- La Fracción Parlamentaria presenta iniciativa para reformar la Ley de Salud en materia de combate a enfermedades ocasionada por vectores.
Mérida, Yucatán.- “¿Qué esfuerzos ha realizado para
certificar mercados y centrales de abastos como edificios libres de criaderos
de moscos?, ¿cuántas veces han fumigado, abatizado y realizado control larvario
en los panteones de la ciudad?, ¿cuántas acciones de fumigación, abatización y
control larvario se han realizado en los parques y jardines de Mérida donde
tantas familias se reúnen?”
Con estas preguntas, el Diputado Daniel Granja Peniche
exigió al Ayuntamiento de Mérida que explique cuál ha sido su estrategia para combatir
el dengue y el chikungunya en la capital del Estado.
“¿Cuántas alcantarillas hay en la ciudad y cuántas de ellas
han recibido mantenimiento y control larvario?, ¿Existen manuales de proceso
que obliguen el tratamiento adecuado de las lagunas de oxidación del Relleno
Sanitario municipal para evitar la proliferación de puntos de anidación y
reproducción de vectores? ¿Existe esa estrategia?, cuestionó nuevamente el
legislador.
En su intervención en la tribuna del Congreso del Estado,
Granja Ricalde señaló que el Gobierno estatal ha implementado todo tipo de
medidas para combatir el dengue y el chikungunya pero no es el único
responsable para enfrentar esta situación.
“La actual ley también faculta y obliga la participación de
los Ayuntamientos en los temas relacionados con la salud de los yucatecos.
Desafortunadamente, hoy nos queda claro que se pretende politizar un tema de
salud pública, que intentan confundir a la opinión público con pronunciamientos
objetivos”, resaltó.
Mencionó que se pretende cuestionar únicamente al titular de
los Servicios de Salud de Yucatán, y ni siquiera mencionar a los responsables
de la Salud pública en un Municipio como es el de Mérida.
“¿Cuántos son los brigadistas que se pusieron a disposición
y empezaron a trabajar en el Ayuntamiento de Mérida?, ¿Hace cuánto se pusieron
y que han hecho de manera continua para trabajar en forma coordinada entre
todas las instituciones?, preguntó en una segunda ocasión.
Explicó que la capital del Estado, por mandato
reglamentario, tiene la obligación de realizar de manera permanente campañas de
salud para prevenir y combatir todos aquellos vectores que afecten a la salud
pública del municipio. Además, continuó, tiene reglamentos municipales que
obligan a la autoridad a llevar a cabo de manera continua, acciones enfocadas a
la prevención y combate a la reproducción de vectores.
“No escuchamos que también se llame a comparecer al
responsable municipal de observar estas normas”, agregó.
“Esto demuestra que los temas de salud pública compete a
todos los órdenes de gobierno y por supuesto debe estar acompañado de la
participación y concientización de la sociedad”, determinó.
Aunado al tema, la Fracción Parlamentaria del PRI, a través
de la Diputada Verónica Camino Farjat, presentó una iniciativa para Reformar y
Adicionar diversos artículos a la Ley de Salud del Estado en materia de Combate
a las Enfermedades ocasionadas por Vectores.
“Es un hecho, que las condiciones naturales y propias de
nuestro Estado no abonan a la tarea de evitar la proliferación de vectores y a
las enfermedades propagadas por ellos, sin embargo, es también la falta de
precaución en predios de nuestra Entidad lo que ha favorecido su
proliferación”, expresó la legisladora Camino Farjat.
También en tribuna, la legisladora priista indicó que esta
iniciativa busca dotar de más herramientas a la Secretaría de Salud para que en
conjunto con otras autoridades estatales, entre ellas la Dirección Estatal de
Protección Civil y por supuesto, autoridades municipales, para que emprenda
nuevas estrategias para el combate y erradicación de enfermedades como el
dengue y el chinkungunya.
“La responsabilidad es de todos, por ello se establece claramente
en la iniciativa quienes son las autoridades responsables de la aplicación de
la ley y de las medidas de prevención, control y abatimiento de cuestiones en
materia de salud”, enfatizó.
Añadió que se pretende reforzar las acciones del Estado y de
los Ayuntamientos, en particular el de Mérida, para que cuente con solidez
legal para que desarrolle apropiadamente sus funciones en materia de sanidad,
porque a la fecha, solo se conoce las acciones que emprende el Ejecutivo y
ninguna de la comuna meridana.
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