Indignación de la UPAY contra la SEFOTUR por el cobro del Certificado de Buenas Prácticas para poder laborar

Indignación de la UPAY contra la SEFOTUR por el cobro del Certificado de Buenas Prácticas para poder laborar

  • Piden no al cobro del certificado porque no hay porque pagar para trabajar y subsidio al certificado como al carnaval virtual

Mérida, Yucatán.- La Unión de Proveedores Audiovisuales de Yucatán fijó su posicionamiento con un profundo “no al cobro del Certificado de Buenas Prácticas” que les exige la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) para poder trabajar. “Después de más de 300 días de no laborar es una injusticia que nos quieran cobrar”, expresan. 

Afirman que para recibir el Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias es necesario pagar a consultores autorizados por Sefotur.

--“Para que las autoridades comprendan nuestra indignación al ser uno de los sectores más olvidados, sin fecha para reapertura, carente de apoyos durante todo el tiempo de la pandemia y ante la inesperada autorización para la realización del carnaval virtual con subsidios. No tener el certificado podría dar pie a una multa. Esto no afecta solo a los audiovisuales sino a todos los que nos dedicamos a los eventos”, expresan. 

En un comunicado en su red social, señala que la Unión de Proveedores Audiovisuales de Yucatán hace el llamado a las autoridades del Gobierno del Estado de Yucatán quienes se encargaron del diseño e implementación del Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias a realizar un análisis, valoración y reflexión acerca del cobro que se pretende hacer en la segunda fase de registro durante el 2021.

--“Tenemos conocimiento que en la primera fase se destinaron recursos económicos para que el trámite sea gratuito sin embargo queremos hacerle recordar al Gobierno del Estado que la situación para muchos de nuestro sector no ha cambiado y se complicó aún más después de la prohibición de eventos el 14 de diciembre del pasado año. 

Gran parte de los compañeros van a cumplir el primer aniversario sin tener actividades por consecuencia carecen de los recursos para sustentar el pago a las empresas verificadoras.

Comenzar el año y las actividades para empresas agonizantes con una deuda más pondría en riesgo la continuidad de ellas y muchos empleos se perderían por los cierres.

Pagar por el derecho a trabajar es una práctica in humana y carente de sensibilidad, en estos tiempos es cuando más se necesita de la empatía de las autoridades y la sociedad, finalizan.

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