Eliminan “pensiones doradas” a trabajadores de Pemex y CFE: no podrán superar 70 mil pesos, será retroactivo

• El Pleno desechó moción suspensiva presentada por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN)   
• Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron sus posicionamientos

Ciudad de México.- En la sesión vespertina de la Cámara de Diputados, la diputada Haidyd Arreola López y el diputado Manuel Vázquez Arellano, de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, sobre el límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La diputada Haidyd Arreola López (Morena) recordó que la iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y está sustentada en corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, ya que en el país hay un contraste de “pensiones doradas” con pensiones de pesos.

El análisis técnico de la Comisión --dijo-- parte de un diagnóstico claro: el sistema de pensiones en México representa profundas desigualdades tanto en el acceso como en los montos percibidos, pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2024 las transferencias por jubilaciones en promedio rondan en 4 mil 600 pesos al mes.

Indicó que, desde una perspectiva constitucional, esta situación contraviene los principios establecidos en los numerales 127 y 134 de la Constitución relativos a la proporcionalidad del gasto público y a la racionalidad de los mismos y el uso eficiente, honrado y equitativo de los recursos del Estado.

Por ello --añadió-- el dictamen propone una solución clara y jurídicamente consistente y no contraviene el principio de irretroactividad, conforme la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establecer un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos fijados en el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal no es una medida aislada, sino que se encuentra alineada en el principio ya previsto en el artículo 127 de la Constitución Política, la cual dispone que “ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración superior a la del Ejecutivo Federal”.

Resaltó que desde el punto de vista técnico financiero la reforma también responde a un problema de sostenibilidad: el gasto en pensiones representa una proporción creciente al presupuesto público alcanzando niveles cercanos al 20 por ciento del gasto total, lo que limita la capacidad del Estado para atender otras prioridades sociales como salud, educación e infraestructura.

De ahí que la reforma busca ordenar el sistema pensionario, corregir asimetrías y garantizar la viabilidad en lo largo del plazo bajo criterios de austeridad, proporcionalidad, y responsabilidad hacendaria. El dictamen respeta derechos fundamentales y mantiene excepciones plenamente justificadas. No se afectan las pensiones derivadas de cuentas individuales, aportaciones sindicales, ni las personas no contributivas dirigidas a personas adultas con discapacidad, así como no se afecta el régimen de las Fuerzas Armadas.

Aclaró que el objetivo de la reforma no es restringir derechos sino reorientar el uso de los recursos públicos hacia un esquema más equitativo y solidario.  “Legislar en esta materia es corregir una desigualdad histórica y recuperar el sentido social del Estado mexicano; es garantizar que las pensiones cumplan su verdadera función: ser un instrumento de protección social, basado en la solidaridad, la equidad y el interés general”.

A su vez, el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) hizo notar que el dictamen no va contra el universo completo de trabajadores y trabajadoras pensionadas del país sino contra las “pensiones doradas”, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores y trabajadoras que, aunque estaban en las reglas, aunque estaban en las leyes, no por ser legal fue moral lo que hicieron.

Aseguró que “muchas de esas pensiones que lograron obtener fue por acuerdos, por amigos, por amigas, por compadrazgos, por amistades políticas, por favores políticos. Esto no puede continuar de esa manera”.

Llamó a revisar y reordenar el régimen de pensiones, ya que a nivel nacional y estadístico de la población vamos poco a poco envejeciendo y cada vez vamos a tener un universo mayor de personas mayores que van a estar en esta situación y van a necesitar que el régimen de pensiones alcance para todas y todos.

El país, dijo, gasta más de 2.3 billones de pesos; es decir el 23 por ciento del presupuesto público anual se va en pensiones a las personas jubiladas. “Eso se va a continuar haciendo, repetimos. El problema no es que se gaste tanto en extrabajadores y extrabajadoras. El problema es que se concentra en unas cuantas personas”. 

Ejemplificó que Luz y Fuerza del Centro cuenta con un padrón de más de 14 mil extrabajadores, cuyo costo anual asciende aproximadamente a 28 mil millones de pesos, destacando que una proporción relevante cercana al 67 por ciento percibe pensiones que van desde los cien mil hasta casi un millón de pesos mensuales. “Tenemos que reordenar y revisar este asunto con nuestros extrabajadores porque en comparación con el resto seguramente muchos estarán en desacuerdo”.

