- Hay actores en estas contiendas que apuestan a la simulación o al ocultamiento de operaciones, pero el INE ejercerá a cabalidad sus atribuciones fiscalizadoras: Lorenzo Córdova Vianello
- Reportan candidaturas federales ingresos por mil millones de pesos y gastos por 982 millones de pesos
Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) resolvió por unanimidad tres procedimientos de queja en materia
de fiscalización durante la etapa de apoyo ciudadano, en contra del candidato
independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, ya que acreditó financiamiento irregular, triangulación de recursos y
participación de servidores públicos.
La autoridad electoral le impuso tres multas que ascienden a
un total de 739 mil pesos, al comprobar un financiamiento irregular por 12
millones 800 mil 329 pesos y acordó dar vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE; a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por la probable
comisión de un ilícito; al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así
como a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro
Murayama, explicó que el aspirante Rodríguez Calderón obtuvo el financiamiento
irregular a partir de tres actos.
En el primero empleó a 652 personas, de las cuales se
acreditó su calidad como servidores públicos de 29 dependencias de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, quienes fungieron como
auxiliares, en horarios laborales, en la recopilación de firmas para la
obtención de apoyo ciudadano. Por este hecho se impuso una multa de 377 mil 72
pesos.
“Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma
de cuatro mil pesos por auxiliar; de ahí que el monto de recursos utilizados de
manera ilícita en este proyecto es de dos millones 608 mil pesos”, precisó
Murayama.
En un segundo acto se le impuso al aspirante independiente
una sanción por 226 mil 243 pesos, por un monto involucrado de cuatro millones
494 mil pesos, ya que simuló recibir recursos legítimos de ciudadanos en la
cuenta bancaria de la Asociación Civil “Viva la Independencia”. La autoridad
acreditó que, aun siendo Gobernador de Nuevo León, recibió aportaciones en
efectivo de diversos entes impedidos, mediante aportaciones de personas físicas
en calidad de simpatizantes.
“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los
ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de
empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, señaló
Murayama.
En este punto se dio vista al Servicio de Administración
Tributaria, ya que los aportantes, las
personas morales Dyjoma, SA de CV, y Comercializadora Zelcy, SA de CV, no
cuentan con bienes muebles e inmuebles reportados y su domicilio fiscal se
ubica en un mismo bien inmueble, a fin de que determine lo que a derecho
proceda. También se da vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Nuevo León.
Por otra parte, se comprobó que mil 35 auxiliares recibieron
pagos por la prestación de servicios para la recopilación de firmas de
obtención de apoyo ciudadano, en favor del entonces aspirante Rodríguez
Calderón por un total de seis millones 630 mil pesos, mediante “Tarjetas
Saldazo Oxxo”, provenientes de transferencias de las empresas Piserra Construcciones,
SA de CV, Grupo Comercial Gutren SA de CV, y Attar 2715 SC.
“En colaboración con la Banca, las empresas y con las
autoridades financieras del país nos fue posible reconstruir el entramado
completo, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización pudo constatar que no
existe evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos emitidos por las
personas morales a los auxiliares de Rodríguez Calderón, que justifiquen una
relación de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de los
recursos, otra vez dinero ilegal y ahora gasto oculto”, aseveró el Consejero
Ciro Murayama.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello,
lamentó que haya actores en estas contiendas que apuestan a la simulación o al
ocultamiento de operaciones; por lo que llamó a todos los candidatos a que
cumplan escrupulosamente con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Subrayó que en el
desahogo de estos procedimientos “hay indicios de que se están cometiendo
posibles ilícitos para los que el INE no tiene competencia de investigación:
como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con
recursos de procedencia ilícita”, pero garantizó que la autoridad electoral
ejercerá a cabalidad sus atribuciones fiscalizadoras, a fin de asegurar a la
ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de representación lo
hagan con equidad, trasparencia y utilizando exclusivamente los recursos de
fuentes permitidas por la ley.
Al acreditar la participación de servidores públicos en
labores que consistieron en la captación de apoyos ciudadanos en días y horas
laborales, el Consejo General dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y a la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales, por la probable comisión de un ilícito.
Es Margarita Zavala candidata no registrada
Al determinar la imposibilidad material de reimprimir las
boletas electorales de la elección presidencial y demás documentación
electoral, el Consejo General estableció los efectos jurídicos de los votos que
se emitan en favor de la candidatura cancelada de Margarita Zavala, tales como
los de una candidata no registrada y, por lo tanto, inválidos.
En este sentido, el Consejero Presidente del INE consideró
“materialmente imposible reimprimir las boletas para la elección presidencial”,
sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores e indispensables
para garantizar el proceso electoral.
Insistió en que el estatus jurídico de la ex candidata es
como candidata no registrada y, por lo tanto, cualquier voto que se emita en su
favor, sea en el recuadro que inevitablemente aparecerá con su nombre en la
boleta o en el espacio en blanco para un candidato no registrado, será
inválido.
El Consejo General aprobó por otra parte las solicitudes de
sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios,
presentadas por los diversos partidos políticos nacionales y coaliciones. Y,
finalmente, recibió el informe sobre las encuestas de salida y conteos rápidos
no institucionales, que en el reporte del 12 de abril al 16 de mayo detectó un
total de 717 publicaciones.
En otro punto del orden del día, la autoridad electoral dio
a conocer que, en los 56 días transcurridos en la etapa de campaña para la
elección a la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales,
los aspirantes reportaron ingresos por mil 69 millones 243 mil 278 pesos y
gastos por 982 millones 91 mil 229 pesos.
Por lo que se refiere a las cinco candidaturas a la
Presidencia de la República, se informó que reportan tres mil 293 operaciones,
con ingresos por 388 millones 162 mil 157 pesos y gastos por 388 millones 807
mil 214 pesos.
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