Órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa; AMLO promete “cero impunidad”

  • Aseguró que en las investigaciones para determinar el paradero de los normalistas se detendrá y someterá a procesos legales a militares involucrados
  • En la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados alcanzados de Ayotzinapa. Alejandro Encinas
  • Las anteriores autoridades de la PGR “encubrieron, mintieron, torturaron” para imponer una versión falsa de los hechos: Alejandro Gertz Manero
  • Seis heridos en manifestaciones: dos civiles y cuatro policías quemados por cohetones

Ciudad de México.- Al cumplirse el sexto aniversario de los acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las investigaciones para determinar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa se detendrá y someterá a procesos legales a los militares que estuvieron involucrados en la desaparición de los jóvenes.

--“Y también quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, sentenció ante los padres de los estudiantes.

Por la tarde estudiantes y padres de normalistas, con la participación de unas 12,500 personas, realizaron una manifestación con saldo de dos civiles lesionados, aunque no de gravedad, y cuatro policías golpeados y quemados con cohetones que requieron hospitalización, informó la Secretaría de Gobierno capitalina.


Reiteró a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, reunidos en el Patio Central de Palacio Nacional, que el compromiso de su gobierno es esclarecer los hechos, que se castigue a los culpables de la desaparición, que haya justicia y que se repare el daño ocasionado.

Exigió al Poder Judicial que coadyuve en este esfuerzo y señaló que recientemente un juez recibió un soborno para liberar a uno de los implicados en la desaparición.

--“Hay en ese poder, como en el Ejecutivo y como en el Legislativo, también muchos vicios y corrupción que ha quedado demostrada. Hace poco, como todos supimos, uno de los principales responsables en la desaparición de los jóvenes ya iba a salir, porque un juez ya le estaba por dar su libertad a cambio de dinero”, expuso.

Tras escuchar los informes de la Fiscalía General, de la Fiscalía para el caso, de la Comisión creada por él para el tema de la desaparición, y del reclamo de una de las madres de los jóvenes desaparecidos, se comprometió con los padres a que conocerán la verdad sobre sus hijos por difícil que ésta sea.

Ofreció a los padres que serán ellos quienes validen los resultados.

--“Ustedes que están acompañando esta investigación cuando ya tengamos todos los elementos son los que van a validar si lo que se está diciendo es cierto, ustedes, sus asesores, los expertos, todos los que estamos interviniendo llegar a un acuerdo general para que de esa manera no quede ninguna duda”, puntualizó.

El titular del Ejecutivo reiteró que conocer la verdad sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala es prioridad máxima para su administración.

Versión estenográfica. A seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa

Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio NacionalA seis años de la desaparición de 43 normalistas de AyotzinapaA seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa

MODERADORA: Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan.

Preside este acto: A Seis Años de la Desaparición de 43 Normalistas de Ayotzinapa, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Lo acompañan la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Y la ciudadana María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, en representación de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos.

Asimismo, damos la bienvenida de manera especial a todas las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos que hoy nos acompañan, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo.

Todas y todos ustedes sean bienvenidos.

Sean tan amables de ocupar sus lugares para escuchar las palabras que dirige el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez.


ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA VERDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA DEL CASO AYOTZINAPA Y SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN:
Con su autorización, señor presidente de la República.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Saludo con aprecio y reconocimiento a los papás, a las mamás, de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, a los asesores y colectivos que los acompañan.

Le damos la bienvenida al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en nuestro país, es su primer evento en el que nos acompaña, en esta ocasión sea usted bienvenido.

Al igual que los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El GIEI, el Grupo Independiente de Expertos, que está acompañando estos procesos.

Y al fiscal general de la República que nos sigue por vía remota.

Al cumplirse el sexto aniversario de los lamentables acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, venimos a rendir cuentas de los avances de los trabajos que realiza la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, así como de los alcances de la investigación que realiza la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República.

Durante el proceso de transición, el 26 de septiembre de 2018, el presidente de la República asumió con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos el compromiso de que el nuevo gobierno constituiría una comisión de investigación para la verdad y la justicia, en concordancia con lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas el 4 de junio de 2018, quien considero que existían indicios suficientes para presumir que las confesiones que dieron lugar a la llamada: Verdad Histórica, fueron obtenidas mediante tortura.

Para ello, el 3 de diciembre de 2018, el presidente emitió el decreto que crea la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa con el objetivo de crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del gobierno federal para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, el paradero de los estudiantes y que se haga justicia.

La comisión representa un mecanismo extraordinario, no se trata de una comisión de la verdad en el sentido tradicional de naturaleza histórica para un periodo determinado, sino, por el contrario, se trata de una acción cuyos resultados deben dar cauce a un nuevo modelo de intervención gubernamental que, en coordinación con las víctimas, permita avanzar en la investigación y esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país en las últimas décadas.

Atendiendo la demanda de los padres y madres de los normalistas se suscribieron convenios con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual se encuentra plenamente integrado y coadyuva de manera estrecha en las investigaciones, tanto con la Comisión Presidencial, como con la fiscalía especial de la Fiscalía General de la República, sin restricción ni limitación alguna, ratificando el compromiso del presidente de estar abiertos al escrutinio y a la cooperación internacional para esclarecer este caso manteniendo las tareas de búsqueda e identificación.

En este sentido, se mantiene también la coadyuvancia del equipo argentino de antropología forense en las tareas de búsqueda de identificación humana, así como el apoyo de instituciones de gran prestigio, como los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en las tareas de investigación genética.

Respetando la autonomía del Ministerio Público se contribuyó a la creación de una fiscalía especializada al interior de la Fiscalía General de la República con la cual, a partir del 26 de junio de 2019, hemos participado en un espacio de coordinación y cooperación institucional sin precedente.

Como lo señalamos desde un inicio, la comisión ha acudido a todas las fuentes relevantes para allegarse de información a través de los archivos de diversas dependencias públicas federales y locales, así como los expedientes penales.

Se han retomado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, los del mecanismo de seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la investigación de la Procuraduría General de la República, las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial y se han promovido nuevas líneas de investigación, partiendo de la premisa de que la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala y que encontrar esa verdad es la encomienda que vamos a cumplir.

Todas las dependencias del gobierno federal han contribuido con elementos fundamentales para la investigación y el esclarecimiento de los hechos, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, órdenes de operación, dando respuesta a la solicitud de información planteadas por el GIEI, la cual ha sido remitida a la Fiscalía General de la República, manteniendo una colaboración permanente.

Al mismo tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional ha puesto a disposición de la Comisión Presidencial y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que contribuyan con la investigación iniciando, en su caso, los procesos penales correspondientes.

