Ciudad de México.-  Ante diputados, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que se ha realizado una profunda reingeniería de estructuras y procedimientos en el marco de las austeridad republicana y manejo pulcro de los recursos públicos, sin permitir la corrupción e impunidad; quien incurra en estas conductas asumirá las consecuencias.

Durante la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, el funcionario resaltó los objetivos de “estimular la participación de la inversión privada con reglas claras y seguridad jurídica, con una perspectiva de equidad que permita a los inversionistas obtener rendimientos razonables, y a la nación, recibir los beneficios de más y mejor infraestructura”.

Dijo a los diputados de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Infraestructura, que “lamentablemente en estos nueve meses, hemos encontrado evidencia de diversos actos presumiblemente irregulares, que se documentan y turnan para su atención a las instancias y autoridades competentes”.

Al igual que aquellos que realizados, bajo nuestra gestión, pudieran ser constitutivos de irregularidades o delitos, en todos los casos los responsables deberán asumir las consecuencias.

El titular de la SCT, garantizó que “una premisa intransigente es la de emplear con eficacia y transparencia los recursos públicos con la divisa ineludible de cero corrupción y cero impunidad. En esto no se tolerará la menor desviación. Quien labore en el sector e infrinja esta disposición, asumirá las consecuencias legales sin atenuantes”.

Destacó que el desarrollo de la infraestructura con sentido social tomando en cuenta las necesidades de la población, en particular la menos favorecida, para disminuir las diferencias e incluir a los que más lo requieren, en la búsqueda de una “modernidad con alma”.

Aseguró que se prioriza la conservación y mantenimiento de la infraestructura existente, activo esencial del país en el que se han invertido recursos cuantiosos y grandes esfuerzos que debemos preservar y mejorar.

Concluirán obras necesarias y útiles, suspendidas o en proceso, sin importar cuándo y quién las emprendió. Se apoyarán las acciones del sector en los proyectos regionales prioritarios del gobierno; modernizarán la infraestructura existente que lo requiera, y desarrollarán nuevas obras en función de los recursos disponibles.

Siempre con el criterio de que “no se construirán obras magnas para perpetuar la memoria de una gestión, sino de aplicarlos con profesionalismo y honestidad en los asuntos de mayor impacto para el bienestar general”.

Jiménez Espriú refirió que a partir de un exhaustivo análisis, en diciembre se tomó la decisión de suspender las obras emprendidas por la administración anterior denominada: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que tenía un avance del 20 por ciento.

“La decisión permitió evitar un desastre ecológico mayor ya consumado. Una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México. La sobreexplotación de recursos escasos, como el agua. El enorme derroche de recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones”.

Se evitó, además, el desperdicio de la valiosa infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno complejo.

Al respecto, afirmó que se concluyeron de manera exitosa los acuerdos sobre los instrumentos financieros suscritos para financiar una parte del proyecto y las negociaciones para el cierre de los 692 contratos del aeropuerto; “faltan sólo trámites para finiquitar los últimos dos y todo esto con un costo de 75 mil millones de pesos”.

Indicó que para atender el problema de la saturación del actual aeropuerto capitalino, se decidió la integración del sistema aeroportuario metropolitano, aprovechando la importante infraestructura existente del Benito Juárez -que recibirá este año alrededor de 50 millones de pasajeros- y el de Toluca, que podrá acoger 10 millones, así como su estructura modernizada y construyendo un nuevo aeropuerto internacional en la base aérea de Santa Lucía.

Para fortalecer esta decisión y atender de forma adecuada a los pasajeros y las aeronaves que llegan a la Ciudad de México, se dio prioridad al mantenimiento, modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria del Benito Juárez y de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el Seneam. Se lleva a cabo la construcción y equipamiento de un nuevo centro de control operacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que servirá a todo el sistema metropolitano.

Señaló la reestructuración de la subsecretaría de Comunicaciones que promoverá el desarrollo tecnológico, fortalecerá la experimentación con las nuevas tecnologías de la información y se impulsará un observatorio tecnológico, proyecto que ganó este año un premio internacional por innovación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Explicó que Telecom tiene a su cargo el Sistema Satelital Mexicano, Mexsat, esencial para la comunicación y la seguridad, mismo que logró mantener el servicio de comunicación satelital con una disponibilidad de 99.9 por ciento.

En cuanto al avance de la red compartida, que es un muy importante proyecto de telecomunicaciones, dijo que reportó el avance del 47 por ciento en la cobertura poblacional.

Apuntó que, al 31 agosto, se han ahorrado 727 millones de pesos en gasto corriente, y la inversión por 71.1 mil millones de pesos para el presente año estaba comprometida en 85 por ciento a través de tres mil 878 contratos, que se han firmado ante los representantes de los órganos internos de control, observadores ciudadanos, académicos y gremiales en todas las licitaciones públicas.

Para mejorar los costos, tiempos y seguridad en la comunicación y potenciar las actividades de toda índole, disminuir las grandes asimetrías de la nación y eliminar la exclusión, resaltó dos programas prioritarios: el de acceso y uso de redes de radiodifusión y telecomunicaciones con Internet y banda ancha para todos, y el de construcción de caminos de concreto, para conectar a 350 cabeceras municipales.

Sobre la ciberseguridad, destacó que se impulsa de manera transversal este componente para ofrecer servicios responsables, seguros y promover la confianza de los usuarios.

El funcionario subrayó que son conscientes de que la necesidad de infraestructura es superior a los recursos disponibles, renglón en el que el país está calificado en el lugar 54 entre 141 naciones.

