• El mecanismo de revocación de mandato es un castigo anticipado, una mala señal para el mandatario de que su gobierno no está funcionando
Ciudad de México.- Con la declaratoria Constitucional de la reforma en materia de revocación de mandato y consulta popular se acabaron las pseudo-consultas al margen de la ley, mismas que pretenden justificar decisiones del Poder Ejecutivo federal, como la cancelación  del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, expuso la legisladora, Dulce María Sauri Riancho,

En nombre del Grupo Parlamentario del PRI reiteró que son los ciudadanos los únicos facultados para solicitar una consulta popular, y con ello remover de su cargo al Presidente de la República, los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados destacó que el texto constitucional deja claro que ninguna persona física o moral distinta, podrá realizar dichas consultas, “adiós a la pseudoconsultas ciudadanas fuera del marco constitucional, y con las cuales se justificaron decisiones”. 

Aún cuando la bancada priista  reconoció en la reforma Constitucional un avance para la participación ciudadana directa, advirtió también, de limitaciones, ambigüedades e indefiniciones en la norma jurídica,  mismas que el partido mayoritario se negó a corregir en el desarrollo del proceso legislativo. 

Por ejemplo, no se modificó el artículo 84 de la Constitución que establece el mecanismo para substituir al Presidente de la República, en caso de que a través de procedimiento de revocación de mandato concluya anticipadamente su gestión, lo que implica poner al país en un riesgo institucional innecesario.

Asimismo, quedó pendiente el plazo para realizar las adecuaciones a la Ley Federal de Consulta Popular y los criterios para diferenciar los temas de trascendencia nacional de aquellos del orden regional. 

Otro asunto sin resolver, es el papel que juega el Instituto Nacional Electoral, debido a que se le otorgan nuevas atribuciones en materia de consulta popular y revocación de mandato. Es la autoridad encargada de verificar las firmas ciudadanas que dan origen a la petición de consulta, en un plazo no mayor a los 30 días; la instancia responsable de su organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultado; tiene la facultad para realizar la convocatoria,  emitir los formatos de recolección de firmas y todas estas actividades, sin un respaldo presupuestal 

La disponibilidad de recursos para el INE, advirtió la legisladora por el estado de Yucatán, hará  la diferencia entre una reforma de papel o discurso y una reforma constitucional útil, que reivindique la participación ciudadana,

En opinión de la legisladora priista, el mecanismo de revocación de mandato no es un premio para medir popularidad, es un castigo anticipado, una mala señal para el mandatario de que su gobierno no está funcionando. 

Explicó que si en el primer trimestre del 2022 se realiza la consulta de revocación de mandato, tal como lo establece el artículo transitorio de la reforma,  tendríamos al menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores, alrededor de 2.8 millones, repartidos en al menos 17 entidades federativas, descontentos, hartos de este gobierno, y de la forma como está administrando el país.

Con la declaratoria Constitucional de la reforma en materia de revocación de mandato y consulta popular se acabaron las pseudo-consultas al margen de la ley, mismas que pretenden justificar decisiones del Poder Ejecutivo federal, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, expuso la legisladora, Dulce María Sauri Riancho,

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