• Los hechos ocurrieron el mes de marzo del 2024 en el domicilio familiar.
• Deberá pagar 150 mil pesos en concepto de reparación del daño a la víctima

Mérida, Yucatán.- Durante un juicio abreviado, H.J.C.L. fue declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado y sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por tocamientos lascivos realizados en agravio de su hija menor de edad.

Una vez que se contó con la anuencia de las partes involucradas, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes para confirmar la responsabilidad penal del encausado por los hechos ocurridos el mes de marzo del 2024 en el domicilio familiar.

Tras el fallo condenatorio otorgado por la Juez Segunda de Control, el encausado fue sentenciado, además de la pena privativa de la libertad, al pago de 333 días multa, la privación de sus derechos de familia, así como tampoco deberá acercarse a la víctima tres años más después de compurgar su pena en prisión.

La autoridad estableció que también deberá pagar 150 mil pesos en concepto de reparación del daño a la víctima, así como recibir amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos.

De los hechos, reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 98/2024, esta representación social logró establecer que ocurrieron el 14 de marzo del año pasado, cuando en horas de la noche el imputado ejecutó actos lascivos en agravio de la menor mientras dormía, acción que fue observada por la madre de la víctima quien solicitó el auxilio policiaco.

Por último, las partes estuvieron de acuerdo en que se dispensara la audiencia de lectura y explicación de sentencia, por lo que quedan en firme las penas señaladas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad penal del acusado, por los hechos ocurridos en las colonias Nueva Mayapán y Chuminópolis, donde agredió sexualmente a una menor de edad, aprovechando la confianza depositada en él por ser abuelo de la víctima.

Tras dictarse el fallo condenatorio de la causa penal 408/2023, se señaló que además de las penas mencionadas, el acusado recibiría amonestación pública, se le suspendieron sus derechos políticos y se le prohíbe acercarse a la víctima por tres años más una vez que compurgue su pena en prisión.

Por último, se programó la siguiente audiencia para la lectura y explicación de la sentencia, pero ambas partes estuvieron de acuerdo en que se dispensara, por lo que las penas quedan en firme una vez concluida la diligencia del juicio abreviado.

• Con estos nuevos Jueces de Paz, suman ya 84 los que se han sido designados en igual número de municipios, luego de que en febrero pasado se nombraron a 54.

Mérida, Yucatán.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, M.D. María Carolina Canto Valdés tomó compromiso constitucional a 30 Jueces de Paz, quienes deberán ejercer sus funciones apegados a los principios mencionados en el Código de Ética del Poder Judicial y tenga a bien propiciar la solución de los conflictos que se presenten en la comunidad donde prestarán sus servicios.

La Comisión de Desarrollo Institucional, presidida por la consejera M.D.H. María Ely Farfán Flores, tuvo a su cargo el proceso, desde la organización de los cursos de capacitación sobre las funciones y responsabilidades en las materias que son competentes como en materia familiar, civil, derechos humanos e igualdad de género, así como la aplicación del examen teórico para conocer su aprovechamiento y el grado de conocimiento de los temas que les expusieron. Además, de entregarles una guía para desempeñar mejor su labor.

Estas personas fungirán en su en cargo del desde este día y hasta el 8 de junio de 2031, dando cumplimiento con ello a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Vale la pena mencionar que, los nuevos juzgadores participaron en la Segunda Convocatoria Pública al examen de oposición para los aspirantes a ocupar este cargo, emitida el pasado 28 de marzo. Tras cumplir con los requisitos de las bases y registrase al proceso, recibieron una capacitación, consistente en un curso y en un taller de formación, a lo cual le siguió un examen. Luego de emitirse los resultados, el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la lista final con los mejores evaluados.

Los Jueces de Paz designados en esta ocasión corresponden a los municipios de Baca, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Celestún, Chapab, Chumayel, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncauich, Homún, Ixil, Kaua, Kopomá, Mama, Sanahcat, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tixcacalcupul, Uayma, Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul.

Canto Valdés resaltó que los Jueces de Paz representan el primer contacto que tienen los ciudadanos con la impartición de justicia, por lo que les pidió trabajar de manera constructiva en la solución de los conflictos abonando siempre al diálogo y la paz desde sus comunidades.

 ---"Así es la forma en la que contribuimos a fortalecer la paz que tenemos en Yucatán, además de utilizar todo el conocimiento técnico-jurídico, también empleen la empatía y vocación de servicio que tengan hacia su comunidad", expresó en un mensaje desde el auditorio "Víctor Cervera Pacheco" de la sede del TSJE.  

Ante los alcaldes, el magistrado José Pablo Abreu Sacramento y el consejero de la Judicatura, Níger Pool Cab, la magistrada presidenta reiteró el apoyo del Poder Judicial del Estado hacia los nuevos juzgadores y el trabajo coordinado con los Ayuntamientos, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, para seguir avanzando en la construcción de una justicia incluyente con acceso para todos.

Hay que recordar que, en febrero pasado se designaron a 54 personas como Jueces de Paz en igual municipios del estado, que sumadas a las 30 de esta ocasión hacen un total de 84.