Asimismo, tras la reunión de la Comisión Presidencial con el secretario de la Defensa Nacional y su Estado Mayor el 24 de julio de 2019, padres y madres integrantes de la comisión inspeccionaron las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

Por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se constituyó el Comité de Seguimiento al Caso Iguala, el que inició procesos administrativos en contra de 14 elementos, de los cuales cuatro fueron removidos después de un proceso de sanción administrativa, tres se dieron de baja, dos fueron suspendidos temporalmente y cinco más son investigados.

Esta información fue remitida a la Fiscalía General de la República, quien inició los procesos penales en contra de algunos de estos elementos.

La Secretaría de Marina remitió la relación de servidores públicos presentes durante el proceso de búsqueda, recolección de indicios y evidencias en el Río San Juan, así como en el perímetro de seguridad del basurero de Cocula, además del informe de la operación denominada: Guerrero Seguro, correspondiente al mes de septiembre de 2014.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha proporcionado toda la información financiera patrimonial y fiscal de empresas y personas consideradas como objetivos prioritarios relacionados con el caso a la Fiscalía General de la República.

El Centro Nacional de Inteligencia ha brindado información que no fue considerada por la entonces Procuraduría General de la República, como son reportes y bitácoras diarias de inteligencia sobre el estado de Guerrero de los años 2014 y 2015.

Las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero 2014, los reportes, mapas e imágenes de localización del basurero de Cocula e información de inteligencia vital para entender lo sucedido de la desaparición de los normalistas y la construcción de la verdad histórica.

Debo de señalar que tanto la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera, como la proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, se ha procesado a través de diligencias ministeriales realizadas por la Unidad Especial de la Fiscalía General y se han entregado directamente a la Fiscalía General de la República para cumplir puntualmente con todo el proceso judicial.

No se ha escatimado información alguna de la administración pública federal para determinar el paradero de los normalistas y deslindar responsabilidades para castigar a los responsables.

Como lo ha señalado el presidente de la República, no habrá impunidad, no se protegerá a nadie y se castigará a los culpables, sean quienes sean.

Por el otro lado, y con la finalidad de sistematizar y analizar los testimonios y la información recabada por la Comisión Presidencial, se constituyó un comité científico asesor, integrado por expertos del Centro de Investigación de Ciencias de la Información Geoespacial de Conacyt, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Gobernación.

Este equipo se ha encargado, entre otras tareas, de analizar 80 millones de registro de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, lo cual arrojó 206 mil registros de interés y una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 16 números telefónicos ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Con este análisis hoy se cuenta con información que permitirá a la Fiscalía General de la República determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quienes perpetraron las agresiones contra los estudiantes, sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos, el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horario de los hechos y un seguimiento por minuto de los actores principales, lo que evidencia científicamente que la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos.

Del análisis de cientos de documentos oficiales, decenas de horas de grabación de videos clasificados, reportes, informes que habían sido resguardados en los últimos años por dependencias gubernamentales, se cuenta con los elementos básicos para desarrollar el mosaico explicativo sobre la desaparición de los normalistas.

Por otro lado, se han realizado reuniones con informantes claves, con víctimas, con sobrevivientes, policías y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, periodistas, defensores de derechos humanos, ejidatarios, trabajadores mineros, vendedores ambulantes, personas privadas de la libertad, miembros del crimen organizado, obteniendo información útil que posteriormente es verificada y validada.

En materia de búsqueda de los estudiantes, se han realizado acciones de búsqueda en vida, consultando instituciones educativas y de salud, centros penitenciarios, refugios, estaciones migratorias, asilos, bases de datos del Registro Nacional de Población, del Registro Federal de Contribuyentes, registros bancarios, instituciones crediticias y de seguridad, sin que a la fecha se cuente con algún indicio.

Con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas se continuará revisando bases de datos e instalaciones, y se realizan labores de campo a fin de identificar cualquier elemento que permita ubicar el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Por otro lado, con base en distintos informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes, se han desarrollado 30 acciones de búsqueda en campo lideradas por la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República, utilizando tecnología de punta se han explorado 217 puntos de interés en seis municipios del estado de Guerrero, sumando 171 jornadas de trabajo.

En estos operativos de búsqueda han participado agentes del Ministerio Público, peritos forenses, criminalistas, biólogos, antropólogos, arqueólogos y edafólogos de la Fiscalía General de la República, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría de Salud, Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Aguay otras autoridades, prácticamente toda la administración pública ha coadyuvado en estas tareas.

En 25 de estas búsquedas se han obtenido resultados negativos y en las cinco restantes se han registrado hallazgos, por ejemplo, en el Amate, en el municipio de Cocula, se exhumaron seis cuerpos y en la barranca de El Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se han identificado a seis personas distintas de los estudiantes desaparecidos.

El resultado de las acciones de búsqueda con informantes, el 20 de noviembre de 2019, se encontraron más de un centenar de fragmentos óseos en una extensa de la barranca La Carnicería, en el ejido de Cocula, a 800 metros de distancia del basurero municipal, tres de los cuales resultaron ser susceptibles de identificación genética, mismos que fueron enviados, junto con otros fragmentos hallados en la barranca de El Tigre a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck.

El 18 de julio de 2020 la Universidad de Innsbruck notificó a la unidad especial de la Fiscalía General de la República la coincidencia genética de un resto óseo recuperado en el Ejido de Cocula con la familia normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

El equipo argentino de antropología forense ratificó lo informado por la Universidad de Innsbruck, a partir de lo cual el 5 de julio de 2020 se le notificó en su domicilio en el municipio de Tixtla, a la familia Rodríguez Telumbre de los resultados obtenidos y posteriormente se informó a los integrantes de la comisión durante la sesión del 7 de julio y, finalmente, a todos los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en la reunión que sostuvimos con el presidente de la República el 10 de julio, antes de hacer pública cualquier información de esta naturaleza.

Esta identificación genética marco un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la llamada: Verdad Histórica, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas, la verdad histórica se ha colapsado.

Como resultados adicionales a la investigación de este caso, se realizó el análisis antropológico, médico, odontológico y genético de 245 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre 2014 y el 2020 en esta región del estado de Guerrero, de los cuales la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General identificó a 22 personas que ya retornaron con sus familiares.

Es importante reconocer que en estas labores de búsqueda y exhumación que se ha realizado en este perímetro de Iguala han participado colectivos de familiares de personas desaparecidas, como Madres Igualtecas y Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes han aportado información fundamental para la búsqueda de los normalistas en las mismas zonas donde ellas indagan el paradero de sus familiares.

Y, por otro lado, para fortalecer el proceso de identificación genética, se transfirieron 10 mil registros contenidos en la base de datos en posición de la División Científica de la Policía Federal a la Fiscalía General de la República.

Respecto a las tareas de impartición de justicia se avanza en dos líneas, por un lado, la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los que se encuentran integrantes del Cártel Guerreros Unidos, policías municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como en la identificación y detención de las autoridades y servidores públicos que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada.

