Propone Frida Esparza incorporar el concepto de parlamento abierto a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión

Ciudad de México.- La diputada Frida Esparza Márquez (PRD) propuso adiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión e incorporar una definición clara y precisa del concepto de parlamento abierto que otorgue a la sociedad más herramientas para la solicitud de rendición de cuentas y establezca mecanismos tecnológicos de validación de firmas en materia de iniciativas ciudadanas.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una función clave en el parlamento abierto, así como en el diseño y ejecución de políticas de transparencia y apertura parlamentaria, de manera especial al colaborar con el legislativo, demandar información y controlar las administraciones, enfatizó en un comunicado.

Reconoció que el Parlamento Abierto es un término incorporado al lenguaje legislativo de México. Sin embargo, el hecho de llevar a cabo algunos foros y canales de participación pública no pueden considerarse acciones plenas de dicho ejercicio; faltan más elementos.

“Si bien estas prácticas pueden ser parte de una estrategia de parlamento abierto, existe el riesgo de quedar en lo superficial, ya que también implica la participación ciudadana en todo el proceso legislativo, no sólo en la discusión de un dictamen en específico, sino también en la presentación de iniciativas ciudadanas. Además, el procedimiento para recolección y validación de firmas de las y los ciudadanos constituye un principal obstáculo”, abundó.

Esparza Márquez consideró oportuno adecuar el marco normativo de la iniciativa ciudadana establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, con el objetivo de que se aprovechen las tecnologías desarrolladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) hacia la verificación de apoyos ciudadanos a candidaturas independientes y afiliación a partidos políticos.

Afirmó que, de aprobarse esta reforma, se facilitaría la inclusión ciudadana en el ámbito legislativo al hacer más eficiente y menos onerosa la recolección de apoyos de la sociedad a determinada iniciativa ciudadana.Ciudad de  México.-  El diputado Javier Hidalgo Ponce (Morena) presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, bajo los principios de reducción, reutilización y reciclado. 

En la actualidad se generan diariamente alrededor de 103 mil toneladas de residuos en el país, que en su mayoría no reciben el tratamiento adecuado, explicó en un comunicado. 

Dicha situación incide de manera directa en la transmisión de enfermedades parasitarias e infecciosas; además del daño provocado por el calentamiento global a través de los gases de efecto invernadero, así como la contaminación de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos y la afectación del paisaje, señaló.

El diputado federal explicó que se contempla la reforma al inciso c), del numeral III, del artículo 115 de la Constitución, en materia de residuos, reutilización y reciclaje de residuos, estableciendo la responsabilidad compartida desde la base institucional de manejo de residuos: los municipios y alcaldías.

Hidalgo Ponce señaló que dentro de la iniciativa presenta la Estrategia Legislativa de Basura Cero, que consiste en establecer desde la Carta Magna el compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales, ante la prevención y la mejor gestión de los residuos con proyección de construir un mejor futuro para todas y todos los mexicanos.

 “Actualmente, del total de la basura obtenida, sólo se separa diariamente el 11 por ciento de la recolectada; siendo que 46 de cada 100 hogares separan la basura. Así, cinco entidades destacan en esta materia: Querétaro con un 57 por ciento; Jalisco con 40 por ciento; Nuevo León con 30 por ciento; Ciudad de México con 18 por ciento y el Estado de México con 15 por ciento”, informó.

La legislación en la materia debe ser la base para alcanzar una gestión integral de residuos que fomente las acciones antes expuestas. Poco a poco, las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos han empezado a dar forma a esta gestión y a incorporar el principio de responsabilidad compartida.

Su iniciativa pretende dar la importancia adecuada a los principios de la reducción, reutilización y reciclado, estableciendo la responsabilidad compartida desde la base institucional de manejo de residuos: los municipios y alcaldías.