octubre 2019

  • Molano, de 75 años falleció en la madrugada de este jueves de un paro cardiaco a consecuencia de un cáncer que sin embargo no le impidió que siguiera haciendo sus recorridos por los campos de Colombia para documentar el conflicto armado.
Colombia.- El escritor, periodista y sociólogo de la Universidad Nacional nacido en Bogotá en 1944 murió este jueves según confirmó su hijo en Twitter. Molano dedicó su vida a recorrer las zonas rurales de Colombia con la intención de dar cuenta de las otras realidades que la habitan.

Sus padres fueron Alfonso Molano y Elvira Bravo. Molano cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional de Colombia, donde obtuvo una licenciatura en 1971, y fue alumno de la École pratique des hautes études de París entre 1975 y 1977. 

Fue profesor de varias universidades; colaborador de revistas como Eco, Cromos, Alternativa, Semana y Economía colombiana, y autor de numerosos trabajos de investigación aparecidos en diferentes medios. 
Fue director de varias series para televisión y obtuvo el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas, de la Academia de Ciencias Geográficas, por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. 

Entre 2001 y 2002 vivió en Barcelona y en Stanford, donde fue profesor visitante.

Desempeñó labores como columnista y cronista del diario El Espectador de Bogotá y como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia​. 

Fue demandado por una familia de poderosos comerciantes de la costa atlántica colombiana por su columna Araújos et al. publicada en febrero de 2007, en la que criticó el poder económico y político corrupto de algunas familias en esta región colombiana. 

En febrero de 2009 fue absuelto y declarado inocente de toda responsabilidad en el cargo de injuria por un juez de Bogotá.

El periodista, que padecía cáncer, falleció el 31 de octubre de 2019 a la una de la madrugada a causa de un paro cardíaco.

De acuerdo con su perfil en el portal web del Banco de la República “a través del ´viaje a pie´ y la conversación constante, Molano ha construido textos fundamentales en los que se muestra otra perspectiva sobre los orígenes y desarrollos de procesos sociales tan complejos como el de la violencia, el desplazamiento forzado y las problemáticas rurales”.

Con sus narrativas, en las que mezcló literatura y sociología, logró consolidar una mirada rigurosa sobre las problemáticas de movimientos campesinos, organizaciones de defensa de la tierra y comunidades afectadas por la violencia.

Principales obras
Economía y educación en 1850 : algunas hipótesis sobre su relación (1974)
Amnistía y violencia (1978)
Materiales para una historia de la educación en Colombia (1979)
Los bombardeos de El Pato (1980)
Evolución de la política educativa en el siglo XX : primera parte 1900-1958 (1982)
Los años del tropel: relatos de la violencia (1985)
Selva Adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare (1987)
Dos viajes por la Orinoquía colombiana 1889-1988 (1988) (Coautor: Fray José de Calazans Vela)
Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras (1989)
Aguas arriba: entre la coca y el oro (1990)
La tierra del caimán : relatos (1990) (Escrito con: María Constanza Ramírez)
Así mismo: relatos (1993)
Trochas y fusiles (1994)
Del Llano llano: relatos y testimonios (1995)
El tapón del Darién: diario de una travesía (1996) (Escrito con: María Constanza Ramírez)
Rebusque mayor. Relatos de mulas, traquetos y embarques (1997)
Mompox, soplaviento, calamar, mahates y morales (2000) (Escrito con: María Constanza Ramírez)
Desterrados: crónicas del desarraigo (2001)
Apaporis, viaje a la última selva (2002) (Escrito con: María Constanza Ramírez)
Al margen izquierdo : 1999-2003, selección de columnas del periódico El Espectador (2004)
Penas y cadenas (2004)
Espaldas Mojadas, historias de maquilas, coyotes y aduanas (2006)
Ahí le dejo esos fierros (2009)
En medio del Magdalena Medio (2009)
Del otro lado (2011)
Otros Rumbos (2012)
Dignidad campesina, entre la realidad y la esperanza (2013)
A lomo de mula (2016)
De río en río (2017)
El destino de la luz (2017)

Premios y Distinciones
2014. Molano recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de su alma máter, la Universidad Nacional de Colombia
2016. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, gran premio a la "Vida y obra de un periodista"

  • Darán seguimiento y monitoreo legislativo
Ciudad de México.- La coordinadora del grupo de trabajo del Mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en materia legislativa, diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena), afirmó que se ha avanzado en algunas recomendaciones de este organismo, pero una muy importante es homologar la tipificación del feminicidio en todos los estados.

Precisó que cada estado tiene su tipo de feminicidio y eso no permite que se sancione, “hay mucha injusticia hacia las mujeres”. Resaltó que una tarea importante que corresponde al ámbito legislativo, es adecuar el marco jurídico para poder sancionar la violencia feminicida, visibilizarla y erradicarla.

La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que es muy preocupante lo que sucede con las mujeres; y a pesar de tener un marco normativo, haber avanzado en los derechos humanos, continúa aumentando el femenicidio.

En reunión con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de ONU-Mujeres, la legisladora de Morena resaltó la importancia de conocer cómo los organismos internacionales ayudan para erradicar este grave problema.

Sol Sánchez, gerente del área de Gobernanza Efectiva y Democracia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisó que la ONU y la Unión Europea decidieron unir esfuerzos en una iniciativa global “Spotlight para eliminar violencia contra las mujeres y niñas”, llamada así porque se tiene la necesidad de sacar a la luz la violencia generalizada que sufren y poner el foco en la problemática.

Detalló que la iniciativa tiene el objetivo de contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. México es uno de los cinco países seleccionados para implantarla, junto con Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador.

La iniciativa, dijo, tiene un financiamiento por parte de la Unión Europea por 7.5 millones de dólares para una ejecución de cuatro años, iniciado este año.

Además, es coordinada por seis agencias en México, ONU-Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y Unicef.

También, agregó, se lleva a cabo de manera coordinada con gobiernos locales y federal, así como la sociedad civil y “se espera que el Congreso de la Unión se sume a la implementación”. Sus pilares son: marco legislativo y de política; fortalecimiento institucional; prevención y cambio de normas y comportamientos sociales; servicios de calidad; calidad en los datos y trabajo con sociedad civil y movimientos de mujeres.

Comentó que se trabaja en el ámbito local en tres estados y cinco municipios. Chihuahua y Ciudad Juárez; Naucalpan y Ecatepec, estado de México y Chilpancingo, Guerrero.

Nayeli Sánchez, coordinadora de la iniciativa Spotlight, ONU Mujeres, subrayó se construyó gracias a muchas consultas que se hicieron y quiere contribuir, a través de leyes y normas, para que las y los funcionarios públicos tengan el perfil más adecuado para responder a las necesidades de las víctimas de violencia de género.

De lo que se trata, detalló, es hacer una reforma amplia de los marcos regulatorios, y no solamente de los federales sino también los locales. “Necesitamos tener un trabajo cercano con ambas cámaras”.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) señaló que desde la Comisión de Igualdad de Género se busca fortalecer el marco legislativo para generar una sociedad más igualitaria. Expresó su interés por conocer cómo se va a trabajar con los municipios seleccionados.

María Eugenia Hernández Pérez, diputada de Morena, resaltó que uno de los problemas más graves que enfrenta México es la violencia contra las mujeres que en los últimos años se ha expresado de forma dolorosa e indignante. Refirió que en México siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia y el 43.9 por ciento han sido agredidas por el esposo, pareja o novio.

Es necesario luchar contra los estereotipos discriminatorios y barreras estructurales que puedan impedir que las niñas prosigan estudios después de la secundaria y alentar la matriculación en disciplinas que tradicionalmente han predominado los hombres; implantar medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en las instituciones de educación.

Su correligionaria, la diputada Laura Martínez González preguntó cuál es el mecanismo que van a utilizar, en conjunto con la sociedad civil, para llegar a las comunidades más lejanas donde no hay comunicación, se tiene que caminar dos o tres horas para hacer una denuncia.

Beatriz Santamaría Monjaráz, titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, destacó que es la primera vez que se crea un grupo de seguimiento y monitoreo al avance legislativo para dar cumplimiento a la Cedaw. Se refirió a la importancia que desde la legislación, se den pasos certeros y articulados también con la política pública. Expresó su compromiso para trazar la hoja de ruta y colaborar en todo lo necesario.

Manifestó su interés por conocer el trabajo en la armonización de la tipificación del feminicidio en todos los estados de la República y la alerta de género.

  • Se realizaron 668 auditorías, emitieron 988 observaciones y mil 957 recomendaciones
Ciudad de México.-El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el segundo informe parcial sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

El documento está conformado por 668 informes individuales, correspondientes a 431 auditorías de cumplimiento financiero, 66 de desempeño y 171 que involucran ambos enfoques, que representan más de la mitad de las auditorías que se realizarán este año sobre esta Cuenta Pública. El resto se presentará en febrero de 2020.

El informe fue recibido por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), en reunión de trabajo de esta instancia legislativa.

Colmenares Páramo subrayó que se emitieron 988 observaciones, mil 957 recomendaciones, 42 solicitudes de aclaración, 81 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 933 de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Respecto a denuncias penales, indicó que éstas serán presentadas, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto.

“Con esta entrega, la ASF comienza el proceso de notificación de acciones y por ende de aclaración de observaciones emitidas para posteriormente, en su caso, integrar los expedientes, elaborar los dictámenes técnicos y cuando proceda formular las denuncias”, precisó.

El auditor apuntó que se ha revisado el impacto presupuestal y social del uso de los recursos y dentro de las instituciones y rubros fiscalizados destacan, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias, que no mejoraron situación financiera, al presentar una rentabilidad a la baja.

Apuntó que en los proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), se observaron mil 599 millones de pesos de los mil 822 ejercidos y en el Tren Interurbano México-Toluca, el monto observado asciende a 273.2 millones de pesos.

Resaltó que en el tema del ciclo presupuestario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no logró que los recursos se aplicaran cumpliendo con los principios constitucionales de eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos. Persistió una deficiente implementación en las etapas.

También se realizaron auditorías al Sistema de Pensiones y Jubilados, Fondo Nacional de Infraestructura, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los 32 congresos locales, entre otros.

El funcionario consideró necesario contar con un andamiaje jurídico adecuado y eficaz para hacer frente a fenómenos tan complejos como la corrupción, cuyas manifestaciones cambian en cuanto a su sofisticación y alcance de manera continua, por ello, “estamos desarrollando competencias instrumentos de prevención, detección y seguimiento”.

“Se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que den a la ASF atribuciones para realizar auditorías en tiempo real, con lo cual se lograría agilizar procesos e incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a las acciones legales”, finalizó.

  • El titular de la SSPC asevera que el gobierno federal está muy lejos de establecer una negociación con el crimen organizado
  •  Considera que el Estado mexicano no está debilitado ni fallido y tiene la capacidad para enfrentar eficazmente al crimen organizado
Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó a la Cámara de Diputados que Ovidio Guzmán López –hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera– no cuenta con orden de aprehensión alguna en México.

“Esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión”, dijo durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

El funcionario señaló que sólo hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, “lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

Apuntó que dicha orden de detención con fines de extradición la conoció con toda oportunidad el grupo responsable del operativo del pasado 17 de octubre, “y es prácticamente un proceso de rutina”.

Comentó que el gabinete de Seguridad recibió la indicación del presidente de la República de colaborar en esos procesos de extradición en la medida que fueran procedentes.

Asimismo, subrayó que el gobierno federal es honesto, transparente y socialmente comprometido “y está muy lejos de las políticas de establecer una negociación con el crimen organizado”.

Durazo Montaño también destacó que es imprescindible combatir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, al tiempo que señaló que “se ha creado un grupo de alto nivel para trabajar en un programa conjunto que ya se tiene definido con el gobierno norteamericano”.

Con ese programa, cada país asume su responsabilidad para sellar las fronteras y garantizar el congelamiento del tráfico de armas, explicó.

“Las armas que ustedes vieron en Culiacán, son armas que entraron, obviamente, de contrabando al país. Y algunas de ellas tienen la característica de que fueron fabricadas para uso exclusivo del Ejército norteamericano”, expuso.

“Por ello, la capacidad de fuego del crimen organizado, que con frecuencia es superior al de las fuerzas responsables de combatirlo. Las fuerzas de seguridad pública están sujetas a limitaciones en los calibres que pueden usar en las zonas urbanas”, abundó.

Señaló que la estrategia de seguridad tiene un componente de coordinación y colaboración internacional “porque, lamentablemente, la dimensión del crimen organizado de nuestro país tiene un carácter trasnacional. Tiene ramificaciones muy fuertes en otros países que nos obligan a la coordinación y a la colaboración, sin afectar en lo más mínimo el respeto por nuestra soberanía”.

Por último, consideró que el Estado mexicano no está debilitado ni fallido, “tiene la capacidad para enfrentar eficazmente al crimen organizado a condición de que avancemos conjuntamente en una serie de variables. No solo el gobierno federal y no solo la fuerza pública, son muchas variables y somos muchos los corresponsables”.

  • Asegura que 650 millones de pesos comprometidos por el Presidente para zonas marginadas, no fueron retirados por el gobierno federal, sino local
Ciudad de México. –La diputada Lorena Jiménez Andrade (Morena) urgió que se emita la declaratoria de emergencia por el huracán “Narda” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de atender afectaciones provocadas por este fenómeno.

En rueda de prensa, recordó que el pasado 2 de octubre los diputados aprobaron un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por los estragos que ocasionó el huracán Narda. 

Por medio de un acuerdo del Senado se solicitó también a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fondos para los damnificados, expuso la legisladora por Jalisco.

Las entidades mayormente afectadas por este huracán fueron Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Jiménez Andrade aseguró que la declaratoria de emergencia del huaracan “Lorena” se dio una semana después de haber sucedido; sin embargo, “a 32 días de haber afectado gravemente a los mismos municipios” en Jalisco, no ha pasado lo mismo con “Narda”.

La legisladora ratificó la petición a las secretarias antes mencionadas de liberar los recursos para resarcir los daños ocasionados.

Por otro lado, la diputada informó que existe una inquietud entre los habitantes de Puerto Vallarta, porque el Presidente de la República comprometió 650 millones de pesos para zonas de alta marginación, sin embargo, no han sido entregados y se habla de un recorte presupuestal por el gobierno federal.

Aclaró que si dicho presupuesto fue retirado no se debe a un recorte Federal por austeridad, sino a solicitud del gobierno estatal “quién utilizó una argucia legal para afectar a la población de Puerto Vallarta, en un acto discriminatorio y represivo por causas no expresadas”.

Pidió al gobierno de Jalisco recuperar el recurso, y utilizarlo en lo que fue comprometido.

  •  
    “Es muy fácil renunciar; lo más difícil es continuar cumpliendo la responsabilidad sin flaquear”, afirma el funcionario
Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, descartó renunciar a su cargo, por el resultado y manejo informativo del operativo para detener a Ovidio Guzmán López –hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera–, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

“Mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa”, dijo el funcionario durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Apuntó que él no buscó la responsabilidad que tiene, “pero una vez asumida, no la eludiré y estaré aquí cumpliendo en la medida en que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad”.

El funcionario se refirió a este tema, luego de que las diputadas Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), Ana Lucia Riojas Martínez (sin partido), Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN) le exigieron, por separado, su renuncia por el resultado y manejo informativo del operativo para detener a Ovidio Guzmán.

Durazo Montaño indicó que “es muy fácil renunciar; lo más difícil es continuar cumpliendo la responsabilidad sin flaquear, no obstante, la complejidad de la circunstancia”.

Agregó que no está cumpliendo “una tarea de partido que pueda aventar a mi satisfacción y a mi entero gusto. Tengo una responsabilidad seria, delicada y comprometedora a la que no puede renunciar a la menor provocación de un partido político”.

Señaló que respeta la posición del PRD, “pero, con todo respeto, creo que no tienen autoridad moral para hacer un planteamiento de esa naturaleza”.

  • Sugiere Arturo Escobar que ésta no sea modificable y que perdure
Ciudad de México.-El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) propuso “generar una política de Estado de aquí al 2024, para que gobierne quien gobierne, a partir de esa fecha, haya una política de Estado que no sea modificable, que perdure, que le demos tiempo para que madure. Eso es lo que haría un país comprometido con el tema” de la seguridad.

Asimismo, manifestó la disposición de su partido para apoyar la estrategia del presidente con recursos e iniciativas, así como entender también “que esta nueva realidad, este nuevo modelo también nos lleva a entender que no podemos nunca más darle más valor a aprehender a un criminal, independientemente de su dimensión en contra de la vida de inocentes”.

“Pensemos en aquellas vidas en Sinaloa que se salvaron por no irnos a una batalla que hubiera generado una masacre con este grupo paramilitar que buscaba retar al Estado mexicano. Hay que entenderlo y hay que reconocerlo”.

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, indicó que en los sexenios de 2006 a 2018, ”los gobiernos mexicanos decidieron emprender una estrategia de seguridad pública que tenía como rostro principal el enfrentamiento cara a cara con el crimen organizado”.

Esa estrategia no funcionó “y ese continuismo de 12 años simplemente incrementó el número de muertos y la inseguridad en casi todas las entidades federativas de este país”.

Recordó que el presidente de México obtuvo 30 millones de votos, lo que “le da legitimidad absoluta para presentar un nuevo modelo, que busca no encarar, que entiende también que el uso de la fuerza pública es un derecho de las autoridades que combaten al crimen organizado, pero también con la misma fuerza, con la misma inercia, con el mismo recurso la reconstrucción del tejido social que tiene que ver con un simple hecho: volver a convivir, esa es la definición de la reconstrucción del tejido social”.

Se requiere que “más mexicanos se integren a la Escuela Militar y a la Escuela Naval, porque hoy ya con la Guardia Nacional, con su mando civil, podemos formar con esa disciplina militar y naval a mexicanos que nos ayuden en esta tarea.

“Y por qué no pensar en mediano plazo de un problema tan grande y de una bomba de tiempo que tenemos en los reclusorios, que tenemos en el Sistema Penitenciario Mexicano, pueden ayudarnos las fuerzas armadas como lo hacen en las cárceles militares para detener ese cáncer que lamentablemente se han vuelto las cárceles en nuestro país”.

  • Cuestiona el manejo de la información sobre los hechos de violencia ocurridos en Culiacán
Ciudad de México.- Tras cuestionar el manejo de la información sobre el operativo ejecutado en Culiacán, Sinaloa, la diputada Ana Lucia Riojas Martínez (sin partido) pidió su renuncia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Durante la comparecencia Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, la legisladora calificó como contradictorio apresurado, incoherente e improvisado el informe que dio el Gobierno federal sobre dicho operativo.

“En un montaje mañanero nos muestran las estrategias que emplearon la Sedena y la Guardia Nacional para ejecutar la aprehensión de (Ovidio) Guzmán, pero poco dicen de las decisiones tomadas. Nos presentan una verdad histórica para insistir en que se salvaron vidas inocentes”, aseveró

La diputada responsabilizó al funcionario de poner en riesgo la vida de muchas personas y recordó que el jueves 17 de octubre murieron 13 personas, entre militares y civiles; “además una ciudad fue sitiada en pleno día”.

Riojas Martínez expuso que el Colectivo Seguridad sin Guerra y la Organización Causa en Común, han invitado a legisladoras y legisladores a hacer las preguntas necesarias para llenar los vacíos de comunicación que aún, después de dos conferencias del presidente, persisten sobre dicho suceso.

La diputada preguntó al secretario: ¿cuándo en realidad se enteraron los miembros del gabinete de seguridad sobre el operativo? ¿cuándo informaron al presidente? ¿quiénes dieron las órdenes? Y ¿por qué se mintió diciendo que había sido espontáneo?

  • Plantea Arturo Argüelles que recursos por reducción del financiamiento de partidos políticos se inviertan en fortalecer Guardia Nacional
Ciudad de México. – El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES) consideró que para combatir a las organizaciones criminales es necesario enfocarse en políticas preventivas de adicciones y fortalecer la cohesión social.

Lo anterior, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

El diputado federal reconoció al gabinete de seguridad por haber asistido a la Cámara de Diputados a “darle la cara a México”.

Asimismo, resaltó las coincidencias que tiene el PES con el gobierno Federal en el contenido de su informe de gobierno, como lo es generar las políticas preventivas de adicciones y enfocadas en la cohesión social.

Argüelles Victorero destacó la importancia de reorientar recursos “hacia programas de reinserción, desintoxicación y combate a las adicciones, para acabar con grupos criminales”.

Refrendó el apoyo del PES a quienes defienden y protegen a la población mexicana, a todas las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, la Policía Federal, las Policías Estatales y Municipales.

Enfatizó que para que exista seguridad se necesitan recursos, por lo que reiteró su apoyo a la reducción del financiamiento a los partidos políticos, a fin de que estos recursos se inviertan al fortalecimiento y operación de la Guardia Nacional o para el Centro Nacional de Inteligencia.

  • Bravo Padilla señaló que debe haber un nuevo acuerdo nacional para la seguridad, la justicia y la paz
Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano propuso la construcción de un nuevo acuerdo nacional en materia de seguridad, de justicia y de paz, informó el coordinador de la bancada, Tonatiuh Bravo Padilla.

“Debe haber un nuevo acuerdo nacional para la seguridad, la justicia y la paz, que tiene que ser construido con la participación del conjunto de las fuerzas políticas”, puntualizó durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Indicó que es necesario dejar atrás las expresiones incriminatorias, las tentaciones de continuar politizando el tema de la seguridad; “los descalificativos no ayudan ni aportan a la solución que las ciudadanas y ciudadanos están esperando por parte de los Poderes de la Unión”.

“Unamos los esfuerzos, convoquemos a la sociedad y a las instituciones en general para construir este acuerdo nacional en materia de seguridad pública”

Sostuvo que un sólo orden de gobierno no va a lograr todos los resultados que requiere el país.

“Se requiere coordinación con las entidades federativas y municipios. La tarea no es sencilla, cuando estamos ante un gigantesco desafío y necesitamos edificar un sólido tejido entre las corporaciones policiacas de los diferentes órdenes de gobierno”.

El centro de un nuevo acuerdo nacional debe ser un cambio de estrategia, donde se considere el elemento binacional de seguridad, “no podemos dejar por fuera, que la seguridad en este país involucra a los Estados Unidos”.

Por lo anterior, Bravo Padilla preguntó al funcionario: ¿está dispuesto el Ejecutivo Federal a una nueva estrategia integral que tome en consideración entidades federativas y municipios?

También, ¿está de acuerdo en que se haga una reestructuración del presupuesto 2020 y que se recuperen las partidas que acusan una baja en fondos estratégicos para esa seguridad?

  • El PRD ratificó la solicitud de juicio político en contra del funcionario
Ciudad de México. –La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) pidió al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, renuncie a su cargo en un acto de congruencia, ante los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

El PRD ratificó la solicitud de juicio político en contra del funcionario, debido a la actuación de la secretaría en los hechos suscitados el pasado 17 de octubre en Sinaloa, así como la falta de resultados en materia de seguridad, añadió.

Lo anterior, durante la comparecencia del citado secretario de Estado, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Esparza Márquez subrayó que lo ocurrido en Culiacán hizo evidente que el gobierno “no tiene una estrategia de seguridad”.

Lamentó las distintas versiones que se dieron al respecto, además de la falta de información oportuna, “pero sobre todo la aceptación del Presidente de no estar informado de este operativo”.

“Lo más lamentable fue la forma irresponsable en cómo se expuso a las y los habitantes de Culiacán. No vengan aquí a autonombrarse héroes por solucionar un problema que ustedes mismos generaron”, aseveró.

La diputada señaló que los alcances de la Guardia Nacional son ineficientes, pues “quedó demostrado con las diferentes masacres que se han registrados, donde han sido asesinados niñas y niños, como ocurrió en Iztapalapa”, cuando hombres armados irrumpieron en una fiesta infantil, hiriendo a menores de edad.

“Se le han dado todas las herramientas para cumplir con su misión, no hay excusas”, abundó.

Respecto de la estrategia nacional de seguridad, la legisladora preguntó: ¿qué explicación tiene el uso de la Guardia Nacional para detener y victimizar a los migrantes centroamericanos?

Añadió que el Gobierno federal muestra “clara contradicción” en sus decisiones, por un lado, dice que busca fortalecer a estados y municipios; por otro, se reducen los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

  • El PRI ha proporcionado al poder Ejecutivo “todas las herramientas que nos ha solicitado para cumplir” con ello
  • Advierte sobre recorte al Fortaseg; municipios deben fortalecerse, no debilitarse, “sus representantes necesitan atención, no gases lacrimógenos”
Ciudad de México. – El diputado Héctor Yunes Landa (PRI) aseguró que la bancada a la que pertenece ha proporcionado al poder Ejecutivo “todas las herramientas que nos ha solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares”.

Sin embargo, dijo, “el propio presidente de la República se fijó a sí mismo el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. El plazo ya se cumplió, lo que no se ha cumplido es el compromiso”.

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, precisó: el PRI apoyó la creación de su Secretaría, respaldó la creación de la Guardia Nacional y aprobó la propuesta de presupuesto que, para el combate a la inseguridad, nos envió el gobierno federal.