Indicó que en todos los casos las obras a cargo del sector comunicaciones y transportes están sujetas a tres condiciones ineludibles: Transparencia, privilegiando la licitación pública y elaborando un padrón de contratistas confiables, no habrá contratistas sexenales ni recomendados.

Eficiencia, para simplificar procesos, ejecutar obras en tiempo y forma y mejorar proyecto, ingeniería y control de costos, y calidad, la cual no es negociable, no se trata de comprar barato, sino de exigir la calidad necesaria y actualizar y cumplir estrictamente con las normas y especificaciones de construcción.

En acuerdo con el Conacyt, dijo que se reactivó la Red Nacional de Educación e Investigación que fortalecerá la experimentación aplicada con el uso de tecnologías de la información. Además, se alienta la inclusión digital en 32 centros de la SCT, en zonas de alto grado de marginación, en busca de identificar las capacidades para generar bienestar integral con el uso del avance tecnológico.

El Servicio Postal está en plena reestructuración para atender las nuevas formas de comunicación y comercialización, que abandonan su uso.

El desarrollo tecnológico para solucionar problemas se lleva a cabo en el Instituto Nacional del Transporte, realiza investigación aplicada, servicios tecnológicos y de laboratorio y producción de normas y metodología.

La Agencia Espacial Mexicana con ocho años de existencia hace lo propio en el sector de telecomunicaciones en colaboración con instituciones nacionales en tareas prioritarias como el uso del espacio para protección de la población ante desastres naturales, la tecnología espacial para la agricultura, pesca y recursos naturales.

En su primera exposición, el titular de la SCT sostuvo que la misión es promover el desarrollo regional sustentable y el ordenamiento territorial con visión de mediano y largo plazos a través de una red intermodal estructurada de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones moderna, eficaz, sustentable, segura y de calidad.

Todo con el propósito de apoyar el desarrollo económico, social, cultural y político de la sociedad para mejorar las condiciones de bienestar general de la población, principalmente los menos favorecidos.

Ciudad de México.- La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, que preside la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, informó que pedirá una ampliación de mil millones de pesos al Fondo para Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

En sesión ordinaria para aprobar la Opinión respecto al PEF 2020, la legisladora precisó que el monto solicitado puede obtenerse de una reducción del mismo monto en el rubro de Subsidios a las Tarifas eléctricas.

Esto con la finalidad de que la totalidad de los municipios cuenten con recursos para la elaboración de sus atlas de riesgo, ya que son instrumentos que les sirven como base de conocimiento de su territorio y advierten de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura del sitio.

“Hoy en día el 84.98 por ciento de los municipios no cuentan con un atlas de riesgo; en estos dos mil 94, que carecen de dicho instrumento de planeación, vive el 44.74 por ciento de la población total de México”, enfatizó la legisladora.

De igual forma, por considerar este tipo de mapeo como una herramienta que les permite a esos territorios hacer una mejor planeación en su desarrollo, les ayuda a contar con una infraestructura más segura, además que contribuye en la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres.

La opinión argumenta que el incremento de 29.6 por ciento a los subsidios de las tarifas eléctricas, no se encuentra debidamente justificado en la exposición de motivos del PEF 2020.

Aprueban puntos de acuerdo en materia de protección civil

De igual forma, la comisión aprobó tres dictámenes con puntos de acuerdo para que se destinen recursos a la atención de las inundaciones provocadas por el huracán “Lorena”; a las sequías, así como para alcanzar una cobertura del atlas de riesgo en todos los municipios de la República Mexicana y las 16 alcaldía de la Ciudad de México.

El primero de ellos, solicita al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), libere a la brevedad los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para destinarlos a atender la problemática que dejaron las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán “Lorena”.

Otro más, para que la Segob, así como las Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la de Hacienda y Crédito Público, y el Comité Técnico del Fonden, realicen las acciones pertinentes para que sean aprobados y liberados los recursos destinados a atender la declaratoria de desastre natural por sequía a nivel nacional.

El último, llama al Centro Nacional de Prevención de Desastres a redoblar esfuerzos para alcanzar una cobertura total de información de los 2 mil 457 municipios de la República Mexicana y las 16 alcaldías de la Ciudad de México en el atlas de riesgo.

Ciudad de México.- La Comisión de Salud, que preside la diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), aprobó reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud con el objetivo de prohibir fabricar e importar barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o revestimientos y pinturas arquitectónicas con contenido de plomo.

El dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 289 Bis y reforma el 419, 421, 421 Bis, 421 Ter y 422 del ordenamiento, cita que las excepciones y los compuestos de plomo que se podrán utilizar, así como los límites máximos permisibles de plomo, serán establecidas por las normas reglamentarias correspondientes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Establece que se sancionará con multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización la violación a tal disposición. Cabe señalar que la ley cita que se sancionará con multa hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

En los artículos transitorios, menciona que se darán cuatro años para que las empresas físicas y morales que comercializan estas pinturas, puedan agotar la existencia de sus productos que no cumplan con esta normativa.

Es pertinente, también, elevar a rango de ley prohibir el uso de plomo en pinturas o cualquier producto que pueda dañar o afectar la salud de las personas que están expuestas a este metal.

Señala que los niños son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos de esta sustancia, lo que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando al desarrollo del cerebro y sistema nervioso. 

Asimismo, reducción intelectual, cambios de comportamiento, disminución en la capacidad de concentración, aumento de conductas antisociales y menor rendimiento escolar.

