Ciudad de México.- Diputadas de Morena presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación y garantizar la interrupción legal del embarazo en todo el país.

La propuesta también contempla castigos a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento, y respetará la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios; sin embargo, las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado para brindar estos procedimientos, expusieron en conferencia de prensa, acompañadas de un grupo de feministas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, expuso que se realizaron 22 foros regionales denominados “Por la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos como un ejercicio de Parlamento Abierto” y las conclusiones se aglutinaron en esta iniciativa de ley la cual será inscrita en el transcurso de este lunes o mañana martes.

Enfatizó que el tema de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tiene que ver con derechos humanos, salud y justicia social.

Quienes más se han visto afectadas son las mujeres en situación de pobreza, así como las niñas y adolescentes, ya que ha habido años y años de omisión por parte del Estado mexicano en temas como el embrazo infantil, agregó.

Aseveró que los legisladores deben resolver problemáticas sociales que se han regateado en anteriores gobiernos, y que “cualquier otra concepción, desde el punto de vista muy personal, se queda en otro plano”.

La diputada Sandra Paola González Castañeda detalló que en la iniciativa que presentan se reforman los artículos 329, 330, 331, 332, y se derogan los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal.

Con la modificación al artículo 329 se cambia que la definición de “aborto” sea “la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación”, en vez de “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Los cambios a los artículos 330 y 331 se contemplan penas de tres a ocho años de prisión a quienes hicieran abortar a una mujer sin su consentimiento, dependiendo las condiciones.

En cuanto a la Ley General de Salud se adiciona la fracción 5 Bis del artículo 3, así como un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, la adición al capítulo 6 Bis y el artículo 71 Bis.

La adición al artículo 3 contemplaría la interrupción legal del embarazo. Mientras que el artículo 71 Bis, señala que la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo.

En el artículo 10 Bis, establecería que el personal médico y de enfermería podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley.

No obstante, las instituciones públicas deberán contar en todo momento, con personal no objetor de conciencia para garantizar los procedimientos médicos.

En los transitorios se derogarían todas las disposiciones que se opongan a tal decreto y se exhortaría a los Congresos locales para armonizar sus legislaciones penales al contenido del presente decreto.

La legisladora González Castañeda aseveró que la interrupción legal del embarazo es un tema de salvaguarda y enaltece la protección de los derechos humanos consagrados en el derecho a la salud.

“Cuando no se atiende la interrupción del embarazo se están violentando los derechos humanos de las mujeres”, así como también lo sustentado en los tratados internacionales y convenciones en las que México ha participado, abundó.

A la conferencia asistieron las diputadas federales Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, Beatriz Rojas Martínez, la legisladora local de Chiapas, Adriana Bustamante Castellanos, todas de Morena.

Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, exhortó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a garantizar la seguridad pública y el Estado de derecho durante la marcha del próximo miércoles 2 de octubre.

Asimismo, acompañado de la diputada Fabiola Loya Hernández (MC), exhortó a los participantes de la manifestación a no permitir la entrada de provocadores para que se realice de manera pacífica.

“Nosotros haríamos un doble exhorto. A la jefa de gobierno a que cumpla con sus atribuciones constitucionales para que garantice la seguridad pública, el Estado de derecho, en la capital”, indicó en rueda de prensa.

“En segundo lugar, un exhorto a los mismos manifestantes, para que denuncien, no dejen entrar a provocadores y se mantenga una manifestación pacífica como es la característica del pueblo mexicano”, abundó.

El líder parlamentario abordó el tema, a pregunta expresa de la prensa sobre las últimas manifestaciones en la capital, donde grupos de personas encapuchadas han causado destrozos en negocios e inmobiliario público, y cuya reacción de las autoridades ha sido prácticamente nula.

“Nadie le está pidiendo que en el cumplimiento de esa responsabilidad se acepten provocaciones que generen un conflicto mayor. La seguridad no sólo se pide para que no haya desmanes, sino para garantizar la protección de los participantes, establecimientos, empleados, y para enfrentar cualquier situación irregular que pueda haber”, apuntó Bravo Padilla.

Sostuvo que nadie en la marcha del 2 de octubre “desea que haya violencia”, y se pronunció por que todos los participantes se manifiesten “en el tono de la libertad de expresión que debe caracterizar a todo el país democrático”.

Finalmente, sobre la propuesta de que la misma gente se organice para impedir la entrada de gente provocadora, Bravo Padilla consideró que todo lo que contribuya a mantener la paz en las manifestaciones es positivo, “a mí no me parece mal”.

No obstante, subrayó que esa iniciativa de la gente no exime a las autoridades capitalinas de su obligación de velar por la seguridad durante las marchas.