Del mes de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas, estas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se ha detenido a 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, expolicías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento.

Atendiendo a la instrucción presidencial de que en este gobierno no se encubrirá a ningún funcionario público destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Alicia Bernal Castilla, exministerio público, encargada de la legalizar la llamada: Verdad histórica.

Esto a pesar de la lamentable actuación de algunos jueces que con sus determinaciones han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes, es el caso del juez 1º de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, a quienes se les había imputado la comisión de diversos delitos, argumentando que fueron objeto de tortura, la que sí, efectivamente, se cometió en su contra.

Pero el juez no observó la jurisprudencia del 21 de julio de 2019 que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento investigando los actos y los elementos relacionados que determinan la materialidad del delito, es decir, subsisten las responsabilidades por los delitos cometidos, al tiempo de que debe fincarse la responsabilidad y castigar a los torturadores.

En este caso el juez no fincó responsabilidad alguna a los presuntos torturadores, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación.

Son los casos, además, del juez noveno de distrito, Gabriel Domínguez Barrios, en Iguala, quien por el pago de una multa de 10 mil pesos dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, o el del secretario de acuerdos del juzgado segundo del distrito penal en el Estado de México, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad a Ángel C., quien se encontraba prófugo desde 2015, afortunadamente eso no sucedió y hoy se cuenta plenamente a disposición de las autoridades.

Debo decirlo con toda claridad, y asumo aquí mi responsabilidad, en señalar que estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad, son una burla a la justicia, alientan el silencio y la impunidad, y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia en nuestro país y que es necesario transformar.

La investigación se encuentra en la etapa más compleja, estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto de silencio para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia.

En la medida en que avanzamos enfrentamos las resistencias y acciones del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar información, confundir y desacreditar la investigación, lo que, anticipo, no nos amedrenta, ni nos va a detener, vamos a ir al fondo en estas investigaciones.

Quiero reconocer la lucha firme y digna de las madres y padres de los 43 estudiantes, reconocer el acompañamiento permanente de sus representantes, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, así como de la Fiscalía Especial y del equipo de la Comisión Presidencial, en especial el trabajo del ingeniero Aarón Mastache, presidente suplente de esta comisión, a quien le deseamos éxito en las nuevas encomiendas que le ha asignado el presidente.

Ayotzinapa representa una afrenta a la sociedad, una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la historia de nuestro país que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad.

Como se ha acreditado, la verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.

Nos corresponde ahora romper los candados de interés ligados al crimen organizado y al poder público, romper el pacto de silencio e impunidad y deslindar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados, y reafirmamos: No habrá impunidad.

Pero también queremos ser claros, no generaremos falsas expectativas ni construiremos una nueva verdad histórica, nuestro objetivo es conocer la verdad por dolorosa que esta sea.

En este esfuerzo no cejaremos, esa es la instrucción del presidente de la República y nuestra propia convicción.

Aquí no estamos cansados y no nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

Muchas gracias.

MODERADOR: A continuación, hace uso de la palabra el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, maestro Omar Gómez Trejo.


OMAR GÓMEZ TREJO, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA
: Buenos días, señor presidente, panel que nos acompaña, fiscal general de la República, presente en esta reunión, padres y madres, acompañantes.

Hoy presento los avances del trabajo de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, a un año y cuatro meses de depositada su confianza en mi persona y en mi equipo, al que agradezco muchísimo todo el empeño que ha puesto para poder avanzar en este trabajo.

Desde que la UEILCA asumió la investigación en junio del año pasado una nueva etapa se decretó y nos fijamos tres metas claras y con rumbos precisos, estos tres son: justicia, paradero y verdad.

La instrucción del fiscal general fue generar un equipo capaz de dar resultados en el menor tiempo posible y levantar una lápida que sepultaba a una investigación, esto lo logramos y al día de hoy tenemos una investigación limpia, con nuevas líneas que se mantienen abiertas.

En tiempos pasados mucha gente sabía qué hacer, qué decir, incluso había diversos informes, reportes, que venían diciendo y subrayando lo que había pasado en aquellos años.

Pero al día de hoy el avance más importante es que la institución del Estado mexicano que tenía que hacerlo lo está haciendo, es decir, la Fiscalía General de la República.

En cuanto a la búsqueda, en cuanto a la revelación de ese ocultamiento, se han realizado, como ya bien lo dijeron, 30 acciones de investigación en materia de búsqueda, unas han llevado días, otras han sido procesos de meses, al día de hoy señalamos que la búsqueda seguirá dando certezas sobre el paradero de sus hijos.

En julio de este año pudimos anunciar la identificación del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, hoy les reitero que nuestro compromiso es seguir buscando e identificando a todos y cada uno de los estudiantes desaparecidos en esta noche.

La unidad especial a mi cargo no va a parar y continuaremos buscando con la esperanza de encontrarlos.

Quiero hacer especial mención que la presencia de ustedes en la búsqueda de esta semana que acaba de pasar en Carrizalillo, Guerrero, fue importante para mí y para mi equipo, tanto de los Ministerios Públicos, como de los peritos que nos acompañan en todas y cada una de estas acciones.

Ayer, mientras ustedes se manifestaban en la Fiscalía General de la República, yo les reiteré que para nosotros va a ser importante el hecho de que nos acompañen en estos procesos de búsqueda, es importante que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, con la finalidad de encontrar a sus hijos.

El hallazgo de Christian Rodríguez Telumbre nos confirmó también que la versión del río y del basurero fueron una invención para callar las voces de ustedes, padres y madres, para negarles la búsqueda de sus hijos, a ellos les interesaba callarlos, es decir, esconder las cosas a través de la creación de una verdad que no existió.

El ocultamiento a través de esa falsa versión también se confirma por los avances que hemos logrado en la judicialización de personas responsables del encubrimiento de esa verdad.

Al día de hoy hemos judicializado a Tomás ‘N’, quien ahora cuenta con una orden de captura por toda la manipulación de la investigación que él dirigió, actualmente él se encuentra prófugo de la justicia mexicana y esperamos la colaboración del país en donde se encuentre escondido para lograr su extradición a fin de que enfrente la justicia aquí dando la cara a ustedes y a la sociedad mexicana.

Es necesario saber: ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y cómo lo hizo?

Esto dará justicia y generará verdad.

Para esta unidad especializada de la Fiscalía General de la República es importante destacar que el señor Tomás ‘N’ no actuó solo, un grupo de policías federales ministeriales, funcionarios públicos de otras dependencias y ministerios públicos de la Subprocuraduría Especializada de la Investigación de Delincuencia Organizada, de la extinta PGR, fue dejando huellas en diversas averiguaciones previas de su ilícito actuar.

Yo y mi equipo hemos descubierto pruebas importantes de cómo quisieron esconder la verdad de las cosas.

