AI incluye amenazas de Notimex a periodistas en su informe anual

• Los periodistas atacados fueron aquellos que publicaron contenidos críticos con el gobierno de la Cuarta Transformación
• Aborda en el apartado de Detenciones Arbitrarias, el caso den José Adrián, de Yucatán, cuyo caso de detención arbitraria y tortura en 2016 fue cerrado y se realizó la reparación integral del daño para la víctima y su familia.

Ciudad de México- En su informe anual 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló las amenazas realizadas por la agencia mexicana de noticias Notimex hacia algunos periodistas.

El organismo internacional, en su sección sobre México, indicó que en mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación.

Aseguró que los periodistas atacados fueron aquellos que publicaron contenidos críticos con el gobierno de la Cuarta Transformación.

--“La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos”.

Además, indicó que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.

El señalamiento se suma al que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 30 de marzo.

--“Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex de la agencia de noticias del Estado, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”, señala el reporte su que corresponde al 2020.

Esta es la primera vez en la historia de los informes sobre la situación de los derechos humanos que elabora el gobierno Norteamericano, en que se incluye a una periodista como agresora del mismo gremio.

MÉXICO

Estados Unidos Mexicanos

Jefe del Estado y del gobierno: Andrés Manuel López Obrador

El gobierno reaccionó a la pandemia de COVID-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. Aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres.

Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos. La Fiscalía General de la República informó de los avances logrados en la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. El Senado aceptó la Informe 2020/21 Amnistía Internacional 305 competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales. El presidente estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia contra las mujeres.

INFORMACIÓN GENERAL

Según las autoridades, México registró 1.426.094 casos confirmados de COVID-19.

En abril, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura. En septiembre, el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que había sido impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad.

El gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores.

En mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas.

HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones de derechos humanos condenaron la muerte de Giovanni López Ramírez (de 30 años), ocurrida el 5 de mayo cuando se encontraba bajo custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos (estado de Jalisco).1

La familia de Giovanni denunció que la policía lo había detenido en el marco de la aplicación de las medidas contra la COVID-19 porque no llevaba cubrebocas, pero las autoridades estatales negaron esa información.

Aparecieron imágenes de vídeo de una operación de las fuerzas armadas en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas) que tuvo lugar el 3 de julio y en la que soldados mataron a Arturo Garza, de 19 años, que estaba desarmado y había sobrevivido a un tiroteo entre militares y un presunto grupo delictivo.2

En un suceso diferente, integrantes de la Guardia Nacional mataron a Jéssica Silva, de 35 años, en la ciudad de Delicias (estado de Chihuahua) al abrir fuego contra el vehículo en el que regresaba de una protesta de agricultores por los derechos sobre el agua. El esposo de Jéssica resultó herido de gravedad en el ataque.3

La Guardia Nacional declaró al principio que sus efectivos habían repelido un ataque armado, pero posteriormente admitió que el ataque contra la pareja había sido un “accidente”. La Fiscalía General de la República detuvo a seis agentes de la Guardia Nacional en relación con los sucesos.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

La Fiscalía General de la República intentó cerrar la investigación sobre la muerte de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya (estado de México), ocurrida en 2014, antes de haber investigado adecuadamente la responsabilidad de la cadena de mando en el caso. El intento de cierre fue paralizado por representantes de las víctimas, y dos funcionarios fueron declarados culpables de tortura en relación con los hechos (véase infra).

DETENCIÓN ARBITRARIA

Agentes de la policía estatal de Jalisco detuvieron arbitrariamente al menos a 27 personas durante las protestas que tuvieron lugar a raíz de la muerte de Giovanni López Ramírez en la ciudad de Guadalajara a principios de junio. Los manifestantes fueron secuestrados en vehículos sin distintivos y estuvieron en paradero desconocido durante varias horas. Diversas organizaciones locales declararon que al menos 20 de estas detenciones podrían constituir desaparición forzada. El gobernador del estado de Jalisco anunció posteriormente que los agentes de policía involucrados serían sometidos a investigaciones penales.

