Regidores de morena rechazan Programa de Ordenamiento Territorial de Mérida

 

Mérida, Yucatán.- Los regidores y regidoras de morena del Ayuntamiento votaron en contra de la propuesta del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida (PMOTDUM), porque la ciudad no crecerá con justicia territorial, responsabilidad ambiental y tampoco incluye a las personas que sostienen la vida cotidiana.

En la sesión extraordinaria de Cabildo, los ediles expresaron que el documento no cuida el tiempo de las personas, el territorio, el agua, los barrios y no entiende que el medio ambiente no es un límite al desarrollo, sino una condición básica.

En su posicionamiento, expresaron que Mérida no necesita crecer más lejos ni reproducir un modelo de ciudad al servicio del capital inmobiliario, sino que debe ser una ciudad pensada para la vida, la gente y las nuevas generaciones.

En la sala de sesiones de Cabildo “Profra. Rosa Torres González”, el regidor Adrián Gorocica Rojas manifestó que planear la ciudad no es sólo ordenar el territorio, sino decidir cómo vivimos, cuánto tiempo perdemos en traslados y qué tan accesible es la vivienda.

----“Aunque el PMOTDUM 2050 partió de un diagnóstico acertado, sus reglas son preocupantes, porque funciona más como un mapeo de oportunidades para el mercado inmobiliario, que como un instrumento para frenar la especulación del suelo, el crecimiento desmedido y la desigualdad urbana”, expuso el edil.

En su exposición, indicó, que con el sobredimensionamiento de la población proyectada incrementa artificialmente la demanda de suelo y termina validando la apertura de casi 18 mil hectáreas para urbanizar, lo que estimulara la especulación del suelo y la expansión acelerada de la mancha urbana.

--“Cuando el Ayuntamiento señala en un mapa qué suelo será urbano en el futuro se incrementa de inmediato su valor comercial y se envía una señal clara al mercado compre hoy, urbanice mañana”, subrayó. 

Los límites 2030, 2040 y 2050 no son secuenciales ni obligatorios, pues no funcionan como candados sino como expectativas, es decir, que el mercado decida, siga decidiendo dónde y cuándo construir, porque en la práctica los requisitos que se plantean son demasiados flexibles y ambiguos

Cuando no hay control en el crecimiento de una ciudad se encarece la vida y se profundiza la desigualdad urbana, añadió, porque se eleva el costo de la infraestructura, aumenta la dependencia del automóvil, profundiza la segregación territorial y expulsa a las familias trabajadoras a la periferia y esos costos no los paga el desarrollador sino la ciudadanía con impuestos, servicios deficientes, viviendas más caras o con el abandono de las colonias consolidadas, pues aunque se reconoce la existencia de 48,205 viviendas deshabitadas, el plan habilita miles de hectáreas nuevas para urbanización, de modo, que no se planea garantizar la vivienda como un derecho, sino como activo financiero.

El regidor Gorocica Rojas propuso ajustar la proyección poblacional a datos reales alineados al INEGI y CONAPO, para evitar la sobreexpansión, sustituir los horizontes 2030–2040–2050 por un límite urbano de crecimiento claro, condicionar cualquier expansión futura al aprovechamiento previo del suelo intraurbano incluyendo terrenos urbanos y vivienda deshabitada, exigir densidades mínimas y porcentajes obligatorios de vivienda social en nuevos desarrollos vinculando la densificación con calidad urbana, así como incorporar una política de reciclaje urbano y ocupación de vivienda deshabitada como eje prioritario del programa, porque no se trata solo de construir, sino de hacer más atractiva a la ciudad.

Por su parte, el regidor Diego Carrera Pérez expuso que Mérida necesita un Programa de Ordenamiento Territorial con procesos claros, técnicamente sustentados y respetuosos de la participación ciudadana, pues mientras no se expliquen de forma transparente las razones del incremento, no se esclarezcan los llamados “derechos adquiridos” y no se garantice que el programa ordena la urbe a beneficio de la ciudadanía, su aprobación no puede tomarse a la ligera.

Aunque para la elaboración del PMOTDUM se hizo una consulta pública y se documentó con claridad las preocupaciones de la población, como el encarecimiento de la vivienda, la mala calidad de los servicios urbanos, la expansión desordenada, la pérdida de áreas verdes y el aumento del tiempo de traslado, el programa que hoy se sometió a votación en el Cabildo registró cambios, pero no se consultó de nuevo a la ciudadanía.

El edil Carrera Pérez expuso que la expansión urbana no se justifica técnicamente, pues el PMOTDUM habla de contención urbana y de avanzar hacia una ciudad más compacta, sin embargo; autoriza alrededor de 18,000 hectáreas de nuevo suelo urbanizable, lo que implica expandir la mancha urbana de forma significativa.

---“Esa expansión no es una decisión neutra, sino que significa mayores costos en alumbrado, bacheo, recolección de basura, seguridad y servicios públicos que el municipio deberá sostener por décadas, cuando los servicios actuales ni siquiera logran satisfacer plenamente a la ciudadanía”, resaltó el regidor.

Ampliar la mancha urbana sin resolver primero esas carencias, agregó, implica profundizar desigualdades y ampliar los problemas vigentes, pues la planeación responsable no sólo piensa en el presente, sino en la viabilidad financiera y operativa de las futuras administraciones municipales.

En el plan se argumenta que una parte importante del incremento urbano responde al reconocimiento de supuestos “derechos adquiridos”, pero no se conocen con claridad qué predios están involucrados, bajo qué criterios se otorgaron esas anuencias, qué funcionarios las autorizaron, ni cuándo se generaron esas obligaciones, que pretenden condicionar el ordenamiento territorial del municipio.

---“Si esos derechos existen y son legales deben ser públicos, transparentes y justificados, por lo tanto, el Cabildo no puede avalar una expansión territorial de esa magnitud sin contar con la información”, aseveró.

Por último, dijo que el interés público, el derecho a la ciudad y la protección del territorio no pueden quedar subordinados a decisiones tomadas de forma discrecional y sin rendición de cuentas.