Al respecto, también les puedo informar que esta unidad judicializó y vinculó a proceso a la Ministerio Público Blanca Alicia 'N', quien está privada de su libertad en una prisión para mujeres en este momento, ella está acusada por esta unidad por los delitos de tortura, falsificación de documento agravado contra la administración de la justicia y el delito de desaparición y ocultamiento contenido en el artículo 28 de la Ley General de Desaparición Forzada.

Las pruebas con las que la fiscalía general acusó, tanto a Tomás ‘N’, como a Blanca Alicia 'N' y a otros altos funcionarios de la extinta PGR, fue la utilización de la tortura como medio generalizado de investigación ya que todas y cada una de las personas que presentaron ante los medios de comunicación a través de sus conferencias de prensa en el mes de octubre de 2014 fueron previamente torturados por estos servidores o bien estos dieron su aquiescencia o consentimiento para que así pasara.

En esas conferencias de prensa hicieron públicos una serie de videos en donde salían personas presuntamente responsables de haber participado en los hechos de la desaparición de los estudiantes y hacerlos pasar, dolosamente, por entrevistas sicológicas, es decir, en donde los torturados hacían públicas sus conductas delictivas como una autoconfesión.

Hemos constatado y presentado ante los jueces que estas no eran entrevistas sicológicas, sino interrogatorios bajo tortura, adicionalmente es importante que sepan que estos videos no se encuentran glosados a ninguna averiguación previa, ni fueron localizados en los registros de la investigación que se lleva en la Unidad del Caso Ayotzinapa.

Después de sus conferencias de octubre de 2014 Tomás ‘N’ y altos funcionarios de la Procuraduría General de la República salieron a dar una conferencia de prensa el 27 de enero del 2015, en la cual señalaban que la detención de Felipe Rodríguez Salgado, alías El Cepillo, era clave en la investigación y que este había confesado su participación en los hechos a sabiendas que 11 días antes lo había torturado gravemente, la fiscalía cuenta con material videográfico que documenta esta grave violación.

Esta unidad también está judicializando a varios funcionarios federales por construir un montaje en el escenario del Río San Juan, como ustedes saben, el 28 de octubre de 2014 Tomás ‘N’ saca de manera ilícita de los separos al señor Agustín García Reyes, quien se encontraba en guardia custodia de los separos de Seido, lo traslada en helicóptero, lo tortura, llega a las orillas del Río San Juan en donde lo obliga a señalar un punto en donde diga que tiró las bolsas.

Ese mismo día, en otro punto diferente al que señaló el señor García Reyes, se encuentran otros restos óseos que no son salvaguardados, ni embalados por las reglas de las distintas pericias sin presencia de Ministerio Público.

El GIEI desde el 2016 registró estas irregularidades, ahora las hemos llevado como pruebas ante los distintos jueces que estamos llevando los casos.

Asimismo, esta unidad encontró que el acta circunstanciada de búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan del 29 de octubre de 2014 fue falseada.

Blanca Alicia 'N', quien la firmó, nunca acudió al Río San Juan, en Guerrero, puesto que todo el tiempo estuvo en la Ciudad de México en las instalaciones de la Seido, esto es trascendental, pues en esa acta circunstanciada se pretendió aparentar frente a ustedes, padres y madres, el hallazgo legítimo del resto óseo del estudiante desaparecido Alexander Mora Venancio, siendo este el único indicio material que sustentaba la versión maquinada desde la PGR, su verdad histórica en esa acta circunstanciada.

Así acusamos que Blanca Alicia ‘N’ falseó dicha actuación ministerial y ocultó el paradero de los normalistas teniendo un don de ubicuidad, ya que aparecía realizando acciones ministeriales en dos lugares diferente y al mismo tiempo, en la Ciudad de México y en Guerrero.

Así fue que el 29 de octubre de 2014 Blanca Alicia 'N' documenta una extracción de indicios con la que cierra su caso sin la presencia de ministerios públicos y peritos, mucho menos sus peritos, el equipo argentino de antropología forense, es decir, en completa impunidad quisieron aparentar que habían encontrado a los estudiantes desaparecidos.

Quiero señalar que esta unidad, próxima a realizar una serie de diligencias ministeriales sobre unos huesos que fueron encontrados en la barranca de La Carnicería en el mes de diciembre de 2014, nadie ha estudiado a fondo estos retos, los cuales guardaban el sueño del olvido en una bodega de la ex PGR y en una resolución ministerial se dijo que no guardaban concordancia con los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes sin que se hubiesen realizado pruebas de ADN sobre ellas y contaran con los estudios de los peritos del equipo argentino de la antropología forense.

Esto se realizó con la finalidad de cerrar todas aquellas otras líneas de investigación y paradero de los estudiantes, casarse con una sola versión inventada y otra vez volvieron a hacer lo que sabían hacer, ocultar y cerrar.

Padres y madres:

¿Por qué es importante señalar todo esto respecto a las irregularidades y ocultamientos que estos exfuncionarios del Estado quisieron hacer pasar por legales? ¿Por qué enfocarnos en esto? ¿Por qué dedicar energía a ello? ¿Nosotros en la fiscalía creen que estamos cazando brujas?

No, no lo estamos haciendo, nosotros estamos encontrando la verdad y las razones por las que ocultaron, mintieron y manipularon las evidencias, estamos investigando para que se rompan los pactos de silencio.

La fiscalía está convencida que la versión que inventaron buscaba dar impunidad a los verdaderos responsables y protegerlos.

Hoy a seis años de la noche trágica de la desaparición de sus hijos, les puedo informar que a partir de que estoy al frente de esta unidad hemos obtenido 70 órdenes de aprehensión, concedidas y otorgadas por los análisis de pruebas que los propios jueces han hecho, 34 órdenes para policías municipales, de las cuales ya se cumplimentaron 24, faltan 10; además otras 25 órdenes en contra de autores intelectuales y materiales de la desaparición, y estas órdenes comprenden policías de diversas municipalidades, policías federales, miembros del Ejército, así como funcionarios y exfuncionarios de la extinta PGR y miembros de la delincuencia organizada.

Quiero enfatizar el día de hoy que es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policiacos diversos a los municipales en la desaparición de sus hijos.

Ahora, con motivo de estas nuevas líneas de investigación, recientemente se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del elemento de la policía Víctor Manuel ‘N’ y les comento que el día de hoy recibió el auto de formal prisión con sujeción a su proceso para poder enfrentar la justicia.

Ustedes recordarán que esta persona participó en el escenario del palacio de justicia y tomó conocimiento sobre la detención de sus hijos, que serían llevados frente al patrón, este elemento policiaco omitió ejercer su facultad y deber de custodia, como lo mandan los ordenamientos legales e internacionales.

Asimismo, se han liberado 10 órdenes de aprehensión por hechos constitutivos de tortura, ocho de estas personas ya se encuentran privadas de su libertad y con autos de formal prisión y sujetos a juicio.