En su turno, la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, informó que a los nuevos Jueces de Paz se les entregó una Guía para el Buen Desempeño de los Jueces de Paz, en donde se encuentra su competencia en materia civil y por cuantía de materia familiar, al tiempo de anunciar que para seguir con su preparación continua, próximamente se impartirá un taller de formación dirigido a los 84 juzgadores.

Este taller se ofrecerá los sábados y el propósito es que puedan tener más herramientas para la elaboración de sus autos, notificaciones, acuerdos y resoluciones, concluyó.

Al acto acudieron los alcaldes de Baca, Freddy Basto, Cansahcab, Wilber Yañez Chan, Chapab, José Manuel Salazar Puc, Dzemul, José Flota Aké, Kopomá, María Tut Hau, Sudzal, Raúl Valencia Heredia, Telchac Puerto, Edmundo Núñez Erguera, Tixcacalcupul, Gabriela Puc Mis, Xocchel, Rasalba Uc Zapata y Uayma, Wilbert Castillo Eliodoro.

• Hernán Jesús Vega Burgos, futuro magistrado, respondió a las acusaciones en su contra

Mérida, Yucatán.- Me fabricaron un expediente, afirma Hernán Vega Burgos. Ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán y recién electo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en la entidad.

En una declaración que publicó en su red social bajo el título “La verdad, con pruebas. No con rumores” añade que “desde hace días, una campaña ha intentado desinformar con publicaciones sistemáticas, llenas de calumnias y falsedades de hace más de 10 años”.

El abogado Vega Burgos se refiere a una denuncia de lenocinio que interpusieron en 2015 las costarricenses Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca quienes acusaron que fueron secuestradas y obligadas a prostituirse en una casa de la colonia México Oriente en la red de prostitución que dirigía Keysi González Corrales, una costarricense conocida como La Madame. El entonces funcionario federal, al ser involucrado, presentó su renuncia.

Las indagaciones estuvieron a cargo del subprocurador de Justicia, Rafael Acosta Solís, así como de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).

---“Dichos supuestos ya fueron aclarados con pruebas irrefutables de las autoridades correspondientes y que hoy se usan, suponemos, con fines políticos o para preservar privilegios que les arrebató la ciudadanía en las urnas, señala Vega Burgos. 

“El IEPAC fue claro: todas las personas candidatas cumplimos con los requisitos legales y éticos. No existe antecedente penal alguno.

Fui acusado de algo que no cometí, me fabricaron un expediente”, remarcó. 

---“Así como a mí, esta injusticia le puede ocurrir a cualquiera. Por eso es importante contar con instituciones sólidas que se basen en pruebas, no en rumores, y que las personas vuelvan a confiar en las dependencias de justicia”. 

A quienes buscan dañarme con calumnias, añadió el exfuncionario, les digo claramente, la verdad siempre sale a la luz, yo demostré con pruebas mi inocencia y algún día, quizás no muy lejano, les tocará responder a ustedes por las falsas acusaciones. 

---“A quienes me han brindado su apoyo ante este nuevo ataque de quienes vieron afectados sus intereses les reitero mi agradecimiento. Me seguiré conduciendo con la transparencia y la honestidad con la que lo he hecho durante toda mi vida. 

La justicia renace cuando la verdad se defiende”, finaliza.

• A su cómplice, quienes abusaron de una menor de 11 años, más de 20 años de prisión

Mérida, Yucatán.- En audiencia de individualización de penas, A.G.M.P. fue condenado a la pena de 27 años y 3 meses de prisión y J.B.M.P a 20 años y 3 meses de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, cometidos en agravio de una menor de edad, que contaba con 11 años al momento de los hechos.

Durante el desarrollo del juicio oral, el Tribunal Primero de Enjuiciamiento valoró las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por los fiscales de litigación, las cuales resultaron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados.

De acuerdo a la causa penal 76/2023, los delitos ocurrieron entre diciembre de 2020 y abril de 2021 en la colonia Fátima de Hunucmá, en donde los inculpados agredieron a la menor, tocándola de forma lasciva y finalmente ejerciendo violencia sexual.

Además de las penas mencionadas, ambos acusados fueron sentenciados al pago de 5,875 UMAS cada uno, al pago de la reparación del daño moral, fueron amonestados públicamente, les fueron suspendidos sus derechos políticos y la prohibición permanente de acercarse a la víctima, sus familiares o su domicilio.

• El decreto 35 y otros relacionados, fijaron los procedimientos para la elección y designación de magistrados.

Mérida, Yucatán.- En el marco del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, junto con magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia develaron la placa conmemorativa que simboliza dos siglos de historia, servicio y fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra entidad.

Este acto representa un homenaje a todas las personas que, a lo largo de estos 200 años, han contribuido al desarrollo de una justicia independiente, imparcial y comprometida con la sociedad yucateca.

A las puertas de la sede del Poder Judicial del Estado, en la avenida Canek, Canto Valdés y los demás magistrados descubrieron la placa que deja constancia de los dos siglos de existencia de esta institución de impartición de justicia.

En la explanada del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), al sur de esta capital, Canto Valdés encabezó otra ceremonia de develación de placa junto con los consejeros de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, Claudia Pedrera Irabién, Níger Pool Cab y Álvaro Juanes Laviada.

