En un hecho histórico, el Consenso de Montevideo llama a las naciones a reformar sus leyes para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.
Para lograr el desarrollo de la región de América Latina
(AL) y el Caribe es necesario el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos
(DH) de las personas, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos
–incluido el aborto– de las mujeres, adolescentes y niñas.
Así lo acordaron de manera unánime delegados y
representantes de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), al finalizar la semana pasada en la capital
de Uruguay la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe.
Después de cuatro días de trabajo (del 12 al 15 de agosto),
el llamado Consenso de Montevideo logró que por primera vez los países
latinoamericanos tomaran en cuenta las demandas de las mujeres, en particular
al derecho al aborto.
Con el auspicio de la Cepal, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y el gobierno de Uruguay, gobernantes y 260
organizaciones no gubernamentales coincidieron en el papel relevante de las
mujeres como motor del desarrollo económico, por lo que acordaron coordinar
esfuerzos para garantizar el pleno acceso a sus DH, en los que se encuentra el
derecho a la interrupción legal del embarazo.
En el documento final se incluyeron más de 120 medidas sobre
ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de
las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.
En el resolutivo los países acuerdan asegurar, en los casos
en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la
existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres con
embarazos no deseados y no aceptados.
Pero no sólo eso: los gobiernos se comprometen a “considerar
la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas
públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para salvaguardar la
vida y la salud de mujeres y adolescentes”, todo a fin de aminorar los abortos
inseguros.
En el contexto de este acuerdo histórico, la Articulación de
la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo+20 celebró que se
reconociera que los derechos sexuales y reproductivos son parte “integral de
los DH y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales
y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y eliminación de la
pobreza”.
RECONOCEN REZAGOS
Durante la inauguración del encuentro, la secretaria
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, recordó que persisten “profundas e inaceptables
desigualdades” para las mujeres de la región, toda vez que a dos décadas de
distancia de la CIPD los derechos sexuales y reproductivos aún no están
plenamente reconocidos.
Sostuvo que la mortalidad materna da cuenta de las carencias
de la población en materia de acceso a servicios de salud, y que el embarazo en
adolescentes evidencia las desventajas de las jóvenes, lo que entorpece el
desarrollo económico de un país y por tanto de la región.
En la Conferencia Regional –donde también se hicieron
escuchar las voces de la infancia, las jóvenes, las mujeres indígenas, rurales
y afrodescendientes– se logró colocar en el documento final un capítulo
dedicado a la igualdad de género.
Entre los resolutivos está el compromiso de promover la
paridad de mujeres y hombres en los sistemas electorales, sancionar el acoso
político hacia las mujeres, y desarrollar sistemas de cuidado para las
trabajadoras.
Se destaca que la violencia contra niñas, mujeres y personas
de la diversidad sexual, así como la violencia sexual “constituyen un indicador
crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación”.
Al hacer un balance de la Conferencia, la Articulación de la
Sociedad Civil destacó el espacio de debate en el que se discutieron las
propuestas para avanzar en la agenda con una amplia participación de la
sociedad civil.
Resaltó que la región de AL y el Caribe ratificó la
necesidad de acabar con las desigualdades de género como un requisito
fundamental para lograr el desarrollo.
Con el documento final, la región se presentará el próximo
año en Nueva York para participar en la reunión de la ONU con el fin de
establecer nuevas metas para garantizar los derechos de las personas y el
desarrollo económico de los países, toda vez que en 2015 expiran los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en el año 2000. 13/AZM/RMB
No hay comentarios.
Publicar un comentario