La última captura, y como fue hecho público notorio, es el caso del señor Carlos Gómez Arrieta, el señor Gómez Arrieta era ex mando de la Policía Federal Ministerial en el tiempo de los hechos de la PGR, y participó en la tortura de la víctima Carlos Canto Salgado.

Esta unidad ha documentado la forma en la que se detenía con la participación de policías ministeriales y otras corporaciones en interrogatorios irregulares, fuera de todo marco de la ley, en los que incluso participan otras dependencias del gobierno federal.

La documentación de la tortura en este caso demuestra con claridad que los patrones generalizados de su uso eran para hacer investigación.

A un año y tres meses del trabajo de esta unidad la judicialización de los responsables empieza a romper ese pacto de silencio, la ruptura ya se dio, estas judicializaciones y detenciones que estamos realizando fijan la ruta de la unidad para las futuras acciones que será el ofrecimiento de beneficios y develación de los hechos reales ocurridos en esa noche, que nos permitirá revelar la verdad y asegurar el castigo a los responsables.

La ruta para llegar a la verdad es un trabajo técnico que requiere una alta coordinación entre las distintas entidades del Estado.

Esta investigación que encabezo, además, tiene un rasgo bien diferenciado de la llevada por la entonces PGR y es que se encuentra fortalecida con la asistencia de la participación del gobierno federal, de la asistencia técnica internacional de GIEI, de la ONU y de la CIDH.

Asimismo, reconozco la invaluable participación y compromiso y conocimiento experto de las organizaciones que les acompañan que es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, Tlachinollan, Serapaz y Fundar, quienes han ejercido una verdadera y relevante coadyuvancia, pero sobre todo el increíble compromiso de ustedes, padres y familia, que al día de hoy mantienen una lucha fuerte, digna, frente a lo que es el esclarecimiento del caso de sus hijos, sin su esfuerzo esta investigación hubiera sido cerrada, como se pretendió hacer varios años atrás.

Hoy reitero mi compromiso como titular de la Unidad del Caso Ayotzinapa, mi compromiso profesional y ético ante ustedes, seguiremos buscando, daremos castigo a los responsables y daremos con la verdad de lo sucedido.

Muchas gracias, presidente.

MODERADORA: Sean tan amables de ocupar sus lugares.

En estos momentos se llevará a cabo una intervención vía remota por parte del doctor Francisco Cox Vial, perteneciente al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes.


FRANCISCO COX VIAL, INTEGRANTE DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI)
: Buenas tardes. Muchas gracias.

Como expertos y expertas hemos estado en México desde los últimos meses de 2019, durante este año en trabajos preparatorios hasta el inicio del nuevo mandato en julio del 2020.

Durante este tiempo hemos realizado un análisis de los avances en la investigación entregando solicitudes de información, realizando propuestas de líneas de investigación y entregando nuestra opinión en múltiples temas a la fiscalía y a la comisión.

En este sentido, queremos agradecer profundamente a los padres y madres, porque es por sus enormes esfuerzos que pudimos volver a colaborar en esta difícil, pero importante tarea.

Agradecer también a sus representantes, al Estado, la confianza en nuestro trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos por su respaldo, a partir de la llegada de las nuevas autoridades ha existido un cambio sustancial en la forma en cómo se trabaja en el caso Ayotzinapa.

La PGR y el Ejecutivo anterior construyeron y respaldaron un relato a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y la tergiversación de la verdad, esto ha tenido un enorme costo para la investigación, ya que hay pruebas que se destruyeron indefectiblemente, hay pruebas que se contaminaron y que ahora no se pueden utilizar y hay líneas de investigación que se ocultaron o tergiversaron.

Decenas de consignaciones se hicieron con prueba ilícita o insuficiente esperando que a mediano plazo esto iba a provocar impunidad, el GIEI llamó a la atención sobre estos aspectos desde el primer informe realizado durante su mandato y las previsiones de las que las alertamos a las autoridades no fueron tenidas en cuenta.

Esto ha significado que los nuevos equipos no iniciaran desde cero o desde los avances que se deberían haber tenido, sino que se ha tenido que hacer todo un esfuerzo por procesar y descartar lo que se hizo mal para tener bases sólidas de la investigación y sostener nuevas consignaciones.

Debemos ser conscientes de que se trata de un caso muy complejo dada la cantidad de víctimas y presuntos responsables, no es un caso que se pueda cerrar en meses, sino que puede llevar más tiempo, a pesar de esto hemos visto avances muy importantes por el trabajo de la fiscalía y el apoyo de Segob y del Ejecutivo al más alto nivel.

Ejemplo de dichos avances, podemos constatar en la investigación y la judicialización de funcionarios que crearon una versión destinada a distorsionar la realidad y a ocultar el paradero de los muchachos.

Para nosotros es muy significado que quien ideó la verdad histórica, Tomás Zerón, ya tiene una orden de captura internacional y quien la ejecutó, Blanca Alicia Bernal Castilla, ya está ligada a proceso.

Como GIEI tenemos la convicción que la construcción de esta versión no tenía como único propósito una salida rápida antes las presiones políticas, sino que constituyó un obstáculo para conocer el destino de los muchachos.

Por otra parte, han sido detenidas y consignadas personas que entonces eran autoridades, más allá del nivel municipal, desnudando otra de las falsedades creadas, demostrando que la red criminal incluía a autoridades federales.

El desafío sigue siendo romper los pactos de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes, en esta línea ha habido avances, pero entendemos el dolor y la frustración de los padres y madres que esperan esa información desde hace tanto tiempo.

La investigación sobre el paradero y destino de los muchachos no está separada de aquella de quienes obstaculizaron la investigación, ambos son rieles de ese camino, donde se requiere el compromiso de autoridades del gobierno, sostener el esfuerzo de la fiscalía en la investigación y obtener claridad de los jueces en la determinación de las responsabilidades, también es fundamental que se mantenga la cohesión y consciencia de los familiares.

Debemos recordar que en este caso también hay jóvenes que son víctimas, uno de ellos torturados hasta la muerte, otros heridos y otras personas que fueron asesinadas.

Los padres y madres de los 43 han sido quienes no han dejado que el caso se cierre, han empujado la voluntad de las autoridades y constituyen la fuente de sentido de esta labor.

Su lucha digna ha sido un ejemplo para todos y todas, a pesar del dolor de la desaparición los obstáculos en distintas fases de ese camino, el impacto de la llamada: Verdad histórica, y de estos seis años de incertidumbre.

Recientemente la investigación de la fiscalía llevó a identificar un resto óseo que pertenecía a Christian, constituyendo una prueba más que el destino de los desaparecidos y la historia del caso es otra que aquella que contaron y sostuvieron las autoridades anteriores contra toda evidencia.

