• El plan presentado por la Fiscalía General de la República impulsa un modelo basado en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención diferenciada de los casos.

Ciudad de México.- El gobernador Huacho Díaz Mena asistió a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la Ciudad de México.

Díaz Mena refrendó la disposición del Gobierno de Yucatán de mantener una coordinación estrecha con la Federación en materia de procuración de justicia.

---“Asistimos a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en coordinación con la Federación para fortalecer el sistema de justicia y mejorar la atención a la ciudadanía”, señaló.

Durante la presentación, la titular de la FGR explicó que este plan establece directrices para fortalecer el sistema de procuración de justicia en el país, con énfasis en el combate a delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, la atención a la violencia de género y la desarticulación de células criminales.

Godoy Ramos señaló que la estrategia busca consolidar una institución más transparente, eficiente y confiable, orientada a erradicar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. 

Añadió que el plan impulsa un cambio en la operación institucional, al pasar de esquemas reactivos a modelos sustentados en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención diferenciada de los casos según su complejidad.

Ante ello, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las instancias federales y estatales del sistema de justicia, para fortalecer las acciones encaminadas a garantizar a la ciudadanía una justicia pronta, imparcial y con enfoque humanista.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Erika Beatriz Torres López; el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León; el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz; el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez; y el delegado de la FGR en la entidad, Alejandro Ríos Covián Silveira.

El argumento es limitar las pensiones y jubilaciones para que no superen el 50% del salario del gobernador, argumentando que existen pensiones "doradas" o elevadas que insostenibles para el instituto.

El gobernador ha declarado que el sistema está en "quiebra" y ha señalado que el gobierno estatal no invertirá más recursos propios en el fondo de pensiones. 

Señaló que estas medidas son parte de un intento por salvar al instituto de la quiebra técnica, lo que ha generado intensos debates y protestas por parte de los derechohabientes del ISSSTEZAC, quienes buscan frenar estos recortes.

Sin embargo, esta medida fue fue ratificada por la Suprema Corte. El fallo no implica un ajuste generalizado ni automático para todas las personas pensionadas del país, pero sí establece un precedente relevante en materia de seguridad social y sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones estatales.

El Pleno de la SCJN avaló la constitucionalidad de la reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zacatecas, la cual reduce el aguinaldo de las personas pensionadas de 60 a 30 días.

De acuerdo con la Corte, esta modificación no viola el derecho humano a la seguridad social, ya que persigue un fin constitucionalmente válido: garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones y evitar su colapso presupuestal a largo plazo. Las y los ministros consideraron que la medida es razonable y proporcional dentro del nuevo esquema legal.

La Suprema Corte fue clara al establecer que la reducción del aguinaldo no puede aplicarse de manera retroactiva. Esto significa que:

Las personas que ya estaban pensionadas antes de la reforma mantienen intacto su derecho a un aguinaldo de 60 días.

La reducción a 30 días solo aplica para quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que los nuevos jubilados a partir de 2026 serán los directamente perjudicados por el recorte.

Con ello, el tribunal constitucional evitó afectar derechos adquiridos y brindó certeza jurídica a quienes ya forman parte del sistema de pensiones.

A partir de 2026, el aguinaldo para nuevos pensionados del ISSSTEZAC en Zacatecas se reducirá del 50%, pasando de 60 a 30 días de pago. Esta medida, avalada por la SCJN, busca la sostenibilidad financiera del instituto y no afecta a quienes ya estaban jubilados antes de la reforma de agosto 2024. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos reunidos durante la indagatoria, mismos que confirmaron la responsabilidad penal del acusado en los hechos que obran en la causa penal 101/2025 y por los cuales fue sentenciado a la citada pena privativa de la libertad, además de una multa de 500 días.

Además de lo anterior, se solicitó el pago de la reparación del daño, se impuso una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de acercarse a la víctima, su familia y al lugar de los hechos una vez compurgada dicha sanción, por el término de tres años.

Los hechos juzgados ocurrieron el pasado 14 de febrero de 2025 cuando la menor afectada caminaba junto a su hermana también menor de edad, por calles de la colonia San Pedro Uxmal, cuando el arriba señalado ejecutó actos lascivos en contra de la primera, por lo que pidieron auxilio y el sujeto pudo ser detenido inmediatamente por elementos policiacos, procediendo a ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

• Simulaban deudas o alteraban los montos de deudas inicialmente contraídas, afectando gravemente a las víctimas, muchos de ellos adultos mayores.
• En Yucatán no vamos a permitir que se abuse de la confianza de las personas ni que se usen mecanismos legaloides de forma indebida para despojar a alguien de su patrimonio: Huacho

Mérida, Yucatán.- El gobernador Huacho Díaz Mena informó que la Fiscalía General del Estado ha integrado una carpeta de investigación e imputado a cinco personas detenidas acusadas de obtener firmas en blanco de las víctimas que posteriormente fueron utilizadas para elaborar pagarés falsos que simulaban deudas hasta de 450 mil pesos.