Desechan moción suspensiva

En votación económica, el Pleno desechó moción suspensiva de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) quien solicitó detener la discusión y votación del dictamen por ser incompatible a diversas disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron sus posicionamientos sobre el dictamen a la minuta que reforma el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, el cual deriva de una propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Establecer límites razonables y avanzar hacia un modelo más equitativo

El diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) señaló que el dictamen plantea establecer límites razonables, recuperar el sentido social del sistema y avanzar hacia un modelo más equitativo en el que las pensiones sean un reconocimiento digno al esfuerzo de toda una vida, no un privilegio excesivo financiado por la ciudadanía. Además, dichos esquemas no solo generan desigualdad, también comprometen la viabilidad financiera del Estado.

También de Morena, la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez aclaró que no se elimina el derecho a la pensión y no se castiga a la o el trabajador que cotizó; simplemente se establece que ninguna jubilación financiada con dinero del erario podrá superar la mitad de lo que gana la persona titular del Ejecutivo Federal.  

A su vez, Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena, aseguró que con esta reforma de ninguna manera se extinguen las pensiones, solo se establece un margen muy preciso, en el que no se pueda percibir más del 50 por ciento, o hasta el 50 por ciento, de la percepción de la presidenta de la República. “Con esta reforma se consolidará el principio de austeridad republicana y la ejecución correcta del gasto público”. 

Piden respetar derechos de quienes se pensionaron legalmente

Del grupo parlamentario del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá estimó necesario revisar el esquema para fijar pensiones, con una medida objetiva, pues su otorgamiento no puede partir de una decisión discrecional. Se pronunció contra los excesos y planteó ajustar las pensiones que estén fuera de la legalidad, y respetar los derechos de quienes legalmente han recibido su pensión después de 30 o más años de servicio a México. 

También del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano expresó estar a favor de limitar los ingresos de los funcionarios en casos particulares de las empresas productivas del Estado que ganan más de un millón de pesos, pero no con una propuesta que va a poner en riesgo la pensión de muchas otras personas que se ganaron esta pensión con su trabajo, esfuerzo y preparación.

Respaldar este dictamen es respaldar la justicia social en el uso del presupuesto

Para la diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) la posibilidad de construir un país más justo y con menos desigualdad es uno de los objetivos del dictamen. Precisó que no va en contra de las y los trabajadores de México, quienes han construido su retiro con años de esfuerzo y servicio, pero sí en contra de los privilegios ofensivos de una minoría que durante muchos años vivió al amparo de esquemas desproporcionados y alejados de la realidad de la mayoría de la población.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astillo Suárez resaltó que establecer un límite claro a las pensiones financiadas con recursos públicos no es una medida contra las personas, sino a favor de la justicia. Indicó que la reforma no cancela derechos ni afecta el ahorro de las y los trabajadores; solo establece un límite para aquellas pensiones desproporcionadas. “Respaldar este dictamen es respaldar la justicia social en el uso del presupuesto”. 

También del PVEM, el diputado José Luis Fernández Martínez recalcó que la reforma establece un parámetro constitucional para que el sistema de jubilaciones, financiadas con recursos públicos en los tres niveles y órdenes de gobierno, sean más claro y objetivo, así como garantizar que el erario público se administre con los principios constitucionales de racionalidad y equidad. Apuntó que no se restringen derechos sociales ni mecanismos construidos con el ahorro directo de las y los mexicanos.

El sistema de pensiones no debe ser espacio de privilegios

La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) afirmó que las pensiones elevadas son una carga para las finanzas públicas y subrayó que el sistema no debe ser un espacio de privilegios sino un compromiso con la sociedad. Sostuvo que las modificaciones avanzan en la ruta de la austeridad, combaten la desigualdad y priorizan el bienestar colectivo sin suprimir derechos.

Del mismo grupo legislativo, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez calificó el modelo actual como injusto para millones de familias y consideró que la reforma permitirá erradicar privilegios desproporcionados. Indicó que los recursos destinados a pensiones excesivas podrían utilizarse para fortalecer derechos y ampliar apoyos sociales. 

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil expuso que hay casos de pensionados por empresas del Estado, como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que evidencian la necesidad de eliminar las llamadas “pensiones de oro”. Añadió que presentará una reserva para evitar la aplicación retroactiva a quienes obtuvieron su pensión de manera legal, así como para exceptuar a personal técnico de Pemex que no se rija por el Apartado B.

