Ciudad de México.-El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el segundo informe parcial sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

El documento está conformado por 668 informes individuales, correspondientes a 431 auditorías de cumplimiento financiero, 66 de desempeño y 171 que involucran ambos enfoques, que representan más de la mitad de las auditorías que se realizarán este año sobre esta Cuenta Pública. El resto se presentará en febrero de 2020.

El informe fue recibido por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), en reunión de trabajo de esta instancia legislativa.

Colmenares Páramo subrayó que se emitieron 988 observaciones, mil 957 recomendaciones, 42 solicitudes de aclaración, 81 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 933 de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Respecto a denuncias penales, indicó que éstas serán presentadas, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto.

“Con esta entrega, la ASF comienza el proceso de notificación de acciones y por ende de aclaración de observaciones emitidas para posteriormente, en su caso, integrar los expedientes, elaborar los dictámenes técnicos y cuando proceda formular las denuncias”, precisó.

El auditor apuntó que se ha revisado el impacto presupuestal y social del uso de los recursos y dentro de las instituciones y rubros fiscalizados destacan, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias, que no mejoraron situación financiera, al presentar una rentabilidad a la baja.

Apuntó que en los proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), se observaron mil 599 millones de pesos de los mil 822 ejercidos y en el Tren Interurbano México-Toluca, el monto observado asciende a 273.2 millones de pesos.

Resaltó que en el tema del ciclo presupuestario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no logró que los recursos se aplicaran cumpliendo con los principios constitucionales de eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos. Persistió una deficiente implementación en las etapas.

También se realizaron auditorías al Sistema de Pensiones y Jubilados, Fondo Nacional de Infraestructura, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los 32 congresos locales, entre otros.

El funcionario consideró necesario contar con un andamiaje jurídico adecuado y eficaz para hacer frente a fenómenos tan complejos como la corrupción, cuyas manifestaciones cambian en cuanto a su sofisticación y alcance de manera continua, por ello, “estamos desarrollando competencias instrumentos de prevención, detección y seguimiento”.

“Se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que den a la ASF atribuciones para realizar auditorías en tiempo real, con lo cual se lograría agilizar procesos e incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a las acciones legales”, finalizó.

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó a la Cámara de Diputados que Ovidio Guzmán López –hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera– no cuenta con orden de aprehensión alguna en México.

“Esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión”, dijo durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

El funcionario señaló que sólo hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, “lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

Apuntó que dicha orden de detención con fines de extradición la conoció con toda oportunidad el grupo responsable del operativo del pasado 17 de octubre, “y es prácticamente un proceso de rutina”.

Comentó que el gabinete de Seguridad recibió la indicación del presidente de la República de colaborar en esos procesos de extradición en la medida que fueran procedentes.

Asimismo, subrayó que el gobierno federal es honesto, transparente y socialmente comprometido “y está muy lejos de las políticas de establecer una negociación con el crimen organizado”.

Durazo Montaño también destacó que es imprescindible combatir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, al tiempo que señaló que “se ha creado un grupo de alto nivel para trabajar en un programa conjunto que ya se tiene definido con el gobierno norteamericano”.

Con ese programa, cada país asume su responsabilidad para sellar las fronteras y garantizar el congelamiento del tráfico de armas, explicó.

“Las armas que ustedes vieron en Culiacán, son armas que entraron, obviamente, de contrabando al país. Y algunas de ellas tienen la característica de que fueron fabricadas para uso exclusivo del Ejército norteamericano”, expuso.

“Por ello, la capacidad de fuego del crimen organizado, que con frecuencia es superior al de las fuerzas responsables de combatirlo. Las fuerzas de seguridad pública están sujetas a limitaciones en los calibres que pueden usar en las zonas urbanas”, abundó.

Señaló que la estrategia de seguridad tiene un componente de coordinación y colaboración internacional “porque, lamentablemente, la dimensión del crimen organizado de nuestro país tiene un carácter trasnacional. Tiene ramificaciones muy fuertes en otros países que nos obligan a la coordinación y a la colaboración, sin afectar en lo más mínimo el respeto por nuestra soberanía”.

Por último, consideró que el Estado mexicano no está debilitado ni fallido, “tiene la capacidad para enfrentar eficazmente al crimen organizado a condición de que avancemos conjuntamente en una serie de variables. No solo el gobierno federal y no solo la fuerza pública, son muchas variables y somos muchos los corresponsables”.