- Informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015
Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia
contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro,
Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola
González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres
reporteros viven agresiones de diferente tipo.
“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este
tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra
Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las
agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se
contabilizaron 94 casos de violencia.
En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres
Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia
Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el
asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los
allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los
obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó
86 casos de violencia entre 2012 y 2013.
Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y
documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas,
periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos,
fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.
Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y
Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas
narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo
e informando a la sociedad.
Al comentar el informe, la periodista y directora del portal
noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de
forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que
actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil
saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.
Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa
fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU
de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella
reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y
aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las
causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.
La también columnista del periódico La Jornada, recordó que
el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora,
dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones
a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el
agresor.
La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella
ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y
tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el
abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los
pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones
forzadas o empresas transnacionales.
En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un
periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus
formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de
Derechos Humanos.
La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela
Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su
correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una
amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en
el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.
En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de
Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo
de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la
Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de
la agresión.
Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista
las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de
información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan
valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas
investigaciones periodísticas.
La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento
al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del
1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista
porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna
conclusión al respecto.
Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos
relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que
conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a
los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es
el idóneo.
Durante la presentación, la periodista y directora de
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe,
Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres
periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal
de la víctima y preguntarle de quién sospecha.
Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar,
aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver
con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la
creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que
las agredan.
En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances;
por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho
ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los
medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las
nuevas generaciones se comprometen con el tema.
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