---“Estos documentos fueron usados para promover juicios mercantiles, logrando el embargo de bienes inmuebles propiedad de las víctimas. Derivado de estas acciones, los imputados han sido vinculados a proceso y de igual forma se ha tenido conocimiento de señalamientos públicos realizados por la ciudadanía, en la que refieren posibles esquemas de préstamos informales mediante la firma de documentos en blanco con el uso de pagarés que habrían generado adeudos desproporcionados, señaló durante su Lunes Live en Facebook.

Dijo que estos casos se tuvieron conocimiento durante los Diálogos con el Pueblo donde llega mucha gente quejándose de que por algún fraude, falsificación de su firma en un pagaré o falsificación de un pagaré, les están quitando su predio, su vivienda, algún predio de su propiedad.

Aseveró que estos resultados derivan de investigaciones entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que han permitido detectar esquemas delictivos en los que se utilizan documentos apócrifos para simular deudas inexistentes o alterar los montos de deudas inicialmente contraídas, afectando gravemente a las víctimas, muchos de ellos adultos mayores.

---“Reiteramos: toda denuncia será atendida y no se permitirá que ninguna persona quede en estado de indefensión.

Hizo un llamado a todas y a todos a actuar con responsabilidad al momento de firmar cualquier documento, en especial pagarés. A esos que pasan vendiendo productos por abonos y te piden una firma que luego se la venden a este tipo de abogados que hacen estos fraudes antes de firmar lean el contenido, verifiquen que las condiciones plasmadas coincidan con la realidad.

Nunca firmen hojas en blanco. Bajo ninguna circunstancia, verifiquen plenamente la identidad de la persona con la que están celebrando el acuerdo. Si firman como deudor o como aval, tengan presente que ustedes van a asumir la deuda. Es una obligación legal que posteriormente les pueden exigir y comprometer su patrimonio, no acepten condiciones poco claras o montos que no correspondan a lo realmente recibido.

Eviten firmar bajo presión o sin comprender lo que firma y en caso de duda acérquense a las autoridades. En Yucatán la seguridad jurídica y la protección al patrimonio de las familias es una prioridad. Con prevención, información y denuncia correspondiente, vamos a seguir trabajando con la Fiscalía del Estado y en la coordinación que tenemos con el Poder Judicial para que la justicia prevalezca y a estas personas, en especial adultos mayores, a quienes han despojado de sus bienes, los puedan recuperar, finalizó.

• El exprofesor fue encontrado culpable del delito de violación equiparada agravada en contra de una adolescente, hechos ocurridos mientras impartía clases en una secundaria de la Ciudad de México

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Omar Vázquez Sánchez, un exservidor público del sector educativo, quien ejecutó actos sexuales en agravio de una adolescente.

El exprofesor impartía clases en la Secundaria Técnica 45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la Colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. El exdocente abusó de una adolescente en al menos cinco ocasiones en la Ciudad de México

En septiembre de 2015, se inició la averiguación y se llevó a cabo el proceso penal por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en el que se acreditó la responsabilidad penal de Omar en el delito de violación equiparada agravada, cometido en cinco ocasiones, durante el ejercicio de su encargo como servidor público.

El monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sentencia

En la sede judicial de este municipio costero, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, encabezó esta actividad acompañada de servidores públicos de las áreas jurídica, atención a grupos vulnerables, violencia de género, orientación psicológica y del Tribunal de Disciplina Judicial.

Durante la jornada, los ciudadanos pudieron expresar de manera directa sus diversas inquietudes relacionadas con asesorías  y servicios institucionales, evitando con esta estrategia traslados hasta la capital del estado, lo que representó un ahorro significativo en tiempo y recursos.

A esta iniciativa se sumaron la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Instituto de Defensa Pública del Estado, fortaleciendo el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo en beneficio de la ciudadanía.

En esta jornada de participación ciudadana estuvo presente el Tribunal de Disciplina Judicial, representado por la Magistrada Landy Aimeé Pino Barrera, así como de los titulares del CEEAV, Celia Maldonado Llanes y del Instituto de Defensa Pública, Christian Rolando Hurtado Can.

La Magistrada Presidenta destacó que este esquema tiene como objetivo principal escuchar y orientar a la ciudadanía, lo que permitirá una mejora continua en la atención y servicios judiciales.

“En Progreso es la segunda edición que llevamos a cabo; la primera fue en Mérida, y estaremos replicando este esquema de manera continua y permanente tanto en la capital como en las distintas sedes y departamentos judiciales del estado, las fechas y lugares se comunican oportunamente mediante las redes sociales del Poder Judicial de Yucatán”, señaló.

Asimismo, subrayó que la participación de la CEEAV y del Instituto de Defensa Pública reafirma la colaboración institucional para brindar una atención integral y cercana a la ciudadanía.

Al concluir la jornada, la magistrada presidenta, junto con las autoridades participantes, realizó el corte inaugural de las nuevas oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que ahora cuenta con un espacio dentro de la sede judicial de Progreso, fortaleciendo así la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la región.