Exhorto

Durante su reunión extraordinaria, los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a que impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardiacas que afectan a niñas, niños y adolescentes, aumenten acciones preventivas, y consideren recursos suficientes para que el sector salud atienda este grave problema.

También solicitan que la Secretaría de Salud evalúe los programas y acciones en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en la niñez, con el fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados, y realicen las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.

Los legisladores consideran que, en el marco del “Día Universal del Niño” a celebrarse el 20 de noviembre, es importante hacer este llamado a fin de concientizar que los infantes son vulnerables, sufren enfermedades, hambruna y abandono, por ello la necesidad de protegerlos y garantizarles su derecho a la salud, educación y protección.

Cifras de Inegi señalan que la principal causa de muerte en menores de un año son afecciones originadas en el periodo perinatal, responsable de una de cada dos muertes; es decir, 51.3 por ciento: 24.8 fue por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, y 4.2 por accidente.

Ciudad de México.- El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena), secretario de la Comisión Asuntos Frontera Norte, y el embajador de Belice en México, Oliver del Cid, instalaron el Grupo de Amistad entre ambos países, con el objetivo de dar seguimiento a los vínculos bilaterales.

El también presidente del grupo, diputado Jorge Villarreal Pasaret mencionó que México fuel el primer país en establecer relaciones diplomáticas con el pueblo de Belice; es importante mantener el intercambio y difusión cultural e histórica entre ambas naciones y lograr a través del diálogo, el crecimiento de los lazos de amistad.

“Es necesario el contacto permanente entre ambos parlamentos, con el objetivo de sostener un intercambio constante de opiniones sobre temas de interés común”, señaló el legislador.

“Las y los diputados que conformamos el grupo tenemos la firme convicción de profundizar en el conocimiento de la historia, tradiciones y cultura del país hermano de Belice porque nos consideramos afortunados de ser amigos de esta nación”.

El embajador de Belice en nuestro país, Oliver del Cid, resaltó que ambos pueblos son países hermanos que comparten una relación milenaria familiar, gastronómica y cultural, desde los tiempos de los mayas. “El día de hoy seguimos con esa tradición y teniendo una relación bilateral muy fuerte sin temas difíciles”, expresó.

“Es un gusto y un honor ser embajador en un país en donde las relaciones bilaterales son totalmente positivas; estamos orgullosos de tener a México como un gran vecino y hermano”.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macías (MC), secretaria de la Comisión de Turismo, refirió que Belice es uno de los países vecinos con una relación estrecha, ya que “es cercano a nuestras tradiciones y costumbres”. Es fundamental reconocer el potencial de nuestra conexión y plantear pasos concretos para fortalecer la relación bilateral, aseveró.

El diputado Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos (Morena), secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó que hay una cercanía muy fuerte y la historia vincula a los dos pueblos.

En su turno, el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) mencionó que con los grupos de amistad instalados en el Congreso se fortalece la vida diplomática de México. “Es una forma más de impulsar la vida de la diplomacia; esperemos que esto sea el primer paso para establecer una relación más fuerte entre los parlamentarios”.

Por el Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo, señaló que se trabaja en iniciativas para que los turistas de Belice puedan extender su visita en México de manera libre. “Esto puede ser de gran utilidad entre nuestros países, especialmente en el intercambio económico y cultural”, aseguró.

Su compañera de bancada, la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que en 2018 el comercio bilateral entre ambas naciones ascendió a 138 millones de dólares; esto habla de las buenas relaciones que se han entablado entre los dos países. “Tengan por seguro que ayudaremos todos los temas que beneficien a nuestros pueblos”.

 Ciudad de México.- La Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), emitió su opinión favorable respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020.

El documento señala que en el PEF 2020 el ramo administrativo 48 “Cultura”, tiene un incremento de 473,390,272.00 millones de pesos respecto del aprobado para el ejercicio fiscal 2019.

Se busca promover que se aumente el presupuesto de apoyo a las ciudades Patrimonio Mundial que viene en cero pesos, de manera equitativa en actividades específicas y puntuales para una objetiva y correcta conservación y salvaguarda del valor universal excepcional de las mismas.

Debido que al no incluir estos recursos en el PEF 2020 se está afectando a estados, municipios y sociedad en general, al ver limitada su participación en la vida cultural en sus territorios.

Asimismo, en el Programa de Apoyos a la Cultura no hubo presupuesto de recursos por parte del Ejecutivo, por lo que significaría una reducción de 578.1 millones de pesos.

Mayer Bretón comentó que se trabaja para mejorar la condición de todo el sector cultural y hacer efectivo el derecho de todos los mexicanos a gozar del acceso a la cultura en nuestro país.

Explicó que antes de la comparecencia de la secretaria de Cultura, se realizaron mesas de trabajo y análisis con la subsecretaria y con todo el equipo, en donde se habló y se preguntaron todos estos temas.

Respecto del ramo 001 se están destinando 1,668 millones de pesos, por lo que se solicitará conocer cómo y hacia dónde irá destinado este recurso.

“Ahorita solo vamos a dar la opinión a favor o en contra; después, revisaremos y haremos los ajustes que consideremos necesarios, y en su momento, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados será la que determinará”.

La diputada Alejandra Pani Barragán (Morena) dijo que se debe tener la facultad de supervisar, examinar y ver realmente cómo se está gastando el presupuesto hasta ahorita. “Tenemos que tener claridad de cómo se está gastando y verificar que en los estados y municipios se cumpla el presupuesto que aprobamos”.