En marzo, la Fiscalía General del Estado de Yucatán anunció que cerraba, por falta de pruebas, la investigación sobre la detención arbitraria y tortura en 2016 de José Adrián (que tenía entonces 14 años).4

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Yucatán aprobó un acuerdo de reparación integral del daño para José Adrián y su familia.

La disposición constitucional que permitía la detención sin cargos (conocida como “arraigo”) no se derogó durante el año.

DESAPARICIONES FORZADAS

Las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y las desapariciones a manos de agentes no estatales seguían siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta. En marzo se instituyó por decreto el Mecanismo

Extraordinario de Identificación Forense como grupo de trabajo multidisciplinario e independiente. Este mecanismo estaba concebido para identificar los más de 38.000 cadáveres en espera de análisis forense localizados en todo el país. Contemplaba la presencia de organizaciones de la sociedad civil en su órgano de coordinación, pero los grupos de familiares de las personas desaparecidas únicamente tenían condición de participantes y no estaban integrados en la coordinación. Las autoridades federales declararon que en 2020 se habían registrado 6.957 casos de personas desaparecidas. La cifra total de denuncias de personas desaparecidas en México desde 1964 ascendía a 82.647, de las cuales 63.939 se habían producido en el último decenio.

En julio, el fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2014 anunció que se habían identificado los restos mortales de Christian Rodríguez Telumbre, descubiertos en noviembre de 2019 en una barranca próxima a la ciudad de Cocula (estado de Guerrero). Las autoridades también declararon que la versión oficial de los hechos presentada por el gobierno anterior había sido rechazada por los nuevos órganos encargados de la investigación. Durante el año se emitieron docenas de órdenes de arresto contra funcionarios públicos por su posible relación con el caso. Entre ellos figuraba Tomás Zerón, encargado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República en el momento de las desapariciones, que fue acusado de tortura, desaparición forzada y alteración de la escena del crimen. Además, por primera vez en el caso, se dictaron varias órdenes de arresto contra miembros de las fuerzas armadas. También se detuvo a un militar, además de a un miembro de la Secretaría de la Marina.

En septiembre, el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

En febrero se cometieron dos feminicidios que provocaron indignación y dieron lugar a una asistencia sin precedentes a las movilizaciones organizadas para el Día Internacional de la Mujer. Según la información recibida, una mujer de 25 años fue desollada y mutilada por su esposo y días después se halló en una bolsa de plástico el cadáver de una niña de siete años.

En 2020 se denunciaron 3.752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260.067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197.693 en todo 2019.

Después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75% (151 millones de pesos mexicanos) de su presupuesto operativo. El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios. En septiembre, familiares de mujeres asesinadas ocuparon las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en protesta por la falta de avances por parte de las autoridades en el tema de la violencia contra las mujeres.

Un total de 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” seguían vigentes en 18 entidades federativas. Al terminar el año no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una nueva investigación sobre la muerte en 2012 de Karla Pontigo, esta vez como delito de feminicidio, en cumplimiento de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2019 que ordenaba investigar el caso desde una perspectiva de género. En noviembre, un juez del estado de Jalisco dictó una sentencia condenatoria por el asesinato de Alondra González Arias, víctima de feminicidio en 2017 poco después de que la víctima hubiera denunciado a su pareja por violencia familiar.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

En julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz. En mayo, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas. Los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por el megaproyecto conocido como Tren Maya.

El presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser “falsos ambientalistas”. Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto.

En noviembre, México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluía medidas de protección para los defensores y defensoras de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo medidas de protección para 1.313 personas (887 defensores y defensoras de los derechos humanos y 426 periodistas). En octubre se disolvió el fideicomiso que apoyaba este mecanismo de protección, y sus fondos pasaron al presupuesto público general.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN

Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.

En mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno. La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.

En agosto, un juez federal impuso una pena de 50 años de cárcel para un autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, muerta a manos de varios hombres armados en su domicilio de Chihuahua en 2017.

En septiembre, una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa.

En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban.5

En agosto, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo arbitrariamente a 22 mujeres y golpeó y agredió sexualmente a varias mujeres y niñas.6

En noviembre, la policía utilizó armas de fuego con munición viva en una serie de manifestaciones, en su mayor parte pacíficas, de mujeres que protestaban contra los feminicidios en Cancún.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

La tortura y otros malos tratos seguían siendo motivo de honda preocupación. Las investigaciones sobre los informes de tortura eran generalmente defectuosas y los sospechosos de responsabilidad penal rara vez comparecían ante la justicia. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aún no se había hecho público al concluir el año.

