- Acuden a la Ciudad de México porque en Veracruz es ilegal
Por: Perla Sandoval | Imagen de Guadalupe Cabañas
Xalapa, Veracruz (Cimacnoticias) De abril de 2017 a febrero
de este 2018, al menos 423 mujeres veracruzanas acudieron a la Ciudad de México
a realizarse una interrupción del embarazo, debido a que en la entidad se
prohíbe realizar este procedimiento.
La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) en Veracruz, Alma Celia San Martín, dijo que la legislación
en la entidad contraviene los tratados internacionales e impide que las mujeres
accedan a un adecuado ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Señaló que a nivel nacional, en el mismo periodo se han
practicado 190 mil 581 abortos en la Ciudad de México y que la mayor cantidad
se han realizado a las capitalinas, con 134 mil 359 procedimientos pero dijo
que también acuden mujeres de otros estados como Puebla. En total mil 140
poblanas accedieron al aborto.
A la Ciudad de México también llegan mujeres de Guerrero,
con 251; Hidalgo con 373, Michoacán con 426 y Morelos con 691, entre otros
estados.
San Martín advirtió que las mujeres con menor poder
adquisitivo son las que enfrentan la imposibilidad de acudir a la capital del
país a practicarse un aborto, lo cual pone en riesgo su vida y sus derechos.
“El rezago económico y social en el que viven las mujeres
indígenas impacta de manera negativa en el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos”.
La defensora de los derechos de las mujeres dijo que según
el Sistema Nacional en Salud, de 2008 a 2015 los servicios estatales de salud
realizaron 771 mil 137 abortos en el país; esto es, 95 mil 142 por año.
Las entidades federativas que contemplan un mayor registro
de muertes maternas por aborto son el Estado de México, Ciudad de México,
Veracruz, Chiapas y Jalisco.
INCUMPLIMIENTO DE ALERTA
El estado de Veracruz ha incumplido con las recomendaciones
derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG) tanto por feminicidio como
por agravio comparado, es decir, por no garantizar los derechos sexuales y
reproductivos. Así lo alertó el coordinador de la organización Justicia,
Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Márquez.
El abogado agregó que esto ha generado que haya la mayor
violencia contra las mujeres que se ha registrado en los últimos dos años del
gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
“Pensábamos que con Javier Duarte había pasado lo peor en
este estado, pero vemos que a pesar del cambio, de un nuevo gobierno, en estos
dos años la situación de violencia contra las mujeres se ha agravado y el
Estado está actuando de forma omisa”.
En conferencia de prensa, dijo que las autoridades del
estado son omisas en el cumplimiento de las recomendaciones para garantizar los
derechos reproductivos de las mujeres veracruzanas, pues ni el Poder Ejecutivo
ni el Legislativo han reformado el Código Penal en el estado para lograr que
las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo (ILE).
“Veracruz es el único estado con dos declaratorias de Alerta
de Género decretadas porque a pesar de los seis meses que se les conceden a los
estados para cumplir con las recomendaciones, no lo han hecho”.
Domínguez Márquez precisó que el pasado 28 de septiembre de
2017 los diputados del Congreso local aprobaron la no procedencia de la
iniciativa de reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del
estado, con ello, consideró, actuaron de manera inconstitucional, pues se
trataba de una reforma que era parte de las recomendaciones de la AVG por
agravio comparado.
Por ello, recordó que el 13 octubre de 2017 diversas
organizaciones promovieron un amparo ante la justicia federal, y tras la
declaratoria de la segunda alerta de violencia de género, el grupo de trabajo
determinó que los legisladores habían actuado inconstitucionalmente.
En ese sentido, informó que el 8 de mayo en el Juzgado
Décimo Octavo de Distrito se realizó la audiencia constitucional y que en los
próximos días el Poder Judicial resolverá este amparo.
“Consideramos que será resuelto a favor nuestro porque los
argumentos que nosotros señalamos fueron confirmados por el Grupo de Trabajo que
analizó el cumplimento de recomendaciones del Estado veracruzano respecto a la
declaratoria y lo que concluyó fue que los diputados actuaron ilegalmente,
inconstitucionalmente, al determinar que no era necesario una reforma
constitucional en materia penal que garantizara el acceso a las mujeres a
servicios especializados de salud”.
El abogado dijo que de lograrse este amparo, obligaría al
Poder Legislativo del estado a analizar nuevamente la propuesta de reforma.
“Es una situación histórica porque las organizaciones de la
sociedad civil nos hemos visto obligadas a judicializar nuevamente una
declaratoria de Alerta de Género porque el actuar de estado de Veracruz,
particularmente del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes y del Legislativo, han sido
omisos”.
Añadió que si las autoridades no van a cumplir con sus
obligaciones, las organizaciones se lo van a exigir por cualquier vía que sea
posible, incluso mediante la judicialización. 18/PS
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