“No obstante, ello, el partido en el poder, a propuesta del gobierno de la República, impuso para este año que está corriendo, recortes sensibles a fondos destinados a la seguridad de los municipios, que es la célula fundamental del Estado”.

Más aún, “el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, contempla un nuevo recorte de 27.7 por ciento al Fortaseg, en términos reales. Nunca he visto, nunca, que un buen médico, cuando se agudiza la infección de su paciente reduzca los antibióticos que le aplica, es lo que está pasando en este momento con la seguridad y el presupuesto que le quieren asignar”.

Yunes Landa enfatizó que los municipios de México requieren fortalecerse, no debilitarse, demandan apoyo no abandono. “Sus representantes necesitan atención, no gases lacrimógenos”.

Aseveró que 2019 ha sido tremendamente violento, con una cifra histórica de homicidios e impresionantes demostraciones de la capacidad de fuego con que cuentan los cárteles de México. “Sin embargo, no hay un reconocimiento del gobierno federal de esta lamentable situación. No vemos un afán de autocrítica y tampoco de corrección”.

Por otra parte, la coordinación de la Federación con los estados en materia de seguridad no refleja una estrategia alentadora.

“Comparto con ustedes dos perlas de mi estado, Veracruz. Tras la masacre de Minatitlán, la primera de 14 registradas este año, el gobernador Cuitláhuac García, en presencia del presidente de la República, anunció que al día siguiente comenzaría la pacificación de Veracruz, regalando 500 vaquillas; hace unos días apenas, el mismo gobernador festinó el resultado de su política de seguridad, anunciando que se han recuperado más automóviles de los que se han robado”.

El diputado del PRI cuestionó al funcionario federal sobre cuál es su balance de la estrategia nacional de seguridad y qué debe corregirse. También si tiene previsto promover la sustitución de los 21 mil de los 72 integrantes de la Guardia Nacional que se encuentran realizando tareas migratorias, con personal distinto para que las fuerzas de seguridad se concentren en su tarea fundamental, la que les corresponde.

“Y, no obstante que tenemos claro que es una facultad exclusiva de nosotros los diputados federales, aprobar o no o modificar el presupuesto, le pregunto si ha valorado solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su reconsideración en el recorte de los recursos a los municipios. en materia de seguridad.

Reiteró la disposición de su partido para seguir abonando a la pacificación del país. “Demos una sola cara y constituyamos un solo frente para combatir la inseguridad que nos agravia a todos, México nos lo demanda”.

Asimismo, destacó la lealtad, disciplina y valentía de las Fuerzas Armadas de México, que siguen siendo las mejores aliadas “para que cumpla usted, señor secretario, la tarea que le fue confiada.

El PRI, dijo, “mantendrá su irrestricto apoyo a nuestros soldados y a nuestros marinos. Lo hacemos por convicción, pero, además, porque contamos entre el grupo parlamentario, con miembros del más alto rango de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las personas del diputado almirante Juan Ortiz Guarneros y del diputado general Benito Medina Herrera”.

  • Reconoce a las Fuerzas Armadas y lamenta que se les utilice como escudo para explicar una fallida estrategia
Ciudad de México. –El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) señaló que el Gobierno Federal puso en un grave riesgo a las y los ciudadanos de Culiacán, al ceder ante el terrorismo de las amenazas contra los ciudadanos y dejar libre a delincuentes.

Lo anterior, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

El legislador aseveró que los muertos del “operativo fallido” en Culiacán, Sinaloa, “pesan hoy sobre los hombros del secretario de Seguridad”.

Sin embargo, reconoció el trabajo de los elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal, Ejército y Marina, “que todos los días salen a arriesgar su vida por la seguridad de las y los mexicanos”.

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y lamento, contundentemente, que se utilice al Ejército, a la Marina, como escudo para explicar una fallida estrategia, porque el Culiacanazo puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos con una fallida estrategia”.

El prestigio de nuestras fuerzas armadas, dijo, “no es de hoy ni del primero de diciembre, es de muchísimos años y la recomendación es acudir a los profesionales de la seguridad. Atiendan a los profesionales de la seguridad. No queremos improvisados en materia de seguridad. No queremos más muertes”.

Puntualizó que en México están aumentando los muertos a causa de la inseguridad; “30 mil quinientos dieciocho a este momento”.

Por ello, el PAN “está para trabajar en una estrategia real, no en inventos ni en payasadas”.

  • La población civil hubiera sido la más afectada
Ciudad de México.-  El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) aseguró que, en su grupo parlamentario, conociendo la aplicación de que la ley debe regir el principio de ponderación en el uso legítimo de la fuerza que al Estado mexicano corresponde, “reconocemos la actitud del gobierno de la República en los sucesos de Culiacán, Sinaloa, de hace dos semanas para evitar un baño de sangre en donde la población civil hubiera sido la más afectada”.

Recordó que “300 muertos hubo en Tlatelolco. ¿Y qué costó al país? ¿Cuántos hubiera habido en Sinaloa si no se ve con mesura con la verdadera actitud en la que actuaron?”