De acuerdo con diversas fuentes históricas consultadas, entre ellas el libro "La justicia en Yucatán. Origen del Poder Judicial. Desde sus más remotos antecedentes hasta la Constitución de 1825" de Jorge Luis Rodríguez Losa, quien también ocupó el cargo de magistrado en este Poder, mediante el decreto 35 emitido por el Congreso de Yucatán, el 31 de mayo de 1825 se nombra a los primeros magistrados que tienen que ver con la segunda y tercera instancia.

Dicho decreto fue parte de un conjunto de medidas legales y administrativas tomadas por el Congreso Constituyente para establecer  la organización del Poder Judicial del estado, incluyendo la creación de un Tribunal Superior de Justicia. También contribuyó a sentar las bases para el funcionamiento de los tribunales y la administración de justicia en Yucatán.

Además de establecer la estructura del Tribunal Superior de Justicia, el decreto 35 y otros relacionados, fijaron los procedimientos para la elección y designación de magistrados. Estas disposiciones legales fueron cruciales para la organización y el funcionamiento del sistema judicial en Yucatán durante el período republicano.

Asimismo, los integrantes de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral, su presidente M.D. Mauricio Tappan Silveira, M.D. José Rubén Ruiz Ramírez y Lic. Patricia del Socorro Gamboa Wong, quien también es de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

Además, el Pleno del Consejo de la Judicatura, también develó una placa ubicada en la explanada del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), encabezada por la magistrada Carolina Canto Valdés junto con los consejeros de la Judicatura, M.D.H. María Ely Farfán Flores, de M.D. Claudia Pedrera Irabién, M.D. Níger Pool Cab y Lic. Álvaro Juanes Laviada, presidentes de la Comisión de Desarrollo Institucional, de Disciplina, de Desarrollo Humano y de Administración, respectivamente.

Conforme a la causa penal 51/2025, los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo de 2025, cuando alrededor de las 12 del día, las estudiantes de entre 10 a 13 años estaban paradas enfrente de una escuela y al pasar el sujeto junto a ellas, las tocó de forma lasciva, por lo que éstas pidieron auxilio y el sujeto fue detenido.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control (Umán), la Juez valoró los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación, los cuales fueron suficientes para que se decretara el auto de vinculación a proceso, además de otorgar un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso.

• Prisión preventiva para narcomenudistas michoacanos
• Un originario de Buctzotz deberá acudir mensualmente a firmar, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.A. Valencia S., su hermana M.B. Valencia S. (a) María la Michoacana, y un trabajador A.R.G. por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los sujetos fueron detenidos durante un operativo en conjunto con las fuerzas armadas, la guardia nacional y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), después de que la Juez de Control del Quinto Distrito otorgó una orden de cateo de un rancho ubicado en el kilómetro 1+000 de la carretera Buctzotz-Tizimín, donde les fueron encontrados los narcóticos cannabis y metanfetaminas.

Además del delito de narcomenudeo, los fiscales de litigación imputaron el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas a los hermanos J.A.V.S. y M.B.V.S., para posteriormente argumentar la vinculación a proceso de los tres involucrados, pero éstos se acogieron a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la Juez de Control otorgó un receso y citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo siete de junio.

De los hechos, reunidos en la causa penal 44/2025, se logró establecer que el pasado 31 de mayo en el interior del rancho ubicado a unos metros de la entrada de Buctzotz, los encausados fueron sorprendidos cuando se ejecutaba una orden de cateo en el lugar por la presunta venta de drogas.

Por último, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la prisión preventiva oficiosa, la cual fue concedida para los hermanos J.A.V.S. y M.B.V.S., por todo el tiempo que dure el proceso.

Mientras que A.R.G. deberá acudir mensualmente a firmar, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial, debe presentar una garantía económica, someterse al cuidado y vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares y no podrá acercarse al lugar de los hechos, ni a sus coacusados por todo el tiempo que dure el proceso

De acuerdo con la denuncia presentada por el hermano de la víctima, y las consecuentes investigaciones por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), el acusado habría atacado con un arma blanca al ahora occiso.

Tras cometer el delito, en las inmediaciones de una cafetería, el individuo huyó sobre la calle 81 dejando el arma en un macetero de la calle 78.

Los hechos ocurrieron en la calle 80 por 79 y 81 del Centro de la ciudad de Progreso.

El individuo fue puesto a disposición del juez de control que ordenó su captura.

• Chapur expresó la preocupación de la CANACO SERVYTUR respecto a diversos aspectos del proceso electoral, como el alto costo económico, la reducción en el número de casillas, la limitada participación ciudadana en el conteo de votos y la complejidad del sistema de votación.

Mérida, Yucatán.- De cara a las próximas elecciones del 1 de junio y como parte de su compromiso social, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR) organizó una serie de encuentros titulado “Conoce a los Candidatos”, un ejercicio institucional enfocado en promover la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo abierto en torno a la elección de integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Yucatán.

En rueda de prensa y en representación del presidente de la Cámara, el secretario general Armando Chapur subrayó la relevancia de mantener espacios de diálogo responsable sobre temas fundamentales como la reforma al Poder Judicial y los mecanismos de selección de sus integrantes. Señaló que los cargos dentro del Poder Judicial deben asignarse con base en méritos, experiencia y formación técnica, proponiendo concursos de oposición —tanto internos como públicos— como vía para garantizar la profesionalización y la calidad en la impartición de justicia.