• La mujer proporcionó hasta cuatro domicilios, por lo que ante la posibilidad de huir permanecerá recluida en prisión

Mérida, Yucatán.- Después de ser revisados los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue vinculada a proceso Stephanny O.L. por el delito de fraude específico, tras presuntamente vender una camioneta de la cual no tenía la posesión legal, por lo que permanecerá en prisión como medida cautelar.

(El gobernador Huacho Díaz Mena informó la noche del lunes 9 de marzo, a través de su Lunes de Live, la detención de una segunda implicada en el fraude de vehículos mediante Facebook Marketplace en Mérida, como parte de las investigaciones a decenas de defraudados mediante este esquema.

De acuerdo con la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a Stephanny Oramas Lara, de 37 años, originaria de la Ciudad de México, presunta cómplice de Llany Nery Ayala Pacheco, de 35 años, originaria de Dzilam González, Yucatán, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de confianza y fraude agravado.

La hoy detenida, quien cuenta con diversos domicilios registrados en fraccionamientos como Los Pinos, Francisco de Montejo, Los Héroes y Jardines de Oriente, fue presentada ante un juez quien, debido al riesgo de evasión y la pluralidad de domicilios, la representación social busca que se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva).

Al reanudarse la audiencia ante la Juez Primera de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la autoridad judicial consideró suficientemente probatorios los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación, por lo que dictó el citado auto de vinculación a proceso en los términos solicitados por esta representación social, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que, durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación lograron establecer que la imputada ofreció intercambiar una camioneta que tenía en su posesión por el auto compacto del querellante, lo cual realizaron el 8 de enero del 2025.  Pero cuando la víctima intentó vender la camioneta, ésta le fue retenida, lo que le ocasionó un perjuicio económico, tal como consta en la carpeta de investigación de la causa penal 338/2025.

Finalmente, antes de concluir la diligencia, se les recordó a las partes que continuará vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la acusada permanecerá privada de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, puso en marcha el curso “Análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dirigido a secretarios de Acuerdos y secretarios de Estudio de Cuenta, tanto de los juzgados como del propio Tribunal. La capacitación se llevará a cabo durante marzo y abril.

Cabe recordar que el CNPCyF representa un hito en la evolución del derecho procesal mexicano, ya que por primera vez establece un marco normativo de alcance nacional al sustituir a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento introduce un modelo procesal oral y promueve el uso de herramientas digitales y tecnológicas como ejes del sistema, además de poner especial énfasis en la capacitación institucional. En Yucatán, el código deberá entrar plenamente en operación en 2027.

El primer módulo del curso, con duración de cuatro horas, fue impartido por el magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región en el estado, perteneciente al Poder Judicial Federal, Michel Wabi Dorbercker, quien abordó la estructura general del código y sus principios.

Los módulos restantes estarán a cargo de la licenciada Gloria María Ceballos Cruz, la maestra Lourdes Isabel Reyes Arce, el doctor Luis Alfonso Méndez Corcuera, el licenciado Wilbert Vidal Pech, el doctor Jorge Rivero Evia, la licenciada Paula Florentina Lugo Martín y la doctora Elsa Rivera Uc, quienes expondrán temas relacionados con justicia civil, justicia familiar, pruebas, juicios sucesorios, recursos, medidas cautelares y ejecución.

Durante el inicio del curso, Torres López subrayó que la implementación del código nacional no implica únicamente la sustitución de normas procesales, sino que representa un cambio profundo en la cultura jurídica, en las prácticas de trabajo y en la manera de comprender la función jurisdiccional.

En presencia de las magistradas Sofía Cámara Gamboa y Carolina Muñoz Gasca, así como del magistrado Alán Hernández Conde, la magistrada presidenta señaló que la aplicación del nuevo código deberá realizarse no solo desde una perspectiva formal, sino en armonía con los estándares constitucionales y convencionales, incluyendo los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y los criterios interpretativos desarrollados por los tribunales.

Asimismo, destacó la importancia de considerar los precedentes locales relevantes, pues la transición hacia este nuevo modelo procesal deberá dialogar con la experiencia jurisdiccional que ya se ha construido en el estado.

----“En el Poder Judicial estamos convencidos de que espacios como éste fortalecen nuestra capacidad institucional para enfrentar los cambios que exige el sistema de justicia. La profesionalización permanente no solo eleva la calidad de nuestras resoluciones, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en sus instituciones”, concluyó.

Al inicio del curso también asistieron el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Níger Pool Cab, y el director de la Escuela Judicial, magistrado en retiro Jorge Eden Wynter García.

• Delitos de abuso sexual (4) y abuso sexual equiparado (2),

Mérida, Yucatán.- Después de ser declarado culpable de los delitos de abuso sexual (4) y abuso sexual equiparado (2), el guatemalteco Otto Iván G.H., de 53 años, de oficio taquero, fue sentenciado a 52 años y seis meses de prisión durante la audiencia de individualización de penas celebrada tras el juicio oral que se realizó por los hechos ocurridos en el municipio de Kanasín, en agravio de su hija adolescente de 16 años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para que el imputado fuera declarado culpable de los hechos denunciados, los cuales ocurrieron entre febrero del 2021 y junio del 2023, por los que además deberá pagar una multa de 8500 UMAS.

