Socios de la CANACO conocen detalles y alcances de nueva ley de lavado de dinero

El presidente de la CANACO Mérida, José Manuel López Campos señaló que para los empresarios es importante conocer los alcances y sanciones de esta nueva Ley, ya que lo que la Secretaría de Hacienda pretende es tener un mejor control para detectar operaciones financieras con recursos de mala procedencia.

Resaltó que según registros de la propia Secretaría de Hacienda al año en México se hacen operaciones con recursos ilícitos por montos de entre 10 mil y 14 mil millones de pesos.

Con esta nueva ley la autoridad federal obliga a toda persona, negocio o fideicomiso a corroborar la identidad de su cliente al momento de realizar cualquier tipo de transacción que se considere vulnerable.

Sin embargo, para el sector empresarial la mayor preocupación es la complejidad administrativa que generará el cumplimiento de estas disposiciones, ya que afectará en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que en caso de incapacidad para cumplir con estas medidas podrían quedar en el supuesto de ilícitos que se sancionan con elevadas multas e incluso de puede convertir en una causa penal, indicó López Campos.

Además, esta nueva Ley podría ser una desventaja competitiva para el país por el incremento en trámites y los riesgos que implica su cumplimiento, lo que inhibiría la inversión tanto de los empresarios nacionales como extranjeros.

Por ello, agregó que la Cámara de Comercio pone a disposición de sus afiliados su Departamento Jurídico para asesorarlos y apoyar en el cumplimiento de las obligaciones legales que se derivan de los cambios y actualizaciones de Leyes y Reglamentos.

Por su parte, el notario Jorge Peniche Aznar, precisó que con la nueva Ley los negocios tendrán que corroborar la identidad del cliente para obtener datos esenciales de la persona que está comprando o invirtiendo y saber de dónde proceden los recursos.

Esta acción, dijo, ayudará a prevenir, investigar y perseguir los delitos relacionados con operaciones con dinero que no puede justificar su origen.

Con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita todos aquellos negocios como casinos, casas de cambio, constructoras, inmobiliarias, negocios de bienes raíces, e inclusive individuos que llegaran a cerrar un negocio considerado “vulnerable” con una persona física, deberán abrir un expediente de ese cliente con información sobre su ocupación y fuente de ingresos, el cual deberán conservarlo por lo menos cinco años.

También se tendrán que sujetar a esta Ley  las tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de cobranza, empresas de seguridad privada, casas de préstamo o empeño, galerías de arte, joyerías, y distribuidoras automotrices, marítimas y aéreas, entre otros negocios.

Los dueños de esos negocios, en caso de detectar alguna anomalía con alguno de sus clientes, deberá avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual dependen de la Fiscalía General y se encarga de investigar las estructuras financieras vinculadas a las operaciones de presuntas organizaciones delictivas y evitar que usen los recursos para su financiamiento.

Añadió que con esta nueva norma, que entró en operación el pasado 1 de septiembre, quedan limitadas las transacciones en efectivo y las vinculadas a juegos de apuestas, concursos o sorteos, así como la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias y cheques de viaje.

También  se prohíben las transacciones en efectivo en operaciones inmobiliarias con un valor superior a un millón de pesos mexicanos (77 mil 190 dólares) o en la compraventa de vehículos que superen los 200 mil pesos (15 mil 438 dólares), y en el caso de joyas, metales preciosos, relojes, piedras preciosas y obras de arte, se restringen los pagos en efectivo cuando alcancen un valor superior a 300 mil pesos (23 mil 157 dólares).

Peniche Aznar puntualizó que quienes realicen las actividades vulnerables deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente.