Subrayó que la suplantación de identidad está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años, pero el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.

Precisó que en el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas y el incremento de la clonación de tarjetas de crédito.

Consideró que el desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos en medios digitales, lo que ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos y que sean aprovechados y utilizados con fines delictivos.

El país, dijo, no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y no se responsabilizan ni el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF).

En 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF por posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos, y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente, mencionó el diputado.

Monreal Ávila resaltó que las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica del afectado, pues compromete su historia crediticia, prestigio y hasta su identidad social y es molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude del que fue objeto.

El legislador sostuvo que actualmente se vive en una constante zozobra por el delito, ya que nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, “y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal”.

Por ello, propuso adicionar el artículo 287 bis del Código Penal Federal para que se le imponga una pena de dos a seis años de prisión y de 500 a 700 días de salario mínimo a quien se apropie de manera ilícita de datos personales para suplantar la identidad de otra persona, con o sin su consentimiento, con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro.

Además, dijo, se aumentaría en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito.

México, DF.- La diputada Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), se pronunció por reducir la mortalidad materna por enfermedades hipertensivas.

Señaló que está pendiente la respuesta al exhorto hecho al Ejecutivo, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal para que intensifiquen las acciones sobre la prestación de servicios y atención médica integral de esas enfermedades durante el embarazo, el parto y el puerperio o cuarentena.

En conferencia de prensa, Pedraza Aguilera remarcó que debe darse cumplimiento al plan de los Objetivos del Milenio (ONU) suscrito por gobierno mexicano para reducir la mortalidad por esta causa en el 2015.

Mencionó que promueve ante las Comisiones de Salud y Seguridad Social su iniciativa para que los servicios de salud presten atención expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, así como se apoye de manera gratuita las que se encuentran en situación de alta marginación.

En su participación, Jacqueline Tovar Casas, presidenta de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna AC, destacó que en el año 2000 México firmó, junto con 185 países, los ocho objetivos del Milenio. El quinto concierne a la mejora de la salud materna, a fin de reducir a 22 las muertes por cada 100 mil nacimientos.

Expuso que en México cada tres minutos una mujer muere a consecuencia de preclampsia, enfermedad hipertensiva que, además, es la primera causa de cesáreas, junto a otros factores como la eclampsia, las hemorragias y las infecciones obstétricas.

Refirió que el Fondo de Población de las Organización de las Naciones Unidas registra mil 207 muertes maternas al año, 80 por ciento de las cuales son prevenibles; los estados con mayor incidencia son Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Los esfuerzos de la sociedad civil y los organismos públicos no han sido adecuados, en la creación de políticas públicas enfocadas en la prevención y atención disciplinaria de los médicos.

Jacqueline Tovar afirmó que es necesario realizar el tamiz genético prenatal en mujeres embarazadas y que se intensifiquen las medidas preventivas y la atención de enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio, además de promover el Día Nacional de Salud Materna y Perinatal.

Guadalupe Ramírez Rojas, representante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, dio a conocer los resultados sobre el seguimiento del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica.

Dijo que el Convenio fue firmado en mayo de 2009 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud, con el objetivo de brindar de manera expedita, inmediata y gratuita la atención a cualquier mujer que presente una emergencia obstétrica, sin importar su afiliación médica.

Mencionó que estos estudios arrojaron que las mujeres embarazadas no cuentan con información al respecto, al igual que las instituciones.

Por último Héctor Javier Sánchez Pérez, también del Observatorio de Mortalidad Materna en México, sostuvo que los resultados del Trabajo del Grupo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas realizadas por este organismo permiten verificar la calidad de las instituciones médicas.

Sostuvo que a partir de estas evaluaciones se ha recomendado que la Secretaría de Salud impulse el fortalecimiento de las rectorías nacional o estatal orientadas en el proceso de planeación, aplicación y comprobación de los recursos en aéreas administrativas y de atención médica.