Otras nuevas relevaciones tienen que ser contrastadas todavía, pero esto pasos suponen un logro importante, ese logro de la investigación sostiene el cuestionamiento de la versión oficial llamada verdad histórica que llevaron a cabo familiares y posteriormente, confirmó el GIEI y el GAT desmintiendo dicha verdad histórica.

Sin embargo, también tienen un impacto en los familiares que entendemos desde la cercanía que tenemos con ellos y ellas, y por eso no se puede forzar narrativa o versiones de los hechos hasta que estén corroboradas por evidencia.

Desde el inicio los padres y madres nos dijeron: ‘Díganos siempre la verdad, aunque sea dura’, estos son pequeños pasos comparados con la necesidad de saber, pero lo son en la dirección de la verdad.

Sentimos mucho el impacto de la pandemia que ha obstaculizado que podamos tener un trabajo más directo con las familias, incluso nuestro acompañamiento a la investigación que se ha tenido que hacer vía remota, salvo por mí que he podido viajar y ahora Ángela que intentó llegar el día de hoy, pero por problemas de vuelo no logró llegar a tiempo, pero va en camino y llegará hoy a más tardar.

El GIEI tiene un mandato de la CIDH con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y seguirá acompañando a la fiscalía y a las autoridades con sus peticiones, sugerencias, gestiones e informes.

También a los familiares y a sus representantes los acompañaremos, los pasos dados hasta ahora son muy importantes, no tenemos aún una respuesta a la pregunta central de dónde están los muchachos que incluya la historia que explique su paradero y destino, pero la verdad no se puede forzar, no se pueden cometer los errores del pasado.

Cuando llegamos a México en el primer encuentro con los papás y mamás terminamos nuestra intervención en la escuela con un poema de Pedro Casaldáliga, que decía: ‘Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos entre las manos. Es tarde, pero amanece si empujamos un poco’.

Necesitamos ese empuje todavía, una voz juntos, que no nos disperse de esta enorme lucha y respuestas claras de las autoridades, así como una comunicación e información permanente de los avances a los familiares.

También espacios de confianza para poder expresar las dificultades, los logros y las dudas, así como la situación de las familias que sostienen esta lucha.

El GIEI está acompañando este esfuerzo y seguirá en este camino.

Muchas gracias.

MODERADORA: Enseguida, vía remota, hace uso de la palabra el fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero.


ALEJANDRO GERTZ MANERO, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
: Señor presidente de la República, señoras y señores y miembros de esta comisión, señoras y señores.

Ante ustedes voy a hacer público el informe institucional que rinde la Fiscalía General de la República a la comisión sobre el caso Ayotzinapa, el cual no fue únicamente un crimen deleznable, sino fundamentalmente la muestra de una conducta delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja los niveles de corrupción de un régimen político y administrativo.

En este asunto ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad.

Los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala por ser esta un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero y que es vital para quienes comercian con ella en la zona metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos.

La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.

Todo lo anterior se demuestra con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes.

Es muy importante recordar que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento a través del sistema de comunicación C-4 que debió registrar lo que estaba ocurriendo, lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas y a los centros de justicia y otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial estaba coludido con esas autoridades.

Y ahora, en las investigaciones realizadas, resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron en diversos momentos, lo cual implica responsabilidades que no pueden quedar impunes y que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias.

Se ha señalado también que autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el palacio de justicia estatal en Iguala y al respecto también es necesario que dichas autoridades judiciales del estado de Guerrero rindan cuentas al respecto, se los estamos exigiendo y haremos que lo cumplan.

En la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero acusó a las autoridades locales y, como eso no le dio resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso.

De esa manera, el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales.

El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada: Verdad histórica, basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir sus responsabilidades en tales colusiones en un asunto en el que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe.

Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores, como pago de sus infamias y para proteger su impunidad la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo.

El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó el país y en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondiente, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa.

Estos trámites se están haciendo de conformidad con los criterios que establecen las normas jurídicas internacionales y las de ese país.

Por lo que toca al titular de la Procuraduría General de la República, este se convirtió en encubridor y en vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso.

Hay que tener muy presente que todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción, igualmente se organizó la Estafa Maestra que sustrajo más de cinco mil millones que debían aplicarse en favor de los más necesitados hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas de todo el país.

También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana, igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten, en forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación.

Este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda, el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década.

Volviendo al abuso infame del poder y en razón de los crímenes que generó el caso que nos ocupa, el actual presidente de la República hizo suyas las reclamaciones de los padres y de los familiares de los desaparecidos.

Con esa responsabilidad y con esa guía, hoy por fin se está haciendo justicia, los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad.

Los juicios fraudulentos del pasado han sido repuestos en lo posible, imputando a quienes los cometieron que también deben de ser castigados.

Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado, como ya se dijo, 34, tanto por delincuencia organizada como por tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión sujeto a proceso.

Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula.

Se ha demostrado con toda legalidad que los restos del Río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdadero origen y tratar de justificar lo injustificable manipulando evidencias y encubriendo tanto delitos, como a delincuentes.

Ya en esta administración, y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes, se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck, también se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad.

El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran.

El delito de delincuencia organizada igualmente se ha aprobado plenamente.

Los delitos oficiales contra la administración de justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados.

Se ha roto la barrera del encubrimiento y de la mentira, ahora conocemos toda la trama y la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía, pero no podrían probarlo porque el gobierno estaba en su contra.

La búsqueda habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible, y con ello habremos de demostrar nuestro compromiso que es absoluto y permanente.

La tarea que se ha hecho es ejemplar, el líder de este proyecto es el presidente de todos los mexicanos.

Los trabajos de búsqueda realizados por el licenciado Alejandro Encinas han sido fundamentales.

El fiscal especial, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías y el personal de apoyo merecen todo nuestro reconocimiento.

Por parte de ellos no ha habido más que trabajo, compromiso, honorabilidad y discreción, para todos ellos un merecido encomio.

La esencia de este caso está alojada en el origen mismo de la corrupción, de un sistema que no puede ni debe prevalecer, y eso lo estamos demostrando.

Muchas gracias.

MODERADORA: A continuación, hace uso de la palabra la ciudadana María Martínez Ceferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, en representación de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos.


MARÍA MARTÍNEZ ZEFERINO, REPRESENTANTE DE MADRES Y PADRES DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS
: Muy buenos días, señor presidente, y todos los que nos acompañan.

Pues aquí estamos ya a seis años, que se están cumpliendo hoy, a dos años de estar con usted, pues como ve nosotros no hemos dejado de exigir la presentación de nuestros hijos, no hemos dejado de luchar, seguimos caminando, porque aún nos faltan nuestros seres queridos en la casa.

