Por Alejandro Encinas*
La información presentada hasta ahora por el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, acerca del avance en la
investigación de los hechos perpetrados contra estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, plantean diversas interrogantes.
¿Cuál fue el móvil y los objetivos que este grupo criminal
persiguió para asesinar a seis inocentes y secuestrar a los 43 jóvenes hasta
hoy desaparecidos?
¿Quiénes integran la red de corrupción y complicidades que
permitió el desarrollo y la operación impune de estos grupos delictivos?
¿Quiénes son las autoridades federales o locales que incurrieron en acciones u
omisiones que permitieron estos hechos?
¿Cuántas personas participaron para someter, trasladar e
incinerar a decenas de personas, para después arrojar sus restos a una barranca
inescrutable en el río San Juan?
¿Por qué no se detectó lo que, en su caso, constituyó una
tea humana que ardió durante horas, cuando ya se había puesto en marcha el
operativo para encontrar a los jóvenes desaparecidos?
¿Cuánto combustible se utilizó? ¿De dónde se abasteció la
cantidad suficiente para realizar una incineración a cielo abierto, que debió
mantener una temperatura superior a los mil grados centígrados? ¿Cómo se
contuvo la extensión del incendio en un basurero donde existe gran cantidad de
residuos inflamables y una alta concentración de gases?
¿Por qué se mantienen en funciones los presidentes
municipales y los ayuntamientos de los municipios dónde se han acreditado sus
vínculos con la delincuencia organizada?
¿Cuál es el resultado del cotejo de los análisis realizados
por peritos argentinos, de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en
Iguala, con los resultados obtenidos por la PGR?
¿Cuál es el avance en la investigación sobre la penetración
de grupos delictivos en los partidos involucrados en el gobierno de los
municipios intervenidos? En particular, de la investigación que demandé como
integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la
Unión, sobre la inserción de este grupo delictivo en la estructura del PRD y el
eventual financiamiento a alguna campaña o dirigente partidario, así como de
las omisiones y complicidades en que pudieran haber incurrido autoridades
emergidas bajo las siglas del PRD e incluso dirigentes partidarios.
Sé que esto causa malestar e inquietud a algunos dirigentes
del PRD, quienes se niegan a admitir que el partido enfrenta la peor de sus
crisis y el enojo de la sociedad, y su desenlace definirá su viabilidad. Por lo
que lejos de eludir su responsabilidad, la dirigencia perredista debe adoptar
decisiones de fondo y contribuir a que la investigación permita conocer la
verdad y castigar los delitos cometidos, sean quienes sean los responsables.
Por ello pregunto a los dirigentes del PRD: ¿Por qué no han
exigido la renuncia y el deslinde de responsabilidades de los 8 ediles a
quienes la PGR señala de estar involucrados con el crimen organizado en
Guerrero? ¿Por qué no informa de las relaciones y mecanismos mediante los
cuales éstos accedieron a sus candidaturas? y, ¿por qué no actuó con firmeza
ante las denuncias sobre el asesinato de cuatro militantes perredistas a manos
del ex presidente municipal de Iguala?
La sociedad mexicana está indignada y llegando al límite.
Estos actos de barbarie deben ser esclarecidos y castigados. Tampoco podemos
permitir que los actos de provocación que se han presentado en las últimas
semanas, distraigan la atención sobre la exigencia de presentar con vida a los
estudiantes desaparecidos ni que éstos actos alienten campañas de rumor y miedo
para justificar la represión. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad
ante este crimen.
*Senador y ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días": Gabriel García Márquez
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