La última vez que ejecutó estas acciones en agravio de su hija fue en junio de 2023, siempre en el predio ubicado en la colonia Santa Ana de Kanasín, situación que se dio bajo la violencia física.

La muchacha ya no soportó más y contó a un familiar lo que le había estado haciendo su progenitor, que apenas se enteró que su hija había hablado huyó de la casa donde habitaba.

El sujeto fue detenido el 5 de abril de 2024. De los hechos, reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 57/2024, se establece que ocurrieron en un predio ubicado en la colonia Santa Ana, durante el periodo antes mencionado, cuando el acusado aprovechando que la víctima es su hija adolescente utilizó la violencia física y moral para cometer el ilícito, por lo que se interpuso la formal denuncia.

Al celebrarse la audiencia ante el Tribunal Unitario Primero de Enjuiciamiento, el encausado fue sentenciado además al pago de 100 mil pesos por concepto de reparación del daño y se citó a las partes para realizar la lectura y explicación de sentencia el próximo 18 de marzo.

Cabe recordar que durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía aportó las pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad penal del acusado en los hechos ocurridos en por lo menos seis ocasiones durante más de dos años, aprovechando la confianza en él depositada por ser padre de la víctima, en contra de la cual ejerció violencia física y moral para cometer la agresión sexual.

Mérida, Yucatán.- Las dos personas detenidas por agredir a la María Florinda Ofelia P. V., en el fraccionamiento Francisco de Montejo fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, como resultado del trabajo coordinado que se realiza en Yucatán entre autoridades estatales y fuerzas federales, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Se trata de C.I.V.M., de 39 años, originaria de Villahermosa, Tabasco, y R.T.G., de 58 años, originario de Tlaxcala, quienes son señalados como probables responsables de los delitos de robo con violencia y homicidio calificado en grado de tentativa.

Como fue informado previamente, los hechos se registraron durante la madrugada del 8 de marzo, cuando una mujer de 62 años salió del Casino Life, ubicado en Plaza Galerías, y posteriormente fue interceptada por dos personas que presuntamente la agredieron físicamente y se apoderaron de diversos objetos de valor, luego de cerrarle el paso con otro vehículo en calles del fraccionamiento Francisco de Montejo.

Derivado de la agresión, la víctima resultó con lesiones que requirieron atención médica especializada.

Tras las diligencias correspondientes, agentes de investigación de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de fuerzas federales, cumplimentaron la orden judicial y remitieron a ambas personas ante la Juez que las requiere, para el seguimiento del proceso legal correspondiente.

Se reconoce el trabajo coordinado entre agentes de investigación, la Fiscalía General del Estado y las fuerzas federales, cuya colaboración permitió avanzar en este caso y poner a los probables responsables ante la autoridad judicial.

En un comunicado señala que el Poder Judicial del Estado reconoce la aprobación por unanimidad en el Congreso Yucatán de la reforma que fortalece la justicia para las familias yucatecas.

---“Este esfuerzo legislativo representará un paso importante para garantizar la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para fortalecer el acceso a la justicia de quienes enfrentan procesos para exigir el cumplimiento de esta obligación.

En el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso de aplicar la ley con perspectiva de derechos humanos y en favor del interés superior de la niñez, contribuyendo a que la justicia sea cada vez más cercana, efectiva y sensible a las realidades de las familias”, aseguró.

La Magistrada Erika Torres López, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, sostuvo una reunión con representantes del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El encuentro tuvo como propósito identificar posibles áreas de colaboración que permitan fortalecer las acciones en favor de este sector de la población.

Durante la reunión se intercambiaron experiencias y puntos de vista orientados a la construcción de un plan de trabajo conjunto que contribuya a garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para las comunidades indígenas del estado.

En el encuentro participaron el Lic. Tomás López Arabia, presidente del Consejo Directivo del CEPIADET; el Lic. Ricardo Santos, enlace en la Península de dicha organización; y el Lic. William Gonzales Kú, intérprete certificado en lengua maya en el ámbito de procuración de justicia, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

El Poder Judicial del Estado de Yucatán reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el respeto a la diversidad cultural y garanticen un acceso efectivo a la justicia para los pueblos indígenas, reconociendo que la pluriculturalidad enriquece y fortalece el servicio que se brinda a las y los justiciables.

• Dos de los tres homicidas fueron condenados al pago de seis millones 660 mil pesos por con cepto de reparación de daño por la muerte de J.P.H.M. ocurrida en abril del 2023.

Mérida, Yucatán.- Una vez que fueron declarados penalmente responsables del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, Christopher Alan H.K., de 39 años, y Jonathan Jesús P.S. (a) Chaparro, de 31 años, fueron sentenciados a 45 años de prisión en un juicio oral celebrado por los hechos ocurridos en un rancho ubicado en la carretera Mérida-Cancún.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para que el tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento otorgara un fallo condenatorio por el delito citado y sentenciara a los acusados además de la pena de prisión, al pago de seis millones 660 mil pesos por concepto de reparación de daño por la muerte de Jorge Pastor Herrera Muñoz (a) Teyina, subdirecor de Deportes del Ayuntamiento de Kanasín, ocurrida el 16 de abril del 2023.