Yo le pido señor presidente que, así como se comprometió con nosotros que íbamos a llegar a la verdad, usted dijo que cuando sabía que no iba a cumplir no se comprometía y usted dijo que se estaba comprometiendo, que iba a ayudarnos a encontrar a nuestros muchachos.

Como madre le pido que sigamos caminando juntos.

Yo sé que está en la mejor disponibilidad y se le agradece, nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más.

Nosotros queríamos llegar hoy, 26, con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada.

Sí nos dolió que el año pasado estuvieron saliendo varios libres, llevándose información, nos da coraje ver que los detienen, pero están encerrados y no dicen nada, no dan la información que tienen.

Para nosotros como madres es desesperante y nos da coraje cuando dicen que hacemos actividades fuertes, si por nosotros fuera, fuéramos y destruyéramos todos, porque nos faltan nuestro hijo, nos quitaron lo que más queremos, usted como padre nos entiende y yo le digo: póngase un día siquiera en nuestro lugar. Esto no se le desea a nadie, es horrible que le arrebaten a un hijo, esto es lo que duele más, nos dieron donde más nos duele, nosotros nunca nos imaginamos estar acá.

Como le hemos dicho, no sabíamos tomar un micrófono, sin embargo, por amor a nuestros hijos es que nos hemos enseñado, hemos tenido que caminar, gritar y exigir, y usted fue el ejemplo que luchó varios años para llegar a ser presidente, pues así también le pido que nos ayude a llegar a nuestra meta.

Siento que lo que estamos exigiendo no es nada material, es nuestro derecho, son nuestros hijos y tenemos el derecho de tenerlos con nosotros.

Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defraude, que los mexicanos necesitamos confiar en alguien, necesitamos tener a alguien que nos ayude, porque hemos estado viendo que en lugar de que vengan a proteger a sus mexicanos, vienen a desaparecerlos, a matarlos y no es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor presidente.

Dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia, a nosotros no nos interesa eso, se los llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, operaron el C-4.

¿Dónde están todas esas pruebas, dónde quedaron y cuándo les van a llegar a los militares, señor?

Para nosotros cada día que pasa, pues ahora sí que nos desespera, llega día y noche y no sabemos nada, salimos y regresamos a la casa con las manos vacías.

Nosotros los mexicanos estamos teniendo esperanza en usted porque hemos visto que es diferente.

Así como usted ha luchado nosotros lo seguimos haciendo, y si no les gusta vernos en las calles, no les gusta que estemos bloqueando, pues entréguennos lo que queremos y con gusto nos retiramos. Si estamos acá es porque nos pusieron.

Y como le digo, tenemos que tener una esperanza para seguir viviendo, porque realmente ahora sí que como dicen que parecemos locos, tal vez sí, locos de dolor, señor, porque cargamos este dolor.

¿Dónde lo dejamos, qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá, cómo podemos hacerle como padres?

Más que agarrarnos de usted y seguir caminando, luchando.

Y no nos defraude, tenemos esperanza en usted en que vamos a lograrlo.

Tápeles la boca a esas personas que hablan mal de usted y lo mismo de nosotros, demuéstreles que es usted es un ser humano y que sí le interesan las vidas y no las cosas materiales.

Como le decimos, ahora en esta jornada acá nos venimos, hemos hecho todo pacífico, como le digo, sí cargamos el coraje, al menos como madre lo hemos demostrado, hemos salido, no hemos descansado, pero quién de ustedes no haría lo mismo, yo pienso que hasta más.

Señor presidente, aquí vea a estos padres, andan enfermos, vienen de sus comunidades, pero aquí están, porque tenemos una esperanza y grande.

En nuestra casa nos falta un miembro, vemos la cama vacía, la mesa, no es posible, ya voy a comer y mi hijo ya comió, está enfermo o cómo está.

Busquen, señor, a nuestros hijos, por ahí los tienen y yo nunca voy a dejar de exigir, siempre voy a gritar que los queremos vivos, porque así se los llevaron, que nos los regresen así, que como se los llevaron tienen que regresarlos, no tienen ningún derecho de disponer de vidas ajenas, señor.

Y muchas gracias, compañeros, por confiar en mí, a mí me duele también lo que nos dicen, nos pasa.

Y, señor presidente, les vamos a hacer entrega de unas prendas, son hechas por las madres de los 43, no es un regalo, son mensajes para que cuando los vea se acuerde que aun en nuestra casa, y cuando llegue a la suya, se acuerde que nos faltan nuestros 43 y miles más, mataron a tres en Iguala, hay un joven que aún sigue en coma, imagínense esa madre estar viendo a su hijo.

Y muchas gracias por su atención.

MODERADORA: Les solicitamos ocupar sus lugares para escuchar el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.


PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
: Madres, padres de los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, señoras, señores representantes de los organismos de defensa de los derechos humanos, servidores públicos del Poder Judicial, de la fiscalía, del Poder Ejecutivo.

Este es un acto importante, trascendente y, al mismo tiempo, triste porque estamos recordando hechos de injusticias, de atrocidades que se cometieron en contra de jóvenes, hijos de ustedes. Es un hecho lamentable y doloroso.

Yo quiero reafirmar el compromiso de seguir en este propósito de esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, la auténtica verdad, ese es el compromiso, y, desde luego, que sepamos del paradero de los jóvenes, al mismo tiempo que se castigue a los responsables, en pocas palabras, que haya justicia, reparación del daño.

Sinceramente les digo que lo vamos a lograr, que no debemos perder la esperanza y lo vamos a lograr, porque hay dos elementos fundamentales.

Uno, el que nosotros somos autoridades surgidas del pueblo, no nos impusieron grupos de intereses creados, yo no estoy aquí por los potentados, no estoy aquí por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco.

Yo estoy aquí por el pueblo, por eso soy libre, no soy un títere, un pelele de ningún grupo económico, político, por poderoso que sea.

A mí me eligió el pueblo, me debo al pueblo y no voy a fallarle al pueblo.

Por lo mismo contamos con suficiente autoridad moral y política, además nos respalda la mayoría de los mexicanos, no solo los que votaron por nosotros, sino también otros mexicanos.

En las encuestas, cuando se le pregunta a la gente si respaldan al gobierno que represento, el 70 por ciento de los mexicanos nos apoyan y ustedes saben lo que decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Claro que hay oposición, resistencias, de quienes querían mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero no han podido detener el proceso de transformación, y no vamos a dar ni un paso atrás, vamos a seguir hacia adelante, limpiando, purificando la vida pública de México, desterrando la corrupción, acabando con las injusticias, que no se violen los derechos humanos, que no haya torturas, que no haya masacres, que se lleve a la práctica una política humanista, y vamos avanzando en ese propósito.

Por eso, tenemos ventaja para poder saber lo que sucedió en esa noche de Iguala hace seis años, porque no se protege a nadie, no hay impunidad.

