México, DF.- La Ley Anticorrupción sienta las bases para un
México honesto, ordenado, seguro y sin impunidad, es lo que anhelamos todos los
grupos parlamentarios y así responder a las exigencias y reclamos de una
sociedad que está lastimada y que necesita saber que estamos transitando en el
saneamiento del combate a la corrupción, sostuvo la senadora Angélica Araujo
Lara.
La Cámara Alta aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción,
con ello los servidores públicos y representantes ciudadanos adquirieron el
compromiso político para que la sociedad avance con la ley que previene, detecta
y castiga actos de abuso de poder.
La senadora yucateca, recalcó que el cáncer político de la
corrupción, sus daños sociales y económicos han penetrado en todo niveles de
gobierno y ningún partido político puede jactarse de no verse involucrado en un
acto de esa índole. En el PRI le hacemos frente a este problema, con ésta
reforma se cumple un compromiso del Presidente enrique Peña Nieto y del
tricolor de transformar a México –recalcó.
Durante la sesión, diversos senadores aceptaron que les
preocupa y ocupa que México se ubique en el segundo lugar como el país de más
impunidad en un ranking de 59 naciones, de acuerdo con el Índice Global de
Impunidad 2015.
Se sabe de las graves consecuencias que la corrupción tiene
sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país, mermando la
posibilidad de invertir en servicios públicos y, sobre todo, del bienestar de
los mexicanos, además de hacer frente a ese 72 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años que señalan que la
corrupción provoca retraso en el país.
Esta ley se enviará a las legislaturas de los estados y los
puntos importantes incluyen:
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá la facultad de fiscalizar las cuentas públicas de estados y municipios, así como del Gobierno del DF y de las 16 delegaciones de la capital del país.
Se impondrán sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, las cuales consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, y reparación de los daños al erario.
Por su parte, el secretario de la Función Pública será ratificado por la Cámara de Senadores a propuesta del presidente de la República.
Los titulares de los órganos internos de control que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) serán designados por
las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.
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