Los hechos que fueron desahogados en su etapa inicial ante la Juez de Control del Segundo Distrito bajo la causa penal 61/2023, ocurrieron el 13 de abril del 2023, cuando los sentenciados, junto con otras dos personas que se encuentran bajo proceso, se encontraban en un rancho ubicado en el kilómetro 11+800 de la citada vía, a donde ocasionaron la muerte a su víctima a consecuencia de una asfixia por estrangulamiento, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense.

Ambos sentenciados, además de las penas indicadas, recibieron amonestación pública y perdieron sus derechos políticos al comprobarse su participación en los hechos denunciados.

• Se realizó en el Poder Judicial del Estado el tercer conversatorio en materia penal, espacio de intercambio que permiten fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar criterios jurídicos que favorecen una impartición de justicia más eficiente y transparente.

Mérida, Yucatán  .— Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, jueces de control, de ejecución de sentencia y de enjuiciamiento del Poder Judicial, así como funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), participaron en el tercer conversatorio en materia penal.

El espacio de diálogo y análisis busca compartir criterios en la impartición de justicia y contribuir al fortalecimiento de la seguridad y la certeza jurídica en el estado.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, y contó con la participación como ponentes de Juan Carlos Moreno López, magistrado en materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito; Óscar Rodríguez Álvarez, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimocuarto Circuito; y Rogelio Leal Mota, titular del Juzgado Segundo de Distrito, todos del Poder Judicial de la Federación.

En ese marco, se destacó la importancia de este tipo de espacios de intercambio porque permiten fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar criterios jurídicos que favorecen una impartición de justicia más eficiente y transparente, en beneficio de la sociedad yucateca.

El magistrado Hernán Vega Burgos, fungió como moderador durante este ejercicio de diálogo e intercambio, donde se abordaron temas relacionados con el incidente de nulidad de pruebas en el juicio, la prisión preventiva justificada y el estudio de la detención en el juicio oral. 

Al inicio del conversatorio, Torres López resaltó la voluntad de las personas juzgadoras en materia penal del Poder Judicial del Estado para participar en este tipo de encuentros productivos que contribuyen al fortalecimiento de la función jurisdiccional. Asimismo, destacó la disposición de los panelistas para colaborar y propiciar el intercambio de ideas que favorezca una mejor impartición de justicia.

Durante la jornada también estuvieron presentes las magistradas, Sofía Cámara Gamboa, Carolina Muñoz Gasca, Claudia Crisol Antonio Mayor, Mariana García Brito, quien preside la Segunda Sala Penal y Civil del TSJE y los magistrados, Alan Hernández Conde, Mario Castro Alcocer, Gerardo Chacón Tuyub y Roberto Carrillo Granados, todos y todas del Tribunal Superior de Justicia.

De igual forma asistieron el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Níger Pool Cab; el magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación, Ricardo Morcillo Moguel; y el director de la Escuela Judicial, magistrado en retiro Jorge Eden Wynter García.

Sobre el conversatorio en materia penal, el magistrado Hernán Vega Burgos explicó que el objetivo de estos encuentros es compartir criterios entre los jueces de primera instancia con el apoyo y orientación de jueces y magistrados federales, priorizando siempre la seguridad de las y los yucatecos.

---“Hemos logrado compartir criterios en los casos en los que existen coincidencias para evitar que los delincuentes utilicen la llamada ‘puerta giratoria’, es decir, que sean detenidos y salgan por el otro lado. Para ello, hemos buscado mantener comunicación con la SSP, con la FGE, con jueces de amparo y Tribunales Colegiados, para que quienes hayan cometido un delito respondan por sus actos”, señaló.

Finalmente, el también presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia subrayó que estos esfuerzos buscan fortalecer la coordinación institucional para lograr una justicia más eficiente y transparente en beneficio de la sociedad yucateca.

• Ambas utilizaban la plataforma Facebook Marketplace para contactar a sus víctimas.

Mérida, Yucatán.- El gobernador Huacho Díaz Mena informó esta noche, a través de su Lunes de Live, la detención de una segunda implicada en el fraude de vehículos mediante Facebook Marketplace en Mérida, como parte de las investigaciones a decenas de defraudados mediante este esquema.

De acuerdo con la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a Stephanny Oramas Lara, de 37 años, originaria de la Ciudad de México, presunta cómplice de Llany Nery Ayala Pacheco, de 35 años, originaria de Dzilam González, Yucatán, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de confianza y fraude agravado.

Los defraudados afirman que falta por detener a Gustavo Alonzo Castillo Jiménez, a quien también han denunciado en la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las investigaciones y testimonios Stephanny operaba como "testigo" y acompañante constante en las transacciones ilícitas encabezadas por Llany Nery (detenida el 6 de febrero pasado). Ambas utilizaban la plataforma Facebook Marketplace para contactar a sus víctimas.

A su vez, la FGE formuló la imputación en contra de Stephanny por el delito de fraude específico, tras presuntamente vender una camioneta de la cual no tenía la posesión legal, por lo que permanecerá privada de su libertad durante todo el proceso en su contra.