Asimismo, Chapur expresó la preocupación de la CANACO SERVYTUR respecto a diversos aspectos del proceso electoral, como el alto costo económico, la reducción en el número de casillas, la limitada participación ciudadana en el conteo de votos y la complejidad del sistema de votación. Estos factores, advirtió, podrían afectar la transparencia y disminuir la participación ciudadana.

“Al ser un hecho consumado la elección, cumplimos con el deber de informar y dar a conocer a nuestros socios y a la sociedad en general a los candidatos. En atención a nuestro compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y el deber cívico de mantener informada a la sociedad, hemos llevado a cabo este ejercicio con el propósito de compartir información relevante sobre un proceso cuya realización ya ha sido establecida por ley”, recalcó.

Por su parte, Carlos Roca, presidente del Comité de Propuestas de la CANACO, informó que los días 14 y 15 de mayo se llevaron a cabo una serie de reuniones informativas con los candidatos registrados. En estos encuentros, realizados bajo un formato uniforme, cada aspirante respondió cinco preguntas en un tiempo máximo de diez minutos. Las temáticas abordadas incluyeron su trayectoria profesional, experiencia en el ámbito jurídico, mecanismos de actualización y criterios para la toma de decisiones en situaciones complejas y relevantes.

“Se convocó a los 32 candidatos al Tribunal Superior de Justicia y a los 15 del Tribunal de Disciplina Judicial, ambos del estado de Yucatán. En total, participaron 34 de los 47 aspirantes. Al haberse superado el umbral del 50 % de participación exigido por la ley, y conforme a lo previamente establecido, este ejercicio podrá ser difundido públicamente”, puntualizó.

A partir de este lunes 20 de mayo, los contenidos del foro estarán disponibles para consulta en la página oficial de Facebook de CANACO SERVYTUR y en el canal de YouTube Canaco Servytur Mérida. Con ello, se busca que la ciudadanía tenga acceso directo a las propuestas y perfiles de los candidatos, y pueda ejercer su derecho al voto de forma libre, informada y responsable.

• Señala que siete de cada 10 yucatecos confían en el Poder Judicial

Mérida, Yucatán.- La percepción social sobre la confianza y el desempeño del Poder Judicial de Yucatán ha incrementado positivamente en los últimos años hasta llegar al 70%, uno de los porcentajes más altos a nivel nacional, destacó Adrián Franco Barrios, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al impartir la conferencia “Capacidades institucionales y percepciones sociales sobre la impartición de justicia en el estado de Yucatán”, a la cual acudió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, el funcionario federal añadió que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 y el comparativo con años anteriores, ese porcentaje es el mayor que se haya registrado en los últimos 10 años en el estado.cial de Yucatán, pues la certidumbre que hay en esta institución se refleja en la confianza que los ciudadanos reportan que tienen en los jueces y juezas que pertenecen al sistema de justicia estatal”, comentó Franco Barrios ante personal judicial, magistrados del TSJE y consejeros de la Judicatura.

Desde el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” en la sede del TSJE, el vicepresidente del INEGI compartió, basado en la Envipe, una serie de estadísticas sobre la percepción social de la impartición de justicia en el estado, en donde resaltó que en Yucatán los ciudadanos reportan un alto grado de satisfacción sobre los servicios que reciben del Poder Judicial.

En 2024, se registró el nivel más alto en percepción del desempeño al registrar un 69.6%, lo que quiere decir, que 7 de cada 10 ciudadanos se sienten satisfechos con la atención y servicios que reciben, cifra que está arriba del promedio a nivel nacional y que demuestra que los yucatecos califican positivamente el desempeño de sus jueces y juezas, aseveró.

En el rubro de confianza en la institución, el funcionario federal señaló que a través de este estudio la población manifestó que confía en el Poder Judicial del estado, pues reportó un 70.6%, es decir, que 7 de cada 10 tienen confianza en este organismo, muy por encima de la medida nacional que es de 60%, pero en donde Yucatán siempre ha estado por arriba.

En ese marco, el vicepresidente del INEGI también compartió datos relaciones con los temas de seguridad, violencia contra la mujer, prevalencia delictiva, entre otros aspectos relacionados con las instituciones de seguridad e impartición de justicia. De manera particular, remarcó la reducción considerable de los índices sobre violencia en el entorno familiar, que pasó de 10.5 puntos porcentuales en 2020 a 4.6 en 2024, los cuales se ubican muy por debajo del promedio nacional.

Asimismo, expuso que el estado se mantiene como una de las entidades más seguras del país, pues reporta una tasa de homicidios de 3 por cada 1,000 habitantes, índices comparados a los países como Dinamarca y Noruega, y muy distantes a otras regiones del territorio nacional, en donde se reportar índices de 138 homicidios por cada 1,000 habitantes, algo que no se registra ni en países que se encuentran en guerra.

La víctima es un hombre de 51 años que en vida se llamó Amed Radamez D. K. (a) Mi Sangre.

Familiares desplegaron la búsqueda de Amed. Sin embargo el detenido confesó que el crimen lo cometió el pasado 26 de abril y el cuerpo fue encontrado el 5 de mayo en el interior de un pozo de un predio de la colonia Los Reyes, al oriente de Mérida, habitado por el inculpado y en donde ambos se hallaban conviviendo.

