Mérida, Yucatán.- En la evaluación que realizó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) al programa de implementación del nuevo Sistema
de Justicia Penal en las 31 entidades y el Distrito Federal, Yucatán fue el único estado que no presentó
irregularidades en los ejercicios presupuestales de 2012 para aplicar dicha
reforma en su territorio.
Según la auditoría forense realizada por la ASF al proceso
de implementación de la reforma en todo el país, cuyo informe general fue dado
a conocer el pasado 20 de febrero, el estado ha utilizado los recursos que se
le han asignado de conformidad con el avance del proceso en su territorio, que
al momento del estudio en 2012 se hallaba en el nivel IV-A o de Operación
Parcial.
Ese resultado va de la mano con el diagnóstico elaborado en
2013 por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, perteneciente a la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), que arrojó una buena calificación para Yucatán con
respecto al avance en la aplicación de la reforma.
En ese estudio comparativo que llevó a cabo la Secretaría
Técnica en toda la República, se evidenció que la entidad ocupa el tercer lugar
en el ranking de avance del proceso, con 6.8 puntos frente a una media nacional
de 4.5, lo que se consideró como una buena calificación.
El análisis hizo hincapié en que los resultados en el avance
del Sistema hasta ahora son positivos, tanto en el grado como en la forma de
impulsar ejes como la normatividad y la planeación, que son los más
desarrollados en Yucatán.
Esos logros también se ven reflejados en la Encuesta
Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México (ENSIJUP) 2012, que
señala que la ciudadanía de Yucatán es de las que tiene niveles más altos en
cuanto a opinión, familiaridad y confianza en el Sistema de Justicia Penal.
Incluso señala que la población percibe que la situación de la justicia penal
en el estado está ahora mejor que hace una década.
Esa Encuesta también elaborada por la Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
indica que el estado presenta un mayor nivel de confianza que otras entidades
federales hacia la Procuraduría de Justicia y la Policía locales.
Otro dato importante que arroja es que dos de cada tres
ciudadanos en Yucatán perciben que los derechos de las víctimas de un delito
son más importantes que los de los acusados, y es uno de los estados en los que
hay más ciudadanos que consideran que las autoridades respetan los derechos de
estos últimos, en comparación con quienes dicen que hay respeto por las
víctimas.
Para el ciudadano común del país es poco conocido que desde
hace varios años se está instrumentando la reforma de justicia, a pesar de ello,
en Yucatán se sabe de este cambio en un nivel superior al del promedio
nacional, ubicándose en el lugar siete de 32 a este respecto.
Otro dato relevante del análisis mencionado es el que
especifica que cuatro de cada 10 yucatecos asumen que en su estado la reforma
ya está operando, ocupando el lugar cinco de 32 en este rubro.
El Sistema comenzó a aplicarse paulatinamente en las zonas
de Umán y Valladolid, hasta abarcar las regiones de Kanasín y Tekax en 2013,
por lo que sólo falta que comience a operar en la región de Mérida.
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