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, dijo que quienes hoy cuestionan al Estado Mexicano “porque dejaron en libertad a un delincuente, en realidad son defensores oficiosos del narcotráfico, y actúan con ánimo faccioso de erosionar la confianza que el pueblo de México le tiene al Presidente de la República”.

Es increíble cómo a la oposición no le importa la seguridad ni la estabilidad social, “sino querer derrocar, escúchese bien, el proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. No podrán, porque el país tiene un presidente con autoridad moral que el pueblo le confirió”.

Reconoció que la inseguridad es uno de los grandes reclamos de la sociedad. “Para dotar al Poder Ejecutivo de mejores instrumentos que permitan combatir a las organizaciones delictivas, este Poder Legislativo, todas y todos hemos dotado de distintos instrumentos legales a esta Secretaría”.

En este sentido, se aprobaron reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y las leyes secundarias de Guardia Nacional, uso legítimo de la fuerza y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

También las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Le otorgamos a su dependencia, señor secretario, la facultad de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación”.

“Es muy difícil desmantelar todo lo que está generado en el país. La inseguridad galopa en todo nuestro territorio nacional. Permitimos que se destruyera el tejido social y las instituciones, todas, lamentablemente fueron tocadas por el narcotráfico”.

  • Recibirá Conade 2 mil 700 millones en 2020; el más alto de los últimos cinco años
Ciudad de México.-  El diputado Erik Morales Elvira (Morena), secretario de la Comisión de Deporte, planteó darle más atribuciones a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) para que haya una verdadera justicia deportiva.

“Los derechos de los deportistas muchas veces son atropellados y estamos buscando justicia deportiva”, actualmente la CAAD es el único órgano que la imparte, por lo que se convierte en una especie de procurador de los atletas, sostuvo en rueda de prensa.

Informó que presentó una iniciativa en esta materia, ya que es necesario una reforma integral en la parte administrativa con miras a ampliar sus servicios y llegar al mayor número de interesados dentro de esta comunidad.

La CAAD tiene a su cargo tramitar el recurso de apelación, contar con oficinas regionales y fungir como panel de arbitraje y coadyuvar en mediaciones y conciliaciones.

El diputado consideró que es necesario que existan más salas, no sólo a nivel regional, sino también estatal, “en donde el deportista tenga la oportunidad de plantear dónde se siente atropellado en sus derechos”-

“Necesitamos más certeza, más claridad. Y para ello necesitamos reestructurar el deporte en general”, aseveró.

Detalló que su iniciativa propone que la CAAD, “tenga más fuerza, que pueda castigar y tener una repercusión en las federaciones, para que realmente sean tomadas en cuenta sus decisiones y los veredictos”.

“Que el deportista se sienta realmente valorado, que se sienta que es la parte principal del porqué existe la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y las federaciones”.

Morales Elvira también informó que esta mañana la comisión tuvo una reunión con autoridades de la Conade en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, a la que se le otorgaron 2 mil 700 millones de pesos.

“Estamos hablando con la Conade, requieren 5 mil 200 millones de pesos para cumplir todas las necesidades básicas del deporte. Sin embargo, sólo serán 2 mil 700 millones, lo cual representa el más alto de los últimos cinco años”, explicó Erik Morales.

  • El secretario Alfonso Durazo afirma que algunas caravanas de migrantes centroamericanos son promovidas por traficantes de gente
Ciudad de México.-  El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó ante la Cámara de Diputados que el trabajo que realiza la Guardia Nacional en materia migratoria tiene como objetivo combatir el tráfico de personas.

“No crean ustedes que esas caravanas (de migrantes centroamericanos) tienen un origen espontáneo, están promovidas por traficantes de personas”, aseveró el funcionario durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Los traficantes de personas representan un reto para la seguridad pública del país, agregó.

Durazo Montaño comentó que la Guardia Nacional, en la ley, tiene la responsabilidad de coadyuvar en el tema migratorio para combatir el tráfico de personas.

“El 80 por ciento de los migrantes que cruzan nuestro país vienen patrocinados o vinculados con una organización de tratantes de personas”, finalizó.

  • El Gobierno Federal cuenta con instituciones sólidas, disciplinadas, leales y patriotas, señala
  • El diputado destaca la presencia de los secretarios de la Defensa y de la Marina en la comparecencia de Durazo Montaño
Ciudad de México.- La estrategia del Gobierno Federal para combatir la delincuencia busca eliminar de raíz sus causas, para ello cuenta con instituciones sólidas, disciplinadas, leales y patriotas para preservar la paz y tranquilidad de los mexicanos, señaló el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, puntualizó que, para recomponer el tejido social, “se busca brindar oportunidades a todas y todos, sobre todo los jóvenes, quienes siguen siendo las principales víctimas de la violencia”. 

El líder parlamentario destacó la presencia en la sesión de este jueves de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina; también del Consejero Jurídico de la Presidencia y el director general del Centro Nacional de Inteligencia, quienes acompañaban a Durazo Montaño en su comparecencia.

Esta acción muestra que “hay un equipo sólido, unido y profesional al frente de la seguridad de la nación, y vienen aquí a dar la cara y a rendir cuentas”, indicó.

El diputado reconoció la lealtad y patriotismo del gabinete de seguridad que acompaña al Presidente de la República en su estrategia de pacificación del país.

