Mérida, Yucatán.- El Gobierno y los ayuntamientos deberán
cumplir requisitos, plazos, justificar objetivos y ser parte de un registro
estatal de Deuda Pública al aprobar diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza y
PVEM la nueva Ley en la materia.
Además, por unanimidad, la LXI Legislatura avaló trasladar a
la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad de cobro por la
autorización, registro y revalidación a las empresas de Seguridad Privada.
Anteriormente se hacía en la Fiscalía General del Estado.
La sesión ordinaria de este martes inició con un minuto de
silencio por el reciente fallecimiento de quien fuera diputado del PAN y
presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura, Benito Rosel Isaac, a
petición de Beatriz Zavala Peniche (PAN), quien informó de su pérdida la mañana
de este día.
Durante la misma jornada, Rosario Díaz Góngora (PRI) anunció
que presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de diputada por el X
distrito, por motivos personales y profesionales, agradeciendo el apoyo de
todos los legisladores con los que trabajó en la toma de decisiones, quienes a
su vez demostraron el reconocimiento a su trabajo.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia
Rivas Rodríguez reconoció el trabajo y entrega de Rosario Díaz por lo que dijo:
“sentimos emociones encontradas, una tristeza válida porque no estará con
nosotros como una gran amiga y compañera, pero también alegría porque sabemos
que esta decisión será para bien”.
Al discutir sobre la expedición de la nueva Ley de la Deuda
Pública, la propia Díaz Góngora detalló que se busca lograr un manejo
sustentable de la Hacienda Pública local, para la contratación y registro de
deuda pública y otro tipo de obligaciones, pero sobretodo, establece una
homologación con los principios generales de la Ley de Disciplina Financiera de
las entidades federativas y los municipios, así como con la reforma
Constitucional.
“Se dispone que para la autorización y contratación de
financiamientos u obligaciones deberán ajustarse a los términos, plazos, restricciones
y condiciones, tal y como lo estipula las normas mencionadas, además de que
regula que el Estado y los municipios podrán acceder a la garantía del Gobierno
Federal referente a las obligaciones constitutivas de deuda pública”, recalcó.
Con su voto en contra, Jazmín Villanueva Moo (Morena)
declaró que no fueron consideradas sus propuestas para que la iniciativa fuera
analizada con mayor profundidad por especialistas en el tema, así como ciertas
modificaciones que pretendían que en Yucatán se contengan los niveles de
endeudamiento público.
En asuntos generales y en presencia de miembros de la
Federación Agronómica de Yucatán, Elizabeth Gamboa Solís (PRI), hizo un
reconocimiento a las personas que trabajan por el continuo desarrollo del
campo, una de las actividades más exigentes, que exige brindar soluciones a
problemas legales, sociales, políticos, entre otros.
“En el marco del aniversario del Día del Agrónomo en el país
y que se conmemora cada 22 de febrero, reconocemos el desarrollo profesional y
humano de sus agremiados para fortalecer los lazos de los hombres del campo
yucateco, para ser agentes de cambio y por realizar esta digna labor”, resaltó.
En el mismo sentido, Manuel Argáez Cepeda (PAN) señaló que
esta fecha esta marcada en el calendario para honrar a mujeres y hombres que
dedican su tiempo en las tareas del campo mexicano, al tiempo que dignifica las
acciones agrónomas que buscan mejorar los niveles de vida de los campesinos.
“No hay labor más noble y productiva que el campo, la
especialización de los agrónomos siempre es un avance para mirar un futuro más
próspero, que ha contribuido con la riqueza de la tierra, abonando a las
costumbres de nuestro pueblo”, manifestó.
Por último, Marbellino Burgos presentó una iniciativa para
modificar la Ley de Educación del Estado, con el fin de regular al Instituto
para el Desarrollo Profesional Docente como un organismo público
descentralizado, con autonomía jurídica y patrimonio propio.
En la plenaria de este día, también se turnó a la comisión
de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia el Informe de Resultados de
la Revisión de la Cuenta Pública 2016 de las Entidades Fiscalizadas, que fue
enviado mediante un oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado, Mario
Can Marín.
También se dieron a conocer documentos de las Legislaturas
de los estados de Campeche y Tamaulipas y para finalizar, se aprobó realizar la
siguiente sesión ordinaria el próximo viernes 9 de marzo del año en curso a las
11 de la mañana.
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