Ante la presencia de representantes de la empresa Uber en
las instalaciones del Legislativo, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de
Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura para analizar las propuestas en
torno al tema y entre las que figuran las presentadas por el Poder Ejecutivo,
el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena.
“La regulación de este tipo de empresas ha sido razonada,
responsable y sin distingos, ni favoritismos porque ese es el compromiso con el
que hemos caminado en esta Legislatura y este tema no es la excepción, ahora
solo falta la sesión plenaria para que Yucatán cuente con una Ley de
vanguardia. Le damos la bienvenida a la modernidad”, afirmó la presidenta de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez.
La presidenta del Congreso Estatal enfatizó que no se busca
prohibir, ni desincentivar esta nueva modalidad de transporte, sino de
establecer las bases y requisitos sobre los cuales se va a prestar este
servicio, así como tener un registro de todos los operadores del mismo, como
sucede en otras partes del mundo.
“Que quede claro, la iniciativa por la que se modifica la
Ley de Transporte del Estado, es de tipo eminentemente administrativo y no
contempla impuesto alguno”, subrayó.
Esta regulación, abundó, tiene por objeto evitar que sean
unos cuantos los que adquieran los vehículos y terminen contratando gente para
que los operen, con lo que se cumple el fin con el que nacieron este tipo de
servicios, que los dueños tengan una nueva opción para percibir ingresos en sus
ratos libres sin que se den relaciones de subordinación entre particulares.
En el dictamen aprobado existen coincidencias entre la
iniciativa del poder Ejecutivo y la del PAN, caso de la regulación del servicio
a través de una Ley para garantizar la rectoría del Estado en esta materia con
el objeto de brindarle seguridad y certeza al usuario.
Entre estas coincidencias destaca también el hecho de que la
única forma de pago aceptada será la que se haga mediante tarjeta de débito o
crédito, en el sentido expreso de que no se deberá realizar el pago en
efectivo.
También existen coincidencias en que los operadores de esta
nueva modalidad de transporte, no podrán realizar sitio, ni oferta directa en
la vía pública o en bases.
Para poder operar en Yucatán las empresas de redes de
transporte deberán contar con una constancia expedida por el titular del poder
Ejecutivo del Estado misma que tendrá una vigencia de 10 años.
Otro punto incluido en el dictamen es que los operadores de
este tipo de unidades deberán estar registrados ante una empresa de redes de
transporte y deberán ser propietarios del vehículo mediante el cual se prestará
el servicio.
De igual manera, que el valor del vehículo sea mayor a las
dos mil setecientas cincuenta unidades de medida de actualización, lo que
equivale a aproximadamente 201 mil pesos, y que el año de modelo o de fabricación
o ejercicio automotriz no sea anterior a siete años.
En la sesión encabezada por el diputado Enrique Febles Bauzá
(PVEM), se informó que el PRD y el PRI realizaron diversas propuestas para
clarificar el contenido de la iniciativa original del Ejecutivo del Estado.
En el caso del Revolucionario Institucional destaca el hecho
de que en el supuesto caso de que el seguro vehicular de los vehículos
destinados al transporte de pasajeros no se encuentre vigente, las empresas de
redes serán consideradas como obligados solidarios de los operadores del
servicio de transporte. Es decir, se busca la seguridad del pasajero, que en
este caso se le otorgará por partida doble.
Cabe señalar que esta misma propuesta también estaba
contemplada de una forma parecida en la iniciativa del Partido Acción Nacional,
por lo que existió coincidencia entre ellas.
Asimismo, el Revolucionario Institucional propuso se elimine
el requisito para obtener la constancia de la empresa de redes, consistente en
el documento que acredite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, la titularidad de la plataforma tecnológica por no considerarlo
necesario.
Por otra parte, también propuso que el nombre concreto de
las empresas interesadas en prestar esta nueva modalidad sea considerada como
una empresa de redes de transporte basándose en el desarrollo de las
tecnologías de los teléfonos inteligentes y los sistemas de posicionamiento
global que operen en el estado ya sea directamente o a través de una filial
subsidiaria o empresas relacionadas, entre otros.
Por lo que se refiere al PRD se tomó en consideración el
hecho de haber propuesto la reducción del monto del valor del vehículo que
inicialmente en la iniciativa del Ejecutivo era de tres mil trescientas
unidades de medida.
Finalmente, quedó en dos mil setecientas cincuenta unidades
de medida, así como que el plazo de fabricación no sea anterior a siete años.
La iniciativa original contemplaba cinco años.
Los diputados Manuel Armando Díaz Suárez (PAN), secretario
de la Comisión, Ramiro Moisés Rodríguez Briceño (PAN) y Jazmín Yaneli
Villanueva Moo (Morena), vocales, así como María Beatriz Zavala Peniche (PAN) y
José Elías Lixa Abimerhi (PAN) solicitaron sea postergada la votación del
Dictamen este día.
En tal virtud, Enrique Guillermo Febles Bauzá (PVEM),
presidente, sometió a consideración la citada solicitud y esta fue desechada
por mayoría de votos, por lo que se dio continuidad al proceso parlamentario.
Por su parte, Marco Alonso Vela Reyes (PRI), secretario,
David Abelardo Barrera Zavala (PRD) y Marbellino Ángel Burgos Narváez (PANAL)
coincidieron en que a lo largo de las sesiones para el análisis de las
modificaciones a la ley, se escucharon las propuestas realizadas por los
diputados, además de que en el proyecto de Dictamen se garantizó la seguridad
para usuarios y ciudadanos, lo cual se hace posible por medio de un padrón que
realizará el Gobierno del Estado.
Tras la aprobación del dictamen, se mencionó que en la
próxima sesión será sometido a votación de los 25 diputados que integran la LXI
Legislatura.
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