Miami , EU.-.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
expresó su preocupación por el rastreo telefónico al que fueron sometidos
periodistas y personal del Diario Extra de Costa Rica por parte de autoridades
judiciales de ese país, hecho al que calificó de “efecto de intimidación contra
las fuentes periodísticas”.
Según denunciaron ayer ejecutivos de ese medio en
conferencia de prensa, la intervención de llamadas telefónicas se habría
cometido a través de la Policía Judicial y la Fiscalía Contra la Delincuencia
Organizada. La denuncia está basada en un expediente judicial interno que, de
forma anónima, fue enviado a la sala de Redacción de ese medio. Es ese
expediente de más de 200 páginas, consta la
orden de intervención de las llamadas de teléfono del personal del
diario y de funcionarios judiciales y policiales, con la intención de detectar
a las personas que habrían servido de fuentes periodísticas desde dentro de las
dependencias oficiales.
La intervención de llamadas telefónicas se habría iniciado
después de una investigación periodística sobre varios hechos de secuestro en
los que habrían estado involucrados policías, irregularidades que fueron
delatadas a un periodista por fuentes internas de la Policía Judicial.
Diario Extra denunció que desde hace 10 meses ha sido objeto
de una intervención telefónica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),
“para detectar quiénes han sido nuestra fuentes de información” en reportajes
que ha venido publicando sobre “temas de interés público, hechos graves o
irregularidades de funcionarios del tercer Poder”.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad e
Información de la SIP expresó su condena sobre “este acto de espionaje
telefónico”, que pone en entredicho el respeto por la libertad de prensa en el
país, en contravención del secreto profesional de las fuentes periodísticas
como consta en tratados internacionales y en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, así como la Declaración de Chapultepec.
Paolillo, director de la revista Búsqueda, de Montevideo,
Uruguay, indicó que “se trata de una violación flagrante a la libertad de
información que “tiene como fin primordial crear un efecto de intimidación
contra las fuentes periodísticas”, considerándolo un atentado contra el derecho
a buscar e investigar información por parte de un medio, y al derecho del
público a recibir información.
El Poder Judicial rechazó la acusación en un comunicado e
informó que solicitó un informe al
Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial.
Ante una pregunta de la SIP, el representante legal del
diario, Carlos Serrano, indicó que desconoce si la intervención telefónica ha
cesado o continúa.
No hay comentarios.
Publicar un comentario