Escuchaba yo, cuando estaba en campaña, que se decía que si estaba involucrado el Ejército en el caso de la desaparición de los jóvenes se tenía que proteger al Ejército, porque se afectaba a esa institución si se demostraba que habían participado en los hechos de Iguala.

Yo desde entonces sostenía lo contrario, que si se aclaraba de que habían participado militares se tenía que decir, saber y castigar a los responsables, y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, fortalecía a esa institución que es fundamental para nuestro país.

Y eso es lo que estamos haciendo, no solo se están autorizando, de conformidad con la ley, órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y, también quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado.

Ese es un avance, el que no exista encubrimiento, hay desde luego resistencias, porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario, todavía en todo el gobierno están ahí enquistados, pero no van a poder detener la voluntad que tenemos de que se haga justicia.

Y ese es el otro elemento favorable, no hay espacios para la impunidad y somos muy perseverantes, somos muy tercos, y hay constancia de ello, no nos vamos a cansar hasta cumplir nuestro compromiso con el pueblo y el compromiso que tenemos con ustedes.

No sólo es este informe, vamos a seguir mes con mes informando, y yo voy a estar encabezando todo este proceso. Eso es lo que yo les ofrezco.

No es que como hoy se cumplen seis años estamos aquí con ustedes y ya mañana nos vamos a olvidar, no, mañana en la mañana en la reunión de seguridad quiero que me entreguen el informe si ya se detuvo a los que están prófugos y que tienen que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas, y pasado mañana lo mismo, y todo el tiempo, y cada mes informarles, como lo hemos venido haciendo.

Hay condiciones inmejorables para saber sobre el paradero de los muchachos y nos vamos a sentir todos muy satisfechos cuando no tengamos ya ninguna duda, porque también, como lo dijo uno de los asesores, no por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra falsedad, otra llamada verdad histórica.

Tenemos que tener consenso, es decir, todos estar de acuerdo de que así fueron en realidad los hechos, ustedes que están acompañando esta investigación cuando ya tengamos todos los elementos son los que van a validar si lo que se está diciendo es cierto, ustedes, sus asesores, los expertos, todos los que estamos interviniendo llegar a un acuerdo general para que de esa manera no quede ninguna duda.

Y también que quede claro que no vamos a ocultar nada y no queremos simular para cuestiones de propaganda política. No nos importa eso.

Queremos estar bien principalmente con nuestra consciencia, lo que siempre hemos dicho no robar, no mentir, no traicionar al pueblo.

Entonces, vamos a seguir adelante, ese es mi compromiso, con la investigación.

Y yo espero que lo más pronto posible tengamos mejores resultados, porque también debe reconocerse que se avanzando, la fiscalía ha actuado muy bien, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha mostrado voluntad para que se aclaren las cosas.

Y me gusta mucho el que no anda con rodeos, el que señala, porque tiene elementos, de manera directa a los responsables, nada de medias tintas, nada de indefiniciones, es el momento de que se lleve a cabo un cambio, una transformación, y para eso hay que decir con claridad las cosas como lo está haciendo el fiscal.

Y no hay protección para nadie, se va a llegar hasta los niveles más altos porque no va a suceder lo mismo de siempre que sólo se castiga a los de abajo como chivos expiatorios, y los que dan las órdenes y los autores intelectuales siempre quedan sin castigo. Esto tiene que ser distinto, por eso nuestra confianza en la fiscalía.

Y un llamado también al Poder Judicial, nos están ayudando mucho de la Suprema Corte de Justicia, en especial el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otros ministros y también jueces y magistrados, pero hay en ese poder, como en el Ejecutivo y como en el Legislativo, también muchos vicios y corrupción que ha quedado demostrada.

Hace poco, como todos supimos, uno de los principales responsables en la desaparición de los jóvenes ya iba a salir, porque un juez ya le estaba por dar su libertad a cambio de dinero, afortunadamente se tuvo elementos, pruebas, de este soborno, y ya no pudo salir de la cárcel este implicado, presunto responsable de los hechos de Iguala.

Entonces, sí se requiere que los jueces ayuden para avanzar del Poder Judicial, porque ahí hay mucho problema, por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables, que no se integró bien el expediente, que no se puso la hora exacta, que no está bien el domicilio, que se llama Juan Ramón, no Ramón, y con todos esos pretextos, excusas, libertad a los responsables, cuando en el fondo lo que está de por medio es el soborno, el dinero, la corrupción.

Ahora que se está reformando el Poder Judicial, existe en este poder lo que se conoce como la judicatura, es un consejo que tiene que encargarse de que todos los que trabajan en el Poder Judicial actúen con rectitud y ya se ha ido nombrando gente honesta, íntegra en este Consejo de la Judicatura para que se castigue a jueces, a magistrados, incluso a ministros corruptos, que no cumplan con su responsabilidad, para eso es el Consejo de la Judicatura.

Antes nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, era como el castillo de la pureza el Poder Judicial, claro, una gran simulación. Eso se tiene que terminar.

Y hacer un exhorto responsable, porque se trata de un poder independiente, autónomo, para que este Consejo de la Judicatura cumpla con su responsabilidad, porque no puede el Ejecutivo entrometerse, castigar a jueces, porque es un poder independiente el Poder Judicial.

Pero sí tienen al interior de ese poder un órgano de fiscalización, y ese órgano, repito, es la judicatura, que ojalá y actúe con justicia y se avance en el propósito de acabar con la corrupción.

Vamos a seguir adelante, yo quiero reconocer a Alejandro Encinas que nos ha ayudado, él se encarga de conducir todo este proceso, me aligera la carga, porque esto no es asunto de un solo hombre, se requieren siempre de equipos, de mujeres, de hombres que piensen igual, de gente honesta, de gente íntegra, con convicciones. Me ayuda mucho, en ese sentido, Alejandro Encinas.

Agradezco mucho también al fiscal especial por estar trabajando con rectitud.

La secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, antes la Secretaría de Gobernación era la secretaría del autoritarismo, de la represión; ahora es la secretaría que protege a los que son víctimas de atropellos y de abuso de autoridad; es la secretaría de la defensa de los derechos humanos, es parte de los cambios que se han venido dando en el país.

Agradecer mucho a los expertos que nos ayudan, van a seguir contando toda la libertad, que es lo más importante, que ellos puedan trabajar sin limitaciones, sin recibir consignas, que sigan actuando como lo han venido haciendo, con profesionalismo.

Y lo mismo a las organizaciones de defensa de derechos humanos, que les han venido apoyando durante mucho tiempo, y a sus asesores, a sus abogados, agradecerles a todos por lo que se está haciendo.

Y sobre todo agradecerles a ustedes y ofrecerles mis disculpas, y ofrecer disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado.

Y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, y tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia. Y ese es nuestro compromiso.

Yo les dejo sinceramente un abrazo a todas y a todos ustedes.

Muchas gracias de todo corazón.

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