El legislador Carlos Carreón Mejía (PAN) consideró que se debe modificar el presupuesto, porque en el mismo no vienen consideradas las ciudades patrimonio, y propuso destinar 150 millones a ese rubro.

De la bancada de Morena, la legisladora Inés Parra Juárez comentó que algunos programas han desaparecido porque han generado clientelismo; “en este año hubo una revisión de las finanzas de cómo fueron distribuidas, si hubo subejercicio o no para ver cómo se aplica nuevamente, por ello debe ser equitativo, y no jalar la cobija para un propio interés personal o de grupo”.

Del mismo partido, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río manifestó no estar de acuerdo en que se pretenda quitar 500 millones de pesos al proyecto cultural de Los Pinos.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) señaló que la comisión está para impulsar que haya los mayores apoyos en materia cultural en todo el país. “Una de las cosas que nos ayuda a poder vigilar que este presupuesto esté llegando a la cultura y a los proyectos, es que sea de manera organizada y una de esas maneras es a través del federalismo”.

La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) comentó que hay escasez de recursos y no está llegando a muchos lados, a nosotros se nos presenta una propuesta de presupuesto y emitimos una opinión sustentada, se debe trabajar principalmente en lo que beneficia o perjudica.

La legisladora Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) señaló que hay preocupación respecto de que se transformen los programas y no se sepa para qué es o que permanezcan en el apartado de reglas de operación con la certeza de cómo y para qué se va aplicar.

La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) expresó su interés por conocer de qué rubro se sacó el presupuesto para la ampliación.

Ciudad de M éxico.- La Comisión de Gobernación y Población, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), aprobó su opinión respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, la cual propone ampliar el recurso del Ramo 04 “Gobernación” en 738.8 millones de pesos adicionales a la propuesta, para no afectar las funciones de esta secretaría.

La presidenta explicó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, propone un monto de 5 mil 804.5 millones de pesos (mdp) para el gasto del Ramo 04 “Gobernación”. Lo anterior representa un recorte del 90.8 por ciento en términos reales en relación con PEF 2019.

Detalló que el recorte se explica en la transferencia de las funciones de seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Ramo 36, “Seguridad y Protección Ciudadana” con 55 mil 144.5 mdp que se debieron a la resectorización, mientras que dos mil 022.2 mdp fueron por otro concepto.

Respecto de los programas que no se resectorizaron, el presupuesto para Gobernación tuvo un recorte real del 25.8 por ciento respecto de 2019. Es decir, descontando el efecto de la creación del Ramo 36, se requieren dos mil 22 mdp para que mantenga su gasto constante en términos reales.

Entre las medidas tomadas se encuentra reducir los gastos en materia de publicidad oficial y comunicación social, justificando el recorte del 78.3 por ciento al Programa Presupuestario P005.

Barrera Badillo sostuvo que para mantener a la Secretaría de Gobernación (Segob) apegada a los objetivos de austeridad republicana, sin afectar su funcionamiento normal, se opina que su presupuesto se debe incrementarse en 738.8 mdp, monto que representa el 29.8 por ciento del total del aumento necesario para que los programas no resectorizados operen con los recursos de 2019.

El primero, dijo, es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. El PPEF 2020 asigna 207.6 mdp a éste, que implica una reducción de 3.5 por ciento en términos reales, un recorte de 7.4 mdp; sin embargo, es necesario incrementar las aportaciones de Segob al fondo para hacer sostenibles los compromisos del fideicomiso.

También debe contemplar 102.40 millones de pesos adicionales para el Programa de Derechos Humanos que ejerce la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, el fin es hacer sostenibles los recursos ejercidos del fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, además de incrementar su saldo disponible al cierre del ejercicio.

El otro rubro, agregó, es la Cédula de Identidad y Registro Poblacional, que respecto de 2019, el PPEF 2020 sufrió un recorte del 36.5 por ciento, en términos reales, que hacen el monto para el gasto del siguiente año insuficiente y afecte las funciones de Renapo. Para este programa se necesita al menos un adicional de 191 mdp para cumplir sus funciones.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) se pronunció a favor de la opinión, porque no es suficiente lo considerado en el presupuesto del próximo año para la Secretaría de Gobernación, se justifica que muchas funciones fueron trasladadas hacia otra dependencia; sin embargo, todavía es insuficiente y, sobre todo, por temas tan relevantes como derechos humanos, mujeres y periodistas.

En tanto, el diputado José Luis Elorza Flores (Morena) consideró necesario fortalecer las acciones en favor de atención, defensa y protección de niñas y niños adolescentes; planteó aumentar el presupuesto para este rubro.

Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez estimó importante que la comisión esté solicitando una ampliación del presupuesto para el Ramo 04 de Gobernación, porque desde la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública “señalamos la manera en la que se estaba adelgazando la Secretaría de Gobernación y además como en el presupuesto ha sido severamente castigada, cuando debería de ser la secretaría más importante, porque se encarga de política interna”.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, los dictámenes con proyecto de decreto donde se determina que no existen elementos suficientes para aprobar las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015 y 2017, por lo que se rechazan.

El documento relativo a la Cuenta Pública 2015 se avaló con 334 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones. En tanto, el referente a la Cuenta Pública 2017, recibió una votación de 330 a favor, 35 en contra y 10 abstenciones.

Se instruyó remitirlas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales correspondientes, y se pidió publicarlas en el Diario Oficial de la Federación.

Cuenta Pública 2015

El proyecto de decreto sobre la Cuenta Pública 2015, precisa que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en el ejercicio fiscal 2015 establecida en 3.7 por ciento, alcanzado solamente el 2.5 por ciento del PIB.

De forma reiterada, se presentaron falla en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33, siendo la falta más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicables.

En el ejercicio 2015, no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios.

Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto. Los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública objeto del decreto, destaca el dictamen.

Se instruyó a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2015 y, en su caso, sancione las faltas administrativas que le competen, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establece que las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Presupuesto y Cuenta Pública, coordinarán una Mesa de Trabajo en la que se atenderá y dará seguimiento a las observaciones de la ASF a la Cámara de Diputados, relativa a las áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, con la finalidad de priorizar áreas de mejora normativa.

Cuenta Pública 2017

El proyecto de decreto sobre la Cuenta Pública 2017, señala que el mayor número de irregularidades se concentró en el rubro de Gasto Federalizado destacando, por el número de observaciones, las entidades de Michoacán, estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas, con fallas reiteradas en los ramos 23, 28 y 33, especialmente en la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable.

Considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. El Gasto Neto Total ejercido por el Sector Público ascendió a 5,255,867.6 millones, superior en 7.5 por ciento al presupuesto aprobado, e inferior en 7.9 por ciento real comparado con 2016. Además, destaca la caída en inversión física, en 27.7 por ciento en términos reales.

Por ello, menciona no se cumplieron a cabalidad los objetivos de política de gasto, y los avances en el cumplimiento de las metas de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en cuanto a beneficio de la sociedad, “por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2017”.

El dictamen estima pertinente retomar las recomendaciones realizadas por la ASF a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al manejo de la Deuda Pública, en especial la correspondiente a transparentar y rendir cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, la inflación y demás variables macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda del Sector Público Federal, para ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos para definir de manera adecuada la política fiscal de corto y mediano plazos.

Se instruyó a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2017, así como a remitir a la Cámara de Diputados, en un término de 60 días a partir de la aprobación del presente dictamen, la información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.

La Comisión de Vigilancia de la ASF y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública coordinarán una Mesa de Trabajo en la que se atenderán y darán seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, sobre diversas modificaciones legales para incorporar disposiciones que mejoren los procesos de los entes auditados y otras que esta Comisión considera de particular importancia.

Tales como las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la aprobación del Dictamen en materia de Registros Públicos y Catastros; de Asociaciones Público Privadas; General de Contabilidad Gubernamental; de Coordinación Fiscal; General de Desarrollo Social; y la creación, mediante Reforma Constitucional en su artículo número 79, de una Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para asegurar la reforma integral a la función de fiscalización del Estado Mexicano y la lucha contra la corrupción.

Fundamentación

Al fundamentar los dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (Morena), expresó que la fiscalización es un mecanismo esencial de la rendición de cuentas y, como tal, resulta indispensable en el combate a la corrupción analizar el desempeño de los entes públicos, el cumplimiento de sus metas y la gestión financiera durante el ejercicio presupuestal.

Indicó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las dependencias federales tuvieron como marca distintiva de esa administración diversas malas prácticas reiteradas, relacionadas con pagos improcedentes o en exceso, falta de evidencia de la recepción de trabajos, desvío de recursos financieros, humanos y materiales, para fines no previstos en la normatividad aplicable.

También, incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas; sobrecosto de obras, falta de amortización del anticipo otorgado. Inexistencia de documentos que acreditan el servicio, errores en la gestión administrativa del ente auditado. Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. Falta de documentación justificada y comprobatoria del gasto.

Asimismo, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Transferencias inadecuadas de recursos a cuentas bancarias, y recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo del programa.

Santiago Marcos mencionó que específicamente para 2015 la ASF identificó áreas claves con riesgo, que son vulnerables a presentar fallas o problemas o debilidades. Gasto en infraestructura, obra pública, contrataciones públicas, padrones de beneficiarios, sistemas de evaluación del desempeño.

Relató que se realizaron mil 128 auditorías practicadas al rubro de gasto federalizado, con un monto total observado de 65 mil 193 punto millones de pesos. De los cuales 33 mil 449 punto millones de pesos corresponde a observaciones por el subejercicio registrado y 31 mil 744.7 millones de pesos, a observaciones con impacto económico. El monto observado respecto de la muestra auditada es de 9.5 por ciento.

La ASF determinó numerosas revisiones y señaló cuantiosas y recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el incumplimiento de la normatividad y la deficiencia de control interno de los ejecutores de gasto, particularmente en el gasto federalizado que ejercen los estados y municipios. El de infraestructura estatal y municipal, se ejecuta sin contar con una cartera de proyectos de inversión jerarquizados, con base en las necesidades de la población y su rentabilidad social.

La diputada expuso que para el 2017 se determinaron 7 mil 96 observaciones, que dieron lugar a 9 mil 578 acciones, estas se dividen en 2 mil 415 recomendaciones, 2 mil 31 recomendaciones de desempeño y 2 mil 789 promociones de responsabilidad administrativa, mil 932 de observaciones y 204 solicitudes de aclaraciones.

De las recuperaciones derivadas de la fiscalización de la cuenta 2017, 695.2 millones de pesos están aclaradas; 9 mil 583.8 millones de pesos son operadas y por recuperar, a aclarar, suman 80 mil 577 millones de pesos al mes de mayo de 2019.

Subrayó que tanto en el 2015 como en el 2017, un tema muy delicado es la gestión presupuestal realizada por los gobiernos estatales, así es el caso federalizado en donde se concentra el mayor número de observaciones, especialmente en Michoacán, estado de México, Veracruz y Chiapas.

 Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta de la Ley de Ingresos 2020; incrementa en 4 mil 415 millones de pesos los ingresos, por lo que los totales para el 2020 serán de 6 billones 107 millones 732.4 millones de pesos.

Avalado en lo general con 273 votos a favor, 168 en contra y 5 abstenciones, el documento modifica el séptimo transitorio para eliminar que los recursos no utilizados por los estados y municipios se apeguen a los lineamientos que expida la SHCP, sino que se destinarán dependiendo de las disposiciones jurídicas aplicables. También se establece la posibilidad de que el IMSS celebre convenios de pago, en parcialidades, de adeudos con entidades federativas.

En lo particular, se ratificó con 369 votos a favor, 32 en contra y 22 abstenciones, la modificación propuesta por la diputada Teresita de Jesús Vargas (Morena), para reformar el artículo décimo transitorio, relativo a la regularización de los llamados “autos chocolate”. El documento se envió al Senado para sus efectos constitucionales, y se determinó que se turnara al Ejecutivo lo avalado por ambas Cámaras.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), resaltó que en carátula de la Ley de Ingresos aumenta en 4 mil 415 millones de pesos el total, por lo que los ingresos totales estimados para 2020 pasaron de 6 billones 103 mil 314.4 millones de pesos, a 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos.

De igual manera, se elimina la facultad discrecional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir lineamientos en el retorno de los recursos no ejercidos de años anteriores por parte de los estados y los municipios.

El Senado, dijo, también propone la incorporación de un artículo décimo quinto transitorio para otorgar la posibilidad de celebrar convenios de pago en parcialidades por adeudos con el IMSS de las entidades federativas, municipios y organismos descentralizados cuyos pagos serán con cargo al Fondo General de Participaciones de las entidades federativas y de los municipios.

Discusión

El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas (PAN) cuestionó la insistencia de mantener la estimación de un crecimiento del 2 por ciento, poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la “necia perspectiva” de estimar un precio del barril de petróleo a la baja, cuando en los últimos meses el promedio internacional de su precio se ubica por encima de los 57 dólares. “Parece que se subestiman los ingresos del próximo año. Lo que hoy se pretende aprobar no busca impulsar la inversión”.

Por Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, expresó que el Senado no corregió la plana a la Cámara de Diputados ni a la mayoría, simplemente fue un ejercicio republicano. Estos cambios, dijo, tienen que ver con un añadido de 5 mil millones de pesos al rubro de aprovechamientos y se restan 585 millones de pesos a Derechos. “Queremos que redunde en beneficio de las finanzas públicas y respalden el proyecto de transformaciones del gobierno de la República”.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, señaló que el ajuste que hace el Senado, en términos de aumentar la cantidad de millones de pesos, “no tiene un significado lógico, por el contrario, sobreestima más; estamos colocando una incertidumbre mayor a la que ya teníamos con anterioridad. Iremos en contra porque no hubo una mejoría”.

El diputado de Encuentro Social, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, dijo estar a favor de las modificaciones a la Ley de Ingresos 2020, pues la misma tiene grandes retos y metas para asumir los compromisos que requiere el país, a fin de lograr su transformación. “Esta ley es realista, establece las bases para crecer con estabilidad y para protegernos de los efectos que pudiesen generarse derivado de lo que está pasando a nivel mundial”.

Fernando Galindo Favela, diputado del PRI, estimó que “de no cumplirse las metas de recaudación y los requerimientos financieros del gobierno, los mercados, inversionistas y calificadoras nos pueden castigar”.

De Morena, el diputado Heberto Marcelo Aguilar Castillo precisó que el objetivo de la Ley de Ingresos es proteger el patrimonio de muchas familias y generar los ingresos que permitan implantar los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) manifestó que si alguien gana menos de 16 mil 700 pesos al mes, forma parte del 90 por ciento más pobre de la sociedad, y difícilmente tendrá acceso a un crédito automotriz; por ello, la importancia de mantener el transitorio que regule a los autos de procedencia extranjera.

Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada de Morena, mencionó que con la Ley de Ingresos se busca tener finanzas sanas que se reflejen en la economía familiar; “la estabilidad macroeconómica nunca debe estar a costa de la pobreza de las mayorías, como solía hacerse en las administraciones pasadas; por eso, la política económica hoy tiene un enfoque garantista”.

Del PRD, la diputada Claudia Reyes Montiel refirió que la regularización de vehículos de procedencia extranjera e ilegal estancia en el territorio nacional, de acuerdo con especialistas, puede significar la caída de cuando menos el 30 por ciento del mercado formal automotriz en el país.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez (Morena) aseguró que el discurso del Senado para evitar la regularización de autos chocolate, lo tomaron a partir de las recomendaciones de armadoras. “En la última regularización sólo se regularizaron un millón 700 mil vehículos”.

Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado del PAN, estimó que la medida relativa a la regularización de autos es equivocada e insensible, porque acceder a un vehículo nuevo es complicado y no todos tienen acceso al crédito. “Es relevante la regularización para frenar la corrupción de las aduanas”.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) consideró que hay que solucionar la problemática que deriva de usar vehículos de procedencia extranjera y que no han cumplido con lo establecido en la Ley Aduanera. Hay que generar seguridad en el patrimonio de las familias y dar un valor legal de libre tránsito de ese tipo de automóviles.

