Por Beatriz Pagés*
La cadena de protestas y actos vandálicos —perfectamente
bien orquestados— replicados en varias partes del país demuestra que la
desaparición y probable exterminio de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa
forma parte de una trampa estratégicamente puesta a México.
En esa trampa participan varios: el crimen organizado,
grupos guerrilleros, agrupaciones sindicales como la Coordinadora de Maestros
de Guerrero, mercenarios anarquistas como los que intentaron incendiar la
puerta de Palacio Nacional, y partidos políticos —tipo Morena— que apuestan a
ganar con la desestabilización.
Basta mirar la firma de Andrés Manuel López Obrador en la
puerta incendiada de Palacio —“Lárgate Peña…”— para entender sobradamente lo
que está detrás de Ayotzinapa.
Todos estos activistas y propagandistas del terror tienen el
mismo modus operandi: utilizan un discurso provocador, engañador y fraudulento
para confundir y hacerle creer a la sociedad que la desaparición y posible
asesinato de los 43 jóvenes normalistas es un crimen de Estado, como si el
gobierno mexicano hubiera dado la orden de exterminarlos.
Anarcos y medios de información están dedicados a repetir
arengas como “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, para crear la
percepción de que las autoridades federales son las responsables directas de un
crimen de lesa humanidad, cuando la verdadera autoría material e intelectual es
de los cárteles de la droga y de funcionarios locales, claramente
identificados, coludidos con ellos.
En este momento en el que está en juego el futuro de México,
se tiene que llamar las cosas por su nombre, para que la sociedad deje de
confundir a los profesionales de la desestabilización y a la delincuencia, con
supuestos defensores de los derechos humanos.
Llama poderosamente la atención que quienes dicen defender a
las víctimas se hayan olvidado de los verdaderos culpables —especialmente del
exalcalde de Iguala y del crimen organizado— y lleguen a la capital del país
tratando de que sus actos vandálicos aparezcan en las pantallas de televisión
para crear el efecto de que el país se está quemando.
¿Todos esos jóvenes embozados que hoy delinquen, escudados
en el anonimato, saldrían a destruir lo que encuentran a su paso si no tuvieran
enfrente una cámara de televisión? Es una simple pregunta para decir que el
plan desestabilizador fue pensado a sabiendas de que contaría con la ayuda
voluntaria o involuntaria de los medios de comunicación, con la finalidad de
hacer de cada acto vandálico un espectáculo y generar miedo entre la población.
Otra parte de la estrategia consiste en ultrajar a los
funcionarios que encabezan las principales instituciones. El viernes 7 de
noviembre fueron utilizadas las redes sociales para tratar de denigrar —y yo
diría de aniquilar— al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam.
En lugar de que los medios de información y usuarios de
redes condenaran a quienes de manera bestial y salvaje pudieron haber asesinado
a los jóvenes normalistas, se dedicaron a condenar a un procurador cuyo único
pecado fue expresarse como cualquier ser humano al decir que “está cansado”.
Y en medio de todo este engranaje de perversidad, no podemos
dejar fuera a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, cuya misión
hoy ya no es la democratización de ese centro de estudios, sino dar largas a la
resolución del conflicto para contribuir a la ingobernabilidad.
Conforme transcurren los días se le ven con más claridad las
orejas al diablo. Hay quienes están operando a todas luces en contra de los
intereses de México, y los jóvenes —sean los de Ayotzinapa o sean los del
Politécnico— han sido escogidos para crear condiciones adversas a la inversión
y al desarrollo de la nación.
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos,
pronunció en Jalisco un discurso donde dejó ver los hilos que se mueven en la
penumbra. Dijo: “El rumor, la intriga y la deslealtad corroen los cimientos,
mancillan las convicciones y debilitan el potencial que tiene el país”.
Los delincuentes se han salido, hasta ahora, con la suya.
Han logrado impedir que las autoridades apliquen la ley, que sus actos
vandálicos queden impunes y se multiplique la violencia por todo el país.
La condena nacional e internacional por la desaparición y
posible exterminio de los 43 normalistas ha servido a los desestabilizadores
para paralizar el gobierno mexicano, acusado por los mismos criminales de ser
el principal violador de los derechos humanos.
Le han puesto al país una trampa.
Es imperioso que los delincuentes dejen de seguir ganando
espacio en las calles, pero sobre todo en la opinión pública.
La recuperación de la gobernabilidad debe empezar en el
terreno de las ideas y de la conciencia nacional.
*Secretaria de Cultura del CEN del PRI.
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