Graves violaciones a derechos humanos en cárceles de Yucatán

 Además, la falta de vigilancia permanente de estos centros ha propiciado que en los últimos tres años se registraran al menos cinco suicidios –de los cuales tenemos registro-,  lo que es un llamado de alerta para las próximas autoridades municipales.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) supervisó 99 de las 106 cárceles municipales de la entidad a través del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, del primero de enero al 14 de agosto del 2015, de acuerdo a las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII, de la Ley.

Es preciso mencionar que para las revisiones se aplica la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales y se inspeccionan,  en caso de encontrarse,  los libros de registro, manuales de procedimientos y reglamentos de Policía.

El Presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud indicó que el 68% de las cárceles no cumplen con las reglas mínimas, dejando en estado de indefensión a los detenidos por asuntos administrativos.

Ante esta situación, Goff Ailloud hizo un llamado urgente a las próximas autoridades municipales para atender de manera prioritaria esta situación generalizada, -salvo algunas excepciones como Mérida, Valladolid, Tizimín, Motul y Progreso-, ya que se trata de graves violaciones a Derechos Humanos.

“Es urgente subsanar de manera inmediata tanto la cuestiones de infraestructura, así como la capacitación al personal para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los detenidos; y que quede claro que no estamos pidiendo cárceles de lujo, sólo espacios que respeten la dignidad de las personas”, enfatizó.

Puntualizó que durante las supervisiones se encontraron celdas que carecen de baños, luz, limpieza, ventilación, planchas de cemento para sentarse o acostarse; además hay casos más delicados donde se observaron grafitis, orificios en el piso, el techo o pared,  residuos de excremento en pisos y paredes, telarañas, rejas oxidadas o rotas, por mencionar algunas situaciones.

Goff Ailloud dijo que uno de los principales problemas observados fue la falta de registros de las personas arrestadas y de las pertenencias que les retiran al momento de su ingreso.

“Encontramos que a los detenidos se les deja únicamente en ropa interior, violentando su integridad”, puntualizó.

Remarcó la importancia de la capacitación a los servidores públicos, pues desconocen los procedimientos básicos de una Dirección de Seguridad Pública ya que muchos de los municipios no cuentan con el Bando de Policía y Buen Gobierno, ni manuales operativos o reglamentos internos que controlen el actuar de cada elemento.

Registros

En la revisión, se constató que el 65% de las cárceles municipales no cuentan con ninguna clase de registro ni documentación; sólo 35% de ellas cuentan con este trámite necesario y de este porcentaje, el 30% lo realiza de manera incompleta.

Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias, destacan por esta situación Tahdziú, Sacalum y Suma de Hidalgo.

Los registros deben llevarse en un libro foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que pone a disposición, hora de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no en su contra, entre otras cosas. El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los Derechos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, además de facilitar en gran medida el trabajo de los elementos de policía.

Resguardo de pertenencias

Respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de ingresar al área de celdas, se verificó que un 56% de los centros de detención llevan dicho registro, pero únicamente el 3% expide un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso. En  Mérida, Valladolid, Progreso y  Motul son municipios que entregan comprobantes.

              

Separación de la población arrestada

En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada en el momento del internamiento a las celdas, sin embargo, solo el 5% cuenta con un área específica para mujeres y/o adolescentes.

Incluso señalan que en el caso de detención de alguna mujer o adolescentes, son ubicados en oficinas de las comandancias u otras áreas administrativas de los ayuntamientos, entre otros.

Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, Motul yTixkokob son algunos son de los municipios que tienen un área específica para menores y/o mujeres.

Alimentación

En cuanto a la alimentación, se informó que el 18% de las cárceles municipales proporcionan alimentos a los detenidos por lo menos una vez al día.

En los lugares restantes en donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos recae en los familiares, puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con un presupuesto específico para cubrir esa erogación. Valladolid, Mérida, Tizimín son algunos de los municipios que otorgan alimentos 3 veces al día.

Visitas y llamada telefónica

El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstante, únicamente el 9 % lleva un registro de las mismas.

Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho, se encontró que en el 80% de las cárceles se les permite realizarla, pero desde teléfonos celulares de los oficiales de policía o de los propios detenidos.

Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento

Ticul, Buczotz, Tixméhuac y Chacsinkín son municipios que notoriamente requieren un cambio de edificio en las cárceles, debido a que las instalaciones en donde se encuentran actualmente están en muy mal estado y no garantizan la integridad de los detenidos ahí recluidos.

Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 60% de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, traga luz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación.

En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con ella en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 70% cuenta con iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características muchas de esas instalaciones resultan insuficientes.

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que un 73% de las cárceles tienen planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones materiales de las mismas, en su mayoría, no son las óptimas puesto que se han encontrado planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc.

En cuento a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de las cárceles municipales no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede hacerse referencia de algunas en las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Peto, Tahdziú e Izamal. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, ya que las tazas quedan expuestas a la vista de cualquier persona que se encuentre en el área. Tixkokob pese a contar con instalaciones de reciente creación, las celdas y su área sanitaria se encuentran muy sucias.

Se encontró que el 16% de las cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en Mérida, Valladolid y Tizimín se constató que contaban con agua corriente.

Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino que alcanza a sus alrededores, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la cercanía de éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las personas arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Izamal, Chemax, Temozón y Oxkutzcab.

Mantenimiento del orden y aplicación de medidas

Respecto de la normatividad relacionada con las sanciones por faltas administrativas, únicamente en 31 municipios reconocen que cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno; sin embargo, la inmensa mayoría de las autoridades entrevistadas desconocen la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades.

Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles municipales se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta la de desvestir a los detenidos en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el alegato que así previenen suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxicadas.

Personal adscrito y capacitación

En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguridad Pública visitadas, al igual que en años anteriores resultan insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así como con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades municipales.

Los puestos de dirección y comando, así como de los propios elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades policiales se dedicaban anteriormente a labores u oficios que tienen poca o ninguna relación con las funciones que actualmente desempeñan.

Y la mayoría del personal policial en las comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus funciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la mitad de las direcciones de policía hayan recibido capacitación al respecto.

Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo han solicitado reiterativamente.

Modificaciones arquitectónicas y medidas especiales para los grupos vulnerables

Respecto a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de personas, así como sus respectivas comandancias, se constató que el 7% cuenta por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención a personas con discapacidad.

Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados: adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales, se pudo constatar que al 10% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se le ubica en la comandancia, al 30% se le traslada a su domicilio o a alguna institución alterna y el 10% son puestos en libertad debido a que se desconoce, por parte de los servidores públicos, qué acciones realizar o cómo proceder.