Los hechos se registraron en enero de 2025, cuando la acusada tenía en su posesión una camioneta marca Chevrolet, tipo Trax, la cual habría rentado a otra persona por unos días. Sin embargo, posteriormente contactó a otra persona a través de redes sociales que se encontraba vendiendo un automóvil marca Mini Cooper.

La detenida ofreció intercambiar la camioneta que tenía en su posesión por el auto compacto, transacción que se realizó el 8 de enero de 2025. No obstante, días después, la persona que se llevó la camioneta intentó venderla, pero esta le fue retirada por la policía, lo que le ocasionó un perjuicio económico, de acuerdo con la información que consta en la causa penal 338/2025.

En la audiencia los fiscales de litigación solicitaron la vinculación a proceso, pero esta fue programa a realizarse el día 12 del presente mes, luego de que la implicada solicitó la duplicidad del tiempo para resolver su situación jurídica.

La hoy detenida, quien cuenta con diversos domicilios registrados en fraccionamientos como Los Pinos, Francisco de Montejo, Los Héroes y Jardines de Oriente, fue presentada ante un juez quien, debido al riesgo de evasión y la pluralidad de domicilios, la representación social busca que se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva.

La víctima fue identificada como Reyes Ricardo A., de 32 años, quien recibió al menos dos impactos de bala en antebrazo y abdomen.

Los detenidos son José Ángel “N”, alias “Chilango”, de 38 años, originario del Estado de México; Freddy del Jesús “N”, de 41 años, originario de Mérida; y José Iván “N”, alias “Porongas”, de 35 años, también originario de Mérida.

Estas acciones representan un avance importante en el esclarecimiento del caso y derivan del seguimiento puntual de las líneas de investigación abiertas desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias de lo ocurrido y para integrar debidamente las actuaciones legales que permitan poner a los probables responsables ante un Juez penal.

Se reconoce el trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades municipales de Kanasín, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo de las diligencias y el avance de este caso. 

Los hechos ocurrieron ayer jueves 5 poco después de las seis de la mañana en un predio de la calle 23A entre 2C y 2D. En el lugar, un hombre fue encontrado con lesiones en el abdomen y en el antebrazo izquierdo, por lo que paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, donde falleció.

• Otro implicado, José Ignacio, fue sentenciado a 13 años y medio de prisión
• Faltan por recibir sentencia Miguel Ángel B.C., de 33 años, señalado como presunto principal responsable e instigador de los hechos violentos y Vicente Raúl C.C., de 58 años.

Mérida, Yucatán.- Tras contar con la anuencia de las partes, se celebró un procedimiento de juicio abreviado donde José Alfredo C.Ch. (a) Solovino, de 29 años, y Luis Ángel C.S. (a) Crilin, de 30 años, fueron declarados penalmente responsables del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, por lo que fueron sentenciados a 18 años de prisión, respectivamente, tras los hechos ocurridos en Tekit en enero del 2025.

Entre la noche del 27 de enero y la madrugada del día siguiente una turba arrebató a la policía al detenido Ismael Alejandro A. C., alias “El Wero” o “El Güero”, a quien posteriormente lincharon y quemaron vivo.

El Güero fue señalado como responsable de matar a machetazos a doña Candy, de 69 años. También fue señalado de ser responsable de una agresión a un hombre que murió en el año 2021.

Los dos sentenciados también tendrán que hacer solventar la reparación del daño por 2 millones 171 mil pesos por la muerte de la víctima directa, lo cual harán de forma mancomunada.

Estos sujetos son el segundo y tercer sentenciados. Antes, otro de los detenidos, identificado como José Ignacio G.Ch. de 32 años, fue sentenciado a 13 años y medio por el mismo delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas y datos suficientes para confirmar la responsabilidad de los encausados en los hechos donde perdió la vida el Güero, tras información reunida en la carpeta de investigación de la causa penal 72/2025.

El caso fue desahogado ante la Juez Segunda de Control del Primer Distrito, donde se les formuló la acusación y el correspondiente fallo condenatorio de los imputados.

• En el marco de una sesión extraordinaria de ese cuerpo colegiado, también se aprobó la nueva conformación de las Salas Colegiadas que integran este órgano.

Mérida, Yucatán.- La magistrada Carolina Muñoz Gasca y los magistrados Roberto Carrillo Granados y Gerardo Chacón Tuyub se integraron este día al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) durante una sesión extraordinaria de este cuerpo colegiado encabezado por su presidenta, Erika Torres López.

En ese marco, las magistradas y los magistrados que conforman este órgano aprobaron por unanimidad el acuerdo general por el que se establece la integración, conformación, jurisdicción y competencia de las Salas Colegiadas y el sistema de distribución de los asuntos entre éstas, así como las reglas de sustitución de personas magistradas de Sala, en caso de recusación o excusa.

Al dar la bienvenida a quienes se incorporan al máximo órgano jurisdiccional del estado, Torres López los exhortó a conducirse con respeto, responsabilidad y honorabilidad, en estricto apego a los principios de imparcialidad, equidad y transparencia.

