Capacitan a más de 160 mil personas en Derechos Humanos

Mérida, Yucatán.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó en su Informe de Actividades, que comprende el periodo del primero de julio de 2013 al 31 diciembre de 2014, un total de 38 Recomendaciones emitidas a 26 diferentes autoridades, así como 586 quejas; 344 conciliaciones y 24 denuncias ante el Ministerio Público en contra de funcionarios.

Ante el Pleno del Congreso del Estado, el presidente de la CODHEY, Dr. Jorge Victoria Maldonado informó que del 01 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2014, se recibieron un total de 6 mil 48 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 11 asuntos por día.

En el periodo que se informa, se presentaron 586 quejas, de las cuales se desprende un total de 1,746 hechos violatorios de Derechos Humanos, es preciso mencionar que una queja puede comprender más de un hecho.

En las oficinas de Mérida, se presentaron 477 quejas; en Tekax, 80 y en Valladolid 29.

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos de la ciudadanía, se iniciaron 31 quejas de oficio.

Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: detención arbitraria, 345;  prestación indebida del servicio público, 294; lesiones, 264; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 108; allanamiento de morada, 105; violación a los derechos de los niños, 71; amenazas, 68; robo, 57; retención ilegal, 56; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 52; ejercicio indebido de la función pública, 43; incomunicación, 25; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, 23; violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, 22.

Los quejosos señalaron 666 veces a diversas autoridades como responsables de mil 991 hechos violatorios, cabe mencionar que en una queja puede haber más de una autoridad involucrada.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 207; la Fiscalía General Justicia del Estado, 99; Secretaría de Educación, 44;  Ayuntamiento de Progreso, 26; Ayuntamiento de Tekax, 22; Ayuntamiento de Kanasín, 18; Servicios de Salud de Yucatán, 16; Ayuntamiento de Valladolid, 15; Ayuntamiento de Hunucmá, 13; así como el Ayuntamiento de Umán, con 13.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de la CODHEY, se realizaron 344 audiencias de conciliación, con 50 autoridades, todas ellas cuando no se referían a asuntos graves como lesiones o situaciones que pongan en riesgo la integridad del ciudadano. De esta manera, se lograron concluir 310 expedientes, es decir, el 90 por ciento de los casos.

Las instituciones que tuvieron las cifras más altas de conciliaciones son: Secretaría de Seguridad Pública, con 94; y Fiscalía General del Estado con 61; Secretaría de Educación, 33; Ayuntamiento de Progreso, 16; y Ayuntamiento de Hunucmá, 10; entre otros.

Dentro de los procedimientos de quejas se dictaron en el periodo que se informa 90 medidas precautorias y cautelares a un total de  21 autoridades, de las cuales  44 fueron aceptadas, es decir, casi el 50 por ciento.

La mayoría de esas medidas, que tienden a proteger de manera inmediata la integridad de las personas, fueron giradas a la Secretaría de Educación del Estado, de las 29 aceptó 13; a la SSP se le dictaron 15, de las cuales 5 fueron aceptadas; a los Servicios de Salud 10, de las cuales aceptó, 4; la Fiscalía General del Estado de 9 aceptó 7; el Centro de Reinserción del Estado recibió 5 y aceptó 2; el Ayuntamiento de Progreso recibió 3 y aceptó 2; el Ayuntamiento de Kanasín recibió 2, las cuales no aceptó.

 El Ayuntamiento de Oxkutzcab recibió y aceptó 2 medidas cautelares; la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, de 2 aceptó una; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de dos aceptó una; entre otros.

Los que recibieron una medida y la aceptaron fueron los Ayuntamientos de Hunucmá, Kinchil, Seyé, Ucú así como el Centro de Reinserción Social del Sur, Hospital O’Horán y Policía Municipal de Mérida.

A los que se les emitió una medida y no la aceptaron fueron los ayuntamientos de Huhí, Umán, así como el Instituto de Defensa Pública del Estado y la Procuraduría General de la República, delegación Yucatán.

Se interpuso ante el Ministerio Público un total de 24 denuncias penales contra funcionarios públicos, las cuales se desprenden de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones ante la presunción de la comisión de algún ilícito.

Durante el periodo que se informa, se realizaron un total de  14 mil 796 diligencias con los quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables a efecto de notificar oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

Se llevaron a cabo 180 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades como SSP, Fiscalía General de Justicia del Estado, Procuraduría General de la República, así como en las policías municipales de Progreso, Mérida, Oxkutzcab, Motul y Tzucacab.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió, en el turno nocturno –de ocho de la noche a 7:59 de la mañana-, un total de  243 llamadas telefónicas de los ciudadanos que, durante ese horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.

Asimismo, se emitieron 38 recomendaciones a 26 autoridades señalando 159 sanciones a servidores públicos.

Las recomendaciones fueron dirigidas a: la Secretaría de Seguridad Pública 14; Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 2; así como para los Cabildos y Presidentes municipales de Tixméhuac, Motul, Tahdziú, Telchac Puerto, Tunkás, Chemax, Chocholá, Halachó, Izamal, Kanasín, Kaua, Mérida, Motul, Muna, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tzucacab, Valladolid, Yaxkukul, Kinchil, Hunucmá y Conkal.

Durante este período se realizó, como cada año, visitas físicas de supervisión a las cárceles de los 106 municipios del estado, encontrando que más del 60 por ciento de ellas no cumplen con los estándares mínimos de garantía de los derechos de las personas detenidas.

Ticul, Chemax, Acanceh, Teya, Sacalum, Temozón, Tahdziú, Yobaín, Tixméhuac y Dzán fueron los diez municipios donde se observaron las peores condiciones en cárceles municipales.

De 2008 a la fecha se han registrado 24 fallecimientos en cárceles municipales, cifra que año con año, sigue creciendo.

Respecto al tema de la supervisión a los Centros de readaptación social en el estado, tarea que se desarrolla de manera conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la revisión 2013 el Cereso de Mérida obtuvo una calificación 6.18 y los centros de Tekax y Ebtún calificaciones de 5.96 y 5.28 respectivamente.

Si bien dos de dichas calificaciones están por encima de la media nacional que en 2013 fue de 5.69,  se percibe que las condiciones del Cereso de Mérida contrastan cada vez más con las que existen en los otros dos centros.