- Diputados abordan caso de juicio de amparo resuelto a favor de un ex magistrado
"Ellos son los primeros en responder al ser encargados
de vigilar de manera directa las plazas, centros comerciales, supermercados,
estacionamientos, cines entre otros lugares donde a diario asisten un gran
número de familias", expuso la presidenta de la Junta de Gobierno del
Congreso local, Celia Rivas Rodríguez (PRI).
En su turno, Moisés Rodríguez Briceño (PAN) indicó que el
dictamen también contempla propuestas de su fracción parlamentaria para que en
caso de sancionar a estos negocios, las resoluciones sean publicadas en el
Diario Oficial del Estado, dos periódicos de circulación estatal y en la página
de internet de la SSP.
Celia Rivas, reiteró que con estas modificaciones a la
mencionada Ley, se obligaría que las empresas que presten este servicio cuenten
con un mínimo de empleados, así como el material y equipo necesario para
realizarlo, que será bajo la supervisión de la SSP.
El dictamen será enviado a todos los diputados de la LXI
Legislatura para su discusión y votación en una próxima sesión ordinaria del
pleno.
Juicio de Amparo
En la comisión también se distribuyó entre sus integrantes
el expediente sobre la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito del Décimo
Cuarto Circuito del Estado, referente a un juicio de amparo resuelto a favor de
un ex magistrado, así como un resumen informativo del procedimiento llevado a
cabo por el Congreso sobre este tema.
Elías Lixa Abimerhi (PAN), puntualizó que el documento no
cuenta con una firma de quien lo realizó, por lo que su bancada quisiera saber
quién es el responsable de tomar las decisiones sobre el asunto y una
justificación de sus acciones.
"Vamos a evaluar esta situación con base a los
documentos aunque todavía no encontramos las razones, solicito un informe
justificado de las acciones emprendidas donde se detallen las razones, causas y
circunstancias del por qué el Congreso actuó de esa manera", indicó.
Rivas Rodríguez, detalló que la dirección jurídica de esta
soberanía es quien toma estas acciones y trabaja los juicios de amparo, así
como otros litigios que recaen en el Congreso, por lo que invitó a revisar
puntualmente los documentos recibidos, al tiempo de recordar que el colegiado
amplió 30 días hábiles a partir del 21 de septiembre, para resolver sobre el
caso.
"Hay que revisar qué es lo que tiene de fondo la
decisión del colegiado, se le pide al Congreso del Estado tomar una decisión
entre ratificar al quejoso o brindarle su haber de retiro, incluso que nos
expresemos en qué otro sentido se puede resolver, siempre de acuerdo con la
ley", aclaró.
En el mismo sentido, David Barrera Zavala (PRD) declaró que
independientemente de la preocupación por la forma en que se llevó el caso a
cargo del Congreso del Estado "me reservo mi opinión porque no tengo la
claridad, pero que se haga constancia que en la siguiente sesión haré una
manifestación".
Por el contrario, Raúl Paz Alonzo (PAN) reiteró que su
fracción parlamentaria quiere conocer quién tomó la decisión, "aunque por
lógica tengo entendido que fue la dirección jurídica", pero insistió en el
reporte detallado para revisar si las acciones fueron correctas o no.
En su turno, Verónica Camino Farjat (PRI) señaló que lo más
idóneo es leer los documentos, independientemente del otro informe solicitado,
ya que los diputados no son jueces, al mismo tiempo que citó uno de los puntos
expuestos en el resumen del expediente que menciona "que el Honorable
Congreso no tiene la competencia para tomar la decisión que un juez sí puede
tomar".
Asimismo, Henry Sosa Marrufo (PRI) expresó que el expediente
debe contener todos los actos que integran el juicio, además de que en la Ley
de Gobierno del Poder Legislativo establece que quien representa al Congreso en
los juicios de amparo es el director jurídico porque es un órgano especializado
que le permite litigar en representación de esta soberanía.
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