---“Este es el momento de estar a la altura del mandato que el pueblo nos ha entregado. Con respeto a la Constitución, con el compromiso de servir y con el corazón puesto en la dignidad humana, para que la justicia no sea vista como un ideal, sino como una realidad tangible en la vida de cada persona, porque el pueblo yucateco merece un Poder Judicial fuerte, transparente y cercano”, puntualizó.

Con base al acuerdo aprobada este día, la Segunda Sala Penal y Civil, que preside la magistrada Mariana García Brito, queda conformada con la magistrada Lizett Mimenza Herrera y el magistrado Roberto Carrillo Granados; mientras que a la Sala Civil y Familiar se integra la magistrada Carolina Muñoz Gasca para colaborar con las magistradas Sofía Castro Gamboa y Carolina Canto Valdés, así como con los magistrados Alan Hernández Conde y Alberto Salum Ventre.

La Salada Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral la conforman a partir de ahora la magistrada Patricia del Socorro Gamboa Wong y los magistrados Gerardo Chacón Tuyub y Mauricio Tappan Silveira.     

La Primera Sala Colegiada Penal y Civil se mantiene integrada como quedó desde septiembre pasado con los magistrados Hernán Vega Burgos, en calidad de presidente, Mario Castro Alcocer y la magistrada Claudia Crisol Antonio Mayor.

La Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes también sigue a cargo de la magistrada Patricia del Socorro Gamboa Wong

El acuerdo general aprobado este día por el pleno del TSJE se publicará en el Diario Oficial del Estado para los efectos correspondientes.

• La “jueza de hierro”, que soportó estoicamente presiones sociales y políticas y condenó a 20 años a Armando Medina, reconoció el trabajo del personal del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado
• Reconocimiento al juez Felipe de Jesús Solís Quijano, quien en 1981 le dio la oportunidad de entrar como meritoria al Juzgado Cuarto de Defensa Social.
• Su ejemplo nos enseñó que la independencia judicial se defiende con valentía, estudio y capacidad; que la ética no se negocia y que la dignidad del cargo se honra todos los días: magistrado Vega Burgos 

Mérida, Yucatán.- La magistrada Leticia del Socorro Cobá Magaña, quien en 1995 protagonizó como jueza el denominado “Juicio del Siglo” en el caso Medina-Millet se jubiló después de más de 40 años de labor judicial. 

Además, en 2022, Cobá Magaña, la jueza de hierro, obtuvo un amparo en septiembre contra la reforma al Poder Judicial de Yucatán, impulsada por el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, protegiendo así su derecho adquirido al retiro vitalicio, garantizando sus prestaciones laborales al momento de su jubilación.

La sentencia de la Jueza Tercera Federal que resolvió este amparo con número de expediente 1523/2022, señala que al concluir su labor le corresponderá gozar de su haber de retiro vitalicio, o sea, que en los primeros dos años de su retiro se le pagará el 100% de su salario y en los siguientes solo el 80%.

También formó parte del grupo de magistrados que emitieron votos en contra del segundo informe de la magistrada presidenta del TSJ, María Carolina Silvestre Canto Valdés, en agosto de 2024, evidenciando disenso interno.

¿Qué fue el “juicio del siglo”?

El 15 de noviembre de 1995 murió Flora Ileana Abraham Mafud, a 11 días de casada. Su esposo, el empresario Armando Medina Millet  fue acusado del crimen. No obstante, las presiones sociales, económicas, políticas y financieras, Cobá Magaña, tras analizar más de 100 mil hojas, dictó una sentencia de 20 años del 

El 14 de octubre de 2005 el gobernador Patricio Patrón Laviada (PAN) decidió darle la preliberación por “buena conductota” cuando apenas había cumplido nueve años con cinco meses de prisión.

Un mes anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó a Medina Millet el amparo que solicitó para quedar en libertad y, en cambio, ratificó la sentencia de 20 años de prisión por la autoría material del homicidio de su cónyuge.

¿Quiénes son los otros jubilados?

Además de la magistrada Cobá Magaña también se jubiló Ingrid Priego Cárdenas y José Rubén Ruiz Ramírez, quienes recibieron un reconocimiento del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) al concluir el período constitucional para el que fueron designados.

Tanto Priego Cárdenas y Ruiz Ramírez demandaron la protección federal de sus derechos laborales, ante la reforma realizada para Vila Dosal para desmantenar al Poder Judicial yucateco.

Durante la ceremonia de jubilación, ña presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, entregó las placas conmemorativas a los togados quienes a lo largo de su trayectoria se distinguieron por decisiones trascendentes, estudio constante y responsabilidad frente a la ley y la sociedad.

Cobá Magaña, Priego Cárdenas y Ruiz Ramírez concluyen el próximo sábado 28 de febrero su periodo constitucional como magistrados de este Tribunal tras 15 años de servicio. Sus lugares serán ocupados a partir del 1 de marzo por los magistrados electos Carolina Muñoz Gasca, Gerardo Martín Chacón Tuyub y Roberto Carrillo Granados.