Reserva

La diputada de Morena, Teresita de Jesús Vargas Mera, presentó una reserva para reformar el artículo décimo quinto transitorio, relativo a la regularización de los autos de procedencia extranjera.

Mencionó que en esa materia, no se ha cumplido con las disposiciones de la Ley Aduanera, e hizo énfasis en que los dueños de esos automóviles los tienen por necesidad y no por querer desafiar a la legalidad.

“Se trata de ser sensibles con las familias que no han tenido las condiciones económicas para adquirir un automóvil nacional y que optan, con sus pocos ahorros y mucho esfuerzo, por comprar un auto chocolate, porque es la opción más económica disponible”, comentó.

Al referirse a la reserva, el diputado del PRI, Juan Francisco Espinoza Eguía, consideró que el objetivo es apoyar a los mexicanos y poner un candado a las extorsiones. “Muchos somos testigos de la queja de los ciudadanos de que en las carreteras los extorsionan para que puedan circular”.

Adriana Lozano Rodríguez, diputada de Encuentro Social, consideró necesario que tanto el Congreso federal, como los locales, realicen adecuaciones legales para solucionar la problemática que desde hace años aqueja a la población, en lo relativo a los autos de procedencia extranjera.

Irma María Terán Villalobos, diputada del PRI, refirió que los vehículos de procedencia extranjera ya circulan en nuestro país, por lo que no sólo se busca regularizarlos, sino generar diversos beneficios como el pago de impuestos en favor de las arcas públicas federales.

El diputado Héctor René Cruz Aparicio (Encuentro Social) dijo que se pretende la regularización de millones de vehículos. “En la actualidad, en la frontera norte, la normatividad no favorece a los ciudadanos poseedores de los vehículos usados localizados en territorio nacional, por lo que esta modificación favorece el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Aduanera”.

Ciudad de México.- La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM), aprobó un dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Se plantean condiciones normativas que coadyuven en la creación de políticas públicas para la protección de bosques y sus ecosistemas en México, con base en una correcta interpretación del marco legal; así como disminuir los pasivos ambientales.

Facultar a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la regulación de actividades productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, producción comercialización y educación técnica forestal, así como las cadenas productivas y redes de valor forestal; y que, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expida autorización derivada de trámites administrativos que acrediten la legal procedencia y transportación de productos forestales.

Establece la obligatoriedad hacia los propietarios de centros de almacenamiento y transportación de materias primas y productos forestales de rendir información sobre los movimientos registrados semestralmente y vigilar, estipular y sancionar la comercialización incorrecta de productos forestales, subsanando su recurrencia, a efecto de reducir el incremento de pasivos ambientales y de la inseguridad por la obtención de recursos fuera del orden económico legal.

El legislador Rubio Montejo refrendó el compromiso de la comisión, más allá de colores partidistas, para caminar hacia los objetivos en materia forestal.

Por su parte, la diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena), proponente de la iniciativa, explicó que se adiciona el artículo 92 Bis para que los propietarios de centros de almacenamiento y transformación de materias primas y productos forestales presenten, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de julio y enero de cada año, un informe sobre movimientos registrados durante el semestre, y que por la omisión de ese informe la Semarnat revocará su autorización de funcionamiento; la misma medida se aplicará a los centros que aporten información falsa.

Manifestó su preocupación por la tala clandestina y destacó la importancia de que se deslinden las responsabilidades de Conafor y Semarnat “para que cada una haga su trabajo”. Añadió que con violencia no se terminará la tala clandestina, hay que ir paso a paso, y no podemos declarar la guerra al narcotráfico. Son comuneros, ejidatarios que se prestan, pero también hay industrias que compran la madera. “Si no compran, podemos mermar la tala clandestina”.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena) dijo que con este dictamen se pone orden para convivir con el desarrollo en equilibrio con el medio ambiente. Señaló que en naciones desarrolladas se ha logrado hacer una empresa del bosque “pero de manera ordenada”.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) habló a favor del dictamen porque desde la pasada legislatura se ha trabajado sobre una nueva ley forestal. No podemos pasar por alto que en México hemos trabajado mucho para que las instituciones no sean juez y parte.

Enseguida, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) indicó que esta reforma dota de más herramientas para combatir la facturación falsa y la clonación de permisos.

De Morena, la diputada Adela Piña Bernal destacó que la tala ilegal de árboles tiene que ver con delincuencia organizada, va desde cortar la madera, al aserradero y su venta, están acabando con los recursos naturales y no se emprenden acciones contundentes, por lo que es necesario tomar medidas.

El diputado Esteban Barajas Barajas, del mismo grupo parlamentario, destacó la importancia de contar con la perspectiva y la visión industrial en este dictamen para hacer las cosas correctamente. Hizo votos por que se acabe con ese problema nacional.

Del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez consideró necesario destinar recursos para servicios ambientales a comuneros y campesinos a quienes se les apoya con mil 500 pesos por hectárea, y han destinado entre 120 y 180 millones de pesos si comprueban que cuidan el bosque.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) lamentó los recortes presupuestales en materia forestal y de protección al medio ambiente, “hay mucho qué abonar en el rescate y protección de bosques y se requiere presupuesto”; lamentó los recortes a la protección del medio ambiente”. Propuso impulsar una reforma integral y estructural en la materia para enfrentar esta situación.

