Informó que el Consejo Consultivo para la Actualización del
Orden Jurídico Estatal ha incluido en su Comité de Consulta en Derechos y
Humanos y Desarrollo Social, una propuestas de revisión legislativa para la
regulación de los derechos de los adultos mayores.
Dijo que Yucatán ocupa el octavo lugar de todo el país con
mayor población de adultos mayores, hay 195,290 personas mayores de 60 años -e
incluso hay 200 centenarios- lo que representa un 9.7% de la población total,
grupo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.
En el marco de la conmemoración en México del Día del Adulto
Mayor, subrayó que como sociedad aún estamos lejos de alcanzar una cultura de
respeto a los adultos mayores.
Precisó que se carece de una cultura del envejecimiento,
pues no hay cifras respecto de la discriminación, marginación y violencia
contra los adultos mayores, además uno de los temas que más afecta a este grupo
poblacional es el económico.
“Las personas adultas mayores son el segmento más propenso a
trabajar en el sector informal, sin posibilidad de jubilación y a cambio de un
salario exiguo; pues basta abrir cualquier periódico y revisar en la sección de
empleos para notar que, casi sin excepción, dentro de los requisitos que se
establecen para obtener alguno de los trabajos formales que se ofrecen está el
de una edad no digamos inferior a los sesenta, sino mayormente a los cuarenta
años”, indicó.
Dijo que cuando la
incorporación laboral de los adultos mayores se realiza, se carece de control
y, comúnmente se consigue para puestos de baja remuneración, muchas veces sin
las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como salario, vacaciones,
aguinaldo o seguridad social, como en el caso de los supermercados que ocupan a
personas de edad para ayudar a sus clientes en el empaque y traslado de
mercancías, haciéndolos depender sólo de las propinas.
Expuso que gran parte de este sector de la población
enfrenta maltrato de sus familiares, cuatro de cada cinco carecen de pensión
que les permita vivir con tranquilidad la vejez y apenas 15 por ciento cuentan
con seguridad social.
“Ello provoca que la mayoría de los adultos mayores
tenga que trabajar hasta muy avanzada
edad o hasta el final de sus días, casi siempre manteniendo a otras personas
con su esfuerzo”, dijo,
Recordó que basados en los resultados de la Primera Encuesta
Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), en colaboración con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), las y los adultos mayores son
considerados actualmente como uno de los grupos más desprotegidos.
“No es raro enterarse
de que la personas adultas mayores son despojadas de su patrimonio, incluso,
por sus parientes más cercanos y muchas de ellas se ven confinadas a
instituciones de asistencia o al ámbito doméstico con altas probabilidades de
sufrir violencia familiar; su capacidad de decisión y autonomía es
frecuentemente anulada o reducida al mínimo y tienen escasa o ninguna
posibilidad de contar con espacios de participación, convivencia, integración y
vida digna”, expresó.
Enfatizó que el envejecimiento no necesariamente va asociado
o tiene que ir asociado con la pobreza.
Reconoció que las
autoridades han hecho esfuerzos para la atención de este grupo en alta
vulnerabilidad, pero el apoyo es insuficiente frente a los múltiples retos que
conllevan su atención y los requerimientos específicos en esta etapa de la vida
ante enfermedades crónicas degenerativas y mentales, discapacidades, rechazo y
abandono.
“El desplazamiento de
los adultos mayores en el sistema productivo, las condiciones propias de la
edad, los hace susceptibles de ser relegados y poco considerados, es por ello que es importante promover el respeto a
los derechos de los adultos mayores, bajo
una percepción sensible a sus condiciones de vida y posibilidades de participación
en la sociedad con dignidad,
reconocimiento y aprecio”, indicó.
Aseguró que es
necesario fortalecer los derechos de las y los adultos mayores, pues esas
garantías no son visibles y se encuentran fragmentadas en normativa estatal local
y en las políticas públicas del Estado.
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