayuntamiento, además de una presidencia municipal y una sindicatura, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa de los cabildos, garantizar una integración más racional de los órganos de gobierno municipal y optimizar el uso de los recursos públicos.

En materia de integración de los ayuntamientos, el dictamen armoniza la legislación estatal con la reforma constitucional federal y la local previamente aprobada para establecer cabildos más eficientes y acordes a criterios de austeridad. 

A partir del proceso electoral 2026-2027, los municipios contarán con una Presidencia Municipal y una Sindicatura, ambas electas por mayoría relativa, además de regidurías distribuidas según su población: los municipios de hasta 5 mil habitantes tendrán 3 regidurías, de las cuales 1 será de mayoría relativa y 2 de representación proporcional; los de hasta 10 mil habitantes contarán con 6 regidurías, 3 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional; los de más de 10 mil y hasta 250 mil habitantes tendrán 9 regidurías, 5 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional; mientras que Mérida tendrá un máximo de 15 regidurías, integradas por 8 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional. Con ello se reduce la integración de los cabildos en todos los rangos poblacionales teniendo como límite el parámetro constitucional federal de 15 regidurías, para fortalecer la eficiencia administrativa.

En materia de austeridad y responsabilidad en el ejercicio del gasto público la reforma también incorpora un nuevo esquema de disciplina presupuestaria para el Poder Legislativo, al establecer que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Actualmente, el presupuesto del Legislativo estatal no supera el 0.35% del presupuesto estatal.

Con esta medida se busca fortalecer una administración responsable de los recursos públicos, privilegiar el gasto eficiente y asegurar que los ahorros generados puedan traducirse en mayores inversiones para obras, infraestructura y servicios en beneficio de la ciudadanía, para poner fin a privilegios y buscar el fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

Asimismo, incorpora disposiciones que refuerzan el principio de austeridad republicana, al establecer que ninguna persona servidora pública de los poderes del Estado, organismos autónomos o ayuntamientos podrá percibir remuneraciones superiores a las del titular del Poder Ejecutivo Federal, y se prohíbe la contratación con recursos públicos de seguros, prestaciones o beneficios extraordinarios que representen privilegios injustificados, fortaleciendo así la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable del dinero público. 

Durante la discusión, la diputada Larissa Acosta Escalante de Movimiento Ciudadano se pronunció a favor del dictamen, mientras que el diputado Gaspar Armando Quintal Parra del PRI, manifestó su postura en contra.

De igual forma, las y los diputados aprobaron por unanimidad la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de leyes fiscales municipales, con la finalidad de fortalecer la planeación financiera de los ayuntamientos mediante una programación más ordenada para la presentación y análisis de sus iniciativas fiscales.

Al presentar la postura a favor, el diputado Germán Quintal Medina destacó que la reforma fortalece la planeación financiera de los municipios y mejora el trabajo legislativo al establecer plazos más ordenados para la presentación de las leyes fiscales municipales. 

A partir de este cambio, las iniciativas de nuevas leyes de hacienda o sus reformas deberán entregarse al Congreso a más tardar el 15 de octubre, mientras que las leyes de ingresos se presentarán hasta el 15 de noviembre y sólo deberán considerar los montos pronosticados, permitiendo contar con más tiempo para su análisis técnico, jurídico y presupuestario.

 Con ello se busca que los ayuntamientos elaboren propuestas más sólidas y que el Congreso realice una revisión más exhaustiva, transparente y eficiente de los instrumentos que determinan la recaudación y el ejercicio de los recursos públicos municipales.

Por mayoría de votos en lo general y particular, las y los legisladores aprobaron las reformas a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, la Ley de Gobierno de los Municipios, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Decreto 169/2026, para armonizar la legislación secundaria con las recientes reformas constitucionales en materia de conformación de cabildos, austeridad presupuestal legislativa, cero privilegios para las y los servidores públicos y nulidad por intervención extranjera.

Durante la sesión se designó por votación de cédula a la contadora pública María Isabel Barroso Pino como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, órgano técnico especializado del Poder Legislativo, y se aprobó la propuesta de nombrar al contador público Irving Mayén Flores como titular de la Contraloría Interna del Congreso. Ambas personas rindieron protesta ante el Pleno.

Además, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública que reforma diversas disposiciones del Código Penal en materia de acecho y delitos cometidos mediante software o inteligencia artificial, con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas frente a las nuevas modalidades de violencia digital y garantizar que la legislación responda a los desafíos tecnológicos actuales. 

La reforma establece penas de seis meses a tres años de prisión y multas de mil a dos mil UMAs para quienes utilicen estas tecnologías con fines ilícitos, sanciones que podrán duplicarse cuando se empleen para coaccionar, hostigar o extorsionar a las víctimas. Asimismo, se agravan las penas en delitos como la violación a la intimidad sexual, el chantaje, la falsificación de pruebas y el fraude cuando se cometan mediante inteligencia artificial, incluyendo casos de suplantación de identidad, creación de contenido íntimo falso o difusión de material manipulado con fines de daño, fortaleciendo así la protección de la privacidad, la seguridad digital y el acceso a la justicia de las y los yucatecos. 

En la discusión, el diputado Daniel González Quintal (morena), presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, señaló que este dictamen fortalece la protección de la intimidad, la dignidad y la seguridad de las personas, así como otras conductas relacionadas con la suplantación de identidad, el acoso y la violencia digital. 

Además comentó que retoma las inquietudes y propuestas planteadas por las y los participantes del Parlamento Juvenil Yucatán 2025, quienes llevaron a la agenda legislativa la preocupación por los riesgos asociados al uso indebido de la inteligencia artificial y la violencia digital. Con ello, el Congreso del Estado refrenda su compromiso de escuchar a las juventudes y convertir sus ideas en acciones concretas, impulsando un marco jurídico actualizado que responda a los desafíos tecnológicos contemporáneos y fortalezca la protección de los derechos, la privacidad y la seguridad de las personas en el entorno digital. 

En el mismo sentido, el diputado Quintal Parra del PRI manifestó su respaldo a la reforma al coincidir en la necesidad de fortalecer la legislación penal frente al uso indebido de la inteligencia artificial. 

Al término de la jornada, la diputada presidenta de la Diputación Permanente Naomi Raquel Peniche López, declaró la Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones.

• El Congreso yucateco es el primero del país en recibir una multa por no cumplir esta sentencia de despenalización del aborto.

Mérida, Yucatán.- El conservadurismo y el ala católico del Legislativo yucateco recibieron hoy un golpe seco cuando, obligados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tras multas a cada uno de los 35 diputados por 26,981 pesos por el Juzgado Tercero de Distrito aprobaron, en rápida votación, despenalizar el aborto en Yucatán que beneficia a miles de yucatecas para la interrupción legal del embarazo.

El director jurídico del Congreso local, Miguel Ceballos Quintal, también fue multado.

Ninguna y ninguno de los diputados de los aliados de la 4T (morena, PT y PVEM), PAN, PRI y MC, pidieron la tribuna para fijar un posicionamiento, a más de un año de dejar inconcluso el proceso legislativo de reforma constitucional en materia de aborto y tras varios intentos de evitar ésta.

En la reforma parcial el Congreso local derogó los artículos 389, 390, 392 y 393- del Código Penal de la entidad que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo en el estado, sin embargo falto el correspondiente a la Constitución Política del Estado.

Tras la modificación ahora el Artículo Primero dirá:

--- “Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. Asimismo, promoverá las condiciones necesarias para su desarrollo integral en todas sus etapas, en observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

De esta manera en Yucatán se elimina la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. 

El Congreso informa, en tres párrafos, del cumplimiento del mandato

Sobre este hecho trascendental para las mujeres yucatecas, en un comunicado el Congreso local informó:

---“Asimismo, se aprobó por unanimidad la modificación al dictamen relativo al cumplimiento de una sentencia de amparo con el que se fortalece la regularidad constitucional del marco jurídico estatal al dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 274/2024, mediante la adecuación del artículo 1 de la Constitución Política local, señalando que el estado de Yucatán reconoce, protege, y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. 