Es regresiva y atenta contra derechos adquiridos

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez advirtió que la iniciativa que se pretende aprobar es regresiva y atenta contra derechos adquiridos, sin un análisis profundo. Aseguró que no soluciona el problema estructural de las pensiones, no corrige las finanzas públicas y no es “pareja”, ya que algunos conservarán sus privilegios. “Es una reforma selectiva, discrecional, clasista y con un sustento jurídico poco sostenible”. 

La diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo, adelantó que votarán a favor porque significa reconocer una deuda histórica con la ciudadanía, pero no acompañarán la violación a los derechos adquiridos por las y los trabajadores. Agregó que la verdadera discusión debería estar en cómo construir un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible y advirtió que las reformas mal diseñadas pueden tener efectos contraproducentes, generar incertidumbre laboral e incrementar la carga fiscal.

Aplicación retroactiva de la reforma, vulnera derechos adquiridos

Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, respaldó el proyecto en lo general, al considerar que los recursos públicos no deben destinarse a financiar esquemas de retiro que superen los límites constitucionales. No obstante, enfatizó que si bien es positivo eliminar las pensiones millonarias no se deben afectar los ingresos de miles de personas que dependen de esos recursos. Opinó que la aplicación retroactiva de la reforma vulneraría derechos adquiridos mediante disposiciones transitorias. 

También de MC, la diputada Laura Hernández García se pronunció por limitar las pensiones de exservidores públicos para evitar privilegios e impedir pensiones de lujo que contrasten con las condiciones de quienes apenas reciben ingresos suficientes para vivir. Informó que presentará reservas para modificar el segundo artículo transitorio, a fin de evitar la aplicación retroactiva de la norma a personas ya pensionadas, y que las nuevas disposiciones se extiendan a todos los sectores, incluidas las Fuerzas Armadas y exministros de la Suprema Corte.

Irais Virginia Reyes De la Torre, diputada del mismo grupo parlamentario, expresó que establecer que las pensiones ya otorgadas deban ajustarse al nuevo límite contraviene un principio constitucional básico. No es un tecnicismo, afecta derechos adquiridos y abre la puerta a amparos masivos, incertidumbres y costos mayores a cualquier ahorro. En lugar del fortalecimiento constitucional se generarán tensiones al privilegiar una solución de impacto inmediato.

Posturas a favor

El diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC) expresó que nadie puede negar la buena intención del dictamen, dado que en el sistema de pensiones el principal problema tiene que ver con la desigualdad; no obstante, es de preocupación la retroactividad y el garantizar la seguridad social para las personas adultas jóvenes, cuando las pensiones doradas son el 12 por ciento del sistema. Se debe proponer una reforma integral en materia de pensiones.

Para el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) es necesario construir un sistema de pensiones más justo, equitativo, sin privilegios ni excesos, pero se está en contra de aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de las y los trabajadores y elimine los derechos adquiridos con anterioridad. “Estamos a favor del dictamen. Se necesita un sistema de jubilación justo, sostenible y equilibrados”.

Del PT, el diputado Jesús Fernando García Hernández argumentó que hoy se está ante una decisión política: se defiende al pueblo o se siguen dando privilegios, pues limitar las “pensiones doradas” implica romper una estructura de privilegios intocables, en donde el servicio público se convirtió en un mecanismo de acumulación. Hoy se acaba la simulación y el despacharse con la cuchara grande, se liberan recursos y se reconfigura el equilibrio.

Juan Luis Carrillo Soberanis, diputado del PVEM, comentó que en México el promedio mensual de una pensión es de 7 mil 300 pesos; sin embargo, hay casos en el sector paraestatal en donde una persona jubilada percibe montos mayores a un millón de pesos. Por ello, la importancia de armonizar las pensiones del sector paraestatal con el esquema de austeridad, eficiencia del gasto y honradez en el servicio público. No se eliminan derechos, se corrigen excesos y se eliminan privilegios.   

La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) observó que entre el personal jubilado que podría verse perjudicado hay mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad o que tienen alguna discapacidad porque el dictamen contempla una generalidad y conserva el transitorio de retroactividad. En el PAN votaremos a favor en lo general, a fin de quitar privilegios. 

El diputado José Alejandro Peña Villa (Morena) afirmó que con la reforma se eliminan privilegios y se responde a una demanda de la población para acabar con las “pensiones doradas”, lo que nos da legitimidad. Como legisladoras y legisladores vamos a apoyar las reformas e iniciativas que estén a favor del pueblo de México. Hoy se reducen privilegios y se acaba con las castas divinas que había en las entidades públicas.