Dos policías del estado de México fueron condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en 2014.

La sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza fue excarcelada en marzo, más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón (estado de Coahuila). Fue absuelta de los cargos basados en confesiones falsas obtenidas mediante tortura, pero ningún agente había sido acusado de los delitos cometidos contra ella. Adrián Vásquez Lagunes no había obtenido reparación del estado de Baja California, pese a una decisión de 2015 de la que entonces era la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California que establecía que debía ser indemnizado por haber sido torturado por la policía de Tijuana en 2012. Adrián contrajo la COVID-19 en junio y tuvo que afrontar la enfermedad en una situación económica precaria y prácticamente sin apoyo del Estado.7 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE ASILO

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y Informe 2020/21 Amnistía Internacional 309 la detención arbitraria por parte de las autoridades, así como a secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales.

En enero, los agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México. Asimismo, en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula.

También en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique.8 Las autoridades migratorias dejaron en libertad en abril y mayo, debido al peligro que suponía la COVID-19, a centenares de migrantes recluidos en centros de detención.

Sin embargo, hubo escasa información sobre estas liberaciones y persistía la preocupación de que pudieran haberse producido deportaciones o devoluciones en ese contexto.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 41.227 solicitudes de asilo en 2020, frente a las 70.427 de 2019.

El número más elevado de personas solicitantes de asilo procedía de Honduras, seguido de Haití, Cuba y El Salvador. Las autoridades migratorias detuvieron a 87.260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11.000 menores de edad, y deportaron a 53.891 personas, lo que representaba una disminución respecto a 2019. La inmensa mayoría de las personas deportadas procedían de Centroamérica.

Las organizaciones de la sociedad civil presentaron varios requerimientos entre abril y finales del año solicitando que se liberara a todas las personas bajo custodia por razones de inmigración y que se pusiera fin a ese tipo de detenciones debido al peligro que suponía la COVID-19. Un juez federal de Ciudad de México resolvió que todas las personas recluidas por razones de inmigración debían ser puestas en libertad. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con la sentencia y las detenciones continuaron, privando así a los migrantes de su derecho a la libertad, además de a la salud.

DERECHO A LA SALUD

El personal sanitario de México manifestó su preocupación ante la falta de acceso a suficientes equipos de protección individual para trabajar de manera segura respondiendo al mismo tiempo a la pandemia de COVID-19.9

En 2020 fallecieron por COVID-19 en México al menos 2.397 profesionales de la salud.

Varias personas trabajadoras de la salud fueron agredidas físicamente en lugares o transportes públicos. La reacción del gobierno fue realizar una campaña pública para sensibilizar sobre el importante papel que desempeñaba el personal sanitario y para combatir el estigma contra este colectivo. Varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias. Jorge Pérez, de 70 años, empleado de limpieza en un hospital público, fue despedido por la empresa que lo contrató tras haber denunciado públicamente sus precarias condiciones laborales. 

1. México: Amnistía Internacional exige la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara (comunicado de prensa, 7 de junio) 

2. Las ejecuciones en Nuevo Laredo deben ser un parteaguas para frenar las violaciones de derechos humanos en México (noticia, 28 de agosto) 

3. La nueva Guardia Nacional de México está rompiendo su juramento de respetar los derechos humanos (noticia, 8 de noviembre) 

4. Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México (AMR 41/5340/2017) 

5. Autoridades de Guanajuato deben abstenerse de estigmatizar el derecho a la protesta (comunicado de prensa, 28 de agosto) 

6. México: Carta abierta (25 de agosto) 

7. México: Acción Urgente: Se niega apoyo por COVID-19 a superviviente de tortura Adrián Vásquez Lagunes (AMR 41/2542/2020) 

8. Américas: Los gobiernos deben poner fin a las detenciones peligrosas y discriminatorias de migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 2 de abril)

9. Américas: El costo de curar. Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá (AMR 01/2311/2020)