Vinculado a proceso defraudador de alumnos de la UTM

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los documentos de prueba suficientes para que Diego Alonso M.D., representante de la empresa Banquetes y Eventos Piña fuera vinculado a proceso por el delito de fraude específico, tras haber engañado a más de 300 estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).

De acuerdo con la causa penal 503/2025 en septiembre de 2024 el acusado se reunió con los querellantes, a quienes, a través de la firma de un supuesto convenio, les hizo creer que se haría cargo de la organización del evento que se llevaría a cabo el 21 junio del presente año en un local ubicado en la carretera Cholul-Santa Maria Chi.

Diego Alonso estableció un costo total de $260,000.00 pesos, siendo que en ese momento los agraviados le entregaron un anticipo de $28,600.00 pesos.

Posteriormente, mediante una representante de dicho grupo, se realizaron diversos abonos firmando los recibos correspondientes, hasta que el 13 de junio se aplicó el último pago, liquidando un total de $276,250.00 pesos debido a que se agregaron más invitados.

Sin embargo, el día del evento los querellantes se enteraron que el local se encontraba cerrado debido a que el imputado no efectuó las gestiones ni el pago del lugar y tampoco devolvió el dinero que le fue entregado.

Posteriormente los alumnos acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), delegación número 35 en la zona Cordemex, para realizar una conciliación donde el acusado propuso devolver el dinero en un plazo de año y medio con la condición que los estudiantes retiren la denuncia en su contra, lo cual fue rechazado por los afectados.

Por lo anterior, la autoridad judicial decretó la citada vinculación a proceso a petición de esta representación social y otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria; además, ratificó las medidas cautelares antes establecidas que ordenan al acusado el sometimiento a vigilancia por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares, la firma periódica y la prohibición de salir del Estado, así como la prohibición de acercarse a las víctimas por todo el tiempo que dure el proceso.