Comisario municipal de Santa María Chi denuncia persecución penal

• Señala que aunque en octubre de 2025 se dictó el sobreseimiento de una carpeta en su contra, grupo Kekén apeló y fue citado nuevamente en el Centro de Justicia Oral
• Los habitantes, encabezados por  el comisario municipal, denunciaron a la empresa por sus granjas contaminantes, mismas que fueron clausuradas por la SEMARNAT y PROFEPA

Mérida, Yucatán.- El comisario municipal de Santa María Chi, Wilberth Alfonso Náhuat Puc, denunció persecución penal y el uso del Poder Judicial del Estado como instrumento de intimidación contra defensores comunitarios indígenas, tras ser citado al Centro de Justicia Oral derivado de un litigio contra una granja porcícola.

---“En octubre de 2025 se dictó el sobreseimiento de la carpeta en mi contra. Sin embargo, la empresa apeló esa resolución y el caso fue escalado hasta la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, explicó.

Recordó que “hace más de tres años inició en mi contra una persecución penal derivada de una protesta pacífica realizada por nuestra comunidad frente a las instalaciones de la empresa porcícola Grupo Porcicola San Gerardo vinculada a Grupo Porcícola Mexicano y sus marcas comerciales Kekén, Kiniton y Kuo”. 

---“Las mismas empresas que hoy continúan impulsando acciones penales en mi contra fueron finalmente desalojadas y desmanteladas por órdenes de autoridades federales mexicanas, entre ellas SEMARNAT y PROFEPA, debido a la gravedad de la contaminación ambiental y los riesgos a la salud pública que provocaban en nuestra comunidad”.

Precisó que desde hace unos 24 días la granja contaminante ya no opera, fue clausurada y desmantelada. “Pero el castigo contra quienes alzamos la voz continúa”.

---“Es decir: mientras nosotros éramos tratados como criminales, las autoridades federales terminaron confirmando que nuestras denuncias eran reales”.

Añadió que la comunidad maya “no vemos este proceso como un simple asunto jurídico. Lo entendemos como parte de un mecanismo de presión y castigo dirigido contra quienes defienden sus territorios, su agua, su cultura y su pueblo”.

---“No queremos más defensores indígenas perseguidos, vigilados, judicializados o sometidos a medidas cautelares como si fueran criminales. No queremos que nuestras comunidades sigan viviendo bajo amenazas mientras las grandes empresas utilizan su poder económico y político para intentar silenciarnos”.

Comunicado oficial

Santa Maria Chi, Merida, Yucatan,Mexico

A los 24 días del mes de mayo de 2026.

A LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, NACIONA E INTERNACIONAL

Mi nombre es Wilberth Alfonso Náhuat Puc, Comisario Municipal y representante elegido en asamblea por la comunidad indígena maya de Santa María Chi, Mérida, Yucatán, México.

Hoy escribo estas palabras no solamente para defenderme, sino para denunciar ante el mundo la criminalización sistemática que vivimos quienes decidimos levantar la voz para defender la vida, la salud de nuestras familias, nuestra tierra y nuestra existencia como pueblo originario maya.

Hace más de tres años inició en mi contra una persecución penal derivada de una protesta pacífica realizada por nuestra comunidad frente a las instalaciones de la empresa porcícola Grupo Porcicola San Gerardo vinculada a Grupo Porcícola Mexicano y sus marcas comerciales Keken, kiniton y Kuo. Aquella manifestación nació del dolor, del miedo y de la desesperación de nuestra gente, porque dentro de esas instalaciones se quemaban residuos y desechos de cerdo que contaminaban el aire que respirábamos todos los días, también contaminaban nuestra agua con todos los lixiviados que vertian a nuestras aguas subterraneas y por si fuera poco, también dejaban contaminado todo nuestro territorio donde ya no podíamos cultivar ningún alimento como consecuencia de tanta contaminación a nuestro suelo. Nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras familias comenzaron a sufrir afectaciones a la salud mientras las autoridades guardaban silencio.

