SIP preocupada por intimidación judicial contra fuentes periodísticas en Costa Rica

Miami , EU.-.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el rastreo telefónico al que fueron sometidos periodistas y personal del Diario Extra de Costa Rica por parte de autoridades judiciales de ese país, hecho al que calificó de “efecto de intimidación contra las fuentes periodísticas”.

Según denunciaron ayer ejecutivos de ese medio en conferencia de prensa, la intervención de llamadas telefónicas se habría cometido a través de la Policía Judicial y la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada. La denuncia está basada en un expediente judicial interno que, de forma anónima, fue enviado a la sala de Redacción de ese medio. Es ese expediente de más de 200 páginas, consta la  orden de intervención de las llamadas de teléfono del personal del diario y de funcionarios judiciales y policiales, con la intención de detectar a las personas que habrían servido de fuentes periodísticas desde dentro de las dependencias oficiales.

La intervención de llamadas telefónicas se habría iniciado después de una investigación periodística sobre varios hechos de secuestro en los que habrían estado involucrados policías, irregularidades que fueron delatadas a un periodista por fuentes internas de la Policía Judicial.

Diario Extra denunció que desde hace 10 meses ha sido objeto de una intervención telefónica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “para detectar quiénes han sido nuestra fuentes de información” en reportajes que ha venido publicando sobre “temas de interés público, hechos graves o irregularidades de funcionarios del tercer Poder”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP expresó su condena sobre “este acto de espionaje telefónico”, que pone en entredicho el respeto por la libertad de prensa en el país, en contravención del secreto profesional de las fuentes periodísticas como consta en tratados internacionales y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, así como la Declaración de Chapultepec.

Paolillo, director de la revista Búsqueda, de Montevideo, Uruguay, indicó que “se trata de una violación flagrante a la libertad de información que “tiene como fin primordial crear un efecto de intimidación contra las fuentes periodísticas”, considerándolo un atentado contra el derecho a buscar e investigar información por parte de un medio, y al derecho del público a recibir información.

El Poder Judicial rechazó la acusación en un comunicado e informó que solicitó un  informe al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial.

Ante una pregunta de la SIP, el representante legal del diario, Carlos Serrano, indicó que desconoce si la intervención telefónica ha cesado o continúa.