Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado dio a conocer
los cambios que a partir de mañana aplicarán al entrar en vigor la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que rige los procesos
judiciales de menores que cometan algún delito
en edades de entre 12 y menos de 18 años.
La conferencia estuvo encabezada por el magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia Marcos Alejandro Celis Quintal y
el presidente de la sala unitaria de justicia para adolescentes Santiago
Altamirano Escalante. También estuvieron presentes el director del Centro
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) Didier
Escalante y los jueces del Poder Judicial del Estado especializados en este
sistema, Manuela Chiu Dorantes, Luis Alfredo Solís Montero y Danila Dzul Tec.
El pasado 14 de junio la cámara de diputados avaló la ley
que, entre otras cosas, al igual que la ley aun vigente hasta el día de hoy en
Yucatán, entre otras cosas, establece tres parámetros de edad, para dar
tratamiento particular a los niños y adolescentes que incurran en algún delito,
lo anterior, a fin de propiciar su reinserción social.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia
Marcos Celis Quintal expresó que si bien Yucatán estaba un paso adelante al
emitir en 2012 una Ley de Adolescentes sincronizada y homologada con el sistema
acusatorio y oral , mismo que empezó a entrar en Yucatán de manera paulatina
desde 2011 y concluyó en 2014 en nuestro estado, a partir de mañana ésta
quedará abrogada para los nuevos asuntos, quedando vigente la Ley Nacional.
Por su parte, el magistrado Altamirano Escalante explicó
algunas de las innovaciones y modificaciones de esta nueva ley, entre ellas la
ponderación de la especialización de los integrantes del sistema, tanto del
Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.
Asimismo, las penas serán diferenciadas, siendo la máxima de
5 años, mientras que los menores de 14 años no pueden ser sujetos de
internamiento.
Asimismo, contempla la prevención social de la violencia y
la delincuencia para personas adolescentes y de procesos restaurativos, además
de la mediación, como mecanismos alternativos de solución de controversias.
También posibilita el recurso de queja por parte del adolescente en contra del
juzgado de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo
señalado por la ley, entre otras.
La nueva ley acorta plazos y términos para la determinación
de sentencias de primera y segunda instancia y solo prevalece la revocación y
apelación, eliminándose la casación y la revisión.
Este ordenamiento está en línea con el respeto a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes a
nivel nacional e internacional y con el interés superior del menor.
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