Mérida, Yucatán.- “Hoy debemos dar el siguiente paso en la
preparación de un marco legal actualizado y acorde, que garantice el buen
funcionamiento de la Zona Económica Especial de Yucatán”, expresó Antonio Homá
Serrano (PRI).
Lo anterior, referente al dictamen aprobado por unanimidad
por la LXI Legislatura para otorgar el consentimiento para que los bienes
inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación que formen
parte de la Zona Económica Especial de Progreso, queden exclusivamente bajo la
jurisdicción de los Poderes federales.
En la sesión ordinaria de este jueves, los 25 diputados
también aprobaron por unanimidad que el magistrado Mateo Salazar Azcorra, tenga
derecho a su haber de retiro garantizado conforme a lo que establece la ley,
cumpliendo un mandato judicial detallado en el oficio del juzgado quinto de
distrito en el Estado sobre el juicio de amparo 340/2016, en el cual solicita
al Poder Legislativo precise con toda certeza legal este asunto.
Continuando con el tema de la Zona Económica Especial, Homá
Serrano destacó que será un nicho para la innovación, enfocada a la manufactura
avanzada, las tecnologías de la información y la comunicación, así como
servicios de alto valor.
“La infraestructura en conectividad que tenemos, como lo es
el ferrocarril rehabilitado que une Coatzacoalcos con Yucatán, la inversión
carretara de los últimos años, la modernización de los aeropuertos y del Puerto
de Altura en Progreso, son evidencia del éxito producto del trabajo conjunto
entre los distintos niveles de gobierno y los tres Poderes del Estado”,
enfatizó.
En asuntos generales y con motivo del Día Internacional de
las Lenguas Maternas, Jesús Quintal Ic (PRI) resaltó que la LXI Legislatura ha
procurado el reconocimiento de la Lengua Maya, además de garantizarles el
acceso a la justicia en igualdad de condiciones, como fue la aplicación de las
propias formas de solución de conflictos internos, que realiza dicha comunidad,
siempre que no contravenga leyes federales o estatales.
Agregó también que como legisladores, han fortalecido la
cultura y las comunidades mayas del estado mediante el establecimiento de
políticas públicas para promover sus derechos y legitimar sus aspiraciones en
el desarrollo económico, político, social y cultural.
“Veamos el valor social del uso de la lengua, vista como un
elemento esencial que construye identidad y constituye patrimonio, ambos en el
ámbito cultural, razones por la cual debemos reconocerla, revitalizarla,
protegerla, promoverla, pero sobre todo, usarla”, finalizó.
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