El Congreso de la Unión, recordó, ha dado al Gobierno la Guardia Nacional, “con un consenso político histórico, porque sabemos que más allá del debate a corto plazo y de la mezquindad política que pudiera haber en algunos actores, lo que más nos mueve y une es la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos”.

“Nos alegra ver que empezando por el Presidente de la República se toman acciones con visión de Estado, con inteligencia y protegiendo la vida de los mexicanos”.

Mario Delgado compartió que el Congreso mexicano ya manifestó a congresistas americanos la necesidad de un financiamiento para detener el tráfico ilegal de armas, a fin de continuar con la pacificación de México.

  • Alfonso Durazo señala que habrá momento para capturar a quienes delinquen, tras referirse a los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa
Ciudad de México.-  Tras referirse a los hechos de violencia e inseguridad ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguro a la Cámara de Diputados que se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad y que habrá momento para capturar a quienes delinquen.

“De lo que puede estar completamente segura esta soberanía es que invariablemente responderemos con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y nuestro compromiso indeclinable”, dijo al iniciar su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

“Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos a no dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible”, agregó.

Durante su comparecencia, el funcionario estuvo acompañado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, así como del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra.

Asimismo, entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, un documento con el informe pormenorizado de los acontecimientos suscitados en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

Durazo Montaño comentó que en el caso Culiacán, “lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública”.

“A propósito de Culiacán, la transparencia en materia de seguridad pública es un principio fundamental de este gobierno. Por primera vez se transparentan las cifras cotidianas de incidencia delictiva y en delitos de alto impacto”, agregó.

El secretario apuntó que el gobierno federal ha preferido la crítica y el debate sobre este asunto, que mantener la opacidad.

“Esta transparencia es posible porque no tenemos nada que ocultar, porque no nos interesa mantener secrecía alguna, salvo en aquellos aspectos sensibles para el debido proceso, los derechos humanos o la seguridad nacional”, externó.

“No defendemos intereses oscuros ni inconfesables. No nos mueve ni el ‘cochupo’ ni la componenda, sólo el objetivo de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela”, abundó.

Durazo Montaño indicó que el gobierno federal ha sido sujeto de “una dura crítica” en materia de seguridad, e incluso por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales.

“Las críticas han llegado fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. Los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas. Es importante no ignorar estos puntos de vista, pero también explicar el nuestro”, expuso.

Sostuvo que la anterior estrategia de seguridad pública basada en el uso de la fuerza policial y militar probó ya sus límites, y generó decepciones; en la actual administración “pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos”.

Destacó que los valores del humanismo son la guía del comportamiento político del actual gobierno. “Defender la integridad física y la dignidad de las personas, primero que nada. Evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles. Combatir a quienes vulneran a México privilegiando en todo momento el uso de la inteligencia sobre la fuerza”.

  • Yolanda Bustillos Galaviz, hablante de la lengua pima, hace uso de la tribuna en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019
Ciudad de México.-  La ciudadana Yolanda Bustillos Galaviz, hablante de la lengua pima, señaló que debido a la violencia que hay en la región norte del país, algunos hombres abandonan su pueblo y dejan toda la responsabilidad de la familia a la esposa y eso afecta las ceremonias y fiestas tradicionales de los pueblos pimas.

En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, desde tribuna, recordó que las principales festividades que celebran los Pimas o o'ob son: semana Santa, Yúmari, fiestas de San Isidro Labrador, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Juan Diego y San Francisco de Borja.

Compartió que los Pimas están ubicados en varias comunidades aledañas a Maycoba, perteneciente al municipio de Yécora, Sonora, y en el municipio de Temósachic, Chihuahua.

“Vivimos en casas de madera y adobe en medio del bosque, cerca de los arroyos. A veces vamos a nuestros ranchos para la siembra y cosecha de maíz y frijol, a lo que en especial nos dedicamos”.

Asimismo, algunos trabajamos en los ranchos de ganados, en la fabricación de carbón y en los aserraderos de pinos, comentó.

También muchas de nuestras mujeres trabajan en casas, limpiando, lavando ropa y cocinando. Cinco de nosotros somos maestros de la sección indígena de la Secretaría de Educación y Cultura. También algunos trabajan en las compañías mineras de la región, añadió.

Compartió que la relación familiar de los pimas se ve afectada por los trabajos en la minería, “pues las familias se ven separadas, ya que el papá, y en algunos casos la madre, se tienen que ir a trabajar lejos por varios meses”.

Añadió que otro problema grave es la destrucción de bosque, debido a la presencia de las empresas mineras y forestales.

“Nosotros, como pimas, sufrimos las consecuencias del alcoholismo y narcotráfico. Abundan las armas, hay muchísima inseguridad. Nos hacen falta mejoras básicas en vivienda, caminos, empleos, salud, seguridad y, principalmente, educación, pues queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de una educación universitaria”, subrayó.

“Creo que el futuro del pueblo depende de el de nuestro bosque, de nuestro territorio tradicional en Sonora y Chihuahua, de nuestra lengua materna y, sobre todo, de nuestra espiritualidad tradicional”, agregó. 

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