La reforma elimina la porción normativa declarada inconstitucional y armoniza el texto constitucional local con el parámetro de control de regularidad constitucional previsto en la Constitución Federal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los criterios obligatorios del Poder Judicial de la Federación. 

Además, incorpora el reconocimiento de que el Estado promoverá las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las personas con base en los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional, reafirmando el compromiso institucional con el Estado de Derecho, la supremacía constitucional y el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Concluye un proceso que inició en 2021: UNASSE

En entrevista con Cimacnoticias, la Coordinadora Jurídica de la organización feminista UNASSE, Amelia Ojeda Sosa, señaló que con esta votación, ya debería concluir el proceso iniciado desde el 2021, año en el que presentaron un amparo contra del Artículo primero de la Constitución yucateca y en contra de artículos relacionados con el delito de aborto en el Código Penal.

La jurista relató que este este amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) y resolvió en favor de las mujeres hasta el 2024. Ya con la sentencia esa máxima instancia le ordenó al Congreso yucateco modificar el Artículo primero de la Constitución para eliminar la protección absoluta de la vida desde la fecundación y la consideración del embrión o feto como persona titular de derechos humanos, no obstante pusieron obstáculos a este fallo.

Ojeda Sosa señaló que le ordenaron al Congreso modificar artículos del Código Penal, incluso pidieron se derogara completamente el Artículo relacionado con la penalización del aborto voluntario. No obstante, solo se alcanzó una despenalización parcial hasta las 12 semanas.

Cabe resaltar que para modificar el Artículo primero de la Constitución es necesario tener mayoría calificada en el Congreso, es decir, la tercera parte de legisladoras y legisladores presentes para la votación. Lo que obstaculizó una primera votación porque no lo completaron y en ese momento solo pudieron cambiar el articulado del Código Penal.

La abogada de UNASSE relató que no se detuvieron y dieron seguimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se les volvió a pedir que acataran dicha resolución en el Congreso yucateco pero por segunda vez no lograron que sucediera.

Posterior a esta situación, la semana pasada en el Congreso yucateco recibieron una notificación de un Juzgado de Distrito para que cumplieran de forma obligatoria, pero ahora les incluyó una multa de 26 mil pesos, esto fue para cada diputada y diputado del congreso, así como al director del jurídico. Lo que sumaría un total de 1 millón de pesos aproximadamente.

Es necesario precisar que las evasivas para acatar la resolución de la Suprema Corte, las imponían principalmente las y los integrantes del Partido Acción Nacional, afirmó Amelia Ojeda Sosa, Coordinadora Jurídica de la organización feminista UNASSE.

Así, tras la multa, hoy sesionó el Congreso de Yucatán y lo aprobaron por unanimidad. Modificaron al Artículo primero eliminando la parte que protege la vida desde la fecundación hasta su muerte natural y que al embrión o feto se le considere como una persona titular de de derechos.

Ahora el mismo Congreso deberá enviar al Juzgado de Distrito el cumplimiento que dieron en la sesión de hoy y ahí valorarán si cumplieron con la totalidad de lo que mandata la sentencia.

---"El PRI es una oposición renovada y técnica y no respaldará un retroceso disfrazado de ahorro económico", dijo.

El legislador denunció que la reforma evidencia deficiencias de diseño normativo y una preocupante falta de seriedad legislativa. Advirtió que las instituciones democráticas son garantías de derechos, no cargas presupuestales que puedan recortarse al antojo del régimen.

Alertó que reducir los cargos de elección popular reduce drásticamente el margen institucional para garantizar la integración paritaria de las mujeres y la aplicación de acciones afirmativas para grupos vulnerables.

----“La democracia se fortalece con contrapesos, pluralidad y deliberación; se debilita cuando las decisiones se construyen desde la improvisación o desde mayorías aplastantes. Por absoluta congruencia con el futuro de Yucatán, el PRI vota en contra del desmantelamiento de nuestras instituciones”, concluyó Gaspar Quintal.