Para garantizar el derecho a espacios públicos y servicios dignos a las familias del fraccionamiento Santa Cruz Norte, al sur de la capital yucateca, el regidor Diego Carrera solicitó al Ayuntamiento de Mérida investigar el estado jurídico y físico de los predios destinados a parques y áreas comunitarias en la zona.
Actualmente, el desarrollo habitacional —habitado en su mayoría por familias jóvenes— se encuentra en proceso de municipalización. Sin embargo, a pesar de que el plano catastral aprobado incluye áreas públicas que, según el artículo 374 del Reglamento de Construcciones de Mérida y el artículo 151 de la Ley de Gobierno de los Municipios, son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, hoy se encuentran bloqueados.
El regidor explicó que, derivado de un litigio entre particulares, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) mantiene medidas cautelares y la retención de dichos predios. Ante esto, urgió la intervención de la Subdirección Jurídica del Municipio para defender el uso público de los lotes.
---"Las familias que viven en el fraccionamiento no tienen la culpa de los juicios en los que se encuentran las desarrolladoras, pero sí merecen servicios y espacios dignos para sus hijos", enfatizó Carrera. "Al no contar con espacios recreativos, las infancias y juventudes terminan jugando en las calles, exponiéndose a riesgos innecesarios."
A la falta de áreas recreativas se suma la deficiencia en el servicio de alumbrado, con luminarias apagadas o de baja intensidad. El regidor señaló que los vecinos pagan el derecho sin recibir una atención digna, lo que representa un incumplimiento a una obligación constitucional y no un mero fallo técnico.





