Asimismo, se avaló la opinión de esta comisión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en la que se indica que la disminución presupuestal en el Ramo 16 reduce las posibilidades de ejercer adecuadamente las responsabilidades del Estado mexicano en el logro del derecho al medio ambiente sano. Además, si se considera la pérdida del poder adquisitivo, en pesos corrientes, el presupuesto por este concepto es 34 por ciento del correspondiente a 2015.

Añade que la evolución de los recursos para el ambiente y las dificultades para 2020, ante previsibles dificultades económicas que puedan afectar las finanzas públicas, se anticipa un año más difícil en materia de ejecución de la política ambiental.

El presidente de la instancia señaló que el área de medio ambiente requiere de mucho apoyo. Las modificaciones que se trataron de hacer y se contemplaron, “fueron, quizás no estratosféricas, pero si hacemos un recuento y se aumenta lo solicitado, quedaríamos casi como el presupuesto del año pasado”.

Al hacer uso de la palabra en este tema, el diputado José Ricardo Delsol Estrada (Morena) indicó que el presupuesto del sector ambiental se ha reducido en los últimos cinco años, “no es exclusivo del tema del actual gobierno federal, pero es preocupante lo que está sucediendo en nuestro país”, por lo que llamó a luchar por los recursos.

El diputado Roa Sánchez (PRI) dijo que la propuesta actual equivale al 40 por ciento del presupuesto de 2015 y que, de seguir así, “en tres años más no va a tener presupuesto la Semarnat” y se enfrenta una situación difícil en ciudades y municipios por la contaminación y degradación del ambiente.

De MC, la diputada Ana Priscila González García manifestó su preocupación por el recorte presupuestal del ramo y que no se le apueste a la limpieza de las cuencas del país. Dijo que no se podrá hacer mucho con los recursos presentados, “hay varias situaciones y nos van a tener atados de manos si no se ejerce y se etiqueta un presupuesto para medio ambiente”.

El diputado Diego Eduardo Del Bosque Villarreal (Morena) consideró que el presupuesto actual no puede compararse con los de administraciones pasadas; pidió ir al fondo del asunto de la devastación ambiental provocada por industrias no reglamentadas. Se pronunció por recuperar y arraigar a los campesinos y ganaderos a sus tierras y proteger los ejidos; la solución no es de corto plazo ni es meterle dinero a Semarnat, sino reconstruir el tejido social.

A su vez, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) señaló que no se podrá combatir la contaminación sin recursos. “Se necesita presupuesto y dinero para enfrentar este y otros temas en materia ambiental”. Consideró que no se está apoyando al campo.

La diputada Piña Bernal (Morena) indicó que el dinero invertido en medio ambiente no corresponde al grado de devastación de los recursos naturales, no es congruente; estimó que se requiere presupuesto, pero es fundamental transparentar su ejercicio y darle seguimiento para acabar con la corrupción.

De MC, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez planteó modificar el presupuesto del ramo para mejorarlo. Dijo que la solución de los problemas ambientales no es poner dinero, pero tampoco se puede confundir que donde no se asigna recurso “se curó de corrupción”. Se deben establecer mecanismos para eliminarla.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) afirmó que con este presupuesto no se genera deuda que perjudique al país “como se hacía antes y por lo cual hoy tenemos que distribuir una cobija raquítica”, tampoco se han incrementado impuestos.

Ciudad de México.- Ante el Pleno Cameral rindió protesta de ley Ricardo Barraza Gómez, como Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, luego de que se aprobó su designación con la mayoría calificada de 390 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna dijo: “La Cámara de Diputados, con fundamento con lo que establece los artículos 77 fracción I de la Constitución Política y 38 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General designa como Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados al ciudadano Ricardo Barraza Gómez”.

Al tomarle la protesta de ley a Ricardo Barraza Gómez, Padierna Luna expresó: “Ciudadano, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados que se le ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Bienvenido y mucho éxito en su labor”.

Las y los diputados designados en comisión para acompañar a Ricardo Barraza Gómez en el acto de rendir protesta de ley fueron: Zulma Espinoza Mata (PVEM), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN), Alfredo Porras Domínguez (PT) y Francisco Javier Saldívar Camacho (Encuentro Social).

El acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sometido al Pleno Cameral, sobre la designación de Ricardo Barraza Gómez, como Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, fue firmado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, así como por los ocho coordinadores parlamentarios.

Refiere que la Conferencia aprobó el 20 de junio de 2016, los Lineamientos que establecen la forma de organización y funciones de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros, así como la designación transitoria en los puestos vacantes del personal de confianza.

Asimismo, que para la designación de los directores generales y demás funcionarios en las plazas vacantes y las que se lleguen a generar, será necesario acreditar la especialización en las actividades correspondientes; así como los requisitos académicos, experiencia y conocimientos en relación con el puesto a desempeñar.

Destaca que se valoraron diversas propuestas, teniendo en cuenta lo establecido con anterioridad, así como la trayectoria profesional del ciudadano Ricardo Barraza Gómez, para ocupar la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

El documento de la Conferencia señala que se instruye a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y a las Direcciones Generales que correspondan, la instrumentación del mismo.

Barraza Gómez es egresado de la Universidad Intercontinental (UIC) en la carrera de Ciencias de la Comunicación; cursó estudios de posgrado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ha desempeñado diversos cargos públicos en áreas de comunicación social, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en donde fue coordinador de 2011 a 2016. Y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en el año de su creación, 1999, y posteriormente de 2001 a 2006.

También ha laborado en diarios como El Economista, Reforma, Imagen de Zacatecas y Ovaciones.