El agresor habría tomado por la espalda a la víctima, rodeándole el cuello con su brazo hasta privarlo de la vida.

Durante pesquisas realizadas por agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), se recabaron evidencias suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Ricardo Alfonso “Rich”.

Con base en lo anterior, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, ejecutada hoy martes.

• De manera simultánea, los juzgados Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil en Kanasín y Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil en Umán también ofrecen desde este lunes atención a la ciudadanía.

Mérida, Yucatán.- Daniel C.U. se convirtió en el primer usuario en ser atendido en los nuevos Juzgados de Oralidad Familiar, ubicados en la avenida Itzaes frente al zoológico El Centenario, que desde este lunes comenzaron a brindar servicio a la ciudadanía, como parte del fortalecimiento de la infraestructura del Poder Judicial del Estado.

Desde temprana hora, personal del Poder Judicial del Estado ya se encontraba en esta nueva sede jurisdiccional para atender al público y apenas se abrieron las puertas de este inmueble, que luce su fachada estilo Art-Decó, Daniel fue el primero en ingresar para realizar un trámite ante el Juzgado Noveno.

---“Se ven muy bien las instalaciones, están adecuadas para lo que se requiere en los Juzgados, creo que esto contribuirá a hacer más ágil el servicio. Es un cambio positivo y me parece que este cambio es muy bueno”, comentó el usuario, quien fue atendido en la recepción, canalizado y acompañado por servidores públicos judiciales hasta el Juzgado.

De manera simultánea y con la entrada en funcionamiento de los nuevos Juzgados de Oralidad Familiar en Mérida, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, realizó un recorrido de supervisión y encabezó el corte del listón inaugural de los juzgados Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil en Kanasín y Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil en Umán, los cuales también desde este lunes comenzaron a ofrecer atención a la ciudadanía.

Acompañada de magistrados del TSJE y consejeros de la Judicatura, así como de la presidenta del DIF de Kanasín, Raquel Balam Rocha y de la secretaria del Ayuntamiento de Umán, Rocío Chacón Yam, Canto Valdés constató las nuevas instalaciones y reiteró el compromiso del Poder Judicial del Estado de dotar de mayor y mejor infraestructura para que los trabajadores y usuarios cuenten con las condiciones adecuadas.

En Kanasín, el nuevo Juzgado, de dos plantas, cuenta con área de espera, recepción, actuaría, secretaría de acuerdos, sala de audiencia y área técnica. Mientras que, el de Umán, además de las áreas ya mencionadas, también tiene un espacio para revisión de archivos, Sala de Escucha para Niñas, Niños y Adolescentes, así como un estacionamiento con más de 50 cajones.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado pasa de 51 a 61 juzgados de primera instancia, esto es, 10 más de los que se tenían hasta antes del 2023, considerando mejoras en todas las materias, al incrementarse de 8 a 10 las salas de oralidad para la atención de audiencias en el sistema penal y la Sala de Audiencia para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV),  que posiciona al Poder Judicial de Yucatán en uno de los estados que cuentan con esta herramienta enfocada a una justicia que no revictimice a las personas en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes (NNA).

En la visita, Canto Valdés aprovechó para saludar y escuchar al personal judicial, al tiempo de recordar que “somos una institución que escucha las necesidades de la gente, actúa con responsabilidad y oportunidad e innova sin perder de vista la esencia humana de la justicia”. 

Al recorrido de supervisión a Kanasín y Umán asistieron las magistradas Graciela Torres Garma, Sary Ávila Novelo, Leticia del Socorro Cobá Magaña y Patricia Gamboa Wong, así como los magistrados Alberto Salum Ventre, Israel Correa Ríos, Adolfo González Martínez, José Pablo Abreu Sacramento y Mauricio Tappan Silveira. También las consejeras de la Judicatura, María Ely Farfán Flores y Claudia Pedrera Irabién y el consejo Níger Pool Cab.

Está acusado del delito de violación equiparada agravada en contra de una niña que cuando ocurrieron los hechos, en agosto de 2024, tenía siete años.

El sujeto habría abusado de la confianza depositada en él por la familia de la menor para llevarla al predio donde vive, a fin de agredirla sexualmente.

El sujeto fue puesto a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

Los detenidos están implicados en el presunto homicidio de Abraham de Jesús P. P., de 35 años, en hechos ocurridos el pasado miércoles 21 de este mes.

Según la investigación policiaca e indicios obtenidos por los agentes y fiscales investigadores, se sabe que a la víctima le fueron colocadas unas esposas (ganchos) en las manos y le ataron los pies.

Algunas horas después de sujetarlo, lo encerraron en el clóset de uno de los cuartos del lugar, dejaron transcurrir un tiempo y le pegaron en varias partes del cuerpo, acción que repitieron horas más tarde.

A consecuencia de los fuertes golpes el hombre falleció por traumatismo abdominal cerrado, de acuerdo con la autopsia de ley.

Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), presentaron ante un Juez de Control las evidencias con base en las cuales se inculpa a estos cuatro individuos:

Jesús Alberto “N”, alias “El Chino”, de 23 años, originario de Mérida, de oficio albañil; Rigel “N”, alias “Coli”, de 23, de Chablekal, desempleado; Pedro Manuel “N”, de 28, de Mérida, técnico en aire acondicionado, y Miguel Ángel “N”, alias “Padrino”, de 34 años, originario de Villahermosa, Tabasco, quien fungía como encargado del sitio.

Contra los cuatro el Juez dictó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla.

Los hechos ocurrieron en el lugar antes mencionado, ubicado en la calle 60 por 73-B y 75, en San Antonio Kaua III, municipio de Kanasín.

Mérida, Yucatán.- En audiencia celebrada en esta capital, A.J.M.C. fue encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada, por lo que fue sentenciado a 16 años y seis meses de prisión, entre otras penas, tras la aportación de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos que motivaron esta denuncia que consta en la causa penal 334/2023 señalan que el ahora culpable cometió el ilícito en contra de la víctima dentro de un domicilio ubicado en la colonia Bojórquez, en Mérida.

Además de la pena privativa de libertad, el implicado deberá pagar una multa de $29,571, además de la reparación de daño por un monto de $50,000

De igual forma se le amonestó públicamente, se le suspendieron sus derechos políticos y se le prohíbe acercarse a la víctima de manera permanente.

• Integran a la carpeta resultados de la autopsia del perito adscrito al Servicio Médico Forense (Semefo) de la FGE

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado reveló, de acuerdo con el perito adscrito al Servicio Médico Forense (Semefo), que el profesor Edwin Mukul Chi falleció por heridas en el tórax y el abdomen, exponiendo los órganos internos, así como cortes por arma blanca en distintas partes del cuerpo.

En su reporte de la detención del presunto homicida, el agricultor Javier Esteban “N”, de 30 años, originario de Tzucacab, Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que el cuerpo del docente, de 39 años, fue hallado en una excavación al fondo del predio que es propiedad del acusado y presentaba cortes por arma blanca en distintas partes.

La FGE indicó que el campesino presuntamente lesionó con un cuchillo al profesor, originario de la comisaria de Xoy, Peto, provocándole lesiones que le causaron la muerte por un traumatismo torácico y abdominal abierto, secundario a herida con arma blanca, según determinó el perito adscrito al Servicio Médico Forense (Semefo).

(Un traumatismo torácico abierto se refiere a una lesión en la que la pared torácica ha sido penetrada, creando una herida abierta que puede exponer los órganos internos. En contraste, un traumatismo abdominal abierto es una lesión en la que el abdomen ha sido penetrado, exponiendo los órganos internos).

De acuerdo con la carpeta de investigación los hechos ocurrieron entre las 21:20 horas del sábado 17 de mayo y las 02:00 horas del domingo 18 de mayo, dentro de una construcción ubicada en un terreno a la entrada principal de la comisaría de Tigre Grande, Tzucacab.

Prisión preventiva

Luego de ejecutarse una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Javier Esteban V.C. fue presentado ante el Juez de Control de Tekax, Manuel Soberanis Ramírez, para imputarlo por presunta participación en el delito de homicidio calificado tras los hechos ocurridos en días pasados en la localidad de Tzucacab.

En Yucatán el delito de homicidio calificado tiene una pena de 30 a 40 años de prisión.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación de la causa penal 68/2025, entre la noche del 17 de mayo y las primeras horas del día 18, el acusado y la víctima se encontraban solos en el interior de una construcción ubicada a la entrada principal de Tigre Grande, comisaría de la citada localidad.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito, con sede en Tekax, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito, presentando los datos de prueba para sustentar la vinculación a proceso, pero el imputado se apegó a la prórroga de ley, por lo que se convocó a una audiencia que tendrá lugar el próximo 27 de mayo.

Por último, esta representación social expuso los argumentos que sustentan la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que el Juez la concedió por todo el tiempo que dure el proceso.

• Se informó de la apertura los juzgados Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil en Umán y el Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil en Kanasín.

Mérida, Yucatán.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés encabezó la apertura de seis nuevos Juzgados de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad.

En representación del gobernador Huacho Díaz Mena asistió el consejero Jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz.

Estos nuevos tribunales se ubican en el edificio que por años albergó el hospital Neuropsiquiátrico de Yucatán, el cual fue totalmente renovado y adecuado para el funcionamiento de estas nuevas sedes jurisdiccionales tras una inversión de 162 millones de pesos. 

De los 6 modernos juzgados, 3 funcionaban en turno ampliado al vespertino en el edificio de la calle 35 con 62 del centro y fueron reubicados en este nuevo inmueble y ahora brindarán servicio en el turno matutino. 

En el evento, se informó que la apertura de estos nuevos juzgados especializados en oralidad familiar se une a la de los juzgados Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil en Umán y el Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil en Kanasín, los cuales también se ponen al servicio de los yucatecos y en los que se erogaron 33 millones de pesos. También, a los juzgados Quinto Civil y Segundo laboral, que se pusieron en marcha durante los años 2024 y 2023, respectivamente

Las instalaciones que hoy se inauguraron no solo albergarán a los juzgados, sino que integrarán diversos oficinas de apoyo para las personas usuarias: Oficialía de Partes, Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social, Módulo de Atención a la Violencia de Género, el Centro Estatal de Solución de Controversias, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (PRODENNAY), el Instituto de Defensa Pública y la Fiscalía General del Estado.

Con esto, el Poder Judicial pasa de 51 a 61 juzgados de primera instancia, esto es, 10 más de los que se tenían hasta antes del 2023, considerando mejoras en todas las materias, al incrementarse de 8 a 10 las salas de oralidad para la atención de audiencias en el sistema penal y la Sala de Audiencia para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV),  que posiciona al Poder Judicial de Yucatán en uno de los estados que cuentan con esta herramienta enfocada a una justicia que no revictimice a las personas en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes (NNA).

Acompañada de la directora de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Carmen González Martín y la presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, Canto Valdés señaló que la justicia no puede permanecer estática y está llamada a renovarse, escuchar y a evolucionar, con y para la sociedad, por lo que en el Poder Judicial del Estado estamos haciendo exactamente eso, trabajamos por una justicia viva, sensible y humana, que responda a los desafíos del presente y se anticipe al futuro.

---“A todas y todos quienes han hecho posible este cambio positivo –autoridades, sociedad civil, comunidad jurídica, personal judicial– mi más profunda gratitud. Su trabajo, su visión y su compromiso han sido fundamentales para avanzar hacia una justicia más accesible, empática y transformadora. 

Sigamos fortaleciendo juntas y juntos este Poder Judicial al servicio de las personas, donde cada expediente se atienda con la dignidad, celeridad y sensibilidad que merece”, expresó ante magistrados del TSJE y consejeros de la Judicatura.

En su mensaje, la magistrada presidenta destacó que estos avances en materia de infraestructura responden al Eje 1 del Plan Estratégico Institucional, orientado a otorgar un acceso a la justicia incluyente, igualitaria y de paz, que impulse espacios dignos y funcionales, con enfoque en derechos humanos, niñez, género e interculturalidad.

Asimismo, recordó que uno de los pilares más importantes para construir una justicia de calidad es contar con personal altamente capacitado y seleccionado mediante procesos abiertos, transparentes y rigurosos, por lo que mencionó que se ha fortalecido la carrera judicial mediante concursos de oposición públicos e internos, reafirmando nuestro compromiso con la meritocracia, la excelencia y la independencia judicial.

De 2023 al presente año se han realizado 13 concursos para diversos cargos, de jueces a asistentes legales, en las materias civil, mercantil y familiar, con la participación de cientos de aspirantes y la incorporación de nuevos perfiles comprometidos con el servicio público.

Estas acciones, junto con una intensa agenda de capacitación, mejoras en instalaciones, dotación de uniformes y mejoras salariales, permite el estricto cumplimiento del Eje 5 del Plan Estratégico Institucional: Profesionalización, Vigilancia y Disciplina, añadió.

Canto Valdés puntualizó que este impulso al desarrollo profesional se suma a otras acciones concretas para dignificar la labor del personal, como una oferta robusta de formación continua, pues durante este periodo se han impartido más de 100 cursos y talleres, con enfoque en derechos humanos, lenguaje incluyente, ética judicial, perspectiva de género y nuevas tecnologías aplicadas a la justicia.

---“Todas estas medidas, además de atender la realidad actual, forman parte de las acciones de implementación que preparan a esta institución para uno de los mayores retos que enfrentan los Poderes Judiciales del país: la dirección de los procesos bajo lo dispuesto en el del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nuevo marco legal que exige una transformación profunda: pasar de un modelo escrito a uno oral, inmediato, público y equitativo, que permita resolver los conflictos con mayor agilidad, transparencia y cercanía con las personas”, manifestó.

En ese sentido, la magistrada presidenta remarcó que los nuevos juzgados, diseñados específicamente para operar bajo esta lógica, son un paso clave hacia esa transición, por lo que cuentan con espacios adecuados para audiencias, salas de escucha para niñas, niños y adolescentes, y sistemas digitales integrados para garantizar la continuidad, concentración y eficiencia en los procedimientos.

Finalmente, Canto Valdés externó que en este camino, también se impulsan los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) como herramienta esencial para descongestionar los tribunales y fomentar el diálogo entre las partes, por lo que  continúa en desarrollo el proyecto del Juzgado Especializado en Arbitraje y MASC, aprobándose un calendario de capacitación específico para su personal, con la finalidad de fortalecer las capacidades y el conocimiento en la justicia alternativa, encaminados hacia la determinación de un proyecto que promoverá el diálogo y la conciliación. 

En su turno, el magistrado Alberto Salum Ventre, presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJE, dijo que lo invertido en estos nuevos juzgados no son solo cifras o estadísticas, sino historias de vida transformadas y que cada peso destinado a infraestructura, tecnología o capacitación se traduce en tiempos de espera reducidos, procedimientos más claros, personal mejor formado y, sobre todo, una justicia más humana y sensible a las realidades de la vida cotidiana.

---“Hoy reafirmamos que el Poder Judicial de Yucatán es una institución que: escucha las necesidades de la gente, actúa con responsabilidad y oportunidad e innova sin perder de vista la esencia humana de la justicia”, finalizó.

Antes de la ceremonia protocolaria, la magistrada Canto Valdés y el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, junto con las demás autoridades, realizaron el corte del listón inaugural del edificio, del cual se conservó su arquitectura tipo Art-Decó que data de 1954, y recorrieron las instalaciones.

• Además, se plantea reestructurar el esquema de justicia maya, protegido en la Constitución, pero con poca eficacia en el día a día

Mérida, Yucatán.- El magistrado José Pablo Abreu Sacramento presentó al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) una propuesta de reformas a la Constitución Política de Yucatán para una mayor equidad procesal.

Explicó que esto beneficiará a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, adultas mayores, a quienes enfrentan una discapacidad y a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+.

En sesión ordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Abreu Sacramento presentó una propuesta de reformas a la Carta Magna local consistente en la incorporación de perspectivas y enfoques diferenciados en materia de derechos humanos en la impartición de justicia, cuyo objetivo es fortalecer el sistema judicial en la entidad.

---“Así, se busca que ante los tribunales haya las condiciones de verdadera igualdad que aún no se han alcanzado en la vida cotidiana”, expresó el magistrado en presencia de la presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés y los demás magistrados que integran este cuerpo colegiado.

Hay que recordar que, el pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene la facultad de presentar iniciativas de ley y reformas al Congreso del Estado, en materias de su competencia. Por el momento, esta iniciativa se dejó para estudio de los magistrados y se turnó a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su análisis, con la intención de poder discutirla próximamente y, en su caso, presentarla al Congreso local.

El documento que contiene la propuesta señala que, más allá de la elección de las personas titulares de juzgados y tribunales, se requieren otros ajustes para garantizar un mejor y más amplio acceso a la justicia.

Además, se plantea reestructurar el esquema de justicia maya, protegido en nuestra Constitución, pero con poca eficacia en el día a día, con el fin de establecer los procedimientos para reconocer las resoluciones y acuerdos alcanzados al interior de las comunidades mayas.

Por otro lado, se revalora la carrera judicial como pilar fundamental del sistema de justicia y se impulsa la capacitación administrativa y jurisdiccional como derecho de quienes trabajan en el Poder Judicial del Estado, pero también como una obligación que asegura a las personas usuarias una justicia de calidad.

De igual manera, se pretende robustecer los esfuerzos para desarrollar entre la población competencias de negociación y mediación de conflictos y generar con ello una cultura de la paz.

Finalmente, en el ámbito administrativo, se incorporan los principios de justicia abierta a la planeación, diseño y evaluación de políticas públicas judiciales y se busca tener un mayor aprovechamiento de la innovación tecnológica y la cooperación interinstitucional para construir una justicia moderna, cercana y ágil.

En la propuesta, se menciona que estos cambios deben ser atendidos para fortalecer el sistema de justicia en nuestro estado y, con ello, conservar la paz social y armonía que tanto valoramos las y los yucatecos.

Semblanza Curricular

Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Maestro en Filosofía y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Es profesor de Derecho constitucional, derechos humanos y ética judicial en diversas universidades públicas y privadas del país, a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Ha desempeñado diversos espacios en el servicio público, de entre los que resaltan su paso como asesor, secretario de tesis y secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial.

Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Entre sus líneas de investigación destacan las áreas de derechos humanos, acceso a la justicia, así como, ciudadanía y la vida en comunidad.

Autor y coordinador de distintos artículos y obras, de entre las que destacan La reforma humanista (M.A. Porrúa-Senado-KAS, 2011); el Manual de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales (CIDE-Oxford University Press, 2012); Rebuilding the State Institutions: Challenges for Democratic Rule of Law in Mexico(Springer, 2019); Radiografía del acceso a la justicia en México(Tirant lo Blanch-KAS-Tecnológico de Monterrey, 2022).

El Congreso del Estado lo designó como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el 12 de diciembre de 2023. En donde se integró a la Sala Colegiada Civil y Familiar.

• Ambos tenían una relación de amistad y confianza: SSP Yucatán.

Mérida, Yucatán.- El agricultor Javier Esteban “N”, de 30 años, originario de Tzucacab, fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como presunto responsable del homicio del profesor Edwin Mukul Chi, originario de la comisaria de Xoy, Peto.

El detenido confesó que los hechos ocurrieron entre la noche del pasado sábado 17 y las primeras horas del domingo 18, en un predio de la localidad de Tigre Grande, municipio de Tzucacab.

El cuerpo del profesor fue hallado en una excavación al fondo del predio que es propiedad del acusado; presentaba cortes por arma blanca en distintas partes. 

Cabe recordar que el profesor Edwin desapareció desde el día17, luego que salió a comprar la cena. Posteriormente fue localizado el lunes sin vida. El cuerpo fue hallado en montes del ejido de Tigre Grande, Tzucacab.

La SSP Yucatán reportó que elementos adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), reunieron y presentaron ante un juez de control los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del ahora detenido.

Con base en lo anterior hoy se ejecutó la orden de aprehensión por los hechos ocurridos 

El detenido confesó que los hechos ocurrieron entre la noche del pasado sábado 17 y las primeras horas del domingo 18, en un predio de la localidad de Tigre Grande, municipio de Tzucacab.

El cuerpo fue hallado en una excavación al fondo del predio que es propiedad del acusado; presentaba cortes por arma blanca en distintas partes.