En lugar de escuchar a nuestra comunidad indígena maya, las empresas decidieron responder con denuncias penales. Tres guardias de seguridad presentaron acusaciones por supuesta privación ilegal de la libertad y posteriormente una representante legal denunció un supuesto despojo. Desde entonces, el aparato judicial ha sido utilizado para intimidar, desgastar y castigar a quienes defendimos nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.

Quiero decirle al mundo algo que no puede ignorarse:

Las mismas empresas que hoy continúan impulsando acciones penales en mi contra fueron finalmente desalojadas y desmanteladas por órdenes de autoridades federales mexicanas, entre ellas SEMARNAT y PROFEPA, debido a la gravedad de la contaminación ambiental y los riesgos a la salud pública que provocaban en nuestra comunidad.

Es decir: mientras nosotros éramos tratados como criminales, las autoridades federales terminaron confirmando que nuestras denuncias eran reales.

Entonces la pregunta es inevitable:

¿por qué sigue vigente la persecución penal contra quienes defendimos la vida?

¿por qué el Poder Judicial del Estado de Yucatán continúa permitiendo que se utilicen los tribunales como instrumentos de intimidación contra defensores comunitarios indígenas?

En octubre de 2025 se dictó el sobreseimiento de la carpeta en mi contra. Sin embargo, la empresa apeló esa resolución y el caso fue escalado hasta la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Hoy nuevamente se me convoca a audiencia para el día:

17 de junio de 2026, a las 11:30 horas, en el Centro de Justicia Oral de San José Tecoh, Mérida, Yucatán.

Juezas :

Mary Isabel Mex Tzab 

Blanca Estela Gongora Alcocer 

No vemos este proceso como un simple asunto jurídico. Lo entendemos como parte de un mecanismo de presión y castigo dirigido contra quienes defienden sus territorios, su agua, su cultura y su pueblo.

Denunciamos públicamente al Gobierno del Estado de Yucatán y al Poder Judicial del Estado por formar parte de un sistema de intimidación que busca enviar un mensaje de miedo a toda persona que se atreva a defender la naturaleza, la vida comunitaria y la cosmovisión ancestral de los pueblos mayas.

Desde hace unos 24 días la granja contaminante ya no opera, fue clausurada y desmantelada. Pero el castigo contra quienes alzamos la voz continúa.

A los países que consumen carne de cerdo producida por Keken y Kiniton —Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China, Canadá, Estados Unidos, Chile, Singapur, República Dominicana, Cuba, Vietnam, Costa de Marfil, Haití, Liberia y otros mercados internacionales— les pedimos que escuchen la voz de los pueblos mayas de Yucatán. Detrás de esa producción existe una realidad de contaminación, destrucción ambiental, afectaciones a la salud y agresiones contra comunidades indígenas que han sido obligadas a defenderse prácticamente solas.

Nuestra lucha jamás ha sido por odio.

Nuestra lucha es por la vida.

Defender el agua, el aire, la tierra y la salud de nuestros hijos no puede convertirse en un delito.

No queremos más defensores indígenas perseguidos, vigilados, judicializados o sometidos a medidas cautelares como si fueran criminales. No queremos que nuestras comunidades sigan viviendo bajo amenazas mientras las grandes empresas utilizan su poder económico y político para intentar silenciarnos.

Como pueblo maya, seguimos de pie.

Seguimos resistiendo.

Y no vamos a bajar la guardia.

Recordemos que cuando una comunidad indígena defiende su territorio, no solamente está defendiendo un pedazo de tierra: está defendiendo la memoria de sus ancestros y el derecho de las futuras generaciones a seguir existiendo.

Atentamente,

Wilberth Alfonso Náhuat Puc

Comisario Municipal de Santa María Chi

Representante de la comunidad indígena maya

Mérida, Yucatán, México.