Torres López resaltó la trayectoria de los tres magistrados que cierran esta etapa de su vida laboral, destacando la voluntad y disposición permanente de colaborar en las tareas institucionales del Tribunal Superior de Justicia y asumir con profesionalismo las responsabilidades asignadas.

Cobá Magaña, ejemplo de independencia judicial

A su vez, el magistrado Hernán Vega Burgos sostuvo que el ejemplo de estos tres profesionales deja huella en quienes han tenido el privilegio de compartir estrados y deliberaciones, pues a lo largo de su carrera y en cada resolución refirmaron que la justicia exige imparcialidad, prudencia y valentía.

----“Su ejemplo nos enseñó que la independencia judicial se defiende con valentía, estudio y capacidad; que la ética no se negocia y que la dignidad del cargo se honra todos los días, incluso en las decisiones más difíciles. Tengan la certeza de que su legado permanecerá en esta institución y en quienes tuvimos el honor de aprender de ustedes”, aseveró.  

La magistrada Cobá Magaña expresó su agradecimiento al Poder Judicial del Estado, noble institución, que le dio cobijo durante más de 40 años y le permitió su desarrollo profesional en el ámbito jurisdiccional y el privilegio de adquirir una carrera judicial.

Reconoció a las personas que fueron parte del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, del cual fue titular; de la Ponencia Undécima del TSJE; al personal de la Sala Colegiada Mixta, actualmente denominada Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral; y al de la Salas Colegiada Civil y Familiar; así como a los magistrados integrantes de este órgano colegiado.

----“No puedo dejar de mencionar al juez Felipe de Jesús Solís Quijano, quien en 1981 me dio la oportunidad de entrar como meritoria al Juzgado Cuarto de Defensa Social. Me voy de la misma manera como llegué, con el corazón lleno de entusiasmo, alegría y gratitud por tener el honor de ser parte del Poder Judicial del Estado”, finalizó.

• La víctima fue reportada como desaparecida el 17 de abril de 2025, tras lo cual la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.

Mérida, Yucatán.- Al realizar un procedimiento de juicio abreviado en su contra, Damon Royce M. de nacionalidad norteamericana fue declarado penalmente responsable y recibió una condena de 45 años de prisión por el delito de feminicidio agravado cometido en contra de su madre Linda Johnston, de 71 años, en la localidad de Chicxulub Puerto.

Los hechos, reunidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la causa penal 44/2025, permitieron a la Juez de Control dictar el fallo condenatorio y establecer las sanciones correspondientes al grado de culpabilidad del hombre.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar en abril del año 2025, cuando el sujeto y su madre se encontraban en un predio de la localidad referida y éste aprovechó el estado de indefensión de la mujer para agredirla de manera física, hasta que finalmente le provocó la muerte a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento.

Es por ello que, además de la pena privativa de la libertad, se le condenó al pago de 900 UMAS de multa, el pago de la reparación del daño en abstracto, a la pérdida de derechos de familia, la amonestación pública y la privación de sus derechos políticos.

Finalmente, las partes estuvieron de acuerdo en renunciar a la audiencia de lectura y explicación de sentencia, lo que significa que no habrá apelación ante la condena emitida.

• Vecinos llman a las autoridades estatales a combatir la drogadicción y el alcoholismo, pues el alcalde hace oídos sordos

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó la captura de tres sujetos, de iniciales E. H. M. C., de 25 años; R. M. C., de 20 años; y F. J. P. C., de 34 años, alias “La Diosa”, presuntos responsables de la muerte de Marcos P., de 24 años, en la comisaría de Tixcacaltuyub, comisaría de Yaxcabá.

A este último se le aseguró un arma larga (escopeta), con la cual presuntamente ocasionó las lesiones que derivaron en la muerte de Marcos.

La corporación indicó que atendió un reporte de agresión con arma de fuego en la comisaría de Tixcacaltuyub, municipio de Yaxcabá, que derivó en el fallecimiento de un hombre por lesiones ocasionadas por proyectil.

Con base en la información recabada en el lugar, durante un altercado anoche lunes en la calle 14 entre varias personas se habría realizado un disparo que impactó a un ciudadano, identificado como Marcos P., de 24 años, quien fue a la tienda y en el trayecto interceptado por personas con quienes tenía viejas rencillas, según su padre, el Sr. Juan P.

La víctima habría recibido al menos cinco impactos de perdigones en el pecho. Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración.

Tras estos hechos y luego que familiares identificaron a los agresores se activó un operativo de búsqueda en la zona y se detuvo a E. H. M. C., de 25 años; R. M. C., de 20 años; y F. J. P. C., de 34 años, alias “La Diosa”, presuntamente vinculados con el incidente.

Vecinos llamaron a las autoridades estatales combatir la drogadicción y el alcoholismo que azota la comunidad, pues en vano han solicitado la intervención del presidente municipal.

Los detenidos y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

En un comunicado la SSP refrenda su compromiso de atender con prontitud los reportes ciudadanos y colaborar con las autoridades investigadoras para el esclarecimiento de los hechos. Ante cualquier emergencia, comuníquese al 9-1-